Su envío al Polígono Sur dentro del «plan Maeztu» dio una imagen irreal de una unidad sin apenas competencias
La práctica supresión de la presencia de la mal llamada Policía Autonómica en el Polígono Sur, unida al malestar que ha generado entre sus responsables sindicales el modo y manera en que la Junta pretende llevar a cabo el traslado de su sede a un nuevo edificio, en Los Bermejales, ha destapado la caja de los truenos en torno a una unidad a la que los ciudadanos confunden con una policía provista de funciones de seguridad ciudadana, cuando sus competencias reales son escasas y muy limitadas.
La que los maledicentes han llegado a llamar «la Policía de Chaves» no es otra cosa que una unidad formada por policías nacionales voluntarios cuya dependencia del Ministerio del Interior no va más allá de las cuestiones meramente administrativas. Para el resto, los aproximadamente 750 funcionarios que la integran —de ellos algo más de un centenar en Sevilla— dependen de la consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a la que corresponderá en su momento —ya de por sí fiado a largo plazo antes de los recortes impuestos por la crisis— crear la verdadera Policía Autonómica. Mientras esto no ocurra, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, seguirá teniendo unas competencias limitadas a los apartados de juego, menores, custodia de algunos edificios dependientes de la Junta, escoltas y «medios especiales», un llamativo enunciado que, según se afirma desde la Confederación Española de Policía (CEP) es «poco más que una barquita para recorrer el río».
Todo lo que se salga de ahí no es competencia de la Unidad Adscrita, como no lo es ni la seguridad ciudadana ni la investigación.
Tanto es así que durante el tiempo en que han estado prestando servicio en el Polígono Sur, salvo que presenciaran un delito flagrante, no podían actuar.
De hecho, aunque desde la Administración se ha presentado su presencia en el Polígono Sur como una cuestión de seguridad ciudadana, la misión realmente encomendada a estos policías era la protección de las obras de rehabilitación de las viviendas emprendidas dentro del «plan Maeztu», el control de los menores para que asistieran al colegio y no estuvieran en la calle, mantener el contacto con las familias gitanas, para evitar incidentes entre ellos y, esporádicamente, colocar un furgón delante de algún punto de venta de droga, para que la presencia de los agentes actuara como medio disuasivo.
Para más inri, en el caso de que pudieran advertir, o sufrir, algo que los desbordara, aunque son policías nacionales, no tienen medios técnicos para comunicarse con la Brigada de Seguridad Ciudadana o con la Jefatura Superior —de la que no dependen—, ya que carecen de equipos de transmisiones y sólo se valen entre ellos de teléfonos corporativos.
Cuestión de dinero
Por otra parte, la presencia de la Unidad Adscrita en el Polígono Sur tenía parte de su fundamento en la remuneración que recibían los policías como dieta diaria —90 euros—, siempre que estuvieran «doblando» su turno normal, lo que inicialmente era la norma, hasta el punto de que los que iban allí eran voluntarios; o sea, que en la práctica «había más policías disponibles». Ahora, según se afirma desde la CEP, la reducción presupuestaria ha hecho que quienes vayan al Polígono Sur sean policías que realizan su turno normal, lo que supone una merma potencial de efectivos, al no existir ya los que al «doblar» creaban el espejismo de que había más agentes.
Eso, unido a la retracción de policías para atender otras competencias, como son algunas de las que realizaba el desaparecido Plan Infoca, ha mermado la disponibilidad de efectivos, dejando una plantilla descontenta por la reducción de ingresos y desmotivada.
Pertenecer a la Unidad Adscrita fue, desde sus inicios, un privilegio, económicamente hablando, de ahí que hubiera hasta lista de espera para entrar, pues a las dietas se sumaba un extra de 1.000 euros trimestrales, en el caso de los policías básicos, y cuatrocientos para los que realizaban escoltas. Eso ha dado pie a que más de la mitad de la plantilla actual sea de policías en comisión de servicio llegados desde toda España. En estos momentos, los 1.000 euros va por 700, lo que, no obstante, marca una diferencia con lo que cobran los policías nacionales de la escala básica.
Y ahora, en medio de los recortes, la Junta ha hecho saltar las voces de alarma al anunciar el próximo traslado de la jefatura y la comisaría local de la Unidad Adscrita desde su sede actual, en la Isla de la Cartuja, a la calle Bergantín, en el barrio de Los Bermejales, a un edificio de nueva construcción que, según ha denunciado la CEP, carece de las más elementales medidas de seguridad para tratarse de una instalación policial.
Sin medidas de seguridad
Y es que no sólo no está aislado, como obliga la normativa de seguridad —está unido a otros dos edificios de oficinas de la Junta, sólo uno de los cuales, el «Edificio de las Delegaciones», cuenta con mil quinientos trabajadores—, sino que no dispone de medidas estáticas de seguridad —cámaras—, ni tan siquiera de un «botón antipánico» que permita activar una alarma en caso de emergencia (altercado, incendio, atentado..).
Además, se pretende que el edificio policial albergue los archivos de las cinco consejerías y el punto de encuentro de menores en situación de especial protección, lo que equivaldrá a reunir a los menores con sus padres delante de un policía, lo que para los especialistas redundaría negativamente en el menor.
Estas carencias,a las que se unen otras como la falta de medidas contraincendios en los calabozos o la precariedad del armero, para el que no se ha previsto el obligado búnker, ha hecho que los sindicatos policiales pongan el grito en el cielo ante la pasividad de su interlocutora hasta el momento, la adjunta al director general de Política Interior de la Consejería de Gobernación, Dolores Gallardo, que el pasado lunes se reunió con ellos «sin tener información respecto a las medidas de seguridad, que, según ella, dependían de Hacienda; sin proyecto alguno, y con argumentos que llegaron al extremo de acusarnos de insolidarios en tiempos de crisis por reclamar las medidas de seguridad a que obliga la ley, cuya carencia se paliaría con una inversión menor de 20.000 euros, mientras el coche oficial de Chaves, ahora de Griñán, costó 70.000 euros», afirman desde la CEP.
Estos políticos, son como los niños, aparte de meter mano a la caja, no todos por supuesto, les da por fardar de policía propia, y claro eso tiene unnos costes. Ahora mismo con la que está cayendo, pues no les queda ni para pipas, y asi van las cosas, mucho te quiero perrito, pero pan poquito.
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