La Audiencia absolvió ayer al ex asesor de Bildu Juan J. Ibaceta de amenazas
a aficionados de la selección española. Ni cree probado que dijera «os voy a
pegar dos tiros» ni cree que la amenaza fuera creíble, al no tener licencia de
armas.
Al final, el gora eta militarra que gritó a los seguidores de la selección
sólo le ha costado a Ibaceta el puesto de asesor. Ni cometió delito ni cometió
falta, según la Audiencia Nacional, que ayer absolvió al ex mano derecha del
alcalde de San Sebastián de las amenazas con finalidad terrorista por las que el
fiscal le pedía dos años y 10 meses de cárcel.
La Sección Tercera de lo Penal concluye que lo sucedido la noche del 1 de
julio de 2012 en el casco viejo de la ciudad fue una «riña callejera» tras una
«abundante ingesta alcohólica» por parte de todos: unos porque celebraban que
España había ganado la Eurocopa, otros porque ya andaban preparando las fiestas
de la Virgen del Carmen.
El tribunal –compuesto por los magistrados Alfonso Guevara (presidente),
Clara Bayarri (ponente) y Guillermo Ruiz Polanco– describe lo sucedido en
términos muy parecidos a los empleados por Ibaceta cuando declaró en el juicio.
Según la sentencia, se trató de una «disputa» en un «contexto bronco, callejero
y tabernario» que no cabe encuadrar en el delito de amenazas graves.
La base de la absolución es que el tribunal no considera probado que el
asesor de Bildu soltara a los tres aficionados la frase que sustentaba la
petición de cárcel de la Fiscalía: «Voy a sacar la pistola y os voy a pegar dos
tiros. Pam, pam», supuestamente acompañada del gesto de disparar.
Esas palabras no se escuchaban en el vídeo grabado por uno de los
aficionados, revelado por EL MUNDO y cuya difusión provocó la dimisión de
Ibaceta. Sí se le escuchaba decir «viva ETA militar», aunque la Fiscalía
descartó acusar por enaltecimiento ya que faltaba el requisito de haberse
producido con difusión pública.
En cuanto a las amenazas, la Sala considera que existen contradicciones entre
las versiones de los supuestamente amenazados, dos de los cuales han sido
concejales no nacionalistas en el País Vasco. Y añade que, aunque no las
hubiera, tampoco se cumplirían los requisitos de «gravedad y trascendencia»,
necesarios para condenar. En todo caso, prosigue, la supuesta amenaza de Ibaceta
tampoco habría cumplido el requisito de ser «firme y creíble». Entre otros
motivos, porque se trataba de una amenaza de «imposible realización»: el ex
asesor de Bildu «carece de licencia de armas a su nombre», resalta la Audiencia,
pese a tratarse de un tribunal muy acostumbrado a ver amenazas cumplidas y poco
a ver licencias de armas.
En su declaración durante el juicio, Ibaceta negó haber lanzado amenaza
alguna y rechazó que el enfrentamiento se originara por sus gritos de gora ETA
contra quienes exhibían una bufanda de la selección española. En esa misma
línea, la sentencia dice que «no consta provocación previa» por su parte. Y
añade que Ibaceta sólo dijo el gora ETA tras responder primero con un «qué me
estás diciendo» a la insistente petición de uno de los aficionados de que
repitiera lo que había dicho antes.
Descartado el delito, la Sala despacha casi con sorna que el fiscal le
atribuyese a la amenaza una finalidad terrorista: «No puede apreciarse que un
acometimiento verbal entre particulares, en la calle, en una zona de copas y
tras un partido de fútbol pueda tener como finalidad ‘subvertir el orden
constitucional’ [...] Los hechos objeto de acusación no son de naturaleza
terrorista».
Lo sucedido, concluye la Sección Tercera, sólo podría interpretarse como mera
falta de amenazas. Pero, para condenar por falta, la ley exige la denuncia del
amenazado y en este caso no la hubo, ya que sólo actuó el fiscal.
Ibaceta se libra incluso de la modesta acusación por una falta de maltrato
por la que el Ministerio Público pedía cuatro días de localización permanente.
Supuestamente, por arrojar platos a uno de los aficionados. Pero en esa calle no
hay terrazas con vajilla, así que ni eso.
San Sebastián prioriza a los presos de
ETA
Humilla a las víctimas adoptando seis compromisos para defender sus
derechos
Con ETA y su brazo político inmersos en una permanente campaña para presionar
en favor de concesiones a los presos, Bildu ha decidido que San Sebastián lidere
la defensa institucional de los «derechos» que les asisten a los reclusos de la
banda. El Gobierno municipal ha adoptado de forma pública una serie de
compromisos que otorgan un trato especial y preferente a los etarras
encarcelados en su agenda de actuación, lo que para las víctimas del terrorismo
constituye una «humillación».
Se trata de seis compromisos concretos cuyo principal objetivo es la
realización de un seguimiento periódico de la situación que atraviesan los 77
etarras naturales de San Sebastián que a día de hoy se encuentran encarcelados,
según sus cifras, lo que se reflejará en un dossier que se renovará cada seis
meses. Este informe será remitido a diferentes instancias nacionales e
internacionales, entre las que se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de
Estrasburgo, con el objetivo de presionar al Gobierno español para que modifique
su política penitenciaria.
Esta atención especial a los presos de ETA se plasmará además en la
celebración de «reuniones periódicas» con sus familiares para «tener información
directa de su situación». Incluso, el gobierno de Bildu remitirá a los
terroristas encarcelados toda la información que publique sobre la actividad
municipal para que sean conscientes del trabajo que realiza la coalición
abertzale.
Los diferentes compromisos fueron dados a conocer ayer en un acto público en
los jardines de Alderdi Eder, frente al Consistorio, en el que miembros del
equipo de Gobierno y los dos ex delegados que cesaron de sus puestos tras una
sentencia del Constitucional que ha suprimido esta figura (aunque siguen
desempeñando sus funciones bajo el cargo de asesores) se situaron tras una
pancarta de apoyo a los presos.
Fue una comparecencia de apenas cinco minutos en la que el alcalde, Juan
Karlos Izagirre, que no ha condenado todavía a ETA ni ha hecho alusión a sus
víctimas, leyó a modo de introducción un manifiesto político de denuncia de la
«conculcación de los derechos» de los presos.
El PP contestó que la actitud de Bildu «es una continua provocación» ya que
sólo piensa en «ensalzar a los suyos» mientras mantiene una actitud «vergonzosa
y humillante con las víctimas».
Interior aprieta contra el grupo de etarras
con causas al límite
Detenidos en Francia Aranalde, que estuvo en el acto de huidos de Biarritz, y
Atorrasagasti
El Gobierno ya advirtió en vísperas del acto promocional de la izquierda
abertzale en Biarritz: «Ni una concesión a la impunidad». Fue el titular de
Interior, Jorge Fernández, quien, tras el Consejo de Ministros, señaló que su
Departamento estaría con cien ojos pendientes de ese acto en el que ETA y su
entorno organizaron un evento en el que se preveía la asistencia de etarras con
sus causas judiciales ya prescritas.
El ministro ya aclaró que se miraría con lupa el historial de los asistentes.
Y esa mirada ya ha tenido sus primeras consecuencias. De hecho, uno de los
participantes en ese evento de los radicales fue detenido ayer por la Policía
francesa siguiendo instrucciones de los agentes españoles.
Se trata de Jokin Aranalde Olaondo. Junto a él, la policía del país vecino
también capturó a Beñat Atorrasagasti Ordóñez.
Aranalde (Ibarra, 1946), detenido en la localidad vascofrancesa de Helette,
fue uno de los etarras que compareció el pasado sábado 15 en el acto para
reivindicar la vuelta de huidos y deportados en Biarritz, organizado por la
izquierda abertzale. Aranalde fue considerado en su día colaborador del
comandoZelatu. Formó parte del aparato de captación de la organización
terrorista entre los años 2000 y 2003. Durante ese período, se dedicó a la
creación de un comando legal denominado Piperrak dependiente del complejo
Donosti, cuyos miembros fueron detenidos el 21 marzo de 2002 tras el asesinato
del concejal socialista Juan Priede Pérez.
Tres días después, fue detenido por la Guardia Civil en una operación contra
el Donosti. En aquella ocasión, fue acusado de haber intervenido en la entrega
de una carta de captación. Tras pasar a disposición judicial, fue puesto en
libertad bajo fianza de 12.000 euros el 1 de abril de 2002, circunstancia que
aprovechó para darse a la fuga e instalarse en Francia.
Es el padre de Maite Aranalde Ijurco, quien también aprovechó un error
burocrático de la Justicia francesa para escapar en 2009. Fue detenida un año
después junto al jefe militar de la banda, Mikel Carrera, Ata. Otro de sus
hijos, Ibon Aranalde Ijurco, fue condenado a dos años por violencia callejera.
La saga Aranalde en ETA es una de las históricas. De hecho, en alguna ocasión
fue el propio Aranalde ayer detenido quien captó en su entorno familiar para
incorporar a la cantera de ETA. Ése fue el caso de una de sus sobrinas, Eider
Iuerjo, y del novio de ella, Ekaitz Aramendi. Ambos fueron detenidos por la
Guardia Civil en 2002 en el marco de una operación contra el complejo logístico
de ETA.
Beñat Atorrasagasti (1976), detenido en Urrugne, trasladó entre 1996 y 2001 a
miembros de la banda y elaboró informes para cometer atentados, como los
realizados sobre tres concejales de distintas localidades de Navarra, según dice
Interior en un comunicado. Tras la detención en Francia del responsable del
aparato de mugas (encargado de facilitar los pasos por la frontera), se dio a la
fuga.
Fue arrestado el 13 de julio de 2012 en Edimburgo (Escocia). Existía contra
él una euroorden de detención por integración en banda terrorista y formaba
parte del grupo de reserva, aunque estaba operativo. Con motivo de una euroorden
emitida por Francia fue trasladado a este país, donde fue puesto en libertad.
El colectivo de huidos de ETA reaparecerá mañana miércoles en Bayona
(Francia) en una rueda de prensa convocada para hacer una valoración de estos
arrestos.
Alertan de la ‘batasunización’ de movimientos
radicales en Galicia
Interior detecta el aumento de apoyos políticos a los terroristas de
Resistencia Galega
La inquietud en las Fuerzas de Seguridad es enorme. Dieron fuerte y con
contundencia contra la incipiente estructura terrorista, de carácter
independentista, en Galicia. Pero detectan, y lo han puesto en varios informes
negro sobre blanco, que se está produciendo un proceso de batasunización
política de algunos de los movimientos nacionalistas. Porque advierten que es
cada vez más claro e intenso el apoyo de este tipo de movimientos hacia aquéllos
que están en la cárcel, acusados de terrorismo y que se sientan ya en el
banquillo de la Audiencia Nacional, por formar parte de la trama terrorista
Resistencia Galega. No son pocos los que rememorarán aquellas palabras del que
fuera líder del PNV Xabier Arzalluz cuando se refirió como a «los chicos de la
gasolina» para hablar de los responsables de la kale borroka, de los etarras de
la baja intensidad.
Ayer comenzó el proceso contra los cuatro acusados de integrar la
organización terrorista Resistencia Galega. El fiscal pide para ellos entre 12 y
20 años de cárcel y les resposabiliza de más de una treintena de atentados desde
2005 por parte de los integrantes de su trama militar.
En los informes elaborados tanto por los servicios policiales como por los de
inteligencia se advierte del sesgo radical que toman formaciones gallegas como
el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en este asunto. En estos informes alertan de
la radicalización independentista en Galicia y del «acercamiento del BNG al
ámbito de Resistencia Galega».
La Policía detuvo a seis de los integrantes de esta trama en noviembre de
2011. Desde entonces, cuatro de ellos permanecen en prisión.
Los estrategas de la seguridad consideran que el BNG «ha modificado el eje de
su línea política» buscando un punto más de velocidad a sus reivindicaciones
secesionistas. Así, están potenciando acciones en favor del derecho de
autodeterminación del pueblo gallego y, además, están «prestando apoyo político
a los presos de Resistencia Galega», advierten estos servicios de Seguridad del
Estado.
El afán soberanista del BNG implica tambiénsegún los informes de la Seguridad
del Estado a, entre otras formaciones, Nos-Unidade Popular, Esquerda Unida,
Causa Galiza, Asamblea de Mocidade Independentista, Central Unitaria de
Traballadores, Confederación Intersindical Galega, Agrupación Galega de Esquedas
–liderada por Xoxé Manuel Beiras– y Centros Sociales (donde existe una fuerte
implantación de grupos antisistemas», citan estos informes).
Los analistas entienden que con este giro soberanista, el BNG trata de dejar
sin sitio político a la corriente interna liderada por Beiras y denominada
Anova, recientemente ya escindida del Bloque. Y en esta línea, desde el BNG se
está solicitando el fin de lo que denomina «medidas de excepción para los presos
gallegos». Además, sus representantes se negaron a firmar una propuesta del
Partido Popular, en sede parlamentaria, para condenar el terrorismo de
Resistencia Galega. Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de Inteligencia
comienzan a observar profundas y peligrosas coincidencias con la manera de
actuar de la antigua Herri Batasuna, ilegalizada por su pertenencia a ETA.
La nueva estrategia contempla el apoyo a los familiares de los detenidos y
organizaciones radicales con fondos de municipios bajo su responsabilidad.
Y es que, como explican los analistas, la organización se repite en Galicia
como la que existió en su día en el País Vasco. La trama de Resistencia Galega
cuenta con una estructura militar (en la que hay legales e ilegales, como en
ETA). Además, tienen una estructura de captación. Clave son sus grupos de
financiación y de falsificación. En definitiva, un modelo organizativo muy
similar al que históricamente tenían ETA y su entorno.
Pero también detectan estos especialistas acercamientos de lo que hasta ahora
eran movimientos de ultraizquierda, casi marginales, antisistema, a las
formaciones como el BNG. Comienzan a coincidir en actos en pro de la soberanía
gallega y en el apoyo implícito a los que ahora serán juzgados en la Audiencia
Nacional como terroristas.
Según los informes remitidos por los servicios antiterroristas a la Audiencia
Nacional, Resistencia Galega, en virtud de los elementos probatorios, «puede ser
considerada como una organización autónoma dentro del entramado del
autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Galego, del que se nutre y
apoya, presentando características claramente definidas y reuniendo los
requisitos necesarios para ser considerada una organización terrorista».
Aclaran que los objetivos principales de Resistencia Galega son: empresas de
la construcción, partidos políticos, propiedades de políticos, bancos, oficinas
de empleo y juzgados.
Planes para hacer «la yihad en casa»
Los ocho presuntos islamistas detenidos en Ceuta, con su jefe al frente,
Karin Abdeselam, Marquitos, creían que su técnica de captación de suicidas para
enviarlos a Siria había alcanzado tal grado de perfección que en sus
conversaciones «cada vez eran mayores las referencias a realizar la yihad
(Guerra Santa) en casa», es decir en España. El juez del número 2 de la
Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo dejó así escrito ayer en el auto en el que
ordena ingreso en prisión de todos los miembros de la red detenidos el pasado
viernes en una operación realizada conjuntamente por la Policía y la Guardia
Civil.
Dadas las circunstancias, el delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma,
Francisco Antonio González, alertó ayer de la necesidad de un pacto como el que
firmaron en su día PP y PSOE contra ETA para introducir modificaciones legales
que aumenten la eficacia contra el terrorismoyihadista.
Según el juez, se trataba de una estructura radicada en España con conexiones
internacionales en Marruecos, Bélgica, Turquía y Siria, que daría cobertura a
grupos terroristas como el Frente de la Victoria o el Estado Islámico de Irak,
considerados respectivamente los brazos armados de Al Qaeda en Siria e Irak.
Habían radicalizado, financiado y enviado a unos 50 jóvenes, 12 de los cuales
eran ceutíes y el resto marroquíes. La historia del primero del que se tiene
constancia fue recogida por este periódico en septiembre pasado. Dejó Ceuta en
abril de 2012 junto a dos amigos, en junio mató a 150 personas estampando el
camión-bomba en el que se había subido contra un cuartel del ejército y en
septiembre las imágenes eran publicadas después de que Marquitos hubiese
comunicado a la familia la defunción y le hubiese entregado el testamento vital
del joven y el vídeo.
Marquitos, paradójicamente, incrementó su popularidad entre los yihadistas
tras resultar absuelto por terrorismo en la operación Duna, en la que también
fue acusado de captar a islamistas. Todavía más, según recoge el juez en el
auto, la noticia de las muertes de sus voluntarios, lejos de desanimar al resto,
«ha producido un efecto llamada entre los integristas» de Ceuta. De ahí la
necesidad de realizar la operación policial, ya que la red estaba en activo y
empezaba a hablar de hacer la yihad en casa.
Las primeras remesas de terroristas estuvieron compuestas de varones con
antecedentes delincuenciales. En la última, de cuatro voluntarios, tres, que
eran muy jóvenes, sufrían enfermedades mentales sin determinar y trastorno
bipolar.
Algunos familiares amenazaron a Karim Abdeselam, un tipo que a sus 37 años no
tiene ningún historial laboral pero sí conexión directa con el número 1 de Al
Qaeda. Vive desahogadamente desde hace mucho –en una casa de unos 200 metros– en
contraste con la miseria en la que se mueven sus objetivos del barrio ceutí de
El Príncipe. Sin embargo, también hubo otros, entre ellos la esposa de uno de
los suicidas, que salieron en su defensa el viernes, protestando al grito de
«somos musulmanes, no terroristas».
