Mostrando entradas con la etiqueta GARZÓN. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta GARZÓN. Mostrar todas las entradas
martes, 18 de octubre de 2016
Garzón recurre el auto del Supremo sobre las escuchas del 'caso Gürtel'
14:05 (26-10-2010)
El juez afirma que 'es una declaración de culpabilidad en toda regla'. Justifica su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban los implicados.
El juez Baltasar Garzón considera que el auto del Tribunal Supremo (TS) en el que se acordó continuar la causa contra él por ordenar las escuchas entre varios imputados del "caso Gürtel" en prisión y sus abogados, que ha recurrido hoy, "es una verdadera y acabada declaración de culpabilidad en toda regla".
Así lo expone el abogado de Garzón en este asunto, Francisco Baena, en el recurso que ha interpuesto contra la citada resolución, en la que el magistrado del Alto Tribunal que instruye la querella por dichas escuchas, Alberto Jorge Barreiro, enumeró los indicios que cree que existen para juzgar al juez por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
En este recurso de reforma Garzón reclama al instructor que anule dicho auto y archive el procedimiento.
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el "caso Gürtel" al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.
En su declaración ante el Supremo, Garzón justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban los implicados, lo que para Barreiro era una "mera posibilidad".
Al respecto, el letrado de Garzón argumenta que la resolución de Jorge conculca gravemente los derechos e intereses de su cliente porque ha sido dictado sin haberse concluido la instrucción.
También alega que aún hay investigaciones en curso de las que no se ha dado traslado a las partes e incluso existen partes del sumario que todavía están declaradas secretas.
Además, vuelve a proponer que se tome declaración como testigo al instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, y al abogado Ignacio Peláez.
También reitera la solicitud de otras diligencias, como que se reclame al TSJM testimonio del auto de 20 de abril de 2009, por el que Pedreira prorrogó las escuchas acordadas por Garzón con el informe favorable de la Fiscalía.
El abogado afirma que la lectura del auto recurrido puede llevar al lector imparcial a que se pregunte "si realmente se está abriendo la fase intermedia de este proceso penal o si por el contrario, aunque no sea la verdadera intención del autor, se está algo más que insinuando sino proponiendo anticipadamente la decisión final que personalmente a la digna instrucción judicial le merece".
Todo ello a la vista "de las fatales conclusiones que se obtienen a través de tan extensa, minuciosa y categórica resolución, como verdadera y acabada declaración de culpabilidad en toda regla". "El auto se prodigará en las más rotundas aseveraciones condenatorias", añade.
Para el magistrado instructor del Supremo los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales son de incuestionable gravedad, pero eso no justifica, cuando no concurren indicios incriminatorios contra los letrados que asisten a los imputados, la limitación del derecho de defensa "hasta extremos que lo hacen impracticable o totalmente ineficaz", lo que para Garzón es una teoría sin fundamento.
El letrado de Garzón señala que no se intervino a los abogados, sino que se intervinieron las comunicaciones de los presos con cualquier persona y "en todo caso y desde el primer momento se previno la salvaguarda del derecho de defensa".
jueves, 26 de julio de 2012
Oubiña absuelto al anular la Audiencia las escuchas que decretó Garzón sin base legal
.
La Audiencia Nacional ha absuelto de un delito continuado de blanqueo a
Laureano Oubiña ante los «crasos defectos insubsanables» en los que
incurrió Baltasar Garzón durante la instrucción. El tribunal considera
nulas las intervenciones telefónicas acordadas por el ex magistrado. El narcotraficante salió de prisión hace apenas nueve días, tras cumplir todas sus condenas, y su futuro dependía del resultado de dos recientes juicios por blanqueo celebrados este mes de julio. Del primero, en el que la Fiscalía le pedía ocho años de cárcel y 13 millones de multa, se acaba de librar con la sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal.
El tribunal declara «la nulidad de todas la pruebas practicadas en el acto del plenario, al estar directa o indirectamente relacionadas con las intervenciones telefónicas acordadas durante la fase de instrucción sin cumplir los requisitos legales y constitucionales».
La larguísima lista de reproches a la actuación del ex magistrado alcanza tanto a la apertura misma de la investigación como a su control durante los tres años siguientes. «La referida nulidad resulta incuestionable si se tiene en cuenta la existencia de tres crasos defectos insubsanables acaecidos en tres aspectos diferentes de lo actuado en la instrucción, pero íntimamente relacionados entre sí».
El primero sería que «no parece debidamente razonada la propia decisión de incoar las presentes diligencias previas».
El segundo, que una vez abierta la investigación «tampoco hay nada que justifique la intervención telefónica acordada».
Y tercero, que una vez acordada la intervención se puso de manifiesto «la inexistencia de un control judicial adecuado dentro de los parámetros exigidos por el Tribunal Supremo».
Es decir, a juicio de la Sala el ex juez no controló correctamente unas escuchas que no debió haber autorizado en una causa que nunca debió abrirse.
Los magistrados Teresa Palacios (presidenta), Carmen Paloma González Pastor (ponente) y Juan Francisco Martel consideran que las escuchas tuvieron «carácter prospectivo» y que se abrieron para ver si se encontraba algún delito, no porque se tuvieran verdaderos indicios de que éste se estaba cometiendo.
Los magistrados reprueban la mera incoación de la causa y subrayan que apenas cinco días antes de abrir ésta el juez había cerrado otra investigación a Oubiña en la que le había pinchado el mismo teléfono. El juez presentó las nuevas diligencias como independientes de las anteriores, algo que la Sala considera inverosímil.
Las críticas al auto de intervención telefónica llegan después de que, en una reciente sentencia, el Tribunal Supremo describiera otro auto similar de Garzón como una «máquina expendedora de autorizaciones de medidas lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
La Audiencia Nacional también absuelve a la entonces pareja de Oubiña, la italiana Tiziana Cardarelli, por las mismas razones que al capo gallego. Un cuarto acusado al que se iba a juzgar más adelante por motivos de salud, Amancio Costa Álvarez, ya puede darse por absuelto.
Al final, el único condenado ha sido el acusado que pactó con la Fiscalía. José Piñeiro Nogueira, primo de Oubiña, reconoció los hechos en el juicio a cambio de que el fiscal rebajara sustancialmente la multa -de 13 millones a 120.000 euros-, aunque no la pena de cárcel. El tribunal explica que su confesión no está contaminada por la nulidad del resto de pruebas, por lo que resulta válida para sostener una condena. La Fiscalía le pedía cinco años y medio de cárcel, pero con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas el tribunal lo deja en un año y nueve meses y multa de 30.000 euros.
La nulidad decretada responde a la petición del abogado de la defensa, Joaquín Ruiz Jiménez, que en el juicio insistió en que el auto de 2002 en el que se acordó el primer pinchazo «es nulo de pleno derecho y anula todo lo posterior». «Son tantas las causas de nulidad que es imposible que este juicio vaya adelante», añadió. El juicio sí fue adelante y se celebró, aunque sólo para acabar en nada.
Ahora a Laureano Oubiña le queda una última sentencia por blanqueo que aún podría costarle seis años de cárcel. Esta vez ni hay pinchazos telefónicos ni el instructor es Garzón.
martes, 20 de marzo de 2012
La escolta de 18 agentes de Garzón, mayor que la de los ministros, queda reducida a dos
La expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial ha conllevado una reducción drástica de su escolta que, hasta ahora, era la más numerosa reservada para un juez y mayor que la de un ministro: de 18 agentes se ha pasado a dos.Era, sin duda, el más protegido. Además de su peculiar situación judicial, Baltasar Garzón contaba también con una inusual e incomparable situación de privilegio en el Ministerio del Interior anterior. Nadie de sus iguales contaba con tal cohorte de seguridad pública como la que tenía otorgada Garzón por el anterior equipo de Interior del Gobierno socialista, dirigido primero por Alfredo Pérez Rubalcaba y después por Antonio Camacho. Nadie del mundo político podía prácticamente igualarla. Según los expertos, apenas el presidente del Gobierno, el líder de la oposición y la Casa Real contaban con las extraordinarias medidas de seguridad que tenía el ex juez de la Audiencia Nacional.
Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al propio ex magistrado, hasta hace escasos días el que fuera instructor en la Audiencia, ahora condenado por prevaricación, contaba con casi una veintena de agentes dedicados exclusivamente a protegerle.
Pero ya no es juez. El Consejo General del Poder Judicial le retiró esa condición después de ser condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación.
En consecuencia, hace escasos días el departamento dirigido por Jorge Fernández ha tomado la decisión de reducir la seguridad de Garzón a la mínima expresión. Así, según explicaron las fuentes consultadas por este periódico, el magistrado contará con dos agentes de la seguridad del Estado para su custodia personal, cuando hasta ahora la protección era llevada a cabo por 18 policías.
La cápsula de seguridad del magistrado incluía seguridad para su mujer y para uno de sus descendientes. Además de lo que se considera seguridad dinámica, es decir, agentes de la seguridad del Estado que acompañan en todo momento al magistrado, el despliegue incluía también un dispositivo permanente de seguridad estática, en el domicilio particular del magistrado, estuviera él o no en la vivienda. Además, el magistrado disponía de vehículo policial las 24 horas del día. En la decisión del Ministerio del Interior también está la retirada del vehículo.
Las fuentes consultadas explicaron que, salvo casos muy extraordinarios o situaciones peculiares, este despliegue de seguridad no lo llevan ni los ministros del Gobierno. Inciden en que los familiares de los miembros del Ejecutivo no cuentan con protecciones personales, como era el caso de la familia de Garzón.
Las mismas fuentes explicaron que, además, esta peculiar y privilegiada situación en que se encontraba Garzón contrastaba enormemente con el resto de magistrados de la Audiencia Nacional e, incluso, del Tribunal Supremo, que no cuentan ni de lejos con un despliegue como el que ha tenido hasta ahora Garzón.
Pero, además, el ex juez contaba con otra extraordinaria ventaja: cuando viajaba al extranjero, también era acompañado por los escoltas. Es decir, el Ministerio del Interior costeaba también los gastos del servicio de protección cuando Garzón viajó a Estados Unidos, Colombia y otros países para sus actividades particulares y académicas.
Lo habitual, según estas fuentes, es que cuando alguien que tiene protección en España sale al extranjero, los agentes le esperan en España, no viajan con ellos. Pero la situación de Baltasar Garzón ha sido siempre peculiar y privilegiada. De hecho, hasta las obras que se realizaron en su anterior vivienda por motivos de seguridad fueron costeadas con cargo al Ministerio del Interior.
Las fuentes consultadas por EL MUNDO recuerdan que, mientras el ya ex juez contaba con este especial dispositivo de seguridad, estaba instruyendo causas como la del chivatazo policial a ETA, que afectaba directamente al anterior Ministerio del Interior.
Este periódico contactó con un portavoz del departamento para conocer los motivos de este recorte en la seguridad del ex juez y si obedecían al plan general de ajustes. Pero este portavoz se negó a comentar los datos, asegurando que desde el Ministerio no se daban datos ni se valoraban situaciones sobre la seguridad de las personalidades custodiadas. Pero EL MUNDO ha podido saber que este recorte no obedece a los planes que el departamento dirigido por Jorge Fernández quiere llevar a cabo durante las próximas semanas sobre las personalidades protegidas y escoltadas de Madrid.
viernes, 17 de febrero de 2012
La Federación de Abogados de Ecuador demandará al ex juez Garzón por «malversación»
Garzón, el asesor 'non grato' de la reforma judicial
A la difícil situación que se le plantea a Baltasar Garzón, tras ser inhabilitado para ejercer como juez en España, se suma otra a 9.000 kilómetros de allí. La Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE) advierte que solicitará su procesamiento como «cómplice de malversación de fondos estatales». Pedro Javier Granja, portavoz del organismo que agrupa a los colegios de abogados del país, señaló que la petición se debe a que Garzón recibiría 50.000 euros por asesorar al Gobierno de Rafael Correa, pese a que prácticamente no ejerció dicha asesoría. «Desde que se le nombró como asesor para llevar adelante la reforma judicial (en octubre del 2011), el (ex) magistrado sólo estuvo tres veces en Ecuador. Y dos de esas veces en fines de semana», dijo Granja a la prensa de su país. Aparte de cobrar por un trabajo que supuestamente no realizó, la FNAE acusa a Garzón de haber prestado su fama a una reforma que persigue, entre otros fines, restringir la libertad de prensa y controlar la designación de los funcionarios de mayor jerarquía en el Poder Judicial.La reforma sólo ha sido instituida parcialmente, pero ya ha servido para sustituir a ciertos jueces de dudosa lealtad, por otros decididamente afines a Correa. Asimismo, la reforma ha contribuido a limitar la cobertura periodística en período de elecciones. En un intento por justificar la necesidad de nuevas leyes Rafael Correa manifestó que «mientras hagamos la vista gorda a los que se creen con derecho a mentir y a difamar, no habrá justicia en este país».
Tomando como base la actitud del presidente, la FNAE sostiene que Baltasar Garzón sería el «valedor pasivo de una reforma que hubiera sido rechazada en España». Hace una semana, la misma entidad declaró al ex magistrado como persona no grata y anticipó que la próxima vez que pise suelo ecuatoriano, habrá manifestaciones en su contra y que los abogados se declararían en huelga durante su permanencia en el país.
En su alegato contra la reforma judicial, FNAE exhibió el cuestionario que se utiliza para seleccionar a los aspirantes a juez. El documento incluye preguntas tales como «¿qué tipo de preservativos usa usted» o «¿le tiene miedo a las ratas?». Pedro Javier Granja asegura que cuando se le preguntó por ese cuestionario, Garzón respondió que a él no le toca analizar esas cosas. «Nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que parece una caricatura. Además, si fue contratado como asesor de una reforma cardinal para los ecuatorianos, ¿cómo puede decir que no conoce el contenido de los cuestionarios?», dijo Granja. También se cuestiona que Rafael Correa designara a un «asesor subrogante» para reemplazar a Garzón cuando éste se ocupa de otros asuntos. «Se trata de un delito pues se les paga a dos personas para que cumplan la misma función y el pago se hace con dinero de los contribuyentes», señaló el portavoz.
Ricardo Palma, abogado ecuatoriano que imparte un curso de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires dijo a EL MUNDO que no habría fundamento jurídico para procesar al ex juez en Ecuador, lo cual no implica que no haya incurrido en una falta de ética profesional. «Por lo que sabe, Garzón no hizo más que cumplir con lo que le pedía su empleador [el Gobierno]. Que haya contribuido a aplastar las libertades, eso sólo concierne a Garzón y a su conciencia», afirma Palma.
En Colombia también hay duras quejas contra el ex juez español. El procurador general de ese país, Alejandro Ordóñez, afirma que es inconveniente que, habiendo sido inhabilitado por el Tribunal Supremo de su país, Garzón ejerza como asesor de la Organización de Estados Americanos en el proceso de paz que busca la desmovilización de los grupos paramilitares en ese país. «Garzón es un delincuente, prevaricador, que ha victimizado a ciudadanos españoles derechos fundamentales como el derecho a la intimidad», expresó Ordóñez en Radio Caracol. Hace unos días, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó a Garzón por su aporte a la pacificación de país y adelantó que cuando concluya esa misión, «se le buscarán otros frentes de trabajo en los que podamos contar con su valiosa contribución».
Tras admitir que no puede interferir en las competencias del presidente, Ordóñez consideró necesario que los colombianos conozcan «las implicaciones éticas» de que un juez inhabilitado en España, intervenga en los asuntos de otro país.
miércoles, 8 de febrero de 2012
Garzón dijo de Paracuellos que el genocidio no estaba vigente
Hoy se exponen los informes finales sobre el caso del franquismo
El juez Baltasar Garzón rechazó investigar los fusilamientos de Paracuellos alegando que el delito denunciado -genocidio- no podía apreciarse debido a que ello quebrantaría «absolutamente» el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables dado que ese delito no estaba tipificado en el Código Penal español cuando se perpetraron esos crímenes.Esa argumentación, contradictoria con la que el mismo juez utilizó para abrir unos años después unas diligencias sobre las desapariciones forzadas del franquismo, se escuchó ayer en la sala de vistas donde se juzga a Garzón por una supuesta prevaricación.
Las resoluciones en las que Garzón se negó a investigar los crímenes de Paracuellos del Jarama (Madrid), atribuidos a fuerzas republicanas y perpetrados en noviembre de 1936, fueron leídas a petición de la acusación popular.
Aunque el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se opuso a esa prueba documental alegando que «no es el objeto del juicio», el presidente del tribunal, Carlos Granados, la aceptó al igual que había admitido sin restricción los documentos propuestos por la defensa.
A la acusación, que ejercen el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, le interesaban las resoluciones sobre Paracuellos porque en ellas Garzón rechazó en duros términos una denuncia presentada en 1998 por la Asociación de Familiares de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos, denuncia dirigida contra Santiago Carrillo, el PSOE y el Partido Comunista.
Garzón argumentó entonces que el delito de genocidio no estaba tipificado cuando se perpetraron los fusilamientos de Paracuellos, por lo que su aplicación vulneraría el principio de que las normas penales desfavorables no pueden ser utilizadas de forma retroactiva. Esta consideración fue obviada en las diligencias sobre los crímenes del franquismo, que Garzón inició pese a que el delito de lesa humanidad que se denunciaba no se tipificó en el Código Penal español hasta 2003.
Garzón despachó con una inadmisión de plano la denuncia de los familiares de las víctimas de Paracuellos atribuyéndoles «mala fe», «fraude de ley» y «abuso de Derecho».
«Con el respeto que merece la memoria de las víctimas», escribió, «no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en la Constitución (...), como acontece en este caso en el que positivamente se sabe, o al menos debería saberse, que los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad».
Para hoy se espera la conclusión del juicio con la exposición de los informes finales.
sábado, 28 de enero de 2012
Garzón inculpado por cohecho al recaudar entre sus investigados
El juez Garzón está desde ayer inculpado por cohecho impropio por haber solicitado y obtenido 1,2 millones de dólares de grandes empresas y bancos españoles afectados por procesos penales tramitados en la Audiencia Nacional, algunos de ellos en manos del propio magistrado. El dinero fue destinado a financiar conferencias y seminarios dirigidos por él durante su estancia en la Universidad de Nueva York, de la que cobró un salario en paralelo a la percepción de su nómina de juez. El magistrado del Supremo Manuel Marchena considera que hay motivos para que Garzón sea juzgado por esos hechos.
El magistrado Marchena, que ha investigado desde febrero de 2010 los patrocinios obtenidos por Baltasar Garzón de importantes entidades bancarias y empresas españolas, ha dado por terminada la instrucción y ha concluido que hay motivos para que el juez de la Audiencia Nacional responda en juicio oral de un posible cohecho impropio. Ese delito castiga con pena de multa de tres a seis meses (según la legislación aplicable en el momento de los hechos) a «la autoridad o funcionario publico que admitiere dádiva o regalo que le fuere ofrecido en consideración a su función (...)».
El instructor del Supremo, que no ve indicios del delito de prevaricación que también fue objeto de querella, da un plazo de 10 días al fiscal y a la acusación popular que ejercen los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea para que presenten escrito de acusación o bien el archivo de la causa.
Los hechos se refieren a la licencia de estudios que Garzón disfrutó entre marzo de 2005 y junio de 2006 en la Universidad de Nueva York (UNY), donde dirigió seminarios y conferencias para el Centro Rey Juan Carlos y para el Centro de Derecho y Seguridad.
Esas actividades fueron sufragadas con patrocinios que Garzón solicitó personalmente por un importe inicial de 2,5 millones de dólares al Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa.
El Banco Santander entregó 327.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos, del que Garzón percibió retribuciones en especie por valor de 22.152 dólares y el pago de la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de la ONU por importe de 21.650 dólares.BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa financiaron con 910.000 dólares un seminario dirigido por Garzón en el Centro de Derecho, del que cobró una nómina que el juez cifró en 160.333 dólares, aunque esa cantidad no coincide ni con los extractos de la cuenta bancaria que abrió en Nueva York ni con las sucesivas certificaciones de la UNY, que ha ido variando sus propias cifras.
Garzón «ocultó» al Consejo General del Poder Judicial la remuneración obtenida de la UNY y también ocultó a la Universidad, con la que tenía un «deber contractual de incompatibilidad», que seguía cobrando su nómina íntegra de juez.
Marchena destaca que «las cantidades abonadas por las distintas empresas implicaron la obtención de un aprovechamiento para él y, al propio tiempo, para un tercero», aunque el enriquecimiento personal no es exigido por el delito por el que Garzón es inculpado.
A tenor de una abundante prueba documental que consta en los expedientes de los patrocinios y de las declaraciones de empresarios y banqueros, el instructor del Supremo afirma que fue el propio Garzón el que se dirigió a ellos solicitando el dinero «con la seguridad de que, precisamente en atención a su cargo, esas cantidades iban a ser entregadas». Garzón «tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio impulsado por él».
«Algunos de esos responsables habían sido testigos o imputados en procedimientos instruidos por el propio Garzón» y «otros, sin haber sido investigados por él, habían tenido que responder por hechos delictivos atribuidos mediante denuncias o querellas tramitadas en la Audiencia Nacional», subraya Marchena.
Así, el máximo responsable del BBVA, Francisco González, autorizó un patrocinio de 200.000 dólares sólo cinco meses después de que Garzón inculpara a la cúpula de Neguri, proceso penal que favoreció el ascenso de González a la presidencia del banco. «Lo hizo, además, cuando ese procedimiento se hallaba todavía abierto en el Juzgado del que Garzón era titular y al que habría de reincorporarse meses después».
En el caso de Telefónica, que entregó 100.000 dólares, Garzón había investigado a su ex presidente, Juan Villalonga, por el caso Endemol y por el cobro de stocks options.
Los dirigentes de Cepsa, sociedad que entregó 100.000 dólares, habían sido investigados en la Audiencia Nacional por concertarse con Repsol para fijar el precio de los carburantes.
Y el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, vio cómo Garzón archivaba una querella dirigida contra él a los cuatro meses de reincorporarse a la Audiencia Nacional.
Ninguna de esas entidades se interesó por la justificación detallada del destino que tuvieron los fondos.
28/01/2012 ESPAÑA
«Mezcla de juez y exitoso gestor de fondos»
El instructor del Supremo subraya que los expedientes de los patrocinios ponen de relieve la «interesada confusión de los planos en los que se desenvolvía la actuación de Garzón» como juez y como organización de actividades en la UNY para las que solicitaba patrocinios.
Marchena da «especial valor indiciario» a la carta en la que Gonzalo de las Heras -en aquellas fechas de 2005 responsable del Grupo Santander en Estados Unidos- da cuenta al presidente, Emilio Botín, del almuerzo celebrado con Garzón. El juez plantea en ese encuentro que quiere organizar un ciclo de conferencias.
De las Heras escribió a Botín que «Garzón rompió el hielo diciendo que acudía como español y como amigo y no como juez y que podíamos hablar de todo lo que quisiéramos sin temer que nos llamara para aclarar el sentido de lo dicho: 'como sabéis', dijo, 'aquí no tengo jurisdicción'».
La resolución judicial destaca que en «ese primer contacto para la obtención de las cantidades se produce entre Baltasar Garzón y un grupo de directivos del Santander no existe presencia física alguna, ni siquiera testimonial, del cuadro académico de la Universidad de Nueva York».
«El propio Garzón es consciente de que sus interlocutores tienen bien presente su condición de juez» y «busca artificialmente escindir dos facetas que aparecían indisociablemente unidas a los ojos de los directivos del Banco de Santander con quienes compartía almuerzo, llegando a aclarar que actúa como 'amigo y no como juez' y que, para tranquilidad de sus interlocutores, no podrá llamarles a declarar a su juzgado, pues 'aquí no tengo jurisdicción'».
Para Marchena, «la mezcla entre el carácter de autoridad jurisdiccional del querellado y su condición de exitoso gestor de fondos vuelve a hacer acto de presencia en la carta que, con fecha 10 de junio de 2005, dirige a Botín. En ella, encabezada con un 'Querido Emilio', se dan las gracias por la financiación comprometida a partir del almuerzo con Gonzalo de las Heras, incluyendo como pie de firma: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez. Titular de la cátedra Rey Juan Carlos».
28/01/2012 ESPAÑA
«Abre las puertas con su intervención personal»
Marchena sostiene que los fondos que sirvieron para sufragar las actividades de Garzón en la Universidad de Nueva York «fueron entregados por las distintas empresas en consideración a su cargo» de juez de la Audiencia Nacional, condición que invocaron permanentemente tanto él como las autoridades de la UNY.
En las misivas que envió a empresarios y banqueros y en los correos electrónicos que se cruzó con los encargados de los patrocinios, Garzón hizo constar su estatus de juez.
Por su parte, tanto la directora del Centro de Derecho de la UNY, Karen Greenberg, como el resto de las autoridades de esa Universidad destacaron de forma constante en sus contactos con los empresarios españoles el papel del «judge Garzón» como director de las actividades y como interviniente en la elaboración de los convenios de colaboración que fijaron las condiciones de los patrocinios.
«El valor indiciario de esos documentos es más que relevante», señala el magistrado del Supremo, «pues acreditan que las cantidades solicitadas -y obtenidas- tuvieron siempre relación directa con la condición de juez del querellado».
Garzón utiliza en su correspondencia folios impresos en los que, en el ángulo superior izquierdo, figura el anagrama y los datos de localización de la Universidad de Nueva York. «Es un impreso oficial que, por sí solo, debería ser suficiente si de lo que se trataba era de gestionar un patrocinio académico. Pero no».
Garzón rubrica esos escritos haciendo constar su condición de magistrado-juez porque «sabía que esos documentos adquirían un valor adicional si a las menciones que reflejaba la institución universitaria para la que él prestaba sus servicios, sumaba una indicación que recordara a su interlocutor la condición de autoridad judicial de la persona con la que se estaba comunicando. Fue algo más que un mediador llamado a poner en contacto a una institución universitaria con una eventual fuente de financiación», fue quien «abre las puertas a los fondos con una intervención personal», subraya.
28/01/2012 ESPAÑA
Propuesta económica en un sobre del juzgado
El modus operandi para la obtención de los fondos fue siempre el mismo. Garzón contactaba inicialmente con responsables de cada una de las empresas, les planteaba la propuesta y les anunciaba que otra autoridad de la UNY -normalmente Karen Greenberg, directora del Centro de Derecho y Seguridad- se dirigiría a ellos para concretar el patrocinio.
En el caso de Endesa, Greenberg envió una carta al presidente, Manuel Pizarro, dando cuenta de la organización de un curso «bajo la codirección del Magistrado Baltasar Garzón, actualmente profesor distinguido visitante en este Centro».
A esa carta acompañaba una propuesta de convenio de algo más de dos folios, con un presupuesto que ascendía a 500.000 dólares.
«El responsable de patrocinios de Endesa, Gabriel Castro, consideró que ese documento no era 'adecuado, ni por su contenido ni por el importe del patrocinio', por lo que rechazó su firma, exigiendo una segunda propuesta», relata Marchena. «Dos días después, fue remitida una propuesta renovada por 250.000 dólares, de los cuales 125.000 iban a ser abonados antes del día 15 de noviembre de 2005 y los restantes 125.000 dólares lo serían con anterioridad al 28 de febrero de 2006».
A la vista del retraso en el que incurrían los responsables de Endesa para el pago de la primera de las partidas, Karen Greenberg consideró oportuno recordar la obligación de abonar el importe comprometido. A tal fin, redactó una carta mediante la que requería el pago. Esta misiva fue impresa en un folio con la marca del Centre on Law and Security. Sin embargo, pese a estar firmada por la propia Greenberg, fue introducida en un sobre en el que podía leerse: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez Juzgado Central 5. Audiencia Nacional. Madrid».
28/01/2012 ESPAÑA
El carácter académico de la relación, ausente
El magistrado del Supremo ha alcanzado la conclusión de que «el supuesto carácter académico de la relación entablada entre Baltasar Garzón y los responsables de las empresas con los que contactaba en la búsqueda de fondos [alegado por el juez] está ausente en los documentos que han sido incorporados a la causa».
Bien al contrario, «todo indica que no se mantenía al margen de los aspectos económicos de los seminarios que organizaba, sino que asumía las riendas de la negociación en aquellas ocasiones en las que, por cualquier circunstancia, surgía la necesidad de aclarar algún punto relacionado con los aspectos económicos del proyecto».
Así ocurrió en el caso del BBVA, al que se propuso un patrocinio de 300.000 dólares para un seminario cuyos objetivos se explicaban en seis folios con obviedades del tipo «el terrorismo es una realidad preocupante» y «el criminal siempre quiere volver a matar con los mismos métodos».
Como quiera que el responsable de patrocinios del BBVA consideró tal propuesta «excesivamente simple o breve», fue necesaria una nueva propuesta que ajustara la discordancia surgida entre la cantidad presupuestada y la que el banco estaba dispuesto a asumir, que fue finalmente de 200.000 dólares.
No fue ninguna autoridad de la UNY sino el propio Garzón el que se encargó de enviar al BBVA la propuesta económica rectificada.
Un delito bumerán
El cohecho pasivo impropio era un tipo penal que apenas se utilizaba para castigar a funcionarios de poca monta que habían caído en la tentación de ablandarse ante una paletilla ibérica o una botella de buen rioja. Desde hace tres años, es una de las estrellas del Código Penal, tanto que ha pasado por una reforma legislativa para agravar su castigo: ahora, el que la hace, la paga con inhabilitación y pena de prisión. En marzo de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón provocó uno de sus habituales golpes de efecto al aplicárselo a Francisco Camps, sólo llevaba aparejada una pequeña multa.
En el caso del entonces presidente valenciano, habría que añadir el 'sambenito' social que ha terminado poniendo fin (¿o no?) a su carrera política.
La paradoja es que, dos días después de la absolución de Camps, es ahora Garzón el que cae en las redes de su propia criatura. Un delito bumerán.
Viene al caso recordar el contenido del auto con el que el juez ahora suspendido, que instruía las primeras consecuencias de la 'operación Gürtel', consideró el 5 de marzo de 2009 que el entonces presidente valenciano había recibido trajes de regalo que constituían «sobornos en especie».
Garzón precisaba hasta el mínimo detalle de los trajes, así como «cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana 'sport', una deportiva 'barbour' y una 'chaqueta fantasía'», además de un «chaleco blanco» para una recepción en El Vaticano.
viernes, 20 de enero de 2012
Los abogados acusan a Garzón de aplicar la 'razón de Estado'
El defensor de Correa advierte que ésa es «la excusa de los tiranos» y que la Constitución ampara a todos por igual / Garzón se aferra a que las escuchas eran «la única medida posible» para evitar el delito de blanqueo
las 17.45 horas de ayer quedó visto para sentencia el juicio a Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones mantenidas en prisión entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados defensores. Tres de los letrados escuchados, Ignacio Peláez, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, sostuvieron que el juez vulneró «a sabiendas» el derecho de defensa con el fin de obtener datos para su investigación, «relativizando los derechos constitucionales en función de la gravedad de los delitos que se les imputan». «Eso es invocar la razón de Estado, en la que todos los medios valen», dijo Choclán.
Choclán defendió que su cliente, Francisco Correa, haya sentado en el banquillo al juez que le investigó. «La Ley no permite relativizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en función de quiénes sean o de la gravedad de los delitos que se les imputan», dijo.
«Eso sería invocar la razón de Estado, que es la antítesis del Estado de Derecho. En la razón de Estado todos los medios valen. En el Estado de Derecho sólo valen los medios que están constitucionalizados para salvaguardar las garantías que deben tener todos los ciudadanos».
La mención a la razón de Estado -un concepto tan recurrente en los procesos contra los GAL y en otros casos instruidos por Garzón- hizo mella en el acusado, que utilizó su derecho a la última palabra para replicar que «la única razón de Estado que yo entiendo es la razón democrática de los ciudadanos».
Choclán mantuvo sus tesis con contundencia. «La razón de Estado es la excusa de los tiranos», dijo parafraseando a Voltaire. La razón de Estado sería, en el caso de Garzón, ordenar unas escuchas «que tenían por objeto obtener datos para la causa a través de las confesiones que los presos hacían a sus abogados».
«El juez instructor se atribuyó una función constitucional que no tiene: determinar qué era o no derecho de defensa. En eso mismo ya hay una prevaricación, porque eso hace temblar los cimientos del Estado de Derecho. El juez se injiere en la relación confidencial entre abogado e interno, primero para escucharlo todo y luego para determinar qué debía permanecer o no en la causa».
A su juicio, eso es «una monstruosidad» porque «el derecho de defensa es un límite al poder del juez, un límite absoluto con la sola excepción de que el abogado esté delinquiendo, lo que ni siquiera el juez Garzón afirma en este caso porque sería una calumnia».
Choclán sostuvo que la propia resolución dictada por Garzón «pone de manifiesto la desproporción de la medida al acordar que todos los abogados -todos, hasta el infinito- que visitaran a los imputados fueran escuchados. Se dio un cheque en blanco a la Policía. Se apoderó a la Policía para convertir en sujetos pasivos de la investigación a todos los letrados, aunque contra ellos no hubiera indicios de delito. De eso hablamos aquí, no de Correa ni de una organización criminal ni de los graves delitos que se le imputan».
Poco antes, Ignacio Peláez, también espiado en los locutorios de la prisión cuando se entrevistaba con los imputados del caso Gürtel para preparar la defensa de su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, pidió al Supremo que «ampare» el derecho de defensa y establezca los límites que tienen los jueces a la hora de ordenar la interceptación de comunicaciones porque «el fin no justifica los medios, no todo vale».
Peláez reclamó el derecho «a hablar de forma confidencial y en secreto con mis clientes, por muy rechazables que sean sus conductas». «No puedo aceptar ir a un locutorio y tener que escribir en un papel lo que quiero decirles. Me niego a vivir en un Estado policial», dijo.
La idea del Estado orwelliano fue retomada por Pablo Rodríguez Mourullo, abogado de Pablo Crespo, al afirmar que Garzón se convirtió «en una especie de Gran Hermano que todo lo oye».
Negó que Garzón quisiera preservar el derecho de defensa porque «la única manera de hacerlo era no escucharnos» y, en este caso, no sólo ordenó las interceptaciones sino que, además, las prorrogó «pese a que todas las conversaciones afectaban al derecho de defensa».
Rodríguez Mourullo cuestionó también la tesis de que el contenido de las escuchas no fuera utilizado para la investigación. Y lo hizo acudiendo a las afirmaciones de la propia Fiscalía, que en un escrito al Supremo aseguró que el curso del caso Gürtel «ha confirmado que ese mayor alcance dado al auto por el instructor [al acordar escuchar las conversaciones con los abogados] ha permitido progresar adecuadamente en la investigación de los hechos confirmando algunos elementos incriminatorios».
El letrado remarcó que «no existe precepto legal alguno que permita con carácter genérico, prospectivo e indeterminado escuchar a los abogados de un imputado por el mero hecho de serlo».
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Vicente Ferrer.
La Abogacía: «Las escuchas repugnan al sentido común»
Unas horas antes de la finalización del juicio, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) difundió un comunicado institucional en el que afirma que «la posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser intervenidas no sólo es inconstitucional, sino que convierte esas actuaciones en un instrumento ilegal de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad y derechos civiles». Esas escuchas «repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho», afirma la institución que preside Carlos Carnicer.Tras conocerse las escuchas en 2009, el CGAE denunció que «la violación del derecho de defensa y del secreto profesional es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho». Ahora añade su «rechazo radical» a las «imputaciones indiscriminadas a abogados» del delito de blanqueo de capitales, «realizadas sin razón y sin prueba alguna». «Resulta de extrema gravedad la confusión intencionada de la función del defensor con las actividades de su cliente», considera. A su parecer, «no es lo mejor para la democracia ni para el Estado de Derecho que un juez se siente en el banquillo, pero todos los ciudadanos somos, debemos ser, iguales ante la ley».
20/01/2012
ESPAÑA
Audio
Pablo Rodríguez Mourullo
> «No existe precepto legal alguno que permita con carácter genérico, prospectivo e indeterminado escuchar a los abogados de un imputado por el mero hecho de serlo».
> «La propia Fiscalía ha admitido que las escuchas 'confirmaron elementos incriminatorios'».
Ignacio Peláez
> «Pido al tribunal que ampare el derecho de defensa y establezca los límites que tienen los jueces, porque el fin no justifica los medios, no todo vale. No puedo aceptar ir a un locutorio y tener que escribir en un papel lo que quiero decir a mis clientes. Me niego a vivir en un Estado policial».
José Antonio Choclán
>«El juez se injiere en la relación confidencial entre abogado e interno para escucharlo todo. Es una monstruosidad, porque el derecho de defensa es un límite al poder del juez, un límite absoluto con la sola excepción de que el abogado esté delinquiendo, lo que ni siquiera se afirma en este caso».
Última palabra del acusado: 'Era la única medida posible'
El juez mantiene que actuó bien y su abogado arremete contra el Supremo
Baltasar Garzón puso fin al primero de sus juicios sosteniendo no sólo la legalidad, sino el acierto de las decisiones que le han sentado en el banquillo. «El delito de blanqueo exigía tomar esa medida como única posible en esas circunstancias», dijo sobre su decisión de intervenir las conversaciones de los presos con todos los abogados. La medida ya ha sido declarada ilícita y en unos días se verá si, además, pone fin a la carrera del superjuez.
Si el auto de los pinchazos fue acertado, el añadido de «preservar el derecho de defensa» habría sido aún más atinada: «En ningún momento se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió con las resoluciones», declaró en el turno de última palabra. «Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad», resumió.
La intervención fue larga, pero lo habría sido mucho más si el presidente no le hubiera cortado varias veces. Cuando llevaba 10 minutos, Joaquín Giménez le dijo que ya valía. Garzón había comenzado quejándose de que no tendrá segunda instancia a la que apelar una condena. «Uso el derecho a la última palabra porque será la última vez que pueda hacerlo ante un tribunal español en este caso», dijo.
Más delante, el juez replicó a lo que consideró una frase «muy fuerte» de la acusación. «Aquí no hay razón de Estado», se defendió. Sus últimas palabras fueron para insistir en que «ni una sola diligencia practicada tuvo relación con las intervenciones».
Momentos antes, su abogado había expuesto las líneas de su defensa y, de paso, le había hecho el trabajo sucio. Eso sí, con educación, humor -habló de supongandos frente a los considerandos- y un estilo algo arcaizante en el que no desentonó la referencia a una sentencia de 1911.
Pero el caso es que Francisco Baena Bocanegra se ensañó. Mientras les citaba a los maestros, responsabilizaba a los magistrados del Supremo de paralizar la causa del Franquismo para juzgar antes Gürtel. Mientras recordaba a su propio padre, jurista como él, acusaba al instructor de plagiar en sus autos los escritos de las acusaciones y de mejorar la querella inicial. Mientras situaba a los magistrados en el Olimpo de la judicatura, los ponía bajo sospecha por abrirle a Garzón tres causas en apenas unos meses.
Tampoco los abogados de la acusación se libraron de los halagos... y de lo que venía después. Baena citó al comisario que testificó para arrojar dudas sobre su relación con el blanqueo: «Si hubo cambio de abogado no hubo cambio en la dinámica que estábamos investigando».
Además, el letrado defensor propuso que la frase de la acusación de que nos encontramos ante «una clamorosa prevaricación» se cambie por la de «una clamorosa equivocación» o «una clamorosa exageración», por haber llevado a Garzón a juicio.
Ya en un plano más jurídico, afirmó que no puede haber prevaricación porque la decisión de Garzón no está fuera de las posibles interpretaciones jurídicas, como marca la jurisprudencia. Sí llegó a admitir que, «posiblemente», Garzón se equivocó -o más bien, «no es lo que quería expresar»- cuando justificó las intervenciones acudiendo a una ley equivocada. También hubo una leve concesión en otro pasaje. «¿Que tengamos ahí el concepto de injusticia quiere decir que todo lo que pasa por ahí es prevaricación? No».
Finalmente, el abogado desvió el tiro de las acusaciones y afirmó que lo que en realidad se estaba juzgando ayer era «la calidad de la ley» y que se estaba responsabilizando de sus carencias a Garzón, encargado de interpretarla.
En la sesión de la mañana, el Ministerio Público se había encargado de abrir boca a las tesis de la defensa. Lo hizo asegurando que las intervenciones fueron proporcionadas al delito. Por si acaso el tribunal no se lo cree, los fiscales añadieron que, a su juicio, el juez no actuó a sabiendas de que podía estar vulnerando derechos fundamentales.
Los principios y el personaje
Al final, el acusado y su defensor se refugiaron en tablas y ahí buscaron hacerse fuertes. Eludieron los dos el enfrentamiento en mitad de la plaza donde, esgrimiendo los principios de la Justicia, la Constitución y los derechos fundamentales, los habían citado las acusaciones. «Contra todos esos valores atenta de plano un juez que viola la intimidad de las comunicaciones entre un recluso y su abogado», sostuvieron con machacona y eficaz contundencia los letrados de la acusación Peláez, Choclán y Rodríguez Mourullo. Y, con esa bandera por delante, se esmeraron en ir cerrando cada una de las salidas por las que suponían que podría intentar escapar a continuación el defensor de Garzón.
Y, efectivamente, Francisco Baena, un brillante letrado sevillano de verbo barroco y entonación campanuda, hizo por la tarde un claro intento de escabullirse por la escotilla. El defensor acabó ofreciendo al tribunal la posibilidad de salvar a su defendido en base a dos más que dudosas ideas-burladero detrás de las que se atrincheró. Una, que no se puede condenar por prevaricación a un juez que toma una determinación basándose en una norma cuya interpretación no es unánime en la jurisprudencia. Y otra, que la norma en la que Garzón se había basado para ordenar la intervención de esas comunicaciones es la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo artículo 579 admite interpretaciones distintas.
En resumidas cuentas, eludió la discusión sobre las generales de la ley, es decir, sobre los principios básicos a los que debe atenerse todo aquel que administre justicia, y entró a argumentar que, aplicando el artículo citado, sí podía el juez intervenir las comunicaciones de los internos con sus defensores, aunque su decisión pudiera discutirse.
El siguiente paso de Baena era del todo previsible: «¿Qué culpa tiene Garzón de tener que trabajar con una norma de mala calidad?», vino a decir. Y después de repetir que ese artículo era el único por el que se debían examinar las intervenciones ordenadas por el juez, dejó caer una frase muy extraña.
Dijo Baena: «Yo cambiaría la expresión 'clamorosa prevaricación' [eso lo había dicho Choclán] por 'clamorosa equivocación' o por 'clamorosa exageración'». En ese instante, muchos de los presentes dimos un respingo. ¿Estaba, por casualidad, el abogado ofreciendo la salida del «error de interpretación» para su defendido? Ya es demasiado tarde para aclarar este punto ante el tribunal juzgador. Pero ahí quedó eso y más de uno pensó que aquella era de nuevo la trampilla que, tan sutil como sagazmente, abría el defensor de Garzón a los pies del tribunal. Por si acaso.
Pero el letrado Baena Bocanegra había hecho previamente algo más en favor -o más bien en contra- de su defendido: dibujar un sinuoso argumentario de dudas sobre la limpieza de las actuaciones de los magistrados de la Sala Segunda; una niebla de pringosa sospecha que repartió con ademán elegante pero intenciones aviesas.
No había duda de que, ante una probable condena, el letrado estaba cebando la desacreditación del tribunal ¡y lo estaba haciendo ante las mismísimas narices del propio tribunal! Cierto que el fiscal había hecho por la mañana algo parecido, pero fue más tosco y, sobre todo, más breve. Y al final, fue Garzón el que remató la faena haciendo saber a los excelentísimos señores -sin decírselo, pero diciéndoselo- que, puesto que le iban a condenar, pensaba llevarlos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. También por si acaso.
MICRÓFONO ABIERTO
Una llamada «de La Moncloa»
El presidente del tribunal(que pertenece al grupo "progresista") que juzga a Baltasar Garzón sufrió ayer las consecuencias de un micrófono abierto al inicio de la tercera sesión. Justo cuando iba a comenzar, Joaquín Giménez recordó que tenía que poner en silencio su móvil y, en ese preciso momento, comenzó a sonar el teléfono de otro de los magistrados.
«Es de La Moncloa», le dijo bromeando Giménez al otro juez, sin percatarse de que su micrófono ya estaba encendido. Al darse cuenta de que su comentario acerca de la llamada recibida por su compañero en el móvil había sido recogido por el micrófono, el presidente de la Sala comenzó a reírse
miércoles, 18 de enero de 2012
Garzón alega que espió a los abogados para evitar un delito
Se escuda en que la Policía le avisó de que la 'trama Gürtel' trataba de blanquear su dinero / Admite las grabaciones, pero dice que no las utilizó en la instrucción
El juez Baltasar Garzón admitió ayer ante el Tribunal Supremo, que empezó a juzgarle por las escuchas del caso Gürtel, que ordenó a la Policía interceptar las entrevistas que mantuvieron en prisión los principales imputados y sus abogados, pero aseguró que no utilizó su contenido. «Las estrategias de defensa me interesaban muy poco», afirmó.
Según dijo, «la primera finalidad» de esas escuchas era averiguar si los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, estaban incurriendo en un delito de blanqueo de capitales al tratar de «poner a buen recaudo» el dinero del que disponían en el extranjero.
Esta finalidad no fue explicitada en la resolución por la que ordenó las escuchas -una medida restrictiva de derechos fundamentales que, de acuerdo con la doctrina constitucional, requiere una motivación reforzada- ni se refería a los letrados José Antonio Choclán y Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo (defensores de Correa y Crespo), ya que Garzón reconoció que «no tenía nada contra ellos».
Aunque interceptó las entrevistas que estos abogados mantuvieron con sus clientes, sostuvo que no vulneró el derecho de defensa porque ordenó expurgar las grabaciones. Lo hizo después de escucharles durante 36 días y una vez que la Policía, la Fiscalía y el propio instructor accedieron a su contenido.
Con una notoria afonía que no le impidió defenderse con soltura y contundencia, el juez Garzón se enfrentó ayer a su primer juicio ante siete magistrados de la Sala Penal del Supremo, el que tiene por objeto las escuchas ilegales de Gürtel, después de no haber logrado adelantar la vista por el caso del Franquismo.
Garzón quiso utilizar ayer la puerta noble del Supremo (hasta ahora siempre había accedido al palacio de justicia por la entrada destinada a los ciudadanos) y se situó en estrados y vestido con la toga junto a su abogado, Francisco Baena.Allí permaneció hasta que, ya en la sesión de la tarde, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, le invitó, «como ya se imagina», a despojarse de la toga y a situarse tras una mesa frente al tribunal para declarar en las mismas condiciones en que lo hacen todos los imputados.
Giménez, que dirigió el juicio de forma impecable durante toda la sesión, explicó que el asiento en estrados y con toga es un «privilegio» que el estatuto de la abogacía reserva a los juristas que tienen que ir a juicio, «pero a la hora de declarar debe hacerlo como todo el mundo».
Fue una declaración de 150 minutos en los que Garzón acertó accediendo a contestar a las acusaciones, cosa que no hizo durante la fase de instrucción. Evitó, así, la negativa impresión que hubiera podido desprenderse de un juez que se niega a responder a los letrados cuyas conversaciones interceptó justo en los momentos en que trazaban con sus clientes las estrategias de defensa y justo cuando escuchaban de éstos confesiones autoincriminatorias, confiados en la confidencialidad de la relación entre el imputado y su abogado.
Garzón reiteró los argumentos que ya manejó en sus dos declaraciones ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge, aunque abandonó la tesis de los abogados necios que había explicitado durante la instrucción al sostener que él sabe que los imputados encarcelados utilizan a veces a sus letrados para que estos «inconscientemente» transmitan al exterior mensajes o instrucciones a terceras personas con el fin de favorecer a la organización criminal. La dificultosa verosimilitud de esa tesis en el caso de juristas de la experiencia de los abogados de Correa y Crespo hizo que ayer ni siquiera fuera esbozada.
El eje de la defensa de Garzón fue que «la mejor prueba» de que no se vio afectado el derecho de defensa es que «ninguna de las diligencias realizadas mientras el caso Gürtel estuvo en mis manos tuvo relación con el contenido de las conversaciones intervenidas». Lo repitió hasta la extenuación y de todas las formas posibles, incluso interpelando a las acusaciones. «Dígame, por favor, una sola diligencia que afectase al derecho de defensa», espetó al letrado Ignacio Peláez, que resultó afectado por las escuchas cuando acudió a la cárcel para hablar con Correa con el fin de preparar la declaración de su cliente, el empresario José Luis Ulibarri.
El primer instructor del caso Gürtel insistió también en que él intervino las comunicaciones de los principales cabecillas de la supuesta trama de corrupción «y no a los letrados». «Si lo que quiero es investigar al abogado, mal instructor sería si me limito a sus comunicaciones en prisión», manifestó.
Lo cierto es que el auto por el que ordenó interceptar las comunicaciones en la cárcel de Correa, Crespo y Antoine Sánchez, dictado el 19 de febrero de 2009 (a los siete días de encarcelarles), acordaba grabar «las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentren personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos».
Garzón explicó ayer que la Policía le había planteado «verbalmente» la «necesidad» de adoptar esa medida ante la «posibilidad» de que los presuntos cabecillas de Gürtel movieran las cuentas que tenían en el extranjero.
A preguntas del abogado de Correa, admitió que esas sospechas no se plasmaron ni en la propia resolución judicial ni en ningún informe policial. Pero restó trascendencia a este hecho porque en las instrucciones penales «se hacen muchas cosas verbalmente. Por ejemplo, mi orden de detener a la cúpula de Batasuna en 2007 fue verbal», presumió.
Sostuvo que había indicios de que «algunos» abogados «jugaban un papel básico en la estrategia de blanqueo» y que «había elementos de que intentaban deslocalizar más de 20 millones de euros que estaban en cuentas en el extranjero».
De esta forma, «aunque no se especificara en el auto», la «principal finalidad» de las escuchas realizadas en los locutorios de la prisión era averiguar si, a través de esos abogados, se estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales y tratar de impedir la desaparición del dinero recaudado por la organización.
Entre esos abogados no se encontraban ni Choclán ni Peláez ni Gonzalo o Pablo Rodríguez Mourullo. Garzón admitió de forma expresa que «no tenía nada contra ellos».
- «¿No era usted consciente de que, de la forma indiscriminada en que acordó las escuchas, la medida iba a afectar a todos los letrados, incluidos los defensores? Usted no acotó el alcance de la intervención», le preguntó el abogado de Francisco Correa.
- «Es que yo no intervine a los letrados, sino a los imputados», contestó el juez, que defendió que «tomó las medidas necesarias para prevenir el derecho de defensa».
- «¿Y qué medidas fueron?», inquirió Peláez.
- «Acordé expurgar las conversaciones que afectaran a las estrategias de defensa», indicó Garzón.
El auto por el que ordenó separar esas conversaciones fue dictado el 27 de marzo y después de que la Fiscalía se lo pidiese. «¿Por qué esperó al 27 de marzo?», quiso saber Peláez. «No esperé. En una causa con más de 40 imputados y múltiples diligencias en práctica se hace una cosa después de otra».
«El derecho de defensa es para mí tan sagrado como para usted», añadió. «Me interesaba muy poco su estrategia de defensa. Ni la suya ni la de ningún letrado».
Garzón manifestó que no conocía el funcionamiento del mecanismo de grabación que se utiliza en la prisión de Soto del Real, pese a la incidencia que el funcionamiento técnico de esos sistemas tiene en la tutela de los derechos fundamentales. Con ello quiso contrarrestar la tesis de la acusación de que, si hubiera querido, habría interceptado únicamente las conversaciones de los abogados respecto a los que tenía indicios, porque el sistema Marathon se activa y desactiva manualmente por el funcionario encargado de los locutorios.
> Hoy,en EL MUNDO en Orbyt, el videoanálisis de Pedro G. Cuartango sobre el juicio.
La defensa logra que se oigan las cintas
Insistió, sin éxito, en recusar a dos jueces
La defensa logró ayer, en el trámite de cuestiones previas, que la Sala aceptara la práctica de algunas diligencias que calificó de «esenciales», en particular la audición de las escuchas interceptadas en los locutorios de la prisión de Soto del Real (Madrid) donde los imputados del caso Gürtel se entrevistaron con sus letrados.
Aunque a las partes no les quedó claro qué cintas se oirán (esas grabaciones fueron expurgadas primero por Garzón y luego por Pedreira, mientras que de una de las copias incorporadas al proceso del Supremo se eliminaron algunas frases que afectaban a la intimidad de los interlocutores), sí se aceptó la propuesta del letrado de la acusación José Antonio Choclán de que la audición se haga ante el tribunal pero a puerta cerrada «para no intensificar el daño producido no sólo a nuestros defendidos sino a nosotros mismos», dijo.
Aunque fue una prueba pedida por el defensor Francisco Baena, las acusaciones no se opusieron a que se escuchen en la sala sus conversaciones confidenciales con los imputados. Choclán sostuvo que esa audición sólo pondrá de manifiesto que las entrevistas intervenidas «afectaban al derecho de defensa» y que la actuación de Garzón fue «una clamorosa prevaricación judicial».
La Sala aceptó igualmente la declaración testifical del funcionario al que Garzón encargó la tramitación del caso Gürtel. El juez adelantó ayer para qué quiere este testimonio: el funcionario citado estuvo presente cuando la Policía le planteó la necesidad de poner micros en el locutorio de la cárcel.
Baena también insistió en que los magistrados Varela y Marchena no deberían formar parte del tribunal al ser los instructores de los otros dos procesos que Garzón tiene abiertos en el Supremo. La Sala Penal, por dos veces, y la Sala del 61 han rechazado estas recusaciones y el tribunal, de forma coherente, volvió a desestimarlas ayer.
Sin galones
Lo más triste de este juicio es el juicio mismo. El espectáculo de un juez sentado en el banquillo de los acusados resulta desolador, sobre todo después de haber presenciado una penosa ceremonia previa: la de un magistrado desprendiéndose lentamente de su toga y abandonando estrados para bajar hasta el banquillo y, frente al micrófono, de pie y vestido ya sólo de civil, que es tanto como decir desnudo, identificarse ante el tribunal recitando su nombre y apellidos. Como un simple mortal, despojado de cuajo de toda su autoridad y también de sus privilegios, simbolizados precisamente en esa toga con puñetas que son los galones de los jueces. En esta escena está la esencia del proceso que se inició ayer en el Supremo contra Baltasar Garzón.
Durante el tiempo que duró su intervención el juez estuvo casi siempre tranquilo, pero con un poso indisimulable de irritación que demasiadas veces le llevó a ser desafiante, sin que ni el tribunal ni los letrados de la acusación hicieron el menor amago de ponerle en su sitio. Y lo más llamativo fue que, siendo él el acusado, siempre, siempre, se comportó como un juez. Aunque tampoco se puede pretender que un hombre que ha pasado toda su vida pidiendo explicaciones a los demás asuma de un plumazo que es a él a quien le toca darlas ahora. Respondió a las preguntas, por supuesto, pero también las hizo. Y las hizo como las hacen los jueces: con un deje de aplastante superioridad institucional que precisamente en la tarde de ayer, tal y como estaba situado cada uno en la sala, resultaba muy chocante. Mucho.
Los argumentos esgrimidos por Garzón desde el banquillo -en una declaración que resultó tan monótona y tercamente circular como el recorrido de una noria- fueron básicamente tres. Uno, que él estaba persiguiendo a una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero y debía tomar medidas para evitar que esa actividad delictiva siguiera adelante. Dos, que él no ordenó escuchar a los defensores sino a quienes estaban en prisión, haciendo caso omiso del pequeño detalle de que éstos no acuden a los locutorios de la cárcel a hablar solos, como si se hubieran vuelto locos. Y tres -y evidentemente esencial para su estrategia de defensa, porque repitió la misma idea hasta la extenuación- que él no tomó decisión alguna que estuviera vinculada con esas escuchas. En resumen: que la importancia del fin justifica los medios, y que, puesto que él no se sirvió después de la información obtenida a base de violar las conversaciones entre los acusados y sus defensores, el derecho de defensa no ha sido quebrantado.
Pero es que estamos hablando de un derecho fundamental recogido en todas las constituciones de los países civilizados y, desde luego, en la española: el derecho de todo ciudadano a defenderse, a preparar en absoluta e inviolable intimidad su estrategia de defensa con un abogado. Y el derecho a que el Estado, sea en forma de juez, de policía o de funcionario, no triture de ninguna manera esa intimidad porque ella es la garantía primera de un juicio justo. Esa inviolablidad es la que ha sido rota por Garzón, haya tenido o no traducción concreta en las diligencias ordenadas luego por el magistrado.
No es éste un delito que le daña solamente a él si la sentencia del Supremo es condenatoria. Es que ésta es una acción que dañaría, de admitirse como válida, a todo el sistema. No habría entonces ningún procesado que pudiera sentirse a salvo del acoso brutal, inmisericorde, totalitario, del Estado. Eso sería tanto como permitir la colocación de unas cargas de dinamita en los cimientos del edificio en el que vive y se desarrolla una sociedad entera.Y también por esto lo más triste de este juicio es el juicio mismo.
Sin voz y «en peor situación que un normal»
Garzón accedió a la sala en medio de una ovación, insólito en la historia del Supremo
«Don Baltasar Garzón Real». El agente de Justicia salió a las puertas del Salón de Plenos del Palacio de las Salesas y, sin aparentar que le impresionase para nada la muchedumbre ruidosa que allí se agolpaba, llamó al acusado en un tono aséptico, casi rutinario, como el de costumbre. Al llamado y a casi todos los demás sí que pareció chocarles ese tratamiento tan ordinario para el que antaño era el Príncipe y salía en la televisión abordando narcotraficantes en helicóptero, porque el barullo se interrumpió abruptamente y le siguió un instante de estupefacción silenciosa.
Y, entonces, rompió una salva de aplausos. ¿Cómo él, que durante el último cuarto de siglo fue una estrella rutilante en el firmamento, que puso contra las cuerdas a Pinochet, que procesó antes que nadie a Osama bin Laden, él, que fue el único que se atrevió a imputar al general Franco y que quiso hacer lo mismo con Felipe González o Silvio Berlusconi, cómo él iba a enfrentarse al peso de la ley como un ciudadano de a pie, en silencio, como un cualquiera? No. Él accedió a la sala donde se iba a resolver su suerte en loor de multitudes, ovacionado, mártir de su propia causa general contra todas las injusticias que en el mundo han sido.
Dos siglos de historia nunca habían visto nada igual. Inaudito: vítores entre las paredes del Tribunal Supremo. Y eran para él. También por primera vez en ese salón -el mismo que contempló tantas de sus antiguas hazañas, aquellos juicios a un ministro del Interior y a más de un enemigo íntimo-, el presidente de la Sala se vio obligado a advertir de que será «inflexible» con las manifestaciones del público, compuesto mayoritariamente por entusiastas sinceros de la causa de la Memoria Histórica.
«Se le ha situado en peor condición que a un normal», argumentó después su abogado durante el tedioso trámite de cuestiones previas para quejarse de que se le aplique el procedimiento para aforados exactamente como dispone la ley. Lo dijo así: «Que a un normal».
El juez suspendido no estuvo solo. Le animaron de cuerpo presente muchos de los funcionarios de su juzgado y varios colegas de la Audiencia Nacional. Entre los que nunca fallan, sus amigos instructores Santiago Pedraz y FernandoAndreu y la fiscal Dolores Delgado. También acudieron los magistrados de la Sala Penal de esa sede judicial Javier Martínez Lázaro, Clara Bayarri, Ramón Sáez y José Ricardo de Prada (los tres últimos fueron los que suscribieron un voto discrepante a la decisión del Pleno de retirarle la competencia para investigar los crímenes del Franquismo). Por la tarde, se vio asimismo a Teresa Palacios. Y, en primera fila, al magistrado de la Sala Cuarta del Supremo Manuel Alarcón, que votó en sentido favorable a las recusaciones planteadas por Garzón y a quien se considera próximo al catedrático Javier Pérez Royo, defensor acérrimo del juez estrella en sus artículos de prensa.
Fuera del ámbito judicial, tuvo interés ver por los pasillos del Tribunal Supremo a María del Mar Bernabé, la secretaria de Baltasar Garzón durante la estancia en Nueva York que puede costarle otra visita al banquillo en los próximos meses.
Y, a las puertas del palacio, más o menos lo que se esperaba: la actriz Pilar Bardem y el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares detrás de una pancarta y, en general, el producto de los esfuerzos del juez por presentarse como víctima de una cacería. Lo de ayer se quedará pequeño con lo que se vivirá la semana que viene, cuando lo juzguen por tramitar las denuncias por los crímenes de la Dictadura. Una plataforma que apoya a Garzón paseó pancartas como las que se ven en la foto de abajo y entregó un escrito de dos folios en el que pide la dimisión de toda la Sala que le juzga porque «tiene perdida toda noción de justicia, perdida también su independencia y aparece confabulada al completo en condenar a un juez» para tratar de «ver colmadas envidias personales y mantener puestos obtenidos muchas veces al amparo del Gobierno».
Durante toda la sesión de la mañana, Garzón disfrutó del privilegio reservado a los jueces de sentarse a la vera de su defensor y vestido con toga, evitando así la foto en el banquillo. Sólo hay imagen de esa situación tomada en vídeo, ya por la tarde, cuando no se autorizó el acceso de los fotógrafos y al superjuez le tocó declarar como imputado, momento que se recordará con el sonido de su voz rota por la afonía. Se quitó la toga y la plegó con ceremonia, se dirigió al centro del salón y se sentó. «No, no, póngase en pie, a la altura del micrófono», le corrigió el presidente de la Sala. Y, entonces, le preguntó: «¿Se llama usted...?».
TESTIGO DIRECTO
Emilio Botín, exonerado por los pagos al juez Garzón
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no investigará al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por sus pagos al juez Baltasar Garzón para participar en dos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. El alto Tribunal ha considerado que el presunto delito de cohecho habría prescrito al haber transcurrido más de tres años.
En el auto dictado el pasado 4 de enero, el Tribunal Supremo declara que el presunto delito de cohecho «debe considerarse prescrito» y acuerda el archivo de la querella presentada por el abogado Javier Sotos contra el presidente de la entidad cántabra.
«Dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos imputados hasta la presentación de la querella, es notorio que han transcurrido con exceso los tres años previstos en el artículo 131.1 del Código Penal para la prescripción», según concluye el auto.
El abogado presentó su querella el pasado 18 de noviembre ante el Tribunal Supremo, que juzga al antiguo juez de la Audiencia Nacional por los cobros recibidos de distintas empresas, al considerar que el presidente del Santander tuvo una «participación activa» en el delito de cohecho a Garzón.
«La razón de la entrega (del dinero) era exclusivamente el cargo judicial de quien sería beneficiado por ella», denunciaba Sotos, quien consideraba que estos hechos son constitutivos de un delito de cohecho sancionado con una pena de multa, prevista en los artículos 423 y 426 del Código Pena
Chacón cree que «algo falla» en el proceso
«Se sienta en el banquillo por perseguir un caso de corrupción»
La candidata a la Secretaría General del PSOE Carme Chacón se apuntó ayer a las tesis conspirativas de Baltasar Garzón: «Algo falla cuando se sienta un juez en el banquillo por haber perseguido un caso de corrupción», dijo en declaraciones a los periodistas tras un acto que tuvo lugar en Casa Labra, la taberna madrileña próxima a la puerta del Sol donde Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista en 1879.
En las antípodas de ese discurso se manifestó el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que afirmó que «la ley es igual para todos» y que en un Estado de Derecho «no puede haber personas con patente de corso para transgredir» la legislación. «Si hay un juez que la ha incumplido», pues así lo determinan otros jueces, deberá asumir las consecuencias y ser juzgado, señaló.
A su juicio, un magistrado, en este caso Garzón, es la persona más indicada para dar ejemplo sobre el cumplimiento de las leyes. Añadió que, en el sistema actual, ni siquiera el Rey se escapa del control de las leyes, por lo que «no puede ser que haya personas con patente de corso para transgredir la ley»
El más contundente en su apoyo a Garzón fue el diputado de IU Gaspar Llamazares, que acudió a las inmediaciones del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, para mostrarle su respaldo.
Allí aseguró que los diferentes procesos judiciales abiertos a Garzón son un «linchamiento político y corporativo».
Llamazares dijo que la sentencia por este proceso ya está «predeterminada». A juicio del diputado de IU, las tres causas abiertas contra Garzón se parecen a las «bombas de racimo», porque «si no te cargan a la primera, lo harán a la segunda, y si no, a la tercera».
«No hay unas garantías mínimas para un juicio justo», insistió Llamazares, que subrayó que lo único que ha hecho el magistrado es «proteger a las víctimas y luchar contra la corrupción».
Además de Llamazares, también acudió al Supremo para apoyar al magistrado suspendido la actriz Pilar Bardem, que destacó que lo que está sucediendo con Garzón es, en su opinión, «muy triste».
En cambio, Esquerra manifestó su alegría por el procedimiento, aunque lamentó que no se le hubiese juzgado antes por ordenar la detención de 17 independentistas catalanes en un proceso que luego fue declarado ilegal por la Corte de Estrasburgo.
jueves, 15 de diciembre de 2011
Garzón niega su relación con los patrocinios
Insiste en su desvinculación pese a la existencia de pruebas documentales
El juez Baltasar Garzón insistió ayer en el Tribunal Supremo en que desconoce «todo lo relativo a los aspectos económicos y financieros» de las actividades que desarrolló en la Universidad de Nueva York (UNY), ya que él era el «codirector de los contenidos académicos» y no solicitó «fondos de ningún tipo a ninguna entidad».
Garzón declaró ayer por segunda vez ante el magistrado Manuel Marchena, instructor de la causa en la que se investiga si el juez pidió y obtuvo de bancos y grandes empresas españoles fondos cercanos al millón de dólares para financiar sus actividades en la UNY. Algunas de esas entidades -en concreto el BBVA- tenían procedimientos abiertos en su juzgado. En el caso del banco Santander, tras su regreso a la Audiencia Nacional Garzón recibió una querella contra Botín -que unos meses antes había autorizado la entrega de 302.000 dólares para unos coloquios dirigidos por Garzón en Nueva York- y, sin abstenerse, la inadmitió a trámite.
Cuando se produjo su primera declaración, el 15 de abril de 2010, sólo se conocía la financiación del Santander a los Diálogos Trasatlánticos celebrados en el Centro Rey Juan Carlos de la universidad neoyorquina. Luego se supo que otras entidades también dieron elevadas cantidades para sufragar un seminario sobre terrorismo, pagos sobre los que el juez no había dado su versión.
Garzón insistió en desvincularse de los aspectos económicos de las actividades que dirigió, pese a las pruebas documentales que se han acumulado en el procedimiento. Ya no es sólo que la memoria oficial del Centro Rey Juan Carlos afirmara en 2006 que fue el juez el que «obtuvo los fondos necesarios» para organizar los coloquios, sino la aparición de sus cartas al presidente del Santander, al que se dirige como «Querido Emilio» y al que indica: «Te mando la propuesta de seminario, que se celebrará si disponemos de financiación suficiente [...]. Te adjunto la propuesta y el presupuesto».
Y ya no son sólo las cartas a Botín, sino las dirigidas a los responsables de las otras entidades que pagaron, así como los correos electrónicos enviados por él o en su nombre por su asistente, María del Mar Bernabé, o por Karen Greenberg, codirectora del seminario sobre terrorismo.
Garzón dijo que él «nunca habló de patrocinios», tesis que mantuvo pese a que el instructor le puso de manifiesto la contradicción existente con las declaraciones de testigos como el presidente del BBVA, Francisco González («el director de Comunicación me comentó que había recibido una llamada de Garzón anunciándole que la UNY se iba a dirigir a nosotros, solicitando patrocinio para la realización de unos cursos») o con el hecho de que fuera el juez el que remitiera los convenios en los que se fijaban las contribuciones económicas y el presupuesto.
En ese presupuesto se consignó una cantidad de 473.373 dólares para un staff integrado, entre otras personas, por el «proyect director». Garzón sostuvo que esa cifra, equivalente a casi la mitad del total del presupuesto, no le incluía a él sino que iba destinada al «personal administrativo o auxiliar» y a «becarios y colaboradores», además de a Greenberg como «directora administrativa». Él era, efectivamente, codirector del proyecto, pero «académico».
lunes, 5 de septiembre de 2011
El juez Marchena cree que Garzón usó su cargo para financiarse
MARÍA PERAL / Madrid
05/09/2011/El Mundo
Logró 852.000 dólares que ingresó en unas cuentas de la Universidad de Nueva York
El magistrado del Supremo Manuel Marchena afirma, en una comunicación dirigida al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que Baltasar Garzón pudo prevalerse de su cargo judicial para obtener de grandes empresas y bancos españoles un total de 852.000 dólares que sirvieron para financiar cursos y conferencias del juez en la Universidad de Nueva York. Esta entidad se ha negado a proporcionar al Tribunal Supremo datos precisos sobre las retribuciones que percibió Garzón, motivo por el que Marchena ha cursado una comisión rogatoria a EEUU con el fin de poder acceder a los extractos de una cuenta bancaria que el juez imputado abrió en Nueva York.
A petición de las autoridades estadounidenses, Marchena ha ampliado la información relativa al proceso que instruye contra el juez de la Audiencia Nacional por supuestos delitos de cohecho y prevaricación.
El pasado junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al magistrado del Supremo que concretase los indicios existentes contra Garzón y la relevancia de los datos solicitados en la comisión rogatoria cursada en febrero.
En un escrito que llegó hace dos semanas al Ministerio de Justicia español para su remisión a las autoridades judiciales norteamericanas, Marchena explica que los hechos que investiga se refieren a «la petición de ciertas cantidades de dinero por el propio Garzón a algunas de las principales empresas españolas».
Cuentas en Jersey
Los responsables de estas empresas y entidades bancarias «habrían aceptado la entrega de esas cuantías después de distintas comunicaciones personales que el imputado les dirigía, prevaliéndose para ello de su cargo oficial como juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional».
Algunas de esas entidades habían tenido -caso del BBVA con las cuentas secretas de Jersey- o iban a tener -caso del Santander- asuntos judiciales que fueron resueltos por el propio Garzón.
«De hecho», precisa Marchena, «una vez culminada su estancia en Nueva York y ya reincorporado a su trabajo como juez, Garzón no se apartó del conocimiento de una querella dirigida contra el mismo empresario [Emilio Botín, presidente del Santander] del que, meses atrás, había obtenido una generosa aportación de dinero que sirvió, entre otras cosas, para cubrir los gastos de escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas, que ascendieron a 21.650 dólares».
En el curso de la instrucción han aparecido cartas en las que Garzón se dirigía a Botín como «Querido Emilio» para pedirle contribuciones económicas. Tras su vuelta a la Audiencia Nacional, el juez recibió una querella por apropiación indebida dirigida contra Botín y otros directivos del Santander y la inadmitió a trámite.
El escrito a las autoridades estadounidenses añade que los empresarios requeridos ingresaron sus contribuciones en cuentas de la Universidad de Nueva York (UNY), entidad que pagaba los honorarios de Garzón durante su estancia allí entre marzo de 2005 y junio de 2006.
Garzón, «que seguía cobrando en España sus retribuciones como juez, no puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial -órgano de gobierno de los jueces- el cobro de esas cantidades» de la UNY. «Tampoco comunicó a las autoridades académicas de la Universidad de Nueva York, con quienes había suscrito un estricto compromiso de incompatibilidad, que durante su estancia en ese centro continuaba percibiendo parte de su salario como juez».
A continuación, el escrito concreta las contribuciones de las empresas requeridas que se han descubierto a lo largo de la investigación: Endesa, 125.000 dólares; Cepsa, 100.000 dólares; Telefónica, 100.000 dólares; BBVA, 200.000 dólares y Banco Santander, 327.000 dólares.
Marchena explica que el interés en conocer los datos de la cuenta corriente abierta por Garzón en Nueva York obedece a una doble razón. «De una parte, por la conveniencia de conocer cuáles fueron sus verdaderos ingresos, toda vez que las certificaciones hasta ahora aportadas por la Universidad de Nueva York encierran algunas contradicciones que sería de interés despejar. De otro lado, por cuanto que el querellado manifestó su interés en ofrecer información de los movimientos contables de esa cuenta corriente, poniendo en conocimiento de este Tribunal que todos sus intentos de obtener la documentación requerida habían resultado infructuosos, toda vez que la solicitud personal que había dirigido a la entidad bancaria Citibank no había obtenido respuesta»
Suscribirse a:
Entradas (Atom)