jueves, 30 de septiembre de 2010

Estalla un artefacto en la sede del PSOE en A Estrada (Pontevedra)


A Estrada (Pontevedra), 16 sep - Un artefacto explosionó esta madrugada en la sede del PSOE en la localidad pontevedresa de A Estrada causando daños materiales al inmueble y a varios coches aparcados en las inmediaciones, confirmaron a EFE fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar sobre las 2.15 de esta madrugada en la sede del PSOE estradense, en la rúa Castelao, sin que se produjeran daños personales, según dijo a EFE el alcalde, José Antonio Dono.

Según las primeras investigaciones de los Tedax de la Guardia Civil, todo apunta a que se trata de un artefacto de fabricación casera con pólvora que fue colocado en una ventana de la planta baja del inmueble, informaron fuentes policiales.

El alcalde de A Estrada reportó daños en puertas, ventanas, mobiliario y equipamiento informático del edificio de seis plantas en el que está ubicada la sede del PSOE, cuyo secretario general en Galicia, Pachi Vázquez, se personará este mediodía para prestar apoyo a sus compañeros.

José Antonio Dono abogó por "la prudencia" hasta conocer todos los detalles de la investigación, pero mostró su "rotunda condena" a "una salvajada", dijo, "que no conduce a ningún lado. Es lamentable que ocurran estos hechos",

"Lo haya hecho quien lo haya hecho, que sepan que no nos asustamos y que seguiremos defendiendo la libertad y la democracia", concluyó.

Medalla policial al marido militar de la kamikaze


Condecorado un general cuya esposa se querelló contra el agente que la multó

El general Francisco Martín Alonso. - LAS PROVINCIAS / DLP

El general Francisco Martín Alonso. - LAS PROVINCIAS / DLP

Ala esposa, los grilletes. Al marido, la medalla. El Cuerpo Nacional de Policía impondrá el 4 de octubre, con motivo de las celebraciones de su patrón, la Cruz al Mérito policial con distintivo blanco al general del Ejército de Tierra Francisco Martín Alonso, marido de la mujer cuya detención en Las Palmas el pasado 25 de junio por conducir en sentido contrario ha provocado un grave conflicto entre los máximos responsables de la Policía y de la Guardia Civil en Canarias, como adelantó Público el pasado 12 de septiembre.
Así lo confirmaron fuentes policiales, que destacan el sinsentido de este reconocimiento a un militar cuya esposa, condenada por aquella infracción de tráfico a cuatro meses de prisión y un año sin carné de conducir, se ha querellado contra uno de los miembros de la propia Policía: el inspector que la detuvo.
Policías critican que se use la distinción para contentar al militar
"Con esta medalla parece que, encima, tenemos que ser nosotros quienes pidamos perdón al general por cumplir con nuestro deber", destacan indignadas estas fuentes, que recalcan que desde que se produjo la detención de la esposa kamikaze las relaciones en las islas entre las Fuerzas de Seguridad han sido "muy tensas".
De hecho, otro general, en este caso de la Guardia Civil, Miguel Martínez, envió en julio una carta con membrete oficial a la jefa Superior de Policía en Canarias, Concepción de Vega, en la que, además de criticar duramente la actuación del policía en el incidente de tráfico, le exigía que tomase "las medidas apropiadas" contra este bajo la sutil amenaza de romper las relaciones entre ambos cuerpos policiales.
Otras fuentes consultadas afirman que las muestras de malestar del general de la Guardia Civil y del alto mando del Ejército por la detención de la mujer de este no se han quedado en la misiva, sino que, incluso, ha llegado a manifestarse en actos públicos. "Han hecho varios desplantes a la comisaria De Vega y a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, después de que ambas apoyaran al inspector de policía en su actuación", aseguran.
El arresto provocó un conflicto entre mandos en Canarias aún no resuelto

Rumbo al supermercado

El incidente que ha provocado el actual conflicto se remonta al 25 de junio, cuando María Esther Vaquero, esposa del general, condujo en sentido contrario durante más de un kilómetro por una autovía de la isla camino de un supermercado para comprar un champú de oferta.
La mujer, que reconoció el "despiste" ante la juez, sólo detuvo la marcha después de que el inspector, que viajaba en su vehículo en el sentido correcto, y otro conductor se vieran obligados a dar un volantazo para evitar la colisión.
Minutos después, en el lugar del incidente se presentaban una patrulla de la Policía, una pareja de guardias civiles de Tráfico y un teniente coronel del Ejército, subordinado del general. Mientras los primeros agentes procedían a detener a la mujer, los segundo insistían en resolver la infracción con una simple multa y el militar intentaba zanjar el asunto con "un error lo tiene cualquiera".
Finalmente, la mujer fue arrestada y conducida a comisaría. Días después, era condenada en un juicio en el que ella dio su conformidad a la pena. Pese a ello, la esposa del general presentó más tarde una querella por detención ilegal contra el policía que evitó el accidente. Su abogado argumentó en la denuncia que era "innecesario" detener a "la esposa de un general". El caso, ahora con medalla, sigue abierto en un juzgado canario.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Expertos en desactivar explosivos de la Guardia Civil se desplazan a Villabona para participar en los registros


Los hermanos Besance Zugasti habrían colaborado con 'Golfo' en el almacenamiento de materiales para fabricar explosivos

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Grupos de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil se encuentran en el barrio de Oriamendi en Villabona (Guipúzcoa) participando en los registros relacionados con la detención de los dos hermanos Juan Carlos y Jesús María Besance Zugasti, detenidos hoy por integrar presuntamente un comando de 'legales' de ETA, informaron fuentes de la investigación.

La presencia de estos especialistas en la desactivación de artefactos explosivos se debe a las sospechas de que los hermanos Besance Zugasti hubiesen colaborado con el tercer detenido en Usurbil, Javier Atristain, alias 'Golfo' en el almacenamiento de material para la fabricación de explosivos.

Aparecieron indicios de que el 'comando Imanol' disponía de un vehículo de ETA y de material explosivo en un garaje de una localidad guipuzcoana, que la Guardia Civil trata ahora de localizar.

En concreto, cerca de una docena de vehículos de la Guardia Civil se encuentra en el citado barrio guipuzcoano de Oriamendi. Los agentes ya han iniciado el registro de una de las viviendas de los hermanos Besance.

Además de las detenciones, hay previstos ocho registros en diversas localidades de la provincia de Guipúzcoa. Desde las 10.30 la Guardia Civil registra también un piso en la calle San Martín de San Sebastián en presencia de Atristaín.

En la operación están participado alrededor de 200 efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, con el apoyo de efectivos del GAR y de Unidades Centrales del Servicio de Información de la Guardia Civil.

La operación, que sigue abierta y no se descartan nuevas intervenciones, se lleva a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los sindicatos despliegan sus piquetes para imponer la huelga a unos ciudadanos de cuyos impuestos y esfuerzo ellos viven sin trabajar


ROBERTO BÉCARES / AZUCENA G.-CARPINTERO / Madrid

Miles de liberados y militantes sindicales ocupan los puntos neurálgicos para el transporte y el abastecimiento de las ciudades
Méndez dice que si hay actos violentos será por culpa de «los servicios mínimos abusivos» de Madrid y otras 9 comunidades
Mariano Rajoy pide que «no haya coacciones» y Aguirre proclama que «el derecho a no hacer huelga no caduca hoy»
Los sindicatos tratarán hoy de demostrar su fuerza desplegando por todo el país a miles de liberados y militantes que, agrupados en centenares de piquetes informativos, ocupan desde esta madrugada centros neurálgicos para el transporte y el abastecimiento de las ciudades.

Sólo en la ciudad de Madrid, hay 42 piquetes, 21 de UGT y otros tantos de CCOO. Además, cada central ha aportado nueve más por las comarcas de la Comunidad. En total, 60 grupos de entre 400 y 500 liberados y trabajadores en huelga. Una movilización de entre 24.000 y 30.000 personas, sin contar los de otras organizaciones.Sigue en pág. 4

Editorial en página 3

Desde las 20.00 horas comenzaron a concentrarse los piquetes en la Puerta del Sol, con banderas y pancartas. En apenas 40 minutos, ya había allí miles de personas.

CCOO y UGT dijeron ayer que «acatarán la ley» pero advirtieron de que cualquier incidente que se produzca en estos piquetes será «responsabilidad» de las comunidades que hayan «impuesto servicios mínimos abusivos» que «pretenden cercenar el derecho fundamental de huelga». Así se expresó el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en el último acto oficial de los sindicatos antes del paro, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. «Los mínimos se han decidido sin ningún tipo de equilibrio entre el ejercicio del derecho a la huelga y el del derecho al trabajo», indicó.

El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, fue más explícito al asegurar que son las comunidades quienes «pueden provocar el conflicto» porque «están fuera de la ley». «Es normal que la gente esté muy enfadada cuando se le impide el ejercicio de un derecho constitucional», avisó. En total, 10 comunidades han decretado los servicios mínimos sin acuerdo con representantes de los trabajadores: Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia, Cantabria, La Rioja, Canarias, Asturias, Navarra y País Vasco.

Toxo defendió los piquetes informativos porque tienen «su función» y aseguró que cumplirán con ella frente al «piquete del miedo» de empresarios «sin escrúpulos», en referencia al presidente de la CEOE, que no tiene reparos, dijo, en «despedir a los trabajadores» para «salvar su fortuna». «No seremos nosotros los que traigamos a la derecha al Gobierno, es mentira que la única alternativa a un Gobierno socialista sea el Partido Popular. La alternativa a un Gobierno socialista es otro gobierno socialista», aseguró a su vez el líder de CCOO, que pidió al Ejecutivo «que busque a la izquierda en la Cámara», ya que los nacionalistas son «de derechas y luego, nacionalistas».

Zapatero embustero

En el acto, celebrado en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en un ambiente festivo y entre gritos a favor de la huelga, los sindicatos respondieron al Gobierno que cualquier «llamamiento al diálogo» acerca del reglamento de la reforma laboral caerá en saco roto porque ha «perdido la credibilidad», y avisaron de que la huelga no es «la estación término de nada». En ese sentido, Méndez atacó a José Luis Rodríguez Zapatero en varios frentes: por romper «el diálogo social» cuando impuso el recorte a los empleados públicos, por imponer una reforma laboral «cuando decía que jamás lo haría» sin diálogo y por poner al «borde del precipicio» el Pacto de Toledo con la congelación de las pensiones.

Zapatero embustero

«Si no reforma estas políticas, el Gobierno no tendrá ninguna credibilidad. El presidente tendrá que hacer una reforma profunda; la gente no quiere ir de Guatemala a Guatepeor», afirmó Méndez, interrumpido varias veces por alrededor de 800 personas que acudieron al acto. Aunque la mayor ovación la recibió cuando comparó a Zapatero con el protagonista principal de la película Avatar, de James Cameron. «El presidente se ha reencarnado en un gigante azul, pero su electorado no es azul y tendrá que rectificar, algo en lo que es experto».

Méndez aseguró que muchos trabajadores se habían visto «coaccionados», puesto que les «están exigiendo» que digan si van a ir o no a la huelga o se les avisa de que si van al paro del 29, «no vayan a trabajar el 30, porque están despedidos».

También acusó a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de «robar el plano al Gobierno de la nación», imponiendo unos servicios mínimos «abusivos», que los sindicatos han anunciado que no cumplirán. Pero Aguirre se defendió alegando que los sindicatos «no pueden incumplir la ley», y recordó los ciudadanos que tienen «derechos y libertados» como hacer huelga o no hacerla, y que éstos «no caducan» este miércoles.

Por la tarde, el sindicalismo volvió a reunirse, pero en esta ocasión los dirigentes de UGT y CCOO se citaron con los piquetes informativos. Lo hicieron en la Puerta del Sol, que apretaba los puños a pocas horas de que comenzara la huelga. Los piquetes que asistieron a las 20.30 horas al kilómetro cero de Madrid cogían fuerzas, preparándose para el día de hoy, informa Guillermo Santa-Olalla.

Las más de mil personas que se congregaron portaban pegatinas y gorras, y ondeaban sobre sus cabezas banderas rojas con el anagrama de los dos sindicatos mayoritarios. Conforme pasaban los minutos, la expectación y el optimismo sobre la repercusión que lograría la huelga iba en aumento. Entre la multitud, que poco a poco se acercaba al escenario en el que hablarían Toxo y Méndez, se podían ver efectivos de la Policía que controlaban, sin mayores problemas, a los asistentes.

Las pancartas repartían críticas entre los «causantes de la crisis», tales como «Banqueros, pensiones millonarias; obreros, pensiones de miseria». Y los presentes se agrupaban para comentar la estrategia. «Lo que haremos mañana será recorrer las calles del centro de la ciudad para hacernos ver e informar», garantizó orgullosa Paloma, de UGT. Menos claro lo tenía Javier, de CCOO. «Supongo que repartiremos folletos, aunque todos conocemos suficientemente los motivos para ir a la huelga», divagaba a escasas tres horas de comenzar su misión.

A esa misma hora pero en la puerta de la imprenta Bermont, donde se imprimen La Razón o ADN, se producía el primer incidente del 29-S en la Comunidad de Madrid. Una furgoneta de reparto que salió a gran velocidad de su interior atropelló a varios miembros de un piquete, informa Luis F. Durán. Una de las integrantes, de 51 años, resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital La Princesa con un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado. Se trata de Azucena Calderón, de CGT y trabajadora del Ayuntamiento de Coslada. El conductor prestó declaración anoche ante la Policía.

Según CCOO, los piquetes estaban «de forma tranquila» ante la sede de la imprenta. Según un testigo citado por Europa Press, en el lugar había «piquetes violentos» desde última hora de la tarde.

Ajenos a este suceso, los líderes sindicales subieron al escenario -adornado por una pancarta con la frase «Así no, rectificación ya»- para animar a su público. Méndez comparó la labor de los piquetes con la resistencia de los españoles a las tropas napoleónicas. Toxo fue más pragmático y aseguró a los piquetes que serán los «garantes de que mañana [por hoy] el trabajo saldrá ganando». Además, envió un mensaje al Ejecutivo al gritar que «una ley se cambia con otra ley», mientras los líderes de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares le escuchaban atentos desde primera fila.

El PNV implica a Batasuna en la extorsión


JULIEN CRUZ / Guernica

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), denunció ayer una carta de extorsión de ETA fechada hace 15 días y enviada a un ciudadano vasco, que vincula a la izquierda 'abertzale' con el cobro del chantaje. El documento especificaba a su receptor la necesidad de abonar la cantidad económica exigida en «los habituales círculos de la izquierda 'abertzale'», algo que, tal y como argumentó Bilbao, pone en tela de juicio la veracidad de la estrategia de distanciamiento de ETA y apuesta por vías pacíficas que han exhibido en las últimas semanas los radicales. «Y me pregunto yo: ¿quiénes son los habituales círculos de la izquierda 'abertzale'? Porque en la carta también dice que no responder positivamente a esta petición le haría acreedor de las medidas que ETA decida aplicar contra él y sus bienes», cuestionó el diputado general. Bilbao llegó a interpelar directamente a los miembros de la izquierda 'abertzale' con representación en el salón de juntas, a los que reprochó su «ambigüedad».

El etarra líder de Askapena tenía una cita con un jefe de las FARC que mató el ejército


ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

El responsable de Askapena, Walter Wendelin, se libró de ser bombardeado por los pelos. Según los datos recabados por la Policía, tenía una cita con el entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, dos días después de que su campamento fuera destruido por el ejército colombiano.

Ayer, el Ministerio del Interior aseguró que los siete detenidos por su pertenencia al aparato internacional de ETA, «establecían canales de colaboración con otras organizaciones terroristas». El fiscal General del Estado citó a las FARC.Sigue en página 8

Dos años, desde que fuera arrestado Francisco Javier López Peña, Thierry, ha estado la Policía recabando pruebas sobre los siete detenidos en la madrugada de ayer en diferentes localidades del País Vasco y Navarra como responsables de Askapena, el principal bastión del llamado aparato internacional de ETA, también conocido como NASA. Según el Ministerio del Interior, las actividades de Askapena «se integraban en el diseño estratégico que, en materia de relaciones internacionales, ha desplegado ETA con el fin de difundir sus reivindicaciones, recabar apoyos exteriores, deslegitimar al Estado español y establecer canales de comunicación y colaboración con otras organizaciones terroristas». Entre ellas, según el fiscal general, Cándido Conde- Pumpido, las FARC.

Se trata, por tanto -y es la tercera vez en pocos meses-, de la desarticulación de uno de los aparatos controlados por el sector más irreductible de ETA -como lo fueran los miembros de Ekin, Segi o Halboka, recientemente detenidos en diversas operaciones-, en pugna por el poder interno con los dirigentes de la izquierda abertzale.

Los documentos del que fuera número uno hasta 2008, Thierry, son los que han proporcionado la demostración del vínculo de esta estructura con la dirección de ETA, del mismo modo que han venido facilitando las pruebas para el arresto de 28 presuntos miembros de la banda hasta el momento.

Sus ordenadores contenían informes con los planes para Askapena, así como un documento con la estructura y los miembros de este grupo dirigido por un estrafalario personaje llamado Walter Wendelin, arrestado en Vitoria, y también configurado, presuntamente, por Rubén Rolando, Aritz Gamboa (Arruazu), Gabriel Basañez (Baracaldo), Unai Vazquez (Rentería), Itxaso Lekuona y David Soto (Pamplona).

Uno de los últimos movimientos atribuidos a los miembros de Askapena es la difusión entre los etarras establecidos en Venezuela del comunicado de ETA en el que ésta anunciaba su intención de parar sus «acciones armadas ofensivas». Los etarras residentes en ese país, como respuesta, hicieron público un comunicado el pasado día 13, al que se sumó a su vez Askapena, para manifestar su apoyo «decidido y absoluto» al mensaje difundido por la organización y en el que emplazaban a los vascos a «la lucha sin prisas, y con la mayor contundencia, hacia la soberanía».

Los representantes de Askapena, sustitutos del desarticulado Xaki, trabajaban por tanto, según la Policía, bajo el control directo de la cúpula terrorista, y a sus órdenes realizaban labores de propaganda -se reunían para ello con los miembros de partidos y asociaciones diversas en varios países de Europa e Hispanoamérica-, de captación, de entrega, a través de los denominados brigadistas, de instrucciones a etarras establecidos u ocultos en el extranjero y de ocultación de huidos.

Y también constan sus vínculos con las guerrillas narcotraficantes colombianas FARC y el ELN, así como con los zapatistas mexicanos. Los dos primeros grupos emitieron sendos vídeos en 2007 solidarizándose con el vigésimo aniversario de Askapena. En la grabación intervenida por la policía colombiana aparecía el comandante Juan Santrich, de las FARC, acompañado de otros cinco guerrilleros, leyendo un comunicado que comenzaba con las consignas en euskara de ETA: «Golpear hasta ganar. Muchas luchas populares armadas».

Tras el bombardeo del campamento de las FARC en el que murió Raúl Reyes, una fotografía de Wendelin fue encontrada en el ordenador que le fue intervenido al portavoz del terrorista colombiano.

Tres de los detenidos en la madrugada de ayer han formado parte de varias listas electorales de la izquierda abertzale. Wendelin lo hizo en las listas de Herritarren Zerrenda, la lista presentada por los proetarras al Parlamento Europeo y que fue ilegalizada en 2004.

Gabriel Basañez Ruiz figuró en el puesto número seis de Demokazia Hiru Milloi D3M, plataforma ilegalizada cuando intentaba presentarse a las elecciones al Parlamento vasco en 2009. Y David Soto fue militante de Euskal Herritarrok. Fue detenido como miembro de Ekin y procesado en el sumario 18/98, seguido en la Audiencia Nacional contra diferentes estructuras del entorno de ETA, pero fue absuelto finalmente por falta de pruebas.

Gibraltar arremete contra la Guardia Civil y amenaza a España con no alcanzar nuevos acuerdos en el Foro Tripartito




GIBRALTAR, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar ha calificado de "inaceptable" el incidente ocurrido este martes entre la Policía de Gibraltar y la Guardia Civil española, asegurando que el suceso pone en cuestión la viabilidad de la cooperación entre ambos cuerpos y la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos en este sentido dentro del Foto Tripartito.

En un comunicado, el Gobierno gibraltareño dice tomarse "muy en serio" el "comportamiento abusivo" de la Guardia Civil, advirtiendo de que "procede a considerar los efectos que tendrá".

Fuentes policiales explicaban este martes a Europa Press que agentes de la Guardia Civil habían vuelto a sufrir el "acoso" de la Policía de Gibraltar durante la persecución a una embarcación sospechosa de transportar droga en aguas de la Bahía de Algeciras.

Los hechos se produjeron cuando una embarcación neumática salió desde San Roque y fue perseguida por la Guardia Civil. La embarcación perseguida se adentró en aguas próximas al Peñón, siendo finalmente controlada por la patrullera de la Guardia Civil.

Fue entonces cuando aparecieron embarcaciones de la Policía de Gibraltar "acosando" a la patrullera del Instituto Armado, llegando incluso a tocar la embarcación de la policía española, según han señalado algunas fuentes. Finalmente, la embarcación y el supuesto narcotraficante no fue detenido por la Guardia Civil.

martes, 28 de septiembre de 2010

Ganando tiempo


28 de Septiembre de 2010 - 19:37:57 - Luis del Pino

Publica hoy El Mundo una información de Manuel Marraco referente a las últimas actuaciones judiciales de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, en el marco de la querella interpuesta contra el comisario Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio, por los presuntos delitos de manipulación por ocultación de pruebas, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos.

El estado actual de la cuestión es el siguiente. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M solicitó hace ya meses a la juez que instruye la causa que recabe la siguiente información:

  • la normativa que regula la actividad de los tedax, en la parte que afecta a la recogida y custodia de las muestras
  • los oficios dirigidos por el comisario de los tedax a la Policía Científica en ocasiones anteriores al 11-M, solicitando análisis químicos de restos de explosivos
  • el listado de tedax que participaron en las labores de recogida de muestras durante el 11-M

La juez ha pedido reiteradamente esos datos al Ministerio de Interior, sin que hasta el momento se haya dignado el señor Rubalcaba a aportar la información solicitada.

De las tres cuestiones, la más problemática es la tercera, porque la información sobre los otros dos aspectos puede ser recabada por otras vías.

Con respecto a la normativa de actuación de los tedax, y aunque el Ministerio de Interior se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales para no aportarla, lo cierto es que las partes relevantes de la normativa han sido publicadas incluso en Internet, por lo que no representa un obstáculo para proseguir con la causa.

En lo referente a los oficios de remisión de muestras de explosivos a la Policía Científica, la juez ha solicitado ya esa información al juzgado que instruyó la querella de Sánchez Manzano contra el diario El Mundo, donde al parecer constan esos oficios.

Es la tercera de las cuestiones la que requiere, sí o sí, una contestación del Ministerio de Interior. Y esa es la razón de que el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, haya pedido a la juez que vuelva a solicitar la información, pero esta vez con la advertencia de que, de no entregarse los datos correspondientes, el Ministerio de Interior podría estar incurriendo en un delito de desobediencia.

Está claro que la actual estrategia del Ministerio de Interior (ese ministerio dirigido por quien el 13-M decía que "España se merece un gobierno que diga toda la verdad, un gobierno que no mienta") consiste sencillamente en ganar tiempo, en ir dejando pasar los meses para que las víctimas del 11-M se cansen.

Y hay que reconocer que no es una mala estrategia, especialmente cuando han fallado todos los intentos anteriores de ridiculizar o ningunear las dudas sobre el 11-M.

Ante ese bloqueo premeditado de la labor judicial, ¿qué puede hacerse? Pues la verdad es que poco. Es la juez que instruye el caso la que tiene en su mano obligar a quienes obstaculizan la labor judicial a entregar los datos que en tantas ocasiones ha solicitado.

No tardaremos mucho en saber qué ha decidido la juez.

CCOO compra pegamento y masilla una semana antes de la huelga general


¿suministro para los piquetes?

Los sindicatos se preparan para huelga general comprando pegamento y masilla. Este tipo de productos suelen ser empleados en las huelgas para impedir el acceso a los centros de trabajo. Libertad Digital ha tenido acceso a una de las facturas.

2010-09-28
M. Llamas

CCOO de Madrid, en concreto, los sindicalistas de la Universidad Complutense de la capital de España, llevan días preparando la jornada de huelga general del miércoles. La semana pasada dos sindicalistas compraron pegamento y masilla, productos que suelen emplearse en este tipo de jornadas para cerrar centros, impidiendo así el acceso a estudiantes y profesores universitarios.

Según una factura a la que ha tenido acceso Libertad Digital, los sindicalistas de CCOO, compraron el pasado 22 de septiembre 11 tubos de Super Glue 3 y 4 de masilla gris, con un coste total de 141,55 euros.

Tal y como explica el dueño de la ferretería, "el pasado miércoles día 22 de septiembre, dos señores retiraron de nuestros lineales de venta numerosos blisters de pegamentos Super Glue 3 (pegamento instantáneo y muy resistente), acudiendo a la caja del establecimiento a efectuar su pago, como cualquier otro cliente".

"Solicitaron su factura de compra, y aunque el dependiente comprendió perfectamente el uso probablemente ilícito que se daría a ese material optó por permitir la venta, como por otra parte es nuestra obligación, pues el comerciante no puede rechazar una venta de un producto que tiene expuesto sus precios debidamente marcados", explica.

Los dos sindicalistas pagaron a nombre de CCOO Madrid, es decir, con dinero público, ya que este sindicato, al igual que UGT, se financia mediante las suculentas subvenciones que recibe del Gobierno.

Los principales sindicatos advirtieron el lunes lo siguiente: UGT y CCOO no cumplirán los servicios mínimos de transporte en Madrid y aseguran que "el derecho de huelga prevalece sobre el de trabajar".

lunes, 27 de septiembre de 2010

¿Alguien sabe cuántos jueves existen?


27 de Septiembre de 2010 - 09:26:36 - Luis del Pino

Editorial del programa Sin Complejos del domingo 26/9/2010

Gilbert Keith Chesterton es un escritor inglés nacido en 1874 y muerto en 1936. Practicó casi todos los géneros literarios y poseía un profundo sentido del humor netamente británico. Chesterton, por ejemplo, describía así la política: "El mundo se divide en conservadores y progresistas; el objetivo de los progresistas es cometer cada vez nuevos errores, mientras que el objetivo de los conservadores es evitar que esos errores se corrijan".

En su novela "El hombre que fue jueves", Chesterton cuenta la historia de un policía inglés que recibe el encargo de infiltrarse en un grupo terrorista de carácter anarquista. Ese grupo está dirigido por un comité secreto de 7 miembros, cada uno de los cuales recibe como alias el nombre de uno de los días de la semana.

El protagonista consigue ser elegido como miembro del comité de dirección y recibe como alias "Jueves", de ahí el nombre de la novela.

Pero nuestro policía infiltrado termina descubriendo, para su sorpresa, que todos los miembros del comité de dirección, incluido su presidente, Domingo, son policías infiltrados como él. En el comité de dirección de la banda de terroristas anarquistas no había ningún anarquista auténtico.

Hoy, el periódico Gara publica una entrevista con dos representantes de ETA, en la que éstos contestan a la petición realizada ayer por Batasuna, Eusko Alkartasuna y Aralar, en el sentido de que ETA declare un alto el fuego permanente y verificable. Contestan los etarras que están dispuestos a ello, pero siempre y cuando se avance en la negociación política.

Como pueden ver ustedes, continuamos con la escenificación. Vamos a asistir a una serie cada vez más acelerada de declaraciones y contradeclaraciones, para terminar de hacer tragar a la sociedad española los términos del acuerdo que en la anterior legislatura no se pudo materializar. Ayer veíamos cómo Arzallus acusaba a Rubalcaba de mentir como un bellaco cuando niega que exista negociación.

Y lo que yo me pregunto cada vez con más insistencia - analizando lo que ha sucedido en España en los últimos tiempos y la forma en que se pretende emplear el asunto de la negociación para dar por buena la voladura de la Constitución - es quién demonios ha negociado o está negociando con quién.

Teniendo en cuenta que llevamos cuarenta años luchando contra ETA, es de suponer (¡lo contrario sería terrible!) que más de una vez y más de dos y más de veinte, nuestros servicios de información habrán logrado infiltrar a alguien en la banda terrorista. Algunos de esos intentos de infiltración, como el de Lobo, nos constan, mientras que la mayoría no.

Y es de suponer que esos infiltrados de nuestros servicios de información habrán intentado, por unos medios o por otros, acceder al comité de dirección de ETA. Pueden o no haber tenido éxito esos intentos de infiltrarse en la cúpula de la banda, pero es evidente que los intentos tienen que haberse producido.

Y, cuando echo la vista atrás, lo que me pregunto es qué relación guardan esos intentos de infiltración con el sorprendente hecho de que haya etarras que militaban en grupos de extrema derecha antes de convertirse, supuestamente, en pistoleros asesinos que luchan por la supuesta patria vasca; me pregunto qué relación guardan esos intentos de infiltración con el hecho de que algunos otros etarras parezcan tener una peculiar facilidad para fugarse de las comisarías francesas saltando por las ventanas; me pregunto qué relación guardan esos intentos de infiltración con el hecho de que algunos destacados miembros de la denominada "izquierda abertzale" hayan conseguido sobrevivir, sin dar con sus huesos en la cárcel, a todos los procesos judiciales que se han emprendido contra el entorno proetarra, para poder cuidar de sus mamás enfermas; me pregunto qué relación guardan esos intentos de infiltración con el hecho de que algunos destacados miembros de la banda parezcan gozar de inmunidad diplomática para moverse por Europa como Pedro por su casa, sin que ni las fuerzas de seguridad españolas ni las europeas les molesten...

Me pregunto, con todo ello, cuántos de los intentos de infiltración en ETA han tenido éxito a lo largo de los años y hasta qué punto en la jerarquía de la banda han logrado ascender nuestros infiltrados.

Trato así de imaginarme la escena de la negociación entre los enviados del Gobierno y los enviados de ETA y me pregunto, en fin, si alguno de esos "negociadores" de ETA trabaja también para nosotros y desde cuándo. Me pregunto, en suma, como el protagonista de la novela de Chesterton, cuántos de los miembros del comité de dirección de ETA - después de cuarenta años de lucha contraterrorista - no son jueves, si es que hay alguno.

Y la verdad es que, de todas las respuestas posibles que se me ocurren a esa pregunta, no sé cuál me resulta más inquietante.

Ángeles Domínguez: "La estrategia de Interior es anular a las víctimas"


APUNTAN A UN DELITO DE DESOBEDIENCIA

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha remitido un escrito a la juez que instruye la querella contra Sánchez Manzano volviendo a solicitar los datos que ya han sido denegados por Interior. Las víctimas apuntan a que se podría estar cometiendo un delito de desobediencia.

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Manzano entregó a la juez documentos "secretos" que Interior niega a las víctimas
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Rubalcaba niega datos a la juez que instruye la causa contra Sánchez Manzano

2010-09-27

ÁNGELA MARTIALAY

Tras varios meses recibiendo negativas por parte del Ministerio del Interior, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha solicitado a la titular del juzgado de instrucción Número 43 de Madrid, la magistrada Coro Cillán, que vuelva a pedir al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba los datos que solicitaron hace seis meses. De no obtener de nuevo respuesta, las víctimas apuntan ahora a que se podría estar incurriendo en un delito de desobediencia, castigado con multa e inhabilitación.

Esta petición realizada por la asociación que preside Ángeles Domínguez se enmarca dentro del procedimiento judicial abierto a razón de la querella interpuesta contra el exjefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano.

En concreto, en el escrito del abogado José María de Pablo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se pide que la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía responda "a la mayor brevedad a los dos oficios que se relacionan en el cuerpo de este escrito, con apercibimiento de librar testimonio por un delito de desobediencia contra la persona responsable". En el primero de esos escritos dirigidos a Interior se reclamaba la identificación de los tedax adscritos en 2004 a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ –que dirigía Sánchez Manzano- "que se encargaron personalmente de trasladar desde los andenes de las estaciones hasta las dependencias de la Unidad Central las piezas de convicción recogidas el 11 de marzo de 2004 en cada uno de los escenarios de los atentados del 11-M".

Mientras tanto, en el segundo oficio se solicitó al departamento de Rubalcaba que certificase las responsabilidades que correspondían a Sánchez Manzano respecto a la custodia y análisis de los restos de explosivos que se recogieron de los focos de la masacre.

Por su parte, el Ejecutivo ya respondió a la juez que esa información era secreta y que, por lo tanto, no podía entregarla. "A pesar del tiempo transcurrido, ninguno de los anteriores oficios ha sido contestado", dice la Asociación en su escrito.

¿Un documento reservado?

En declaraciones a este periódico, Ángeles Domínguez ha recalcado que "los papeles que exigimos son unos documentos que han estado en Internet o están y que se han entregado en otros casos". "Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros que es un documento reservado? No nos tratan igual que al resto", denuncia la víctima.

La presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11- cree que "la estrategia del Ministerio del Interior es anularnos, no dándonos información y que así pase el tiempo. Pero las víctimas seguiremos trabajando porque queremos saber la verdad".

La querella fue interpuesta en julio de 2009 en los Juzgados madrileños de Plaza de Castilla (Madrid) contra el ex responsable de los TEDAX Juan Jesús Sánchez Manzano por los delitos de omisión del deber, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio.

domingo, 26 de septiembre de 2010

Rubalcaba reparte tan sólo un millón de euros entre todas las organizaciones de víctimas de terrorismo



Mientras excarcela a presos etarras de Nanclares de Oca

Actualizado 29 julio 2010

extraconfidencial.com

Verano caliente para Rubalcaba, ayer mismo el director general de la DGT, Pere Navarro, tuvo que negar, como afirma la Asociación Unificada de Guardias Civil (AUGC), la supuesta huelga de “bolis caídos” de los agentes en demanda de mejoras laborales que según el sindicato ha provocado que en junio se impusieran 120.000 multas menos que en el mismo mes de 2009. Un duro golpe a su afán recaudatorio.

Mientras, Mariano Rajoy, oficializó ante su plano mayor su distanciamiento con la política penitenciaria que el Gobierno está aplicando a los presos de ETA. Y es que el PP quiere que el ministro del Interior ofrezca “explicaciones” en sede parlamentaria sobre los beneficios penitenciarios concedidos a varios presos que considera “disidentes” de ETA internos en la prisión de Nanclares de Oca (Álava), a quienes, según ha trascendido, se les permite salir a diario, salvo sábados y domingos, para estudiar o trabajar. En concreto, el grupo popular en el Senado registrará varias iniciativas en la Cámara Alta para forzar a Alfredo Pérez Rubalcaba a que tras el parón veraniego dé cuenta de la estrategia penitenciaria del Gobierno socialista sobre los beneficios a etarras que supuestamente se habrían desmarcado de la banda con condena expresa de la violencia y habrían pedido perdón a sus víctimas.
Víctimas maltratadas en subvenciones

El Ministerio del Interior ha resuelto conceder a un total de 30 asociaciones de atención a víctimas del terrorismo subvenciones por un montante total de un millón de euros, del cual se reparten casi la mitad entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, cada una de ellas receptora de 234.000 euros.

Así se constata en el Boletín Oficial del Estado en su edición de este miércoles, en la que se publica la orden ministerial emitida a tal efecto el pasado día 22. De estos aspirantes, y aparte de la AVT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Interior subvenciona a la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) con 84.000 euros, a la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo con 66.000, a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M con 56.000, al Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) con 36.000, a la Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco con 28.000, a la Coordinadora Gesto por la Paz con 24.430 y a la Fundación Guardia Civil con 24.000 euros.

Otras ayudas irán destinadas a la Asociación Dignidad y Justicia (19.550 euros), la Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza (17.422,65), la Fundación Fernando Buesa Blanco (15.700), la Federación de Asociaciones Autonómicas de España de Víctimas del Terrorismo (15.000), las fundaciones Gregorio Ordóñez Fenollar y Rodolfo Benito Samaniego (14.300) y las asociaciones autonómicas de víctimas de Canarias (Acavite), Comunidad Valenciana y Murcia (Amuvite), que percibirán 13.000 euros cada una.

Por lo demás, 12.000 euros recibirá la Fundación Tomás Caballero, 10.000 la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, 6.999 la Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana y 6.000 las fundaciones Alberto Jiménez Becerril, Askatasun Bidean y Profesor Manuel Broseta.

Las entidades que sí se han beneficiado de las subvenciones recibirán ahora un 67% de la cantidad concedida y deberán justificar las actividades y programas para tener acceso al 33 %.

Además, deberán hacer constar que estas actividades se realizan con la financiación del Ministerio del Interior "expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios materiales que utilicen para su difusión"

Unos requisitos que chocan con otras subvenciones como las que entrega una semana si y otra también Ministerios como el de Igualdad. Suma y sigue.

Si fueran demócratas


SALVADOR SOSTRES

Zapatero embustero

Si los sindicatos fueran demócratas, garantizarían el derecho de cada cual de poder ir a trabajar, tal como los distintos gobiernos democráticos garantizan, con total transparencia, que los ciudadanos que prefieran a la oposición puedan votarla tranquila y absolutamente. Si los sindicatos fueran demócratas, condenarían la existencia de esos piquetes que nunca son informativos y que siempre amenazan y que en muchas ocasiones son violentos. El terrorismo sindical es igual de inaceptable que cualquier otro. Si los sindicatos fueran demócratas, no tolerarían el miedo que siembran piquetes y otras organizaciones parasindicales. Muchos empresarios que no harían huelga cierran su fábrica o su negocio para que no les ataquen y rompan los cristales y otras dependencias.

Si los sindicatos fueran demócratas aclararían con precisión el número exacto de liberados sindicales que hay en España y a continuación acabarían con la gran estafa que supone que alguien cobre sin realizar el trabajo para el que fue contratado. Si los sindicatos fueran demócratas, defenderían a los trabajadores sin el cinismo de criminalizar a los que garantizan que haya trabajadores, que son los empresarios con su dinero y su talento y los puestos de trabajo que crean.

Si fueran auténticamente demócratas, no organizarían huelgas generales, que no son más que un chantaje a gobiernos elegidos democráticamente, y que democráticamente pueden ser desbancados cada cuatro años. Si los sindicatos creyeran en la libertad, abolirían los convenios y permitirían que patrón y empleado se pudieran poner de acuerdo bilateralmente, sin «tutelas ni tutías».

Pero el gran drama de España es que ni los sindicatos son demócratas ni creen en la libertad. Los sindicatos, junto a ETA, son las dos únicas organizaciones que jamás le han dado una oportunidad a la democracia. Basta con ver que ETA es, incluso antes que independentista, marxista y sindicalista. La izquierda en general tiene un problema con la libertad, un problema relacionado con su propia esencia y que nunca resolverá. Esta izquierda de raíz totalitaria y violenta que nunca se ha disculpado por haber sido comunista y haber justificado, en muchos momentos de su historia, los atroces crímenes que la ideología más sanguinaria de todos los tiempos ha causado.

Los sindicatos no son demócratas, no creen en la democracia ni en la libertad, y su estrategia es siempre el chantaje y la amenaza, la preventa y el privilegio: entre liberados sindicales, líderes sindicalistas, despidos improcedentes -todos lo acaban siendo-, días personales y bajas laborales fraudulentas, en España hay en estos momentos centenares y miles de caraduras que viven del cuento sindicalista sin rubor ni vergüenza ni ninguna consideración por la gente que más sufre. Ellos, a lo suyo. Y si revienta el planeta, que reviente.

Algún día nos libraremos de esta mordaza, de este estado de excepción moral con que nos chulean y nos atrasan los sindicatos. Algún día terminarán estos humillantes días de toque de queda civil, de asamblea y comité. Algún día seremos hombres libres, sin cadenas ni convenios y será lo más normal del mundo que todo el mundo cobre por lo que produzca. Y punto.

«Solbes me dijo que el País Vasco tiene ventajas por ETA»



Puigcercós revela una charla con el ex vicepresidente económico

El líder de ERC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Joan Puigcercós, reveló ayer que Pedro Solbes le confesó -cuando era vicepresidente económico del Gobierno y en el transcurso de una negociación presupuestaria- que el País Vasco tiene ventajas en competencias por ETA, según afirmó después de que el Ejecutivo haya decidido traspasar las políticas activas de empleo al País Vasco.

Puigcercós concretó que Solbes le realizó la confesión en una negociación presupuestaria «muy dura» en la que los republicanos acabaron por no apoyar porque no se garantizaban las inversiones que reclamaron.

El dirigente republicano le dijo a Solbes que «lo que pide Cataluña es de justicia», sobre lo que el entonces vicepresidente económico le dio «toda la razón», aunque le precisó: «Hay una diferencia entre Cataluña y el País Vasco. Todos sabemos que en el País Vasco hubo una cosa que se llamaba ETA, que condicionó mucho las cosas», dijo en declaraciones a TV3.

«Vicepresidente, ¿me está diciendo que al final se saca rédito de esto? Esto lo has de decir en público, porque si lo dices aquí no me vale», afirmó Puigcercós que le replicó. Y agregó que Solbes cerró esta cuestión diciendo: «En público no lo diré nunca».

Para Puigcercós, este asunto demuestra «una cosa muy terrible»: que el País Vasco ha gozado de tolerancia y no tiene «rechazo de las Españas» mientras que Cataluña «lo ha tenido siempre», pese a que ha hecho el trabajo bien y el Estatut se hizo «con todas las condiciones de la ley».

Puigcercós, por otra parte, pidió «humildemente» que se haga un debate de PSC y CiU contra ERC para las elecciones catalanas, en lugar de un cara a cara entre el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, y el candidato de CiU, Artur Mas.

«No sé qué se va a aclarar con el cara a cara entre Montilla y Mas, si están de acuerdo en todo», afirmó, alegando que «ambos están a favor de la autonomía y de la Constitución, y en contra de la independencia».

Por este motivo, en el modelo de debate que propone Puigcercós «se contrapondrá la postura de los independentistas contra los autonomistas».

El TS avala la rectificación de los escritos de acusación contra Garzón


MARÍA PERAL / Madrid

Uno de los cinco magistrados discrepa, por primera vez, del criterio de la Sala

Zapatero embustero

La Sala Penal del Supremo ha desestimado los recursos con los que Baltasar Garzón pretendía neutralizar el proceso que se tramita contra él por una supuesta prevaricación que habría consistido en iniciar, sin competencia legal y en contra de las leyes de Memoria Histórica y Amnistía, unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo en las que imputó a personas fallecidas.

Garzón impugnó la decisión del magistrado instructor, Luciano Varela, de dar un plazo de 24 horas a las acusaciones (de un lado Falange Española y, de otro, las organizaciones Manos Limpias y Libertad e Identidad) para que subsanaran los defectos advertidos en sus escritos de acusación contra el juez. Falange no atendió en plazo el requerimiento del instructor y fue expulsada del proceso. Manos Limpias y Libertad e Identidad sí corrigieron su escrito y Varela lo admitió, lo que también fue recurrido por Garzón.

La Sala ha desestimado ambos recursos, respaldando de nuevo la actuación del instructor y validando la incorporación del escrito de la única parte que acusa al juez. De no haber sido así, el proceso habría acabado en archivo por falta de acusación, ya que el fiscal sigue secundando a Garzón pese a las sistemáticas resoluciones adversas del tribunal. Las difundidas ayer suponen, en esta misma línea, un nuevo revolcón para la Fiscalía, que había apoyado los recursos del acusado.

Los dos autos están fechados el 28 de julio -cuando se deliberaron y aprobaron- aunque no se notificaron hasta ayer, 24 horas después de que el Consejo General del Poder Judicial ratificara como presidente de la Sala a Juan Saavedra. Al margen de este hecho, lo cierto es que hasta hace unos días no entregó la redacción definitiva de su voto particular el magistrado Joaquín Giménez, que le ha disputado la presidencia a Saavedra sin éxito. La resolución no podía ser entregada a las partes sin el voto discrepante, ya que se notifican conjuntamente.

El tribunal indica que el requerimiento de subsanación que Varela dirigió a las acusaciones tenía como fundamento la «necesidad de controlar la correspondencia entre la determinación de los hechos punibles realizada por el instructor y los escritos de calificación de las acusaciones» y se hizo «en beneficio del acusado».

La Sala recuerda la regla legal que establece la improcedencia de declarar nulos los actos que puedan ser subsanables y subraya que Varela no dio un plazo adicional a las acusaciones para que rectificaran sus escritos, sino que la subsanación se realizó dentro del plazo que inicialmente tenían concedido para formalizar su calificación acusatoria.

En el caso de Falange, se producía una «mezcla» de hechos ajenos al proceso, juicios de valor y referencias personales. «Dado el alcance del defecto», dice la Sala, «la indefensión posible del acusado estaba en la irregularidad por la falta de precisión del escrito [de Falange] y no en la subsanación del defecto ordenada en beneficio del acusado al posibilitar conocer con exactitud los hechos objeto de acusación sin añadidas valoraciones o consideraciones difuminadoras de aquéllos».

Por lo que se refiere a Manos Limpias, el tribunal señala que no fue requerida para «reformular» su escrito ni para «añadir exigencias necesarias pero omitidas», sino para «eliminar elementos sobrantes indebidamente incorporados, sin afectación de los que, siendo necesarios, el escrito contiene», lo que «no causó indefensión alguna» a Garzón.

Ésta ha sido la primera vez que uno de los cinco magistrados de la Sala se ha apartado del criterio del tribunal. Giménez, que durante los 16 meses de proceso no ha expresado discrepancias, considera que el recurso de Garzón debió ser parcialmente estimado porque el requerimiento a las acusaciones «no tiene apoyo legal». «La acusación ha de ser clara, concreta y comprensible, y ello es exclusiva responsabilidad de quien sostenga la acusación, sin que deba haber interferencia o indicación alguna por parte del juez instructor tendente a facilitar el ejercicio de la acusación», sostiene.

A su parecer, se hubiera tenido que retrotraer el procedimiento para que Varela continuase la tramitación si consideraba admisibles los escritos de acusación o, en caso contrario, acordar el sobreseimiento.

Las cámaras de videovigilancia de la Audiencia Nacional no funcionan

Un problema informático tiene inutilizado desde agosto el control perimetral

Son las instalaciones donde se juzgan todos los casos de terrorismo, el crimen organizado, los grandes delitos... Es decir, un edificio de máxima sensibilidad en materia de seguridad.

Por la Audiencia Nacional no sólo pasan los más peligrosos terroristas, narcotraficantes y mafiosos, sino que también trabajan allí algunas de las más destacadas personalidades del mundo judicial del país: jueces, fiscales, abogados... Pero, últimamente, no ganan para sustos. Su seguridad está pasando por una de sus peores etapas.

Ahora le ha tocado a sus cámaras de videovigilancia. Desde hace más de un mes están inutilizadas, no funcionan, no graban, no sirven para nada. Como explicaron a este periódico fuentes policiales, en agosto se produjo una avería en el sistema informático de los terminales que graban las imágenes y aún no ha sido reparada.

Este hecho ha provocado que los servicios de seguridad de la Audiencia Nacional hayan tenido que reforzar con su presencia física la seguridad perimetral. Es decir, que los agentes destinados a la protección de este complejo tienen que salir más del edificio, y suplir con sus ojos el sistema que ahora no funciona.

Habitualmente, con las cámaras, un agente puede controlar toda la vigilancia exterior. Ahora, el despliegue alrededor del edificio tiene que ser presencial, con los agentes en la calle. Y esto ha provocado que los propios policías destinados en la Audiencia Nacional se encuentren en una situación delicada. Porque el Ministerio del Interior, pese a lo prolongado de la avería, no ha reforzado la seguridad con más efectivos. Porque el problema es, pura y simplemente, según estas fuentes, informático.

Desde la Unión Federal de Policía (UFP) ya se ha levantado la voz. Y se ha alertado a nivel interno de estas graves deficiencias. Se considera que la falta de control exterior, debido a esa avería de las cámaras de videovigilancia, supone una «merma importante» en la seguridad de estas dependencias.

Además, toda la responsabilidad de la seguridad exterior recae en los agentes de seguridad estática, que tienen que desarrollar su trabajo «con más riesgos», según se recoge en un informe elaborado por la UFP, que ha sido elevado al comisario jefe de las instalaciones de la Audiencia.

Conviene recordar que no hace tanto tiempo, el pasado mes de marzo, la Audiencia Nacional fue escenario de un episodio que acabó con la destitución de dos responsables de la seguridad del complejo judicial.

En concreto, sucedió que a los despachos del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y de los jueces Fernando Grande-Marlaska e Ismael Moreno llegaron unos sobres que no habían pasado por los debidos controles de los servicios de seguridad para ser analizados.

Los magistrados abrieron los mismos y se llevaron una enorme sorpresa al ver que en su interior había un extraño polvo de color rojo. Posteriormente, se supo que únicamente era polvo de ladrillo.

El juez Baltasar Garzón decidió abrir una investigación sobre el falso ántrax al entender que los autores del envío pudieron haber cometido un delito de amenazas.

Portabales: "La Policía investigó y grabó a Solchaga, Esther Arroyo, Anne Igartiburu, Borrell, Bárbara Rey, Jiménez Arnau, Amusategui…"



extraconfidencial.com

Esta redacción ha recibido un nuevo escrito, que reproducimos por su interés, del hasta hace poco testigo protegido por la Operación Nécora, Ricardo Portabales, a quien el ministerio del Interior le ha retirado la ayuda económica mensual y la casa en la que residían tanto su mujer como sus hijos. El departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba argumentó que los fondos reservados habían tocado fondo.

“Hay historias y anécdotas reales. No sé si se acuerdan de personajes implicados en temas de narcotráfico, estafa, coacciones, prostitución, homosexualidad o incluso secuestro, que de una forma u otra hayan estado implicados, a veces queriendo y otras por que les ha tocado estar en el sitio inadecuado en el momento menos oportuno.

Yo por gracia o desgracia, o porque en esos años era en lo que trabajaba para las diferentes unidades de la Dirección General de la Policía y otros, he tenido que ver, escuchar y hasta ahora callar, sobre ciertos nombres que se barajaban en controlar de alguna manera y sus movimientos con esos personajes. Los temas se basaban por que estos y otros personajes tenían relación directa o indirectamente, con personajes que en aquellos momentos estaban en alguna investigación inmediata, por diferentes hechos que ya he mencionado más arriba.

Ellos son Ester Arroyo, el ex ministro Carlos Solchaga, Felipe Campuzano, el ex ministro Josep Borrell, Bárbara Rey, Amparo Muñoz, Sofía Mazagatos, Ortega Cano, Carlos Goyanes, José María Amusategui, Pilar Bardem, Isabel Zorraquín, Anne Igartiburu, Jimmy Jiménez Arnau y un largo etcétera.

Grabados en una casa de citas


Lean con atención: había una casa cerca de Majadahonda en Madrid, donde era regida por la hermana de un ex ministro del PSOE. En esa casa, esta señora realizaba ciertos encuentros o fiestas muy privadas para personajes que pudiesen pagar con grandes favores, bien económicos -era ideal porque así no ponían en riesgo su imagen-, o un posible escándalo, tanto de ellos como de ellas. Era mucho más seguro que ir a hoteles o zonas muy delicadas de otros amigos. La discreción era fundamental pero lo que no sabían muchos de ellos es que fueron grabados tanto en video como en sonido por parte de aquella unidad de investigación y con la colaboración de la dueña de la finca.
En algunos casos, ciertas conversaciones de algún que otro de estos personajes, con otros posibles implicados que estaban siendo chequeados a fondo por su contacto en estafas, narcotráfico, lavado de dinero, secretos de política, prostitución e incluso secuestro. Eran graciosas y, alguna que otra, cómicas. Cuando las escuchabas en conversaciones con ciertas personas hablando de temas que a veces no tenían nada que ver con lo que se estaba investigando, solo conversaciones cotidianas de temas que a cualquiera de nosotros nos pudiese ocurrir en el día a día.

Quiero dejar claro que yo no tengo nada contra estas personas. Sólo fue trabajo para mí y algunos otros, como contaba anteriormente. En ocasiones realizaba copia de lo que estábamos haciendo sobre ellas. En estos días se puede enseñar algo de aquellos años, de alguna manera se podrá contar y creo que escuchar, pero solo fue trabajo organizado por aquellos mandados.”

Atentamente, Ricardo Portabales Rodriguez.

Ex arrepentido del ministerio del Interior y otros.

sábado, 25 de septiembre de 2010

Batasuna y EA pedirán a ETA que declare un alto el fuego permanente


ETA marca el guión. Batasuna y Eusko Alkartasuna lo siguen. Para hoy, en la localidad vizcaína de Guernica, se anuncia el siguiente paso del «proceso» que, diseñado por la banda, han puesto en marcha ambas formaciones políticas, con el objetivo final de colar a los candidatos proetarras en las elecciones del año que viene. Lo curioso es que un partido como Aralar, al que, según el documento, hay que «fulminar políticamente», se sume a la iniciativa, al igual que otros grupos de menor relieve.

Batasuna y EA EA y Batasuna no cejan en su empeño de presentarse a las elecciones de la mano de los pistolerosa ETA que declare un alto el fuego permanente
25 Septiembre 10 - Madrid - J. M. Zuloaga

Ahora toca definir los «mínimos democráticos», para que el «proceso» pueda continuar. Todo está escrito en un documento que fue encontrado en poder del jefe etarra Ibon Gogeascoechea, detenido en Francia en febrero pasado.

«Mínimos democráticos»

El documento establecía como «mínimos democráticos», que se debían concretar «en esta fase», el «ejercicio de la normalización política» (que los proetarras se puedan presentar a los citados comicios, tras la derogación de la Ley de Partidos); el cese de la «persecución» de la izquierda abertzale, y medidas a favor de los presos. Justo lo que se va a pedir hoy.
Por su parte, la banda podría hacer alguna nueva «concesión», en forma de alto el fuego «verificable», «permanente», «unilateral»... que, también, en lo que se le va a reclamar hoy en Guernica.

Expertos antiterroristas, consultados por LA RAZÓN llaman la atención sobre el contenido del documento, porque hay que leerlo todo, no sólo lo que conviene
Lo que ETA deja claro en ese texto es que va a mantener su papel de «garante» del proceso, que va a estar siempre ahí, como el «primo» del anuncio de los zumos, por si alguien no cumple lo acordado o se sale del guión. «A partir del proceso de 1998, la gran función de ETA ha sido, por un lado, acompañar, promover y alimentar el acuerdo entre promotores de Euskal Herria. Por otro lado, obtener la garantía de que sea respetado por el Estado de España lo que se acuerde entre promotores de Euskal Herria».

En estos momentos, –subraya– este papel es especialmente necesario ya que «la izquierda abertzale está mostrando una débil y limitada capacidad para trabajar sobre esas condiciones (...) se le hace imposible hacer frente a la ofensiva política e ideológica que está detrás de la ofensiva represiva: es decir, poner un tope y barricada política».

La banda, por su parte, admite su mala situación operativa y sus «limitaciones para responder a la represión salvaje». «Eso, desde el punto de vista de la resignación, lleva al Movimiento (Movimiento de Liberación Nacional Vasco) a la resignación política».

La banda, fiel a su fanatismo, asegura que no puede ser vencida policialmente, aunque admite que del «empate infinito con el enemigo», puede entrar en una situación de «desgaste infinito. A través de su línea armada, es evidente la invencibilidad de ETA, pero no tan fuerte como hace unos años. Del mismo modo, hay que reconocer que se nos ha mostrado desgastada la capacidad, la credibilidad y el liderazgo para influir que tiene la Izquierda Abertzale».

«Garante del proceso»

Estas afirmaciones van a dirigidas a justificar el papel de ETA como «garante» del «proceso» y su «derecho» a declarar o romper treguas, según convenga: «la disuasión y reactivación del papel de la lucha armada en el ámbito entre ETA y Estado debe estar abierta como posibilidad política potencial. No entendida como garantía exclusiva, ni entendido como mensaje político o como respuesta de bloqueo-desbloqueo. Sino como idea extendida, como constatación. Como activo para condicionar la práctica del enemigo y la tendencia a desviar el proceso». Insiste en que «actuará a través de la carta de disuasión de la ruptura militar del proceso».

Muere de un infarto en Francia el pistolero etarra Zaldua Corta


José María Zaldua
25 Septiembre 10 - Madrid - J.M.Zuloaga

MADRID-El pistolero etarra José María Zaldúa Corta, alias «Aitona», apareció muerto, por causas naturales, en un apartamento de la localidad francesa de Aix en Provence, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Llevaba documentación falsa y, en los últimos meses, dada su gran experiencia criminal dentro de la banda, se había especulado con la posibilidad de que pudiera ocupar un puesto en la «dirección». Tenía 61 años.

Estaba acusado de haber formado parte de los «comandos» «Urola» y «Nafarroa», que cometieron varios atentados en Gipúzcoa y Navarra a finales de los setenta y principios de la década de los ochenta. Se le imputaron numerosos asesinatos: cinco guardias civiles, tres policías, un teniente coronel del Ejército y el alcalde un pueblo. Durante algunos años, estuvo residiendo primero en México y luego en Uruguay. Recientemente, fue reconocido por un militante de las FARC colombianas como uno de los que habían adiestrado a esta banda terrorista el uso de artefactos explosivos.

En 2002 fue detenido en Francia, pero el retraso en el envío de la documentación para su extradición, provocó que huyera.

La Policía Nacional patrulla a pie porque sus vehículos están averiados



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El sindicato CEP denuncia que los agentes de Seguridad Ciudadana de La Laguna deben patrullar a pie, puesto que sólo funciona un furgón para trasladar a los detenidos. En los talleres de la avenida Tres de Mayo se acumulan casi veinte coches que no pueden arreglarse por falta de pequeñas cantidades de dinero.
P. FUMERO, S/C de Tenerife

A los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Tenerife les faltan coches, tanto camuflados como radiopatrullas, para hacer su labor con garantías. Ayer se supo que los policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de La Laguna deben patrullar a pie, puesto que han llegado al extremo de que todos los vehículos radiopatrulla están averiados. Así lo afirma la Confederación Española de Policía (CEP), quien advierte de la crítica situación que padece el parque móvil de la institución en Aguere.

Según la portavoz de dicho organismo sindical, el problema se ha agravado por los "efectos de la crisis económica y los recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio del Interior a los servicios públicos de seguridad".

Para el CEP, en La Laguna se ha batido el dudoso récord de conseguir que no pueda salir a la calle ni un coche radiopatrulla, "por estar todos ellos pendientes de reparación en un garaje". Ante esa situación, la comisaría ha aplicado la medida de iniciar las patrullas a pie, según dicho sindicato. Supuestamente, en La Laguna sólo se utiliza una furgoneta "combi" para el traslado de detenidos a los juzgados y, si deja de funcionar, esa competencia deberá ser asumida por funcionarios de la Policía Local. A juicio de los delegados de la Confederación Española de Policía, "los peores enemigos de la eficacia policial y la prevención del delito, los delincuentes, han encontrado en los recortes de medios su aliado perfecto".

Además, la Unión Federal de Policía (UFP) señala que, a nivel provincial, puede haber casi 20 vehículos averiados. Muchos de ellos tienen problemas técnicos que se arreglarían con poco dinero. Pero el gran obstáculo es que no hay presupuesto, a veces, ni para afrontar averías de 30 o 40 euros.

En el Sur de Tenerife ocurre algo similar y, actualmente, el grupo de robos de la Brigada de Policía Judicial carece de vehículos para afrontar su labor. Además, uno de los automóviles aparcados de forma indefinida en la comisaría de Costa Adeje no se utiliza porque no hay dinero para instalarle pastillas de freno nuevas.

La representante del CEP comenta que, frente a estas graves carencias, los datos oficiales que miden la evolución de la delincuencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no hacen sino empeorar. Según la Memoria de la Fiscalía presentada esta semana, el número de diligencias previas tramitadas por delitos contra el patrimonio (robos con violencia, hurtos, asaltos a viviendas o sustracciones de coches, entre otras cosas), supusieron el pasado año el 48,28 por ciento del conjunto de los hechos delictivos.

Además, los delitos contra la vida (asesinatos, homicidios e intentos de homicidio) crecieron casi un dos por ciento en las islas occidentales durante 2009.

El CEP cree que, en este escenario de aumento de la delincuencia que más afecta al ciudadano, "no deja de ser preocupante que la precariedad de medios en las unidades de prevención de delitos y de protección de la seguridad nos lleve a tener que patrullar a pie las calles de La Laguna".

Ayer no fue posible conocer la versión del comisario provincial de la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno no se pronunció porque desconoce la situación denunciada.

La farsa de la Policía Autonómica


Su envío al Polígono Sur dentro del «plan Maeztu» dio una imagen irreal de una unidad sin apenas competencias

Día 24/09/2010

La práctica supresión de la presencia de la mal llamada Policía Autonómica en el Polígono Sur, unida al malestar que ha generado entre sus responsables sindicales el modo y manera en que la Junta pretende llevar a cabo el traslado de su sede a un nuevo edificio, en Los Bermejales, ha destapado la caja de los truenos en torno a una unidad a la que los ciudadanos confunden con una policía provista de funciones de seguridad ciudadana, cuando sus competencias reales son escasas y muy limitadas.
La que los maledicentes han llegado a llamar «la Policía de Chaves» no es otra cosa que una unidad formada por policías nacionales voluntarios cuya dependencia del Ministerio del Interior no va más allá de las cuestiones meramente administrativas. Para el resto, los aproximadamente 750 funcionarios que la integran —de ellos algo más de un centenar en Sevilla— dependen de la consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a la que corresponderá en su momento —ya de por sí fiado a largo plazo antes de los recortes impuestos por la crisis— crear la verdadera Policía Autonómica. Mientras esto no ocurra, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, seguirá teniendo unas competencias limitadas a los apartados de juego, menores, custodia de algunos edificios dependientes de la Junta, escoltas y «medios especiales», un llamativo enunciado que, según se afirma desde la Confederación Española de Policía (CEP) es «poco más que una barquita para recorrer el río».
Todo lo que se salga de ahí no es competencia de la Unidad Adscrita, como no lo es ni la seguridad ciudadana ni la investigación.
Tanto es así que durante el tiempo en que han estado prestando servicio en el Polígono Sur, salvo que presenciaran un delito flagrante, no podían actuar.
De hecho, aunque desde la Administración se ha presentado su presencia en el Polígono Sur como una cuestión de seguridad ciudadana, la misión realmente encomendada a estos policías era la protección de las obras de rehabilitación de las viviendas emprendidas dentro del «plan Maeztu», el control de los menores para que asistieran al colegio y no estuvieran en la calle, mantener el contacto con las familias gitanas, para evitar incidentes entre ellos y, esporádicamente, colocar un furgón delante de algún punto de venta de droga, para que la presencia de los agentes actuara como medio disuasivo.
Para más inri, en el caso de que pudieran advertir, o sufrir, algo que los desbordara, aunque son policías nacionales, no tienen medios técnicos para comunicarse con la Brigada de Seguridad Ciudadana o con la Jefatura Superior —de la que no dependen—, ya que carecen de equipos de transmisiones y sólo se valen entre ellos de teléfonos corporativos.
Cuestión de dinero
Por otra parte, la presencia de la Unidad Adscrita en el Polígono Sur tenía parte de su fundamento en la remuneración que recibían los policías como dieta diaria —90 euros—, siempre que estuvieran «doblando» su turno normal, lo que inicialmente era la norma, hasta el punto de que los que iban allí eran voluntarios; o sea, que en la práctica «había más policías disponibles». Ahora, según se afirma desde la CEP, la reducción presupuestaria ha hecho que quienes vayan al Polígono Sur sean policías que realizan su turno normal, lo que supone una merma potencial de efectivos, al no existir ya los que al «doblar» creaban el espejismo de que había más agentes.
Eso, unido a la retracción de policías para atender otras competencias, como son algunas de las que realizaba el desaparecido Plan Infoca, ha mermado la disponibilidad de efectivos, dejando una plantilla descontenta por la reducción de ingresos y desmotivada.
Pertenecer a la Unidad Adscrita fue, desde sus inicios, un privilegio, económicamente hablando, de ahí que hubiera hasta lista de espera para entrar, pues a las dietas se sumaba un extra de 1.000 euros trimestrales, en el caso de los policías básicos, y cuatrocientos para los que realizaban escoltas. Eso ha dado pie a que más de la mitad de la plantilla actual sea de policías en comisión de servicio llegados desde toda España. En estos momentos, los 1.000 euros va por 700, lo que, no obstante, marca una diferencia con lo que cobran los policías nacionales de la escala básica.
Y ahora, en medio de los recortes, la Junta ha hecho saltar las voces de alarma al anunciar el próximo traslado de la jefatura y la comisaría local de la Unidad Adscrita desde su sede actual, en la Isla de la Cartuja, a la calle Bergantín, en el barrio de Los Bermejales, a un edificio de nueva construcción que, según ha denunciado la CEP, carece de las más elementales medidas de seguridad para tratarse de una instalación policial.
Sin medidas de seguridad
Y es que no sólo no está aislado, como obliga la normativa de seguridad —está unido a otros dos edificios de oficinas de la Junta, sólo uno de los cuales, el «Edificio de las Delegaciones», cuenta con mil quinientos trabajadores—, sino que no dispone de medidas estáticas de seguridad —cámaras—, ni tan siquiera de un «botón antipánico» que permita activar una alarma en caso de emergencia (altercado, incendio, atentado..).
Además, se pretende que el edificio policial albergue los archivos de las cinco consejerías y el punto de encuentro de menores en situación de especial protección, lo que equivaldrá a reunir a los menores con sus padres delante de un policía, lo que para los especialistas redundaría negativamente en el menor.
Estas carencias,a las que se unen otras como la falta de medidas contraincendios en los calabozos o la precariedad del armero, para el que no se ha previsto el obligado búnker, ha hecho que los sindicatos policiales pongan el grito en el cielo ante la pasividad de su interlocutora hasta el momento, la adjunta al director general de Política Interior de la Consejería de Gobernación, Dolores Gallardo, que el pasado lunes se reunió con ellos «sin tener información respecto a las medidas de seguridad, que, según ella, dependían de Hacienda; sin proyecto alguno, y con argumentos que llegaron al extremo de acusarnos de insolidarios en tiempos de crisis por reclamar las medidas de seguridad a que obliga la ley, cuya carencia se paliaría con una inversión menor de 20.000 euros, mientras el coche oficial de Chaves, ahora de Griñán, costó 70.000 euros», afirman desde la CEP.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Bono «indigna» a los diputados del PP por su 'reduccionismo' histórico


CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Celebró los 200 años de las Cortes de Cádiz con una interpretación no consensuada
Los aplausos de rigor a la declaración presuntamente institucional que ayer hizo el presidente del Congreso, José Bono, en honor del 200º aniversario de las Cortes de Cádiz, se mezclaron ayer con unos discretos murmullos de desaprobación en la bancada popular, que minutos después se transformaron en auténticas voces de «indignación» en los pasillos de la Cámara.

La primera sorpresa de los populares fue comprobar cómo la simple «mención» al bicentenario -que hoy se celebra en Cádiz bajo presidencia del Rey Juan Carlos-, que el presidente de la Cámara había anunciado dos días antes a la Junta de Portavoces, se transformó en un discurso personal y repleto de interpretaciones históricas.

Bono -al que, en todo caso, sólo los nacionalistas vascos hurtaron el protocolario aplauso dentro del Hemiciclo- hizo toda una serie de alusiones a los «dictadores, monarcas y generales poco patriotas» que a lo largo de estos dos siglos cercenaron la libertad en España, lo que a la bancada le resultó muy poco institucional e innecesariamente negativo.

«El presidente del Congreso no puede hacer discursos, salvo que sean institucionales y pactados», decía, muy enfadado, un diputado veterano que apuntaba, incluso, la «inconstitucionalidad» del discurso. «¿Qué necesidad hay de meterse con la monarquía?», añadía. «Y puestos a citar a Jovellanos, que fue un monárquico, ¿es que no ha encontrado nada mejor?». La cita en cuestión rezaba: «España no luchaba 'por una familia o dinastía. España lidia por su Constitución, por sus leyes; en una palabra: por la libertad'».

Pero la polémica surgió especialmente por la manera en que saldó cuentas con la Historia de España. Bono acudió a la página 133 del libro Constituciones y Periodos Constituyentes en España, firmado por Elisendo Aja y Jordi Solé Tura, para afirmar que «en los 166 años que van de la Constitución de Cádiz a la proclamación de la Constitución vigente (de 1978), el pueblo español sólo haya disfrutado 16 años de completa libertad». Una afirmación sobre la que insistió: «Las cifras son bien sencillas de recordar: ¡166 años y tan sólo 16 de libertad!».

Muchos tardaron en descifrar las cuentas. A saber: los dos primeros años de la Constitución de Cádiz (1812-1814); más el Trienio Liberal (1820-1823); el año (1836-1837) de la restauración de Cádiz tras el Motín de la Granja; los cinco años entre la Gloriosa de 1868 y el final de la I República, en 1874, y los cinco años de la II República (1931-1936).

Zapatero embustero

Aquí ya las críticas fueron mayores. Y lo más curioso, a ellas se sumaron los diputados más antagónicos dentro del Grupo Popular. Todos coincidían en que Bono había hecho un injustificado «reduccionismo histórico», por excluir la Restauración como «etapa positiva en la conquista de las libertades».

Según la doctrina en la que se basa el libro de referencia de Bono, existen dos tipos de constituciones: progresistas, cuando la soberanía reside en la nación, y conservadoras, cuando establecen una soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Según esta misma teoría, la Constitución de Cánovas fue «conciliadora», pero no cuenta con el aval reivindicado por el socialista Bono.

«Estoy indignado», repetía un joven diputado del PP, conocedor de esta doctrina «minoritaria» en la Historia del Constitucionalismo. «El presidente del Congreso no sólo se ha extralimitado sino que ha metido la pata y olvidado a Cánovas y Sagasta, por cuyos bustos pasa a diario: la Constitución de Cánovas de 1876 hizo posible el régimen de las libertades hasta 1923; y fue una pieza básica en el parlamentarismo español».

Según reconocían los populares, aquella Carta Magna, vigente durante 47 años, aún no contemplaba el sufragio universal, pero tampoco la Europa de aquellos años, ni, antes. la propia Constitución de Cádiz. Caciquismo, turno de partidos... Un régimen imperfecto, seguían admitiendo, pero el primero en reconocer la libertad religiosa, la de asociación y reunión, la de prensa, o las reformas del Código Civil... Sin ir más lejos, decían, «¡fue el régimen que hizo parlamentario, en 1910, al fundador del PSOE, Pablo Iglesias!».