Homenaje a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova hace dos años

30-07-2011 | La gaceta

Basagoiti cree que dar "algo" a los etarras "sería rematar a Diego y a Carlos y darles un motivo para que sigan extorsionando

Autoridades políticas, civiles y eclesiásticas se han reunido junto a vecinos, familiares y amigos en un acto de homenaje a Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà, los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova hace hoy dos años. La cita, que se ha iniciado pasadas las 13.00 horas en Palmanova (Mallorca), se ha realizado coincidiendo con el aniversario del último atentado etarra con víctimas mortales y ha comenzado con el izado de la bandera nacional mientras se interpretaba el himno.

El acto ha contado con la presencia de centenares de personas, entre ellas numerosos políticos de diferentes formaciones, como el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien ha realizado un parlamento en el que ha dado las gracias a la Guardia Civil, puesto que sin este cuerpo "ETA hubiera ganado la partida".

El líder del PP vasco

Además, Basagoiti ha mostrado su deseo de que Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà sean para siempre las "dos últimas víctimas" de la banda terrorista. "Se puede y debe derrotar a ETA", ha asegurado el 'popular', quien ha considerado que "cualquier otra cosa" que no sea el fin total de la organización terrorista "dejará fortalecida sus ideas y se podrá reactivar".

En este sentido, ha considerado que la banda terrorista debe perder toda esperanza de conseguir sus objetivos políticos puesto que "darles algo sería rematar a Diego y a Carlos y darles un motivo para que sigan extorsionando". "Sería un profundo error porque entenderían que asesinar da sus frutos", ha reiterado.

En cambio, el final de ETA ocasionaría que se fortaleciese "la España constitucional que ETA ha querido destruir", por lo que ha abogado por "ser firmes y exigentes". En este aspecto, ha considerado de vital importancia que PP y PSOE estén unidos porque "si hay fisuras, ETA se mete". Así, ha opinado que se debe tener "esperanza" en el final de la banda terrorista y ha apuntado que se debe continuar con la "rebelión ciudadana". Basagoiti también ha manifestado que los gobernantes no se deben nunca "dejar llevar por cantos de serpientes". "Vamos a derrotar a ETA para hacer justicia con todas las víctimas porque la sociedad vasca lo necesita y el conjunto de la sociedad española lo merece". "No tengan ninguna duda de que antes o después lo conseguiremos", ha concluido el líder de los 'populares' vascos.

Ofrenda floral

Por su parte, el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha mostrado su "esperanza" de que todos los 30 de julio sean recordados como el último atentado con víctimas mortales de ETA y que los nombres de Carlos y Diego sean los últimos nombres que figuren en "una lista demasiado larga". Asimismo, ha considerado que "los asesinos no pueden encontrar ninguna forma de 'blanquearse'". El delegado del Gobierno en la comunidad, Ramon Socías, ha remarcado que estos dos asesinatos "nunca nos hicieron más débiles o vulnerables". Así, ha agradecido a la Guardia Civil su trabajo y el hecho de que no se haya caído en el "juego del chantaje emocional" causado por los etarras.

Además, ha asegurado que se conducirá a los asesinos "más pronto que tarde" a la prisión, si bien ha admitido que ni las promesas, ni las buenas palabras podrán llenar el vacío causado con estos fallecimientos. Finalmente, también ha intervenido el actual alcalde de Calvià, Manuel Onieva, quien ha agradecido también su labor y valor a los agentes de la Guardia Civil. Tras los parlamentos, el acto ha concluido con una ofrenda floral y una oración a cargo del sacerdote-militar.

La alcaldesa comunista de Manilva nombra a su hermana y nuera cargos de confianza

30-07-2011 | La Gaceta

Antonia Muñoz (IU) ha incorporado como cargos de confianza a su hermana y su nuera en el Ayuntamiento de la localidad malagueña, con sueldos de 14 pagas de 1.900 y 1.341 euros, respectivamente.

La alcaldesa del municipio malagueño de Manilva, Antonia Muñoz (IU), ha incorporado como cargos de confianza a su hermana y su nuera en el Ayuntamiento de la localidad, concretamente como directoras de dos áreas, la de Extranjeros y Coordinación y la de Promoción, Imagen y Protocolo.

Con estos nombramientos el Ayuntamiento de Manilva, municipio de 14.000 habitantes, pasa a tener 20 directores de área de diferentes categorías salariales: seis de categoría A pertenecientes a IU, cinco de la B, de la ASM --partido con el que gobierna en coalición--; y otros nueve del partido de Muñoz en la categoría C.

En la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press se detalla que la hermana de la regidora percibirá como directora de Área 1.900 euros en 14 pagas, teniendo dedicación plena y exclusiva. A ello se le suma otro nombramiento, en este caso como asesora local del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el municipio para realizar comprobaciones para asegurar una correcta actualización de la numeración y rotulación de las vías que deben estar permanentemente actualizadas.

Por su parte, la esposa del hijo de Muñoz percibirá, según el decreto con firma de 8 de julio, 1.341 euros en 14 pagas, situándose dentro del grupo C y también con dedicación exclusiva. Antonia Muñoz está gobernando, tras las elecciones del pasado 22 de mayo, en coalición con la Asociación Socialista de Manilva (ASM), reeditando el pacto del anterior mandato, aunque no cumplieron los cuatro años.

El coordinador de Izquierda Unida en Málaga, José Antonio Castro, ha señalado a Europa Press que desconoce sendas contrataciones aunque ha asegurado que la hermana de la alcaldesa, Isabel Muñoz, es militante de la coalición desde hace "muchos años" e incluso era personal de confianza durante el gobierno de IU en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

"Lo de su hermana no me extraña tanto porque es militante y ha sido asesora aunque a la nuera no la conozco", ha apuntado Castro, quien ha informado de que precisamente la próxima semana mantendrá un encuentro en el Consistorio de Manilva "y ahí conoceremos qué se está realizando y a qué responde cada uno de los cargos de confianza", dentro de la ronda de contactos que está manteniendo la dirección en los municipios donde gobierna.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista de Manilva, Salvador Zotano, ha señalado que estos nombramientos son "indignos, más aún, teniendo en cuenta que hay 1.300 personas en paro" en la localidad. "Es una barbaridad", ha apostillado. En este mismo sentido, ha criticado el "nepotismo" de la regidora y ha manifestado que las "dádivas de Muñoz parece que no tienen fin". Además, ha rechazado que se haya elevado hasta 20 el número de directores de área, lo que supondrá "un elevado gasto para las arcas municipales". A ello, ha añadido, el hecho de que la alcaldesa "utiliza su poder sin límites para nombrar a personas de su propia familia, sin ningún tipo de pudor".

El PP acusa a TVE de convertir la televisión pública en "TeleRubalcaba"

• 30-07-2011 |La gaceta

  El PP pide al director de informativos de Televisión Española (TVE), Fran Llorente "neutralidad" y que no ponga la televisión pública al servicio de sus ideas.

• El secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, ha acusado al director de informativos de Televisión Española (TVE), Fran Llorente, de convertir "la televisión de todos en TeleRubalcaba" con su cobertura de los actos del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y le ha pedido "neutralidad" y que no ponga la televisión pública al servicio de sus ideas.

  En declaraciones a Europa Press, Floriano recalcó que respeta absolutamente las ideas de Llorente, que son las ideas de muchos españoles "pero no las de todos", por lo que le pidió que entienda que la televisión pública "no está al servicio de sus ideas" y, por tanto, "no está al servicio del señor Rubalcaba".

  En este sentido, el secretario de Comunicación de los populares incidió en que la televisión tiene que ser neutral "siempre", pero más "exquisitamente neutral" en estos momentos de precampaña electoral. En concreto, explicó que el telediario de las 15.00 horas de hoy sábado ha realizado "todo tipo de despliegue del acto pre-electoral" celebrado por el candidato socialista con las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, mientras que está constatado que cuando el PP hace este tipo de eventos "son despachados por el señor Llorente con una referencia como mucho".

  Rubalcaba, originador de problemas

  Por otro lado, en respuesta a las palabras de la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, que aseguraba que el candidato del PP a las elecciones generales, Mariano Rajoy, afronta los problemas de perfil mientras que Rubalcaba les planta cara, Floriano afirmó que el político socialista "nunca ha afrontado los problemas de frente", e incluso en muchas ocasiones los ha originado.

  "Él es el responsable del mayor recorte social que se ha hecho en la democracia formando parte del Gobierno que lo ha hecho; él es responsable del mayor crecimiento de paro en menor tiempo, que es el que se ha dado en los últimos años en nuestro país, formando parte del Gobierno que lo ha hecho, y él ha sido responsable de una política económica junto al señor Zapatero que ha provocado que el 46% de jóvenes quieran en este momento trabajar y no puedan hacerlo", recalcó.

  En esta línea, incidió en que son precisamente "las políticas del pasado las que han llevado a situaciones del pasado", porque en España ya se habían olvidado del dato de 20% de desempleo, del 46% del paro juvenil y de que estuviera en cuestión el estado del bienestar. Así, añadió que "desgraciadamente" cuando gobierna el partido socialista se vuelve a constatar como vuelven esas cifras de paro y vuelve a estar en cuestión el estado de bienestar.

  Asimismo, Floriano remarcó también que cuando el PSOE vuelve a gobernar la línea que debe separar siempre la lucha contra ETA respetando la ley "se vuelve a hacer difusa", porque a Rubalcaba le gusta moverse siempre "en las sombras del estado de derecho", tanto con los Gobiernos de Felipe González como en los actuales. "Por eso, que traten de presentárnoslo como un candidato de futuro estoy seguro que sonroja a cualquiera que tenga un poco de memoria", concluyó.

Bermúdez pretende salvar a Rubalcaba del azar judicial

MARÍA PERAL JOAQUÍN MANSO / Madrid

29/07/2011/El Mundo

Alega que lleva el caso al Pleno para que el tribunal que decida sobre el 'Faisán' no se elija «aleatoriamente» / Dice que prefiere que la presión recaiga sobre él

El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, justificó ayer en un e-mail enviado a la portavoz del Consejo del Poder Judicial su acuerdo de llevar al Pleno el caso Faisán en lugar de dejar que resuelva la Sección Segunda, a la que correspondía. Bermúdez, que dice que pretende liberar de presión al tribunal para que recaiga sobre él, aduce que la composición de la Sección es aleatoria, lo que dejaría la decisión al azar.

Bermúdez aventura que dos miembros de la Sección ven indicios de colaboración con ETA en los mandos policiales encausados y otros dos no. Prejuzga, así, el criterio de unos magistrados que ni siquiera se han sentado a examinar el auto del juez Ruz. Uno de los jueces supuestamente contrarios al procesamiento no ha expresado su posición en resolución alguna, sino sólo en comentarios confidenciales.

Bermúdez envió el e-mail con el encabezamiento «estimada Gabriela» a la portavoz del CGPJ, que a su vez se lo reenvió al presidente, Carlos Dívar. Bermúdez copió al vocal José Manuel Gómez Benítez el texto remitido a Gabriela Bravo tras consultar con la vocal la mejor vía para reaccionar frente a las críticas que ha suscitado su decisión de avocar al Pleno el caso Faisán.

Miembros de la Sala Penal se manifestaron indignados al conocer por los medios de comunicación el correo de Bermúdez, que calificaron de «desfachatez». «Es bestial que el propio presidente de la Sala aventure cuál va a ser la posición de los magistrados antes de estudiar y deliberar el asunto», se quejaron.

La comunicación se llevó a cabo al margen de los cauces oficiales y soslayando el procedimiento sobre difusión de comunicados y notas que aprobó la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional precisamente a propuesta de Bermúdez.

Ninguna previsión legal obligaba al presidente de la Sala Penal a explicarse, sino que lo hizo para salir al paso de las críticas que está recibiendo por su decisión unilateral de arrebatar el caso a la Sección a la que correspondía resolver los recursos contra el auto de procesamiento de los mandos policiales encausados, Sección que hasta ahora ha apoyado sistemáticamente las decisiones del instructor, Pablo Ruz, y que, en abril, calificó el chivatazo a ETA como un posible delito de colaboración con banda armada en lugar de como una simple revelación de secretos, que es lo que defiende la Fiscalía. Esta segunda opción obligaría a que la causa pasase de la Audiencia a los juzgados ordinarios de Irún.

En su correo electrónico a la vocal Gabriela Bravo, Bermúdez dice que la Sección Segunda está compuesta por cinco magistrados, de los que dos, según asegura, ya han manifestado su criterio a favor de mantener la calificación de colaboración con banda armada, mientras que otros dos, dice, se han opuesto a esa calificación jurídica.

Para resolver ahora los recursos contra el procesamiento, la composición de la Sala -de tres magistrados- se decidiría de forma aleatoria, según Bermúdez, con lo que sería el azar el que determinaría qué magistrados entrarían a resolver y, con ello, el fondo de la resolución.

El juez no cita por su nombre a los magistrados cuyo posicionamiento aventura, pero los dos que estarían a favor de calificar los hechos como una colaboración no pueden ser sino Fernando García Nicolás y Julio de Diego, que en abril firmaron un auto en ese sentido. De los otros dos, uno es José Ricardo de Prada, que entonces argumentó que los hechos no constituyen ningún delito.

No obstante, ninguno de los tres se había posicionado acerca de otros aspectos que se deliberarán en el Pleno, como si los indicios son suficientes para procesar a los mandos o si su opinión sobre la calificación jurídica se mantiene después de conocer nueva documentación sin duda relevante, como el informe final del equipo investigador.

El cuarto magistrado al que se refiere Bermúdez sólo puede ser Enrique López o Ángel Hurtado, aunque, según fuentes de la Audiencia,este último únicamente ha hecho algún comentario informal sobre cuál podría ser su posición en reuniones confidenciales.

Ni López ni Hurtado han manifestado nunca a través de un auto un criterio jurídico contrario a calificar el chivatazo como una posible colaboración con ETA. Antes al contrario, López redactó en febrero de 2010 una resolución -que Bermúdez omite en sus cálculos- en la que afirma que los hechos «constituyen un delito de revelación de secretos y, a su vez, de colaboración con banda armada», aunque la calificación no quedaba cerrada. Y entre los firmantes se encontraba también Hurtado. Este último fue ponente en mayo de un auto en el que se rechazaba el testimonio de Antonio Camacho, pero nada decía de la colaboración.

Policías denuncian los 'escupitajos, peinetas y despelotes' de los indignados contra ellos

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

29/07/2011/El Mundo

La Unión Federal de Policía (UFP) ha difundido un comunicado cuyo título expresa a las claras cuál es su estado de ánimo frente a la actitud de los centenares de indignados que acampan por Madrid. «Ahora los indignados somos los policías», dicen y aseguran que han sido objeto de «insultos, ataques, menosprecios y provocaciones de esta gente que nos escupe» y a la que «hemos aguantado peinetas y despelotes» ante la pasividad de la delegada del Gobierno, Dolores Carrión.

Los agentes son muy descriptivos en su relato y dirigen sus iras no sólo contra los manifestantes, sino contra la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, que, a su parecer, «durante 91 días ha brillado por su ausencia» y ha sido incapaz de hacer que se cumpla la Ley, mientras ellos han de soportar evidentes faltas de respeto a la autoridad y agresiones.

Desde el pasado sábado, los indignados han realizado en Madrid varios cortes de arterias muy sensibles, que han sido respondidas con acciones policiales. Y, ayer, un centenar se manifestó frente a la sede del Banco de España para protestar por la «complicidad de este organismo con las prácticas especulativas que generaron la crisis».

Los agentes aseguran que están «hartos, irritados, rabiosos, furiosos, coléricos, sulfurados, crispados y, como no, indignados de ser el centro de sus críticas». «Nos escupen (alguno tenía en el uniforme hasta cinco escupitajos), nos mean las botas, se desnudan delante de los uniformados y nos tratan de asesinos, maltratadores e hijos de puta», lamenta la UFP. «Sólo por mirarles», insisten los policías, «cuando estamos protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los suyos».

«Hemos aguantado peinetas en las narices y despelotes de algunas de las chicas de estos grupos que no parecían personas civilizadas», reprochan a la delegada.

La nota de la UFP recuerda que son los indignados los que están actuando de forma ilegal y desmiente tajantemente que el martes, en uno de los desalojos de la Castellana, a la altura del Congreso, se hubiere aplicado una fuerza desproporcionada. «Nunca se cargó», apuntan los agentes, que precisan que cuatro de los manifestantes y siete policías tuvieron que ser atendidos aunque por contusiones leves.

No entienden cómo es posible que 400 personas hayan «secuestrado a miles de ciudadanos en sus coches», que se estén manifestando en contra de lo que su propia Comisión Legal les recomendó, que «paralicen el centro de Madrid cuando les da la gana vulnerando el derecho a la libre circulación del resto», y la autoridad no se lo impida.

«A ver si se entera de una vez», reclaman a la delegada Dolores Carrión, «usted es la máxima responsable de las Fuerzas de Seguridad y del Orden Público de la región y es la que tiene que decir cuándo, cómo y por qué se carga o se desaloja», y es la que «tiene que dar la orden». Le recuerdan que el derecho a reunión viene regulado en varias leyes y que, en aplicación de éstas, su sindicato está impelido a pagar dos multas de 6.000 euros por cortar la Castellana frente al Ministerio del Interior para pedir un plus de capitalidad para los policías de Madrid.

«Ellos serán los indignados del 15-M, pero nosotros somos los indignados del 15-M, del 16-M, y así, hasta 91 días, los 91 días que usted ha brillado por su ausencia», concluyen. Más información en M215-M

P. HERRAIZ

29/07/2011

Atacan a la Policía para defender a un agresor

La buena intención de proteger a los inmigrantes sin papeles de redadas acabó en agresión a la Policía. Y además, por una causa equivocada. Decenas de personas, 300 según la Policía, intentaron impedir la detención de un senegalés en la plaza de Lavapiés. Los agentes iban a detenerlo por la denuncia de un marroquí, que llamó al 091 para decir que hace días este hombre le había agredido y estaba en la plaza. Sigue en página 2

La Jefatura Superior de Policía explicó ayer que este marroquí llamó a la sala del 091 hacia las 22.30 horas del miércoles y contó que había puesto una denuncia contra el sengalés en la comisaría de Arganzuela hace unos días, poco después de sufrir la agresión. Al ver al joven subsahariano en la plaza, avisó a los agentes, y desde la sala enviaron un coche patrulla.

Los primeros policías que llegaron a Lavapiés contactaron con el marroquí, que les señaló al hombre que le había pegado hace unos días. Los policías se acercaron a él y le pidieron que se identificara, pero él se negó.

Según la versión policial, el joven senegalés, que tiene 26 años y 38 detenciones anteriores, empezó a gritar a los agentes, a decirles que eran unos racistas y a escupirles. Los policías le pidieron que se identificara, pero la tensión creció entre ellos y el senegalés cada vez gritaba más alto.

Pidieron refuerzos

Ante sus voces, comenzó a llegar gente y a rodear a los policías. Éstos avisaron por la emisora para que se enviaran refuerzos.

Poco después había tres coches patrulla en la plaza, pero el gentío ya estaba contra los agentes, pensando que se querían llevar detenido al joven africano sólo por su color de piel.

La situación se prolongó durante algo menos de media hora. Al cabo de un rato en el que la gente insultaba a los agentes y trataba de impedir que se llevaran al senegalés ya había 10 coches de policía en la plaza.

En los forcejeos y las tensiones hubo varios lesionados. Según la Jefatura Superior de Policía, cuatro de sus agentes resultaron heridos por botellazos que recibieron de los indignados, les acusaron de racistas en muchas ocasiones, y el joven senegalés se resistió mucho a ser metido en el coche.

Dicen los policías que cuando intentaban meterle en el zeta el joven se intentaba dar golpes a sí mismo contra el coche para autolesionarse.

Dicen también que cuando por fin lo metieron en la parte de atrás del coche patrulla empezó a dar patadas a la mampara y continuó con su intención de autolesionarse. Uno de los policías decidió meterse con él en la parte de atrás para sujetarle, pero también fue agredido.

Se estableció un cordón policial para evitar que la gente se aproximara a los coches y al detenido. Entre el gentío, los 10 coches de Policía consiguieron marcharse de la plaza, aunque todavía había decenas de personas increpándoles.

Uno de los vehículos también sufrió destrozos, como la rotura de la luna trasera y de otras piezas, como el espejo retrovisor.

Las 'brigadas'

Desde hace semanas, en Lavapiés se ha incrementado la presencia de las autodenominadas Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, o brigadas antirredadas, que protestan por la identificación de inmigrantes en su barrio.

Precisamente el miércoles, día del suceso, por la mañana se habían facilitado datos de inmigrantes detenidos durante estas identificaciones. Este colectivo, que lleva ya años denunciando las redadas masivas para aumentar la estadística de detenidos, dijo que 414 personas han sido arrestadas de esta manera en lo que va de año.

Los sindicatos policiales también han denunciado este paloteo de detenidos en numerosas ocasiones. El problema es cuando un delincuente utiliza a su favor esta sensibilización de la población, como ocurrió en el caso de anteanoche, en el que el racismo o la xenofobia no tenían nada que ver con lo que ocurría. El joven arrestado, entre sus 38 antecedentes, tiene una gran mayoría por atentado contra agente de la autoridad y otros altercados.

La Justicia, para el Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que se conformaría con mantener las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y Dependencia y que cedería al Estado la Justicia «porque es un poder nacional».

La presidenta calificó de «increíble» que el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, haya dicho que la Constitución no prevé la devolución de competencias por parte de las Comunidades Autónomas.

Aguirre considera que se han cedido las competencias a las comunidades cuando se trata de un poder nacional, un poder del Estado.

«La consecuencia de esas transferencias a medias -afirmó- es que no hay manera de poner control de horarios en los juzgados, ni saber si falta gente». Considera que debe ser el Gobierno de la nación el que controle toda la Justicia de forma global y no fraccionarla.

Condenan a Núñez y al ex jefe de Hacienda en Cataluña por cohecho

C. ÁLVAREZ / G. GONZÁLEZ / Barcelona

29/07/2011/El Mundo

El ex presidente del Barça y su hijo deberán cumplir seis años de prisión cada uno

«Las conductas analizadas, por su extrema gravedad, deben ser objeto de un importante reproche; reproche no sólo penal, sino incluso social, pues en última instancia el perjuicio causado no lo es a una estructura ajena a los ciudadanos, sino a todos los contribuyentes ya que a quien se defraudó fue a la Hacienda Pública». De esta forma, la Sección 9 de la Audiencia de Barcelona argumenta las duras penas impuestas a 14 de los 16 procesados por el caso Hacienda. Entre ellas se encuentran los 13 años de prisión para el ex jefe regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, por cohecho, falsedad de documento oficial, prevaricación, omisión de perseguir delitos e infidelidad de custodia de documentos, además de una multa de seis millones de euros. Junto a él, otros ex inspectores de Hacienda también han sido condenados a penas importantes. Álvaro Pernas, a 12 años; Manuel Abella, a 11; Roger Bergua a nueve, por delitos similares a los de su superior.

Pero, si el tribunal hace «expresa repudia» de la conducta desarrollada por estos funcionarios, ya que «se aliaron con los económicamente fuertes» a cambio de «su deslealtad», también lamenta la actitud de los empresarios condenados, que «optaron por primar sus espurios intereses y enriquecerse personalmente a costa del sacrificio del resto de contribuyentes». Entre los empresarios culpables destacan José Luis Núñez y su hijo, responsables del grupo Núñez y Navarro, y un directivo de esta empresa, Salvador Sánchez, condenados cada uno a seis años de prisión por cohecho y falsedad documental; Eduardo Bueno, propietario del grupo Ibusa, y su mano derecha, Francisco Colomar, condenados a dos años de prisión por falsedad en documento oficial, o el asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete, también condenado a dos años por falsedad documental.

La sentencia absuelve al financiero Javier de la Rosa, al que deja al margen de esta trama corrupta formada por inspectores de Hacienda que aceptaban regalos y dinero a cambio de permitir operaciones fiscales fraudulentas de grupos empresariales relacionados con la compraventa de inmuebles. El tribunal también sitúa como nexo de unión entre los funcionarios y los empresarios al abogado y ex asesor jurídico Juan José Folchi, que deberá cumplir siete años y medio de cárcel por cohecho y falsedad documental. Junto a las penas de prisión, los condenados deberán hacer frente a multas e indemnizaciones millonarias.

La sentencia considera que esta «trama de corrupción» ha supuesto una «pérdida de confianza» para la ciudadanía, ya que los encargados del controlar la recaudación fiscal «se colocaron en el mercado del soborno». Acusa a los inspectores de Hacienda de idear un entramado para favorecer a los grupos empresariales Torras, Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro, con los que tenían contactos por el control de sus cuentas, a cambio de regalos o dinero en efectivo. Para ello, tenían un «pacto de silencio» con intereses comunes y falsificaban las actas de inspección para ocultar al fisco las plusvalías obtenidas con compraventas inmobiliarias entre sociedades internas de los propios grupos empresariales.

Además, destacan los negocios que tenían algunos de los funcionarios con otros condenados, como las inversiones que hacía Huguet en bancos suizos a través de Folchi. En estas operaciones, que todo el mundo conocía, según dijo en el juicio el ex ministro Josep Borrell, participó el ex delegado de Hacienda en Cataluña Ernesto Aguiar, que finalmente fue exculpado. La confianza personal que unía a Huguet con Borrell obligó al político catalán a renunciar tras ganar las primarias del PSOE para la designación del candidato presidencial, en abril de 1998.

El tribunal indica que los sobornos realizados por los responsables del grupo empresarial Núñez y Navarro a los ex inspectores de Hacienda Bergua y Abella les permitieron dejar de declarar aproximadamente 2.182 millones de pesetas (13,1 millones de euros) entre 1991 y 1999. En concreto, el tribunal destaca que José Luis Núñez , su hijo y Salvador Sánchez desarrollaron «una compleja práctica ilícita» para eludir el coste fiscal de sus beneficios.

Los empresarios facilitaron a Abella y Bergua viviendas a precio muy por debajo de su valor de mercado, así como acceso a una hipoteca en condiciones muy ventajosas, pagos de reformas y dinero en efectivo, unos 91 millones de pesetas a Abella en nueve años, para poder pagar estos pisos, a cambio de permitir este fraude fiscal.

OORBYT.es

>Carol Álvarez analiza las condenas del 'caso Hacienda'

Medidas cautelares

> La Fiscalía pedirá hoy varias medidas cautelares para los ocho condenados en el 'caso Hacienda' a penas más altas de prisión. Estas medidas, que serán diferentes dependiendo de la gravedad de la condena, van desde la petición de ingreso en prisión de forma provisional a la retirada del pasaporte para evitar que se abandone el país.

> Casi todos los abogados de los 14 condenados en este procedimiento han anunciado que presentarán un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona. El primero en reaccionar fue Javier Melero, abogado de José María Huguet, que calificó la decisión judicial de «desproporcionada»

DARÍO PRIETO / Madrid

29/07/2011

Frente al cisma, elecciones en la SGAE en enero

Unanimidad después de que algunos directivos cuestionasen la refundación

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) aprobó ayer por unanimidad todas las propuestas presentadas el pasado 21 de julio, una batería de medidas que se interpretó como un acercamiento a las reclamaciones de la principal candidatura opositora en las pasadas elecciones de la entidad (De Otra Manera, DOM, encabezada por José Miguel Fernández Sastrón) y de los firmantes del manifiesto por la refundación de la entidad, impulsado por el dramaturgo Fermín Cabal. Entre esas propuestas, destaca la convocatoria de nuevas elecciones para la Junta Directiva de la entidad para el próximo 16 de enero.

Además, convocó una asamblea general extraordinaria de socios para el próximo 20 de septiembre, en la que se debatirá y revisará el sistema electoral para «ampliar la base democrática de participación». El siguiente paso será someter a los socios dicha modificación de los estatutos en una nueva asamblea, finalizando el proceso con los comicios.

De igual forma, la Junta decidió respaldar otras propuestas anunciadas el 21 de julio, como la de dejar vacante la dirección general de la entidad, poner en marcha una comisión de investigación dirigida por el ex magistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas y designar un director económico financiero de la SGAE «cuya misión primera será reexaminar todos los procedimientos de control presupuestario y poner un marcha un plan de desinversión en Arteria», la red de teatros de la SGAE impulsada por el ex presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista. El responsable de esta tarea será José María Díez-Picazo.

La aprobación por unanimidad de estas medidas pone fin al cisma abierto entre los miembros de la Junta en los últimos días. Primero fue una carta remitida por Teo Cardalda (componente del grupo Cómplices) y la cantautora Inma Serrano en la que se cuestionaba la Comisión Rectora creada para sustituir a Teddy Bautista tras su renuncia. A esa propuesta se sumaron otros cinco miembros de la Junta hasta llegar, ayer, a las 15 adhesiones.

De forma paralela, Caco Senante, líder de la candidatura que apoyaba la gestión de Bautista y que obtuvo la victoria en las elecciones del 30 de junio, envió una serie de preguntas a la Junta sobre diversos aspectos de la «refundación» de la entidad, especialmente centradas en el desmontaje de Arteria y en la labor de la Comisión Rectora.

Según explicó a EL MUNDO uno de los asistentes a la reunión de ayer, existían ciertos temores y dudas sobre que estas acciones llevasen a un cisma efectivo en la Junta, algo que finalmente no ha ocurrido. «No se ha hecho ninguna sangre y no ha habido nada forzado, tan sólo debates respecto a determinados matices», se felicitó el miembro de la Junta tras calificar de «muy satisfactoria» la asamblea y de subrayar que la nueva SGAE «tiene que dar cabida a todo el mundo».

También se mostró satisfecho Fermín Cabal, quien señaló que ahora se abre un periodo para trabajar en la asamblea del 20 de septiembre. «Espero que la hoja de ruta se mantenga y que en la asamblea se debata no sólo de la limitación de mandatos dentro de los directivos de la SGAE, sino también de la limitación de cargos», afirmó el dramaturgo. Lo único que lamentó Cabal fue de la decisión de la Junta de nombrar al dramaturgo y guionista Santiago Moncada (presidente de Fundación Autor y autor de obras como Esmoquin) como presidente de la entidad en sustitución de José Luis Borau, debido a su perfil demasiado ligado a la anterior dirección

Josep Anglada: “Si ser católico, tener ideas sociales y creer que primero son los de casa es ser de extrema derecha…pues quizás lo sea”

Alerta Digital

Anglada firma una dedicatoria a uno de los asistentes a su conferencia en tierras burgalesas.

A.M.- Nació hace 51 años en Vic, ciudad barcelonesa de la que es concejal Josep Anglada ha sido capaz de convertir aquel partido de orientación local, con el que concurrió por primera vez a las elecciones locales de 2007 en su localidad natal, en la formación política rutilante del firmamento político catalán y español. Indiscutible referencia del movimiento identitario en España, pone ahora sus objetivos en la extensión de su proyecto político fuera de Cataluña y en horadar las puertas del Palacio de San Jerónimo, sede del Congreso de los diputados y santuario de la casta política española desde las primeras elecciones partitocráticas de 1.979.

Este fin de semana estuvo en Lerma (Burgos), muy cerca del lugar de nacimiento de Rodrigo Díaz de Vivar, el legendario héroe español que dedicó su vida a la expulsión de los musulmanes de territorio ibérico. Allí, en uno de los principales iconos nacionales, Anglada recabó apoyos para su proyecto político nacional y desgranó algunas propuestas estratégicas de hondo calado.

-Parece que sus proyectos encuentran adeptos…

Sí, sobre todo por la sensación de necesidad de abrir una tercera vía al PP y al PSOE. En Cataluña estamos triunfando y la fórmula se puede exportar. Nosotros en ningún caso integramos a grupos, sí a personas.

-Usted habló en Lerma de crear un partido nacional único como alternativa real. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice usted lo del partido único?

Estamos viendo fórmulas federales de hacerlo, algo parecido a lo que se ha hecho en CiU. Es un tema complicado, pero el partido único a nivel nacional seguirá siendo Plataforma por Cataluña, aunque evidentemente la denominación será diferente y tomaremos un nombre para, el día 2 de octubre, hacer la presentación en Barcelona. El resto de España va a actuar con ese nombre que ya tenemos pensado.

-¿Qué etiqueta le cuadra mejor, la de extrema derecha, la de partido nacionalista español…?

De esas ninguna. No estamos en la órbita de lo que me dice. Somos el partido del sentido común al servicio de los ciudadanos. Ya no existe ni el concepto de derecha ni el concepto de izquierda. Después de 32 años en los ayuntamientos se ha demostrado que no se vota a la derecha o a la izquierda, sino a lo que pueda hacer un político. Puede haber conceptos de partidos que están catalogados a la derecha que son muy interesantes, pero también puede haberlos entre los partidos denominados de izquierda.

-Ocurre que su rasgo más conocido es la crítica al fenómeno de la inmigración y la defensa de un proteccionismo del mercado laboral para los españoles, y eso siempre se relaciona con un mensaje xenófobo.

Yo entiendo lo que me dice, pero nosotros no vamos contra la inmigración, lo que decimos es que hay que controlarla. Es muy difícil poder entrar en el mapa político español. Nosotros hemos conseguido hacerlo en Cataluña tras haber nacido hace ocho años y cualquier partido tiene que tener una bandera o espacio político con el que le identifiquen. Cuando nos presentamos en el año 2003 existía un tema tabú, el de la inmigración, que estaba generando problemas. Yo creo que a día de hoy es un problema, y Plataforma por Cataluña tuvo la valentía de ponerlo encima de la mesa de forma democrática.

A Esquerra se la conoce como un partido independentista, es su marca, pero se trata también de algo más, de tener una hoja de ruta. Aún así es cierto que somos conocidos por querer un mejor control de la inmigración, pero de ahí a decir que somos racistas…

-¿Cuáles son, entonces, las líneas programáticas maestras del partido que pretenden fundar?

Hay que acabar de una vez por todas con los abusos de la clase política y la corrupción. Hay muchas administraciones que, en un momento de crisis, deberían eliminarse, como el Senado, que no sirve absolutamente para nada. El gran problema que tenemos en España es que el PP tampoco es alternativa al PSOE porque no aporta ninguna solución para salir de la crisis. Nosotros mentiríamos si dijéramos que tenemos la fórmula para salir de la crisis.

Estamos sembrando para recoger el día de mañana y creo que vamos a necesitar de un tiempo. Uno de nuestros objetivos es poder regenerar la política a nivel nacional como estamos haciendo en los ayuntamientos.

-En los momentos de crisis económica el populismo siempre encuentra más apoyos. Con eso, claro, cuentan…

La verdad es que yo mentiría si dijese lo contrario, pero para que se dé esta situación tienes que estar ahí, y los hay que han fracasado en el intento. Pero también es debido a un trabajo bien hecho de ocho años en Cataluña. Si hemos multiplicado por cinco nuestros votos y representantes públicos, será porque hemos hecho algo. Estoy de acuerdo en que en tiempo de crisis tenemos más posibilidades, pero venimos de un trabajo anterior.

-En Europa la extrema derecha sí se reconoce como tal, pero aquí parece que da pudor, ¿o es que hablamos de algo diferente?

En estos momentos Plataforma por Cataluña tiene muy buenas relaciones con partidos a nivel europeo de corte populista, como la Liga Norte Italiana o últimamente con el Frente Nacional de Le Pen. Es una etiqueta que se les tache de extrema derecha, no es que a mí en España me dé algo porque nos llamen de extrema derecha, pero creo que no es cierto. Pero mire, el Frente nacional francés puede convertirse en la segunda fuerza más votada, en Austria también son importantes… A mí alguna vez me tendrán que decir qué es lo que significa “extrema derecha”. Yo quiero que no haya la tasa de paro que tenemos, soy católico, pienso que primero los de casa, que hay que hacer proyectos sociales, viviendas sociales… Si eso es ser de extrema derecha… pues quizás lo sea, pero a nosotros en Cataluña casi nunca nos ponen esa etiqueta.

-¿No?

No. Mire, yo soy de Vic, de la Cataluña profunda en la que se habla catalán, tengo 51 años y solamente había militado en un partido cuando tenía 19 años. Todo el mundo me conoce en mi ciudad; pues oiga, un 20% me han votado en las elecciones de 2011 siendo la segunda fuerza más votada en Vic. Hoy los ciudadanos no miran al político por lo que le digan que es. La gente se pregunta si el político se quiere preocupar de los problemas ciudadanos o dedicarse a vivir de la política. Nosotros estamos para servir al pueblo, no para servirnos de él.

Los policías están "hartos, rabiosos, furiosos..." con los indignados

POR LA PERMISIVIDAD DEL GOBIERNO

Durísimo comunicado de la Unión Federal de Policía en Madrid por la permisividad de la Delegada del Gobierno y las actitudes vandálicas de los indignados.

• Documento: Comunicado de la Unión Federal de la Policía

• La Policía arrincona a los 'indignados' en el Paseo del Prado

2011-07-28

LIBERTAD DIGITAL

El Comité Regional de Madrid de la Unión Federal de Policía ha hecho público este jueves un comunicado en el que, con una inusitada dureza, muestras su enfado por la permisividad que la Delegada del Gobierno, María Dolores Carrión, con las manifestaciones ilegales convocadas por los indignados en la capital.

El sindicato policial defiende su actuación de este miércoles frente al Congreso y asegura que "nunca se cargó" contra los manifestantes tal y como "algunos quieren dar a entender". Sin embargo, "en venganza" por esta actuación los indignados se manifestaron "de forma ilegal" y "secuestrando a miles de ciudadanos en sus coches".

Así, frente a los indignados los policías se declaran "hartos, irritados, rabiosos, furiosos, coléricos, sulfurados, crispados y, como no, indignados" por ser el centro de "críticas, insultos, ataques, menosprecios y provocaciones" y reclaman a la delegada del Gobierno que "se entere de una vez" de que es "la máxima responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Orden Público" en Madrid.

"Usted – dicen a la representante gubernamental – es la que tiene que decir cuándo, cómo y por qué se carga o desaloja". Recuerdan a Carrión que el derecho a reunión está regulado por una Ley Orgánica y que el propio sindicato tiene dos multas de 6.000 euros por incidentes mucho menores.

Todo tipo de vejaciones

Una de las partes más llamativas del comunicado es la relación de los "regalos" que les hacen los indignados cada vez que se enfrentan: "Nos escupen, nos mean en las botas, se desnudan delante de los uniformados y nos tratan de asesinos, maltratadores e hijos de puta solo por mirarles".

No es raro, por tanto, que los policías se autodenominen "indignados de los últimos 91 días" con la esperanza de que así les "haga más caso" y "se preocupe más de nuestros problemas".

Bermúdez manda una carta a Dívar para justificar sus maniobras en el Faisán

ANTE EL CGPJ

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia arguye que la opinión de los magistrados está muy dividida.

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Javier Gómez Bermúdez. Archivo

• Camacho dice que no ha habido presiones
• "La colaboración con banda armada no exige compartir fines"
• Pedraza, sobre el Faisán: "No vivamos otro 11-M"
• ETA vuelve a utilizar el centro Henry Dunant

2011-07-28

libertad digital

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha explicado que su decisión de elevar a Pleno la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA se debe al intento de evitar que un asunto tan "delicado" y "complejo" quede en manos de un sorteo, han indicado a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una carta privada remitida a varios vocales del Consejo y a su presidente, Carlos Dívar, el magistrado ha indicado que la Sección que en un inicio debía hacerse cargo de revisar la imposición a los tres procesados en la causa del delito de colaboración se encuentra a día de hoy muy dividida.

La misiva especifica que de los cinco miembros de la Sección Segunda --Fernando García Nicolás, Enrique López, José Ricardo de Prada, Ángel Hurtado y Julio de Diego-- es manifiesto que dos de ellos se inclinarían por ratificar la decisión del juez instructor Pablo Ruz y otros dos, sin embargo, están posicionados en contra de su criterio.

En opinión de Gómez Bermúdez este hecho provocaría que la decisión final sobre si el delito de colaboración implica la existencia de una afinidad ideológica con los terroristas quedara en manos de la suerte dado que la elección de qué tres de esos cinco jueces serían los encargados finales de decidir dependería de un sorteo aleatorio.

El presidente de la Sala de lo Penal considera que "dada la gravedad del asunto" no parece lógico que la composición del tribunal quede fijada de forma aleatoria y sí más justo que la cuestión sea analizada en profundidad por 14 magistrados.

La carta redunda en la complejidad jurídica de la cuestión, que versa, entre otras cuestiones, sobre la interpretación del delito de encubrimiento, la voluntad de colaborar con los fines terroristas o el estudio de la suficiencia de indicios.

Bermúdez, alineado con el Gobierno

Madrid

28/07/2011/El Mundo

El PP acusa al juez del 11-M de «echar una mano» al Ejecutivo en el 'caso Faisán'

(Foto de archivo: Gómez Bermúdez recibiendo de manos de Rubalcaba una de las condecoraciones, en presencia de Camacho, hoy Ministro del Interior)

El PP situó ayer como nunca en su punto de mira al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por haber impuesto el traslado al Pleno de la decisión sobre el futuro judicial del caso Faisán. Sólo el ya suspendido Baltasar Garzón había merecido alguna vez el oprobio que para un juez de carrera representa que el principal partido de la oposición le atribuya públicamente una alineación política al servicio del Ejecutivo.

Fue el diputado Ignacio Gil Lázaro, habitual encargado en el PP de ejecutar la estrategia dialéctica de trazo más grueso en relación al chivatazo a ETA, quien acusó a Bermúdez de «echar una mano al Gobierno» y de «proteger sus intereses políticos en este asunto». En declaraciones a Europa Press, descalificó como «ciertamente lamentable» la actuación del juez del 11-M.

La Fiscalía pretende que los tres mandos policiales del chivatazo no puedan ser procesados por colaboración con banda armada -hasta 10 años de cárcel-, lo que implicaría trasladar la causa a los juzgados de Irún y reducirla a una revelación de secretos, con un tope de tres años de prisión. De no haber intervenido Bermúdez, la decisión habría correspondido a la Sección Segunda, que en abril ya había concluido que los hechos constituyen un posible delito de colaboración y era del todo improbable que se retractase. Ahora, lo debatirán 14 magistrados en Pleno (se excluyen los cuatro de la Sección Tercera, que es la que enjuiciaría el caso si se mantiene en la Audiencia, para evitar contaminarse).

En este sentido, Gil Lázaro recordó que el propio Bermúdez reconoce en la sentencia del 11-M que «no hace falta comulgar con la ideología de una organización terrorista para incurrir en el tipo de colaboración con banda armada». «Eso es exactamente lo mismo que sostiene el juez Ruz en sus autos de procesamiento, así que, ¿dónde está esa complejidad técnica y jurídica a la que alude Gómez Bermúdez?», se preguntó el diputado del PP, que cree que, con esa «frase altisonante», lo que busca el presidente del tribunal del 11-M es «echar un cable al Gobierno por la enorme complejidad política, y también penal, con la que se enfrenta».

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cargó las tintas contra la Fiscalía, de la que dijo que actúa «en una clara posición partidista y a favor del Gobierno» para «tratar de rebajar el delito». Asimismo, anunció que volverá a pedir la comparecencia del fiscal general del Estado, para que explique por qué dictó la circular que impone la interpretación del delito de colaboración con banda armada que favorece a los procesados. En todo caso, expresó su confianza en que las «gravísimas» acusaciones se juzguen en la Audiencia.

También ayer, el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, consideró que si la causa -en la que su asociación ejerce la acción popular- se traslada a Irún, «no sólo se favorece al PSOE o al Gobierno, sino a Bildu y a todo el entorno proetarra, y eso es lo preocupante».

A la medida del ministro. El ministro del Interior, Antonio Camacho, se prueba en la imagen una tradicional chechia en el zoco de Túnez, adonde viajó para tratar sobre cooperación policial. Allí, nadie le preguntó por los procesamientos del Faisán, aunque su teléfono aparece repetidamente en el sumario

Eibar mantiene una placa en honor al etarra 'Azkoiti'

JAVIER G. NEGRE / Bilbao

28/07/2011/El Mundo

Dignidad y Justicia reclamó sin éxito al alcalde del PSE que la retirara

El municipio de Eibar sigue rindiendo homenaje «a uno de los fundadores de ETA», según Dignidad y Justicia. El Ayuntamiento del PSE mantiene una placa en honor a varios miembros de la banda, entre los que figura el histórico dirigente de ETA, José Luis Arrieta, Azkoiti, a pesar de la petición de la asociación para que se retire una insignia que «hiere gravemente la sensibilidad de las víctimas del terrorismo».

La placa metálica, ubicada en la céntrica calle de Toribio Etxebarria, fue colocada el 27 de septiembre de 2006 y rinde tributo a ocho personas, entre las que se encuentran varios integrantes de ETA ya fallecidos como José Luis Arrieta Azkoiti, uno de los cerebros del aparato financiero de ETA y asiduo al popular bar Faisán, desde donde organizaba el cobro del impuesto revolucionario hasta su detención en Francia en 1986.

Esta insignia fue colocada para «actualizar», según Dignidad y Justicia, una anterior que permanece desde 1984 en el mismo emplazamiento y que no incluye a Azkoiti, que falleció en 2001 en Toulouse, pero sí a las otras siete personas, entre las que se pueden apreciar otros miembros de ETA como Felix Badiola y Jose Antonio Garate Sua, que perecieron en 1980 al estallarles un artefacto explosivo que transportaban; Xabier Gorrotxategi, muerto en el mismo año en un enfrentamiento armado contra la Guardia Civil; o Josu Retolaza, que falleció de cáncer tras permanecer en la cárcel.

El alcalde en funciones de Eibar, Eneko Andueza, aclaró que su corporación municipal no tenía «constancia de la existencia de la placa» ni de «la presencia de terroristas en ella» hasta la llamada de EL MUNDO. Esta versión choca con la postura del presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que asegura que envió en mayo «una carta certificada» a una casa consistorial que tras las elecciones municipales sigue contando con el mismo alcalde socialista, y que no dio «respuesta alguna» a sus requerimientos.

«Es lamentable que el PSE, que va predicando tolerancia cero contra este tipo de actos, permita que en un ayuntamiento suyo se mantenga una placa que saben que existe», critica Portero, que ya censuró en la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo la actuación del PSE en San Sebastián, donde el ex alcalde, Odón Elorza, «se negó a retirar» el nombre del paseo de Mikel Gardoki, en honor a otro miembro de ETA, recurriendo incluso una sentencia judicial que ordenaba el cambio.

La desinformación en la que se escuda el consistorio eibarrés tampoco la suscribe la edil popular Carmen Larrañaga, que cuenta cómo «en varias ocasiones» le mencionó a los representantes municipales del PSE la existencia de la polémica insignia, que «está relegada al olvido» y para la que reclamará «oficialmemente» su retirada en septiembre

París

28/07/2011

La Fiscalía gala se resiste a entregar al etarra Derguy

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de Agen (sur de Francia) expresó ayer algunas objeciones para entregar a España al etarra Daniel Derguy, de nacionalidad francesa y reclamado por la Audiencia Nacional para ser juzgado por un atentado terrorista cometido en 1994.

La primera es que el delito de tentativa de asesinato ha prescrito en Francia (aunque no en España). La segunda es que los cargos que pesan sobre Derguy aluden a una acción supuestamente cometida en el país vecino: el envío de una carta bomba enviada desde París a la empresa Pastas Arruabarrena de Lazcano (Guipúzcoa).

El caso debe ser objeto de un dictamen de los jueces franceses el 17 de agosto, aunque el etarra aún podría recurrir al Tribunal Supremo. Si la justicia francesa se pronunciara a favor, podría convertirse en el primer ciudadano francés entregado a España con un mandato de arresto europeo. Derguy está ahora en libertad bajo control judicial

Millán Astray gana otra batalla a la izquierda gallega aún después de muerto: La Coruña deberá devolver el título de hijo predilecto de la ciudad

Millás Astray gana otra batalla a la izquierda gallega aún después de muerto: La Coruña deberá devolver el título de hijo predilecto de la ciudad al fundador de La Legión

Alerta Digital

Franco y Millán Astray abrazados mientras entonan cánticos legionarios.

El Ayuntamiento de La Coruña deberá devolver el título de hijo predilecto de la ciudad al general José Millán Astray, después de que un juzgado haya estimado el recurso presentado por la hija del fundador de la Legión contra la decisión adoptada por el anterior gobierno municipal, integrado por el PSdeG y el BNG, sobre la retirada de símbolos franquistas en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de La Coruña entiende que el reconocimiento como hijo predilecto de la ciudad se concedió a Millán Astray en un pleno celebrado en agosto de 1922, 14 años después de la sublevación que dio origen a la Guerra Civil, y que no cabe aplicar por ello la Ley de la Memoria Histórica. Por el contrario, desestimó el recurso contra la retirada de la estatua y el nombre de la plaza en la que estaba ubicada al considerar que en este caso si hubo una aplicación correcta de la ley.

Desde el gobierno municipal, el concejal adjunto a la Alcaldía, el popular Juan de Dios Ruano, ha manifestado que no tienen por el momento constancia del fallo judicial. Mientras, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, Manuel Monge, ha instado al PP a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al tiempo que le ha ofrecido “asesoramiento” si así lo consideran.

Monge ha puesto en duda que el argumento del juzgado sobre el momento en que se le concedió a Millán Astray esta distinción “tenga base jurídica” y ha incidido en que la Ley de la Memoria Histórica retira los honores “a todos aquellas personas que estuvieron implicadas en el golpe militar”, ha remarcado. Al respecto, ha incidido en que, además de fundador de la Legión, Millán Astray, “fue jefe de propaganda de la dictadura y procurador en las Cortes nombrado por Franco”, ha señalado al insistir en que debería tenerse en cuenta “toda su actividad vital”, ha apostillado.

Además, Monge ha considerado que este caso puede ser “una buena oportunidad” para que el regidor coruñés, Carlos Negreira, se defina “públicamente” sobre la supresión de símbolos franquistas. Por su parte, preguntado por esta cuestión, el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, ha manifestado que desconocía la sentencia, aunque ha reconocido que si él tuviese que decidir “no se le devolvería”. “No creo que proceda como ciudadano”, ha sentenciado Cortizo, quien ha añadido, no obstante, que no le parece “lo más esencial en este momento”.

Pedraza, sobre el Faisán: "No vivamos otro 11-M, que los culpables paguen"

LA PRESIDENTA DE LA AVT, A ESRADIO

La presidenta de la AVT ha criticado con dureza al juez Gómez Bermúdez por sus medidas en el caso Faisán y teme que "vivamos otro 11M".

• Audio: Pedraza valora la irrupción de Bermúdez en el Faisán

2011-07-27

LIBERTAD DIGITAL

Ángeles Pedraza ha hablado con esRadio tras las maniobras del juez Gómez Bermúdez en el caso Faisán y ha visto evidentes paralelismos con otro gran caso en el que el magistrado fue el protagonista: "Espero que no vivamos otro 11M, que en el Faisán paguen los culpables".

La presidenta de la asociación de víctimas ha recalcado que el asunto servirá para que Bermúdez "se retrate" y para ver si sufre un difícilmente justificable cambio de opinión, ya que en la propia sentencia del 11-M argumentaba, de acuerdo con toda la jurisprudencia, que para caer en el delito de colaboración con banda armada no es necesario que se compartan ni la ideología ni los fines de los terroristas. Pueden leer los párrafos de la sentencia en los que desarrolla este argumento.

Precisamente, Pedraza ha criticado con dureza la instrucción de Gómez Bermúdez en el juicio del 11M: "Las víctimas sufrimos mucho y Bermúdez fue el juez que mejor lo llevó, pero hasta un momento determinado, entonces le dio vuelta a todo y al final nos quedamos solamente en un acusado. Eso me hizo dejar de creer en la justicia", ha dicho.

Además, la presidenta de la AVT ve con claridad las motivaciones políticas tras la decisión de Gómez Bermúdez: "Sé que es maniobra de Rubalcaba, de Camacho y de toda la gente que ha estado supuestamente implicados y que no quieren que se llegue al final", ha asegurado, "espero que no hayan hecho este movimiento para ayudarles".

Gómez de Liaño, sorprendido

También en declaraciones a esRadio, el exmagistrado Javier Gómez de Liaño se ha mostrado extrañado por la decisión de Gómez Bermúdez, que ha calificado "cuanto menos de sorprendente desde el punto de vista jurídico".

Además, no ha dudado en señalar que el auto del juez Ruz es "técnicamente perfecto" y ha explicado que "reclamar para un pleno" un asunto que "puede llevarse a una sección es llamativo" dentro de los usos habituales en la Audiencia Nacional.

El Ejército del Papa en la JMJ

LEGIONARIOS, MARINES...EN MADRID

La JMJ de Madrid también contará con la presencia de miles de militares. Los Legionarios llevarán a su Cristo hasta el Papa.

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Los legionarios con el Cristo de Mena | Archivo

• Los auténticos datos del viaje
• Exigen que la Fiscalía vigile al Papa

2011-07-27

Libertad Digital

JAVIER LOZANO

Entre los cientos de miles de jóvenes que invadirán Madrid de cara a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en agosto también se podrá ver una importante representación de militares católicos de todo el mundo, entre ellos muchos españoles, que acompañará al Papa Benedicto XVI.

El Arzobispado Castrense, ordinariato que engloba a los fieles de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, trabaja a pleno rendimiento para preparar la visita. Por su condición de militares uniformados, las actividades de estos peregrinos serán especialmente vistosas.

Además de participar en los actos centrales de la Jornada Mundial, los cientos de militares y sus familias tendrán actos propios donde podrán compartir sus vivencias con compañeros de otros países. Según ha informado el propio arzobispo castrense, don Juan del Río, ya se han inscrito 600 militares españoles uniformados, otros 1.200 que van como miembros de sus parroquias y movimientos y procedentes de 17 países llegarán otros 700 militares uniformados, de estados como Australia, Estados Unidos o Francia, entre otros.

Sin embargo, el acto central y más esperado será la procesión que realicen por Madrid y su participación en el Vía Crucis que presidirá el Papa por el Paseo de la Castellana el viernes 19 y en el que participarán quince pasos muy representativos de la Semana Santa de toda España. Entre ellos estará el Cristo de Mena, más conocido como el Cristo de la Legión, que ocupará la undécima estación. Como es habitual, la imagen irá portada y escoltada por miembros y gastadores de la Legión, que le acercarán hasta el Papa.

Según los organizadores, estarán con el Cristo de Mena caballeros del IV Tercio de la Legión Alejandro Farnesio, con base en Ronda. Hasta Madrid se desplazará igualmente una compañía de honores, banda de música y escuadra de gastadores, tal y como ocurre en Málaga el Jueves Santo. Además, a la imagen también le acompañarán más de 700 miembros de la Cofradía. Junto a ellos desfilarán uniformados todos los militares españoles y extranjeros participantes en la JMJ.

El Cristo de la Legión estará custodiado en la Catedral Castrense donde se desarrollarán la mayoría de actos de los militares y en el que habrá guardias de honor por parte de los Legionarios. Además, el jueves 18 la imagen será trasladada en procesión desde la catedral de las Fuerzas Armadas hasta el cuartel general del Ejército de Tierra y será portado igualmente por los caballeros legionarios.

Sin embargo habrá más actos en esta "JMJ castrense". Los caídos también serán honrados en esos días. Durante la mañana del jueves 18 de agosto se llevará a cabo en la Puerta del Príncipe del Palacio Real un acto de recepción de las banderas de los países participantes y posteriormente se hará un homenaje a los Caídos que dieron sus vidas por sus países. Tras este emotivo acto procesionarán con el Cristo de los Alabarderos hasta la Catedral castrense.

De cara al encuentro con el Papa y animando a los jóvenes miembros de la FAS y de la Guardia Civil el arzobispo Del Río termina así su escrito a los militares: "Con la confianza puesta en Dios, por la intercesión de nuestro querido Beato Juan Pablo II iniciador de esta gran encuentro evangelizador de la juventud, las nuevas generaciones militares de todo el mundo, puedan repetir aquello que pronunció un hombre de las milicias romanas a los pies de Jesús Crucificado y Abandonado: ‘Verdaderamente Éste era el Hijo de Dios’".

Bermúdez maniobra para salvar a Rubalcaba del 'caso Faisán'

JOAQUÍN MANSO / Madrid

27/07/2011/El Mundo

Traslada al Pleno de la Sala Penal de la Audiencia la decisión sobre si los altos mandos de Interior colaboraron con ETA / Comunicó la orden minutos después de que el juez Ruz ratificara su criterio, compartido por la sección competente

El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, utilizó ayer sus atribuciones para imponer, de forma unilateral, que sean él mismo y los otros 17 magistrados que la componen quienes decidan, reunidos en Pleno tras el verano, si la cúpula de Interior se sienta en el banquillo de esa sede judicial bajo la durísima acusación de colaborar con ETA o si, por el contrario, lo hace en el mucho más modesto de la Audiencia de Guipúzcoa imputada por una liviana revelación de secretos, como quiere la Fiscalía.

Esta decisión de Bermúdez tiene como más directa consecuencia la de evitar que la última palabra corresponda al tribunal competente, la Sección Segunda, cuya sensibilidad jurídica en este asunto es bien conocida y temida por los procesados: en abril ya concluyó que el chivatazo del bar Faisán constituye un posible delito de colaboración con banda armada, por lo que era altamente improbable que ahora resolviera algo distinto y sacase la causa de la Audiencia Nacional.

Bermúdez justificó en «la complejidad e importancia jurídica» del asunto la avocación a Pleno del debate sobre las apelaciones al auto de procesamiento del juez instructor, Pablo Ruz. El magistrado comunicó la orden al presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás, y a Ruz, apenas minutos después de que este último notificase una resolución en la que rechaza todos los recursos planteados por las defensas y la Fiscalía y se ratifica en su criterio del auto de procesamiento.

El fiscal Carlos Bautista se había dirigido al juez instructor para adherirse al recurso planteado por la defensa del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, con el argumento de que el delito de colaboración «exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica» con la banda, lo que no se daría en el caso de los mandos policiales que habrían cometido el chivatazo. El representante del Ministerio Público cumplía así con la jerarquía impuesta por la Fiscalía General del Estado, que el 2 de junio emitió una circular de obligado cumplimiento en el que interpreta así ese delito.

«Es obvio que tanto la condición de los sujetos activos [policías], como la intencionalidad y la finalidad que perseguían los mismos, no pueden conducirnos al absurdo de afirmar el carácter terrorista de la acción», decía el fiscal Bautista, sin hacer referencia al proceso de paz entonces abierto.

La diferencia es sustancial: si los procesados se enfrentasen a un delito de colaboración con banda armada, la pena máxima sería de 10 años y el enjuiciamiento se produciría en la Audiencia Nacional; si, por el contrario, la acusación se ciñese al conjunto formado por un encubrimiento y una revelación de secretos, el tope sería de tres años de prisión, la instrucción debería trasladarse a un juzgado ordinario de Irún y la vista se celebraría ante la Audiencia de Guipúzcoa.

Ruz entiende que la Sección Segunda ya resolvió «en términos suficientemente elocuentes» un recurso de la Fiscalía «sobre idéntica cuestión» en abril -cuando el juez decidió abrir el sumario-, por lo que no cabe un pronunciamiento distinto de la Sala Penal en esta fase del procedimiento.

En este sentido, recuerda que el auto de la Sección Segunda cita la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo para concluir que «no es necesario comulgar con las finalidades de la organización, como sostiene el Ministerio Público [...], para la existencia del tipo delictivo, ni se puede excluir a miembros del Cuerpo Nacional de Policía por su perfil profesional».

El fiscal, sin embargo, entiende de otra forma esa jurisprudencia del Tribunal Supremo: «Una lectura objetiva, neutral, imparcial, desinteresada y sin omisiones de tales resoluciones, tanto de sus fundamentos jurídicos como del contexto fáctico al que se refieren, nos ofrece conclusiones radicalmente distintas de las alcanzadas por el instructor».

En su resolución de ayer, Ruz insiste en que los tres procesados facilitaron, con «conocimiento y voluntad», que el dinero procedente de la extorsión de ETA que Joseba Elosua guardaba en el bar Faisán llegase a la banda terrorista «para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización». Y, según su criterio, esa actuación es más que suficiente para procesar por colaboración a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros.

En esta misma resolución, Ruz pide a la Fiscalía que le diga expresamente si lo que pretende es que decline por su propia iniciativa la competencia en favor de los juzgados de Irún.

Ruz insiste asimismo en que «carece de sustento» la hipótesis expuesta por la defensa de Enrique Pamies referente a que el jefe del equipo investigador del chivatazo, Carlos Germán, pudo ser uno los policías que alertó a ETA de la delación, que no es «lógico» que quienes estaban en la operación contra el aparato de extorsión investiguen el soplo y que existía una «contaminación intrínseca del equipo investigador» por ese motivo

J. MANSO / M. MARRACO / Madrid

27/07/2011

«No es necesario compartir los fines»

La sentencia del 11-M descarta que la colaboración exija «adhesión ideológica»

«El delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad, no siendo preciso conocer el delito concreto para el que se va a usar la aportación del colaborador».

Este entrecomillado, que por sí mismo sería suficiente para resolver de un plumazo toda la controversia jurídica sobre el caso Faisán, recoge la interpretación que hace de la jurisprudencia del Supremo el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.

La cita, que es de la sentencia que le hizo famoso mucho más allá del mundillo judicial -la del 11-M-, tendría como consecuencia que la causa del chivatazo se mantuviese en la Audiencia Nacional bajo la más grave de las calificaciones jurídicas, siempre que el propio presidente de la Sala Penal escogiese la coherencia como criterio de actuación y en ella le siguiese una mayoría de sus compañeros que formarán el Pleno.

En la sentencia del 11-M, Bermúdez reproduce la jurisprudencia del Supremo: «Al ser el delito de colaboración un tipo penal residual que sólo exige que se realice voluntariamente una acción o aportación a la banda terrorista que facilite su actividad criminal, en él se incluyen no sólo las acciones armadas, sino cualquier otra actividad [...]. Y ello prescindiendo de la coincidencia de fines, pues lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos o ideológicos, sino el poner a disposición de la banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia».

Al examinar la condena a Abdelilah Fadual, Bermúdez concluye: «Tampoco es necesario para que exista la colaboración que el colaborador comparta los fines de los terroristas, puesto que el delito de colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista no exige la adhesión ideológica del que presta la ayuda, bastando con que sea consciente de los medios y métodos que usan los terroristas y, no obstante, preste alguna actividad auxiliar que pueda facilitar la realización de la actividad criminal o su ocultación e impunidad».

Es decir: Bermúdez interpreta el contenido de ese delito exactamente igual a como lo hace el juez Pablo Ruz y a como lo hizo la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en abril para mantener la causa del chivatazo en esa sede judicial; y exactamente al revés de como lo hace la Fiscalía para defender que el chivatazo es, como mucho, una revelación de secretos, lo que llevaría el procedimiento a los juzgados de Irún.

El fiscal Carlos Bautista, en el escrito que dirigió al juez Ruz la semana pasada, señala que la expresión «prescindiendo de la coincidencia en los fines» que utiliza el Supremo debe interpretarse en el sentido de que la mera «adhesión ideológica» no es en sí misma suficiente para condenar a alguien por un delito de colaboración con banda armada, sino que es necesario un acto concreto de ayuda a la organización.

En esta controversia se fundamentaría la «complejidad e importancia jurídica» que Bermúdez invocó ayer para justificar su decisión de avocar el asunto al Pleno.

Se trata, en cualquier caso, de un debate novedoso, pues la cuestión era hasta ahora pacífica en la jurisprudencia: la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió los recursos del 11-M, por ejemplo, también dejó claro que «el tipo no exige una coincidencia ideológica con la organización» terrorista, sino que es suficiente con que se lleve a cabo un acto que favorezca las actividades de la banda y que su autor sepa que existe ese grupo terrorista y que con su actuación está contribuyendo a sus actividades.

Hay decenas de resoluciones con ese mismo contenido desde que entró en vigor el Código Penal de 1995. Una de las más significativas es la que confirmó en 2007 la condena al empresario Enrique Cerdá por financiar un atentado de Al Qaeda en Túnez, sin que exista ninguna constancia de que fuese salafista o musulmán. La sentencia, redactada por José Antonio Martín Pallín, explica que la colaboración con banda terrorista «no exige su integración en la misma sino la facilitación de las actividades de la organización y sus acciones armadas. No es necesaria una adhesión ideológica a los objetivos políticos de la organización terrorista, basta con conocer su actividad y, consciente de ella, enviar dinero que puede coadyuvar a sus fines»