Bermúdez pretende salvar a Rubalcaba del azar judicial

MARÍA PERAL JOAQUÍN MANSO / Madrid

29/07/2011/El Mundo

Alega que lleva el caso al Pleno para que el tribunal que decida sobre el 'Faisán' no se elija «aleatoriamente» / Dice que prefiere que la presión recaiga sobre él

El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, justificó ayer en un e-mail enviado a la portavoz del Consejo del Poder Judicial su acuerdo de llevar al Pleno el caso Faisán en lugar de dejar que resuelva la Sección Segunda, a la que correspondía. Bermúdez, que dice que pretende liberar de presión al tribunal para que recaiga sobre él, aduce que la composición de la Sección es aleatoria, lo que dejaría la decisión al azar.

Bermúdez aventura que dos miembros de la Sección ven indicios de colaboración con ETA en los mandos policiales encausados y otros dos no. Prejuzga, así, el criterio de unos magistrados que ni siquiera se han sentado a examinar el auto del juez Ruz. Uno de los jueces supuestamente contrarios al procesamiento no ha expresado su posición en resolución alguna, sino sólo en comentarios confidenciales.

Bermúdez envió el e-mail con el encabezamiento «estimada Gabriela» a la portavoz del CGPJ, que a su vez se lo reenvió al presidente, Carlos Dívar. Bermúdez copió al vocal José Manuel Gómez Benítez el texto remitido a Gabriela Bravo tras consultar con la vocal la mejor vía para reaccionar frente a las críticas que ha suscitado su decisión de avocar al Pleno el caso Faisán.

Miembros de la Sala Penal se manifestaron indignados al conocer por los medios de comunicación el correo de Bermúdez, que calificaron de «desfachatez». «Es bestial que el propio presidente de la Sala aventure cuál va a ser la posición de los magistrados antes de estudiar y deliberar el asunto», se quejaron.

La comunicación se llevó a cabo al margen de los cauces oficiales y soslayando el procedimiento sobre difusión de comunicados y notas que aprobó la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional precisamente a propuesta de Bermúdez.

Ninguna previsión legal obligaba al presidente de la Sala Penal a explicarse, sino que lo hizo para salir al paso de las críticas que está recibiendo por su decisión unilateral de arrebatar el caso a la Sección a la que correspondía resolver los recursos contra el auto de procesamiento de los mandos policiales encausados, Sección que hasta ahora ha apoyado sistemáticamente las decisiones del instructor, Pablo Ruz, y que, en abril, calificó el chivatazo a ETA como un posible delito de colaboración con banda armada en lugar de como una simple revelación de secretos, que es lo que defiende la Fiscalía. Esta segunda opción obligaría a que la causa pasase de la Audiencia a los juzgados ordinarios de Irún.

En su correo electrónico a la vocal Gabriela Bravo, Bermúdez dice que la Sección Segunda está compuesta por cinco magistrados, de los que dos, según asegura, ya han manifestado su criterio a favor de mantener la calificación de colaboración con banda armada, mientras que otros dos, dice, se han opuesto a esa calificación jurídica.

Para resolver ahora los recursos contra el procesamiento, la composición de la Sala -de tres magistrados- se decidiría de forma aleatoria, según Bermúdez, con lo que sería el azar el que determinaría qué magistrados entrarían a resolver y, con ello, el fondo de la resolución.

El juez no cita por su nombre a los magistrados cuyo posicionamiento aventura, pero los dos que estarían a favor de calificar los hechos como una colaboración no pueden ser sino Fernando García Nicolás y Julio de Diego, que en abril firmaron un auto en ese sentido. De los otros dos, uno es José Ricardo de Prada, que entonces argumentó que los hechos no constituyen ningún delito.

No obstante, ninguno de los tres se había posicionado acerca de otros aspectos que se deliberarán en el Pleno, como si los indicios son suficientes para procesar a los mandos o si su opinión sobre la calificación jurídica se mantiene después de conocer nueva documentación sin duda relevante, como el informe final del equipo investigador.

El cuarto magistrado al que se refiere Bermúdez sólo puede ser Enrique López o Ángel Hurtado, aunque, según fuentes de la Audiencia,este último únicamente ha hecho algún comentario informal sobre cuál podría ser su posición en reuniones confidenciales.

Ni López ni Hurtado han manifestado nunca a través de un auto un criterio jurídico contrario a calificar el chivatazo como una posible colaboración con ETA. Antes al contrario, López redactó en febrero de 2010 una resolución -que Bermúdez omite en sus cálculos- en la que afirma que los hechos «constituyen un delito de revelación de secretos y, a su vez, de colaboración con banda armada», aunque la calificación no quedaba cerrada. Y entre los firmantes se encontraba también Hurtado. Este último fue ponente en mayo de un auto en el que se rechazaba el testimonio de Antonio Camacho, pero nada decía de la colaboración.