Condenan a Núñez y al ex jefe de Hacienda en Cataluña por cohecho

C. ÁLVAREZ / G. GONZÁLEZ / Barcelona

29/07/2011/El Mundo

El ex presidente del Barça y su hijo deberán cumplir seis años de prisión cada uno

«Las conductas analizadas, por su extrema gravedad, deben ser objeto de un importante reproche; reproche no sólo penal, sino incluso social, pues en última instancia el perjuicio causado no lo es a una estructura ajena a los ciudadanos, sino a todos los contribuyentes ya que a quien se defraudó fue a la Hacienda Pública». De esta forma, la Sección 9 de la Audiencia de Barcelona argumenta las duras penas impuestas a 14 de los 16 procesados por el caso Hacienda. Entre ellas se encuentran los 13 años de prisión para el ex jefe regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, por cohecho, falsedad de documento oficial, prevaricación, omisión de perseguir delitos e infidelidad de custodia de documentos, además de una multa de seis millones de euros. Junto a él, otros ex inspectores de Hacienda también han sido condenados a penas importantes. Álvaro Pernas, a 12 años; Manuel Abella, a 11; Roger Bergua a nueve, por delitos similares a los de su superior.

Pero, si el tribunal hace «expresa repudia» de la conducta desarrollada por estos funcionarios, ya que «se aliaron con los económicamente fuertes» a cambio de «su deslealtad», también lamenta la actitud de los empresarios condenados, que «optaron por primar sus espurios intereses y enriquecerse personalmente a costa del sacrificio del resto de contribuyentes». Entre los empresarios culpables destacan José Luis Núñez y su hijo, responsables del grupo Núñez y Navarro, y un directivo de esta empresa, Salvador Sánchez, condenados cada uno a seis años de prisión por cohecho y falsedad documental; Eduardo Bueno, propietario del grupo Ibusa, y su mano derecha, Francisco Colomar, condenados a dos años de prisión por falsedad en documento oficial, o el asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete, también condenado a dos años por falsedad documental.

La sentencia absuelve al financiero Javier de la Rosa, al que deja al margen de esta trama corrupta formada por inspectores de Hacienda que aceptaban regalos y dinero a cambio de permitir operaciones fiscales fraudulentas de grupos empresariales relacionados con la compraventa de inmuebles. El tribunal también sitúa como nexo de unión entre los funcionarios y los empresarios al abogado y ex asesor jurídico Juan José Folchi, que deberá cumplir siete años y medio de cárcel por cohecho y falsedad documental. Junto a las penas de prisión, los condenados deberán hacer frente a multas e indemnizaciones millonarias.

La sentencia considera que esta «trama de corrupción» ha supuesto una «pérdida de confianza» para la ciudadanía, ya que los encargados del controlar la recaudación fiscal «se colocaron en el mercado del soborno». Acusa a los inspectores de Hacienda de idear un entramado para favorecer a los grupos empresariales Torras, Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro, con los que tenían contactos por el control de sus cuentas, a cambio de regalos o dinero en efectivo. Para ello, tenían un «pacto de silencio» con intereses comunes y falsificaban las actas de inspección para ocultar al fisco las plusvalías obtenidas con compraventas inmobiliarias entre sociedades internas de los propios grupos empresariales.

Además, destacan los negocios que tenían algunos de los funcionarios con otros condenados, como las inversiones que hacía Huguet en bancos suizos a través de Folchi. En estas operaciones, que todo el mundo conocía, según dijo en el juicio el ex ministro Josep Borrell, participó el ex delegado de Hacienda en Cataluña Ernesto Aguiar, que finalmente fue exculpado. La confianza personal que unía a Huguet con Borrell obligó al político catalán a renunciar tras ganar las primarias del PSOE para la designación del candidato presidencial, en abril de 1998.

El tribunal indica que los sobornos realizados por los responsables del grupo empresarial Núñez y Navarro a los ex inspectores de Hacienda Bergua y Abella les permitieron dejar de declarar aproximadamente 2.182 millones de pesetas (13,1 millones de euros) entre 1991 y 1999. En concreto, el tribunal destaca que José Luis Núñez , su hijo y Salvador Sánchez desarrollaron «una compleja práctica ilícita» para eludir el coste fiscal de sus beneficios.

Los empresarios facilitaron a Abella y Bergua viviendas a precio muy por debajo de su valor de mercado, así como acceso a una hipoteca en condiciones muy ventajosas, pagos de reformas y dinero en efectivo, unos 91 millones de pesetas a Abella en nueve años, para poder pagar estos pisos, a cambio de permitir este fraude fiscal.

OORBYT.es

>Carol Álvarez analiza las condenas del 'caso Hacienda'

Medidas cautelares

> La Fiscalía pedirá hoy varias medidas cautelares para los ocho condenados en el 'caso Hacienda' a penas más altas de prisión. Estas medidas, que serán diferentes dependiendo de la gravedad de la condena, van desde la petición de ingreso en prisión de forma provisional a la retirada del pasaporte para evitar que se abandone el país.

> Casi todos los abogados de los 14 condenados en este procedimiento han anunciado que presentarán un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona. El primero en reaccionar fue Javier Melero, abogado de José María Huguet, que calificó la decisión judicial de «desproporcionada»

DARÍO PRIETO / Madrid

29/07/2011

Frente al cisma, elecciones en la SGAE en enero

Unanimidad después de que algunos directivos cuestionasen la refundación

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) aprobó ayer por unanimidad todas las propuestas presentadas el pasado 21 de julio, una batería de medidas que se interpretó como un acercamiento a las reclamaciones de la principal candidatura opositora en las pasadas elecciones de la entidad (De Otra Manera, DOM, encabezada por José Miguel Fernández Sastrón) y de los firmantes del manifiesto por la refundación de la entidad, impulsado por el dramaturgo Fermín Cabal. Entre esas propuestas, destaca la convocatoria de nuevas elecciones para la Junta Directiva de la entidad para el próximo 16 de enero.

Además, convocó una asamblea general extraordinaria de socios para el próximo 20 de septiembre, en la que se debatirá y revisará el sistema electoral para «ampliar la base democrática de participación». El siguiente paso será someter a los socios dicha modificación de los estatutos en una nueva asamblea, finalizando el proceso con los comicios.

De igual forma, la Junta decidió respaldar otras propuestas anunciadas el 21 de julio, como la de dejar vacante la dirección general de la entidad, poner en marcha una comisión de investigación dirigida por el ex magistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas y designar un director económico financiero de la SGAE «cuya misión primera será reexaminar todos los procedimientos de control presupuestario y poner un marcha un plan de desinversión en Arteria», la red de teatros de la SGAE impulsada por el ex presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista. El responsable de esta tarea será José María Díez-Picazo.

La aprobación por unanimidad de estas medidas pone fin al cisma abierto entre los miembros de la Junta en los últimos días. Primero fue una carta remitida por Teo Cardalda (componente del grupo Cómplices) y la cantautora Inma Serrano en la que se cuestionaba la Comisión Rectora creada para sustituir a Teddy Bautista tras su renuncia. A esa propuesta se sumaron otros cinco miembros de la Junta hasta llegar, ayer, a las 15 adhesiones.

De forma paralela, Caco Senante, líder de la candidatura que apoyaba la gestión de Bautista y que obtuvo la victoria en las elecciones del 30 de junio, envió una serie de preguntas a la Junta sobre diversos aspectos de la «refundación» de la entidad, especialmente centradas en el desmontaje de Arteria y en la labor de la Comisión Rectora.

Según explicó a EL MUNDO uno de los asistentes a la reunión de ayer, existían ciertos temores y dudas sobre que estas acciones llevasen a un cisma efectivo en la Junta, algo que finalmente no ha ocurrido. «No se ha hecho ninguna sangre y no ha habido nada forzado, tan sólo debates respecto a determinados matices», se felicitó el miembro de la Junta tras calificar de «muy satisfactoria» la asamblea y de subrayar que la nueva SGAE «tiene que dar cabida a todo el mundo».

También se mostró satisfecho Fermín Cabal, quien señaló que ahora se abre un periodo para trabajar en la asamblea del 20 de septiembre. «Espero que la hoja de ruta se mantenga y que en la asamblea se debata no sólo de la limitación de mandatos dentro de los directivos de la SGAE, sino también de la limitación de cargos», afirmó el dramaturgo. Lo único que lamentó Cabal fue de la decisión de la Junta de nombrar al dramaturgo y guionista Santiago Moncada (presidente de Fundación Autor y autor de obras como Esmoquin) como presidente de la entidad en sustitución de José Luis Borau, debido a su perfil demasiado ligado a la anterior dirección