ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
29/07/2011/El Mundo
La Unión Federal de Policía (UFP) ha difundido un comunicado cuyo título expresa a las claras cuál es su estado de ánimo frente a la actitud de los centenares de indignados que acampan por Madrid. «Ahora los indignados somos los policías», dicen y aseguran que han sido objeto de «insultos, ataques, menosprecios y provocaciones de esta gente que nos escupe» y a la que «hemos aguantado peinetas y despelotes» ante la pasividad de la delegada del Gobierno, Dolores Carrión.Los agentes son muy descriptivos en su relato y dirigen sus iras no sólo contra los manifestantes, sino contra la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, que, a su parecer, «durante 91 días ha brillado por su ausencia» y ha sido incapaz de hacer que se cumpla la Ley, mientras ellos han de soportar evidentes faltas de respeto a la autoridad y agresiones.
Desde el pasado sábado, los indignados han realizado en Madrid varios cortes de arterias muy sensibles, que han sido respondidas con acciones policiales. Y, ayer, un centenar se manifestó frente a la sede del Banco de España para protestar por la «complicidad de este organismo con las prácticas especulativas que generaron la crisis».
Los agentes aseguran que están «hartos, irritados, rabiosos, furiosos, coléricos, sulfurados, crispados y, como no, indignados de ser el centro de sus críticas». «Nos escupen (alguno tenía en el uniforme hasta cinco escupitajos), nos mean las botas, se desnudan delante de los uniformados y nos tratan de asesinos, maltratadores e hijos de puta», lamenta la UFP. «Sólo por mirarles», insisten los policías, «cuando estamos protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los suyos».
«Hemos aguantado peinetas en las narices y despelotes de algunas de las chicas de estos grupos que no parecían personas civilizadas», reprochan a la delegada.
La nota de la UFP recuerda que son los indignados los que están actuando de forma ilegal y desmiente tajantemente que el martes, en uno de los desalojos de la Castellana, a la altura del Congreso, se hubiere aplicado una fuerza desproporcionada. «Nunca se cargó», apuntan los agentes, que precisan que cuatro de los manifestantes y siete policías tuvieron que ser atendidos aunque por contusiones leves.
No entienden cómo es posible que 400 personas hayan «secuestrado a miles de ciudadanos en sus coches», que se estén manifestando en contra de lo que su propia Comisión Legal les recomendó, que «paralicen el centro de Madrid cuando les da la gana vulnerando el derecho a la libre circulación del resto», y la autoridad no se lo impida.
«A ver si se entera de una vez», reclaman a la delegada Dolores Carrión, «usted es la máxima responsable de las Fuerzas de Seguridad y del Orden Público de la región y es la que tiene que decir cuándo, cómo y por qué se carga o se desaloja», y es la que «tiene que dar la orden». Le recuerdan que el derecho a reunión viene regulado en varias leyes y que, en aplicación de éstas, su sindicato está impelido a pagar dos multas de 6.000 euros por cortar la Castellana frente al Ministerio del Interior para pedir un plus de capitalidad para los policías de Madrid.
«Ellos serán los indignados del 15-M, pero nosotros somos los indignados del 15-M, del 16-M, y así, hasta 91 días, los 91 días que usted ha brillado por su ausencia», concluyen. Más información en M215-M
P. HERRAIZ
29/07/2011
Atacan a la Policía para defender a un agresor
La Jefatura Superior de Policía explicó ayer que este marroquí llamó a la sala del 091 hacia las 22.30 horas del miércoles y contó que había puesto una denuncia contra el sengalés en la comisaría de Arganzuela hace unos días, poco después de sufrir la agresión. Al ver al joven subsahariano en la plaza, avisó a los agentes, y desde la sala enviaron un coche patrulla.
Los primeros policías que llegaron a Lavapiés contactaron con el marroquí, que les señaló al hombre que le había pegado hace unos días. Los policías se acercaron a él y le pidieron que se identificara, pero él se negó.
Según la versión policial, el joven senegalés, que tiene 26 años y 38 detenciones anteriores, empezó a gritar a los agentes, a decirles que eran unos racistas y a escupirles. Los policías le pidieron que se identificara, pero la tensión creció entre ellos y el senegalés cada vez gritaba más alto.
Pidieron refuerzos
Ante sus voces, comenzó a llegar gente y a rodear a los policías. Éstos avisaron por la emisora para que se enviaran refuerzos.
Poco después había tres coches patrulla en la plaza, pero el gentío ya estaba contra los agentes, pensando que se querían llevar detenido al joven africano sólo por su color de piel.
La situación se prolongó durante algo menos de media hora. Al cabo de un rato en el que la gente insultaba a los agentes y trataba de impedir que se llevaran al senegalés ya había 10 coches de policía en la plaza.
En los forcejeos y las tensiones hubo varios lesionados. Según la Jefatura Superior de Policía, cuatro de sus agentes resultaron heridos por botellazos que recibieron de los indignados, les acusaron de racistas en muchas ocasiones, y el joven senegalés se resistió mucho a ser metido en el coche.
Dicen los policías que cuando intentaban meterle en el zeta el joven se intentaba dar golpes a sí mismo contra el coche para autolesionarse.
Dicen también que cuando por fin lo metieron en la parte de atrás del coche patrulla empezó a dar patadas a la mampara y continuó con su intención de autolesionarse. Uno de los policías decidió meterse con él en la parte de atrás para sujetarle, pero también fue agredido.
Se estableció un cordón policial para evitar que la gente se aproximara a los coches y al detenido. Entre el gentío, los 10 coches de Policía consiguieron marcharse de la plaza, aunque todavía había decenas de personas increpándoles.
Uno de los vehículos también sufrió destrozos, como la rotura de la luna trasera y de otras piezas, como el espejo retrovisor.
Las 'brigadas'
Desde hace semanas, en Lavapiés se ha incrementado la presencia de las autodenominadas Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, o brigadas antirredadas, que protestan por la identificación de inmigrantes en su barrio.
Precisamente el miércoles, día del suceso, por la mañana se habían facilitado datos de inmigrantes detenidos durante estas identificaciones. Este colectivo, que lleva ya años denunciando las redadas masivas para aumentar la estadística de detenidos, dijo que 414 personas han sido arrestadas de esta manera en lo que va de año.
Los sindicatos policiales también han denunciado este paloteo de detenidos en numerosas ocasiones. El problema es cuando un delincuente utiliza a su favor esta sensibilización de la población, como ocurrió en el caso de anteanoche, en el que el racismo o la xenofobia no tenían nada que ver con lo que ocurría. El joven arrestado, entre sus 38 antecedentes, tiene una gran mayoría por atentado contra agente de la autoridad y otros altercados.
La Justicia, para el Estado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que se conformaría con mantener las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y Dependencia y que cedería al Estado la Justicia «porque es un poder nacional».La presidenta calificó de «increíble» que el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, haya dicho que la Constitución no prevé la devolución de competencias por parte de las Comunidades Autónomas.
Aguirre considera que se han cedido las competencias a las comunidades cuando se trata de un poder nacional, un poder del Estado.
«La consecuencia de esas transferencias a medias -afirmó- es que no hay manera de poner control de horarios en los juzgados, ni saber si falta gente». Considera que debe ser el Gobierno de la nación el que controle toda la Justicia de forma global y no fraccionarla.
Los policías estamos muy indignados, por los indignado, que no se comportan como tal. Y muy indignados, por la dejación partidista de la delegada del gobierno, que no sabe o no contesta.
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