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lunes, 21 de marzo de 2011

Chávez financia el independentismo gallego


HERMINIO CARCACÍA / Santiago / El Mundo

Edita el libro 'Lo Gallego de Simón Bolívar' promovido por la Asociación Gallega de Amistad con la Revolución Bolivariana

Zapatero embustero

Una docena de siglas conforman el puzle de las organizaciones independentistas gallegas. A pesar de que las desavenencias entre ellas, parecen haber encontrado en Hugo Chávez un líder dispuesto a unirlos y a participar de su causa: la independencia y la proclamación de un estado socialista gallego.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo, financió con fondos propios un libro facsímil sobre Simón Bolívar que lleva por título Lo Gallego de Simón Bolívar, promovido por la Asociación Gallega de Amistad con la Revolución Bolivariana.

La asociación está integrada por independentistas que dicen «combatir el imperialismo español y luchan contra la opresión colonizadora de Galicia». El libro consta de unas 20 páginas, tiene un cuidado formato, papel satinado y fotografías a color. Está escrito en gallego reintegrado, con calcos del portugués, y es una variante que no reconoce ninguna de las instituciones acreditadas. En la contraportada aparece grabada la imagen corporativa del Gobierno de Venezuela y de la asociación, cuyos estatutos incluyen «reforzar la lucha antiimperialista y anticapitalista, por la soberanía nacional en el camino del socialismo del siglo XXI».

La relación fraternal del independentismo gallego con los partidos de la órbita bolivariana se concreta en las visitas de responsables de estas organizaciones marxistas a la capital gallega. Según consta en sus boletines y sitios web, en diciembre estuvo en Santiago el político ecuatoriano Luis Villacís, del Movimiento Popular Democrático del Ecuador y, más recientemente, el político argentino Néstor Kohan, quien aprovechó su gira para estar también en Cataluña y el País Vasco. Las visitas de los dirigentes gallegos a los países «revolucionarios» son también regulares pero secretas.

Los resultados de la acción exterior no se traducen en votos y presencia en el tejido social gallego. Sin embargo, trabajan el interior y mantienen una actividad constante. Su exhibición pública coincide con el día da Patria, el 25 de julio. Aprovechan esta fecha para sacar todo su aparato propagandístico y, lo que es más importante, para actuar.

Las vísperas de la celebración del día D salen a las calles compostelanas y caminan juntos, del tal forma que el ciudadano se tropieza con carteles en los que puede leer: Isca, Ceivar, NÓS-UP, FPG, Primeira Linha, AGIR, Briga, MNG, MNLG... También pueden oír sus proclamas, como «Fuera las fuerzas de ocupación» y «PSOE Y PP, la misma mierda es». Fuertemente custodiados, continúan aplacados y ordenados hasta las 22.00 horas, momento en que en la santiaguesa plaza de San Roque intentan, no siempre con fortuna, quemar una bandera española.

Los compostelanos ya están acostumbrados a la postal, pero esta visibilización, desde hace algunos años tiene continuidad, de ahí que las alertas de las Fuerzas de Seguridad estén encendidas. Su presencia ya no se reduce a la capital de Galicia y las cabezas pensantes empiezan a extender la idea de que hay que tener presencia en el territorio y proyectarse hacia el exterior.

En el interior han dado un salto de gigante y su militancia ya se localiza en las siete ciudades gallegas y en comarcas como Barbanza, Costa da Morte, Lemos, Arousa, Morrazo... Y, entendido el mensaje, donde no llegan mandan recado.

Su base la consiguen en las facultades de las tres universidades. Los jóvenes son sometidos a un severo proceso de aprendizaje y, una vez reclutados, son enviados a sus localidades de origen. Estas misiones de fin de semana están capitaneadas por dos o tres adolescentes revestidos de un barniz cultural y lecturas de libros teóricos marxistas reinventados. Se instalan en los centros sociales y muestran lo que saben. Como cualquier misionero, tienen una paciencia infinita, y aunque repiten insistentemente la palabra «democracia» y «poder popular», actúan con una absoluta condescendencia; pasado un tiempo desprecian a su interlocutor y lo tachan de colonizado si no sucumbe a sus teorías.

La formación de los soldados gallegos lleva implícita una continua instrucción y una donación de su tiempo. Pegan carteles, hacen pintadas, reparten propaganda y se movilizan en cada convocatoria. Si superan este test, se les asignan misiones de asistencia a presos.

A pesar de su juventud, son precavidos y no facilitan el correo electrónico. Los documentos los pasan a través de soportes físicos, como un almacenador de memoria. Tampoco les gusta hablar por el móvil y no informan nunca de sus movimientos.

Una vez dentro del aparato van ganando en consideración en función de las hazañas que consigan. Ser golpeado por la policía se convierte en un mérito de guerra. Cuando salen de la cárcel o del calabozo son homenajeados por unos pocos en locales como la Gentalha do Pichel, en Compostela, y los más jóvenes se acercan al «altar» para estar con el héroe.

La escasa repercusión mediática de sus acciones y la nula aceptación por la sociedad gallega limitan su poder de actuación. También carecen de un líder claro y sus direcciones son colegiadas a imagen del Soviet Supremo de la URSS. Sin embargo, sus fechorías y atentados son cada vez más frecuentes. Su último ataque tuvo lugar el pasado 8 de marzo, contra la antigua vivienda del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. El PSdeG es su último enemigo a batir, de ahí que los socialistas se muestren preocupados al ver atacadas en el último año ocho de sus sedes. Los nacionalistas del BNG condenaron los ataques y, al igual que los populares, lamentan la existencia de estos grupos.

Abiertamente, distintos líderes consultados por EL MUNDO, certifican que no condenan la violencia y matizan: «En Galicia no se dan las condiciones para una guerra pero otra cosa es la violencia sobre los objetos que puede ser muy eficaz».

Tienen poca capacidad movilizadora -en las últimas elecciones las marcas independentistas obtuvieron 4.413 votos- pero, al no estar la mayoría de ellos localizados por no haber cometido ningún delito, se mezclan con el resto de la sociedad y la base verbaliza su opinión con toda naturalidad. Son disciplinados y confían en que, cuando menos se piense, se materializará el verso: «Correrá o sangue a regos (Correrá la sangre a riegos)».

martes, 30 de noviembre de 2010

Siete etarras trabajaron para Chávez, según un ex embajador venezolano


MANUEL MARRACO / Madrid/El Mundo

Arria declara en la causa en la que Velasco investiga la relación entre ETA y las FARC

Zapatero embustero

Cubillas es el más relevante, pero no el único. El ex ministro y ex embajador de Venezuela ante la ONU Diego Arria declaró ayer en la Audiencia Nacional que el régimen de Hugo Chávez ha contratado al menos a otra media docena de etarras. En su mayoría están o han estado vinculados al Instituto Nacional de la Tierra (Inti), del que Arturo Cubillas -responsable de la colonia etarra en el país- es jefe de seguridad.

El ex embajador declaró a propuesta de la acusación que ejercen conjuntamente la AVT y la Plataforma Democrática de Venezolanos en España, dentro de la investigación abierta por los vínculos entre ETA y las FARC, y la cobertura que pudo recibir del régimen chavista.

Fuentes jurídicas reconocieron que las palabras de Arria no incluyeron datos que sirvan para reforzar la causa penal contra Cubillas y el resto de etarras procesados. Pero sí describían un escenario de contactos entre Cubillas, las FARC y miembros del ejército venezolano, estos últimos necesarios para mantener una estructura de entrenamiento terrorista como la que se le atribuye. Los vínculos militares provendrían de su propia labor en el Inti, cuyas actuaciones al expropiar fincas son respaldadas por el ejército.

En su declaración ante el magistrado Eloy Velasco, Arria describió a Cubillas como el terrorista más relevante de los que se encuentran en Venezuela, a la altura de Rodrigo Granda, el representante de las FARC en el extranjero.

El testigo entregó al juez documentos con correos del ordenador de Raúl Reyes, algunos de los cuales dieron origen a la investigación. De acuerdo con ellos, el primer contacto de Cubillas con la guerrilla habría llegado de la mano de Granda. El ex embajador resaltó ante el juez lo llamativo de que ambos recibieran la nacionalidad venezolana con apenas un mes de diferencia.

Arria también entregó documentos que explican la evolución de la colonia etarra en el país, de cuyos movimientos el CNI ha estado «perfectamente informado». La mayor parte del bloque de 34 etarras deportados a Venezuela a finales de los 80 ha llevado una vida normal, pero existen varias «excepciones». Siete, según Arria, de las que Cubillas es la más relevante. La lista la completarían Eugenio Barrutiabengoa, Luis María Olalde, Jesús Ricardo Urteaga y José Martín San Sebastián. También Asún Arana, alto cargo en el Inti y viuda del histórico jefe de ETA Argala. Al grupo se unía hasta fechas recientes José Ayestarán, ya detenido y que confesó haberse entrenado en Venezuela de la mano de Cubillas.

Arria describió el vuelco que para la situación de la colonia etarra supuso el ascenso de Chávez al poder. Hasta entonces, todos se encontraban en situación de «residencia condicionada», algo que les impedía obtener la nacionalidad. Además, estaban vigilados continuamente por un «grupo especial de policías encargados de su «seguimiento y monitoreo». Con Chávez, ese grupo «fue desmantelado» y Cubillas, entre otros, logró la nacionalidad. «Se les dio libertad de acción», afirmó el testigo

lunes, 1 de noviembre de 2010

El embajador venezolano en España dice que "ETA lucha por causas justas"




08:20 (01-10-2010)

Isaías Rodríguez, siendo Fiscal General, se negó a actuar contra Cubillas en 2001. Calificó a ETA de “grupo armado que lucha por causas justas e irreprochables”. Amigo de Chávez, está acusado de asesinato

Alberto Lardiés. Madrid

No sólo cuestiona las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que también socorre a etarras. El embajador de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez, frenó una investigación en 2001, cuando era fiscal general del país bolivariano, para proteger al etarra Arturo Cubillas.

Hasta ahora, todo eran sospechas en torno a la figura de este embajador. Pero LA GACETA ha tenido acceso a una carta en la que el fiscal venezolano Hernando José Contreras Pérez pone en evidencia cómo son las relaciones de Isaías Rodríguez con los etarras. La misiva firmada por Contreras Pérez está dirigida a la Fiscalia General de Venezuela para que aclare un hecho sucedido en 2001.

Leyendo algunas partes de la carta entendemos el comportamiento del hoy embajador. Según explica el denunciante, hace nueve años Isaías Rodríguez “ordenó a la directora de Salvaguarda de esa institución que relevara a la Fiscalía Septuagésima Novena del Área Metropolitana de Caracas, de la cual formé parte, de seguir conociendo de una investigación penal en contra de un ciudadano de nacionalidad española que según información obtenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Vargas, formaba parte del grupo terrorista ETA, el cual fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía portando pasaporte español falso así como la cantidad de 5.000 dólares en efectivo”.

En vez de seguir investigando aquella detención, “giró instrucciones para recabar cualquier otro expediente que estuviese en cualquier otra dependencia fiscal relacionado con el mencionado grupo terrorista, (...) sugiriendo en aquel entonces a la hoy Fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia, Mercedes Prieto, quien formaba parte del grupo de fiscales más cercanos al ex Fiscal General”. Es decir, silenció el asunto poniéndolo en manos de gente de su confianza.

martes, 5 de octubre de 2010

El protegido de Chávez organiza cursillos de ETA en Venezuela


ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

El etarra Cubillas, funcionario del Gobierno de Caracas, acogió y adiestró en 2008 a dos terroristas enviados por el jefe de la banda

Los dos terroristas del comando Imanol arrestados el miércoles por la Guardia Civil han vuelto a centrar la atención en el etarra Arturo Cubillas Montán, funcionario del Gobierno de Chávez. Su testimonio pone en cuestión la actitud del Gobierno venezolano respecto a ETA.

El relato de Xabier Atristain, alias Golfo, y Juan Carlos Besance, Fenómeno, en la Audiencia Nacional revela cómo en 2008 ambos etarras se trasladaron al país caribeño por orden del entonces número uno de la banda, Mikel Garikoitz Karrera Sarobe, Ata, para recibir cursillos de tiro, manejo de armas con mira telescópica y fabricación de bombas.

Zapatero embustero

Estos cursillos fueron «impartidos», según el juez Ismael Moreno, por Cubillas y otros dos etarras: José Lorenzo Ayestarán -cuya extradición fue denegada- e Iurgi Mendinueta, con ayuda de dos terroristas venezolanos.Sigue en página 4 Editorial en página 3

Cubillas, gracias a sus prebendas gubernamentales, garantizó el desplazamiento de los recién llegados y les procuró alojamiento, manutención y orientaciones ideológicas. Todo lo pagó él. Los otros dos instructores etarras no se limitaron a ampliar los conocimientos de sus compañeros: formaban en los campamentos venezolanos a terroristas de otros países; en concreto, en esos momentos, a dos chilenos.

Todo empezó cuando Ata llamó a Atristain, en prisión desde ayer junto a Besance por orden del juez Moreno, y le ordenó que se desplazase a Venezuela para recibir formación. «Resulta mucho más seguro realizar los cursillos allí que en Francia», le dijo, dando a entender que no era ni mucho menos la primera vez, y le dio 2.000 euros para el viaje.

Golfo y Fenómeno se marcharon en agosto en dos aviones distintos y quedaron en que se verían en el hotel al llegar. Tras realizar el trayecto, se desplazaron hasta el garaje del centro comercial El Recreo, donde les estaban esperando Cubillas, Ayestarán y Mendinueta -estos dos últimos detenidos en octubre y en febrero de este año al incorporarse de nuevo a comandos de ETA-. Cubillas, funcionario del Ministerio de Agricultura venezolano, pagó el hotel y les llevó a una zona residencial a 100 kilómetros de Caracas, en la costa. Ninguno de los dos pudo precisar dónde, porque realizaron los desplazamientos con los ojos vendados. Allí se les instruyó en la construcción de bombas.

Cubillas les cambió de vivienda y dos días después recibieron explicaciones de dos venezolanos sobre el montaje de armas largas. Cuando acabaron, él y Ayestarán compraron comida y les trasladaron a un poblado a 10 horas, en la selva, donde aprendieron el manejo de armas con mira telescópica. Los dos chilenos que estaban en su mismo curso les dijeron que llevaban un tiempo allí.

Durante el camino tuvieron que parar por los controles policiales, hasta que Cubillas colocó una identificación en el salpicadero. «Daba la sensación de que mandaba sobre los policías porque solucionaba los problemas de inmediato», relató a la Guardia Civil uno de los detenidos.

Al tiempo que ocurría esto, el presidente Chávez visitaba nuestro país y negaba la mayor. En marzo pasado, un auto del juez Velasco de la Audiencia Nacional, en el que se afirmaba que el Gobierno de Venezuela colaboraba con etarras desde al menos 2007, provocó su ira y un incidente diplomático. El Gobierno bolivariano dijo del juez que pertenecía a la «mafia del PP», e hizo rectificar al Ejecutivo español, que cambió la expresión «pedir explicaciones» a Venezuela por «solicitar información». Ambos gobiernos firmaron, poco después, un acuerdo de lucha contra ETA que se sustanció en el registro de un avión en el que se sospechaba que viajaba un etarra huido de Portugal, en la expulsión del jefe del aparato internacional de ETA y en una actitud más receptiva, pero que no ha afectado a la situación de los etarras allí cobijados desde hace décadas.

Entonces, Venezuela dio por recibida la orden de detención internacional contra Cubillas pedida por el juez Velasco, pero también Chávez aseguró que era una «estupidez» perseguir a los etarras ubicados en el país porque «no participan en ninguna actividad terrorista».

Las declaraciones de los miembros del comando Imanol han dado mucho más de sí. El juez ha podido determinar que Juan Carlos Besance perteneció antes al comando Argala y, como tal, compró un billete a Alicante para sus otros dos compañeros de grupo, Celarain y Otegi. Días después, una bomba en el cuartel de Santa Pola segaba la vida de dos personas, entre ellas una niña. El ministro del Interior le relaciona también con el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leiza, y con el atentado contra el ex consejero de Justicia socialista José Ramón Recalde. También con el intento de secuestro de un empresario.

Respecto a Xabier Atristain, consiguió uno de los zulos en el que el comando ocultó 101 kilos de explosivos. Le proporcionó las llaves del trastero un amigo suyo, huido desde el pasado viernes: Xabier Zabaleta, uno de los hermanos de Aitor Zabaleta, el aficionado de la Real Sociedad asesinado en 1998 por un grupo de ultraderecha en Madrid durante un partido.

lunes, 3 de mayo de 2010

El PP exige al Gobierno que se 'plante' ante Chávez



Reclama la extradición de los etarras que localizó EL MUNDO en el pueblo de Güiria

El Partido Popular exigió ayer al Gobierno que se «plante» ante el presidente de Venezuela, el teniente coronel Hugo Chávez, «porque no es posible que se permita de brazos cruzados que haya colaboración con el terrorismo en el ámbito internacional».

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, reaccionó así en un acto público en Olivares (Sevilla) al reportaje que publicó ayer el suplemento CRÓNICA de EL MUNDO, que sitúa a tres etarras reclamados por 12 asesinatos llevando una vida apacible en el pueblo caribeño de Güiria. El Supremo de Venezuela se negó a extraditar a dos de ellos a España, que los reclama para juzgarlos en la Audiencia Nacional, porque «no han podido ser aprehendidos». Es decir: porque la policía del régimen bolivariano no puede (o no quiere) encontrarlos. Del tercero, ni siquiera ha dado una respuesta, pese a que el Gobierno español pidió su entrega en 1990, 1991, 1996 y 2002.

«Los pilares básicos en la lucha contra el terrorismo pasan, primero, por la unidad de los partidos democráticos; segundo, por la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; tercero, por la actuación del Estado de Derecho, y en concreto de los jueces; y la cuarta pieza básica es la cooperación internacional», subrayó Arenas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los delitos de esos tres etarras todavía no han prescrito, porque las causas abiertas contra ellos se reactivaron por última vez en 2006. Se trata de Eugenio Barrutiabengoa, acusado de ocho asesinatos; de Miguel Ángel Aldana Barrena, a quien se atribuyen dos, y de Jesús Ricardo Urteaga Ripollés, que tendría que responder por otros dos. La policía del régimen aseguró al Supremo que no podía encontrar a los dos primeros.

Los tres residen en el pueblo de Güiria o sus alrededores trabajando en la boyante industria de la pesquería de otro etarra, Pedro Viles, que lleva en Venezuela prófugo de la Justicia desde 1989 y todavía defiende la lucha armada. Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusó al régimen bolivariano de colaborar con ETA y las FARC dando cobertura a sus estructuras terroristas.

Arenas también se refirió al «desconcierto» de la sociedad española ante situaciones como la del etarra José Ignacio de Juana Chaos -que se encuentra en paradero desconocido tras no comparecer ante las autoridades irlandesas- o la de las recientes excarcelaciones del jefe de ETA Iñaki de Rentería, que planeó matar al Rey, o del líder abertzale Rafa Díez Usabiaga, para que cuide de su madre. «No se entienden las decisiones que se adoptan. Hay una gran preocupación y el Gobierno de España tiene que seguir pensando que una de las claves en la lucha contra el terrorismo es la cooperación internacional», dijo el dirigente popular, para añadir a continuación que el Ejecutivo tiene que pedir explicaciones al Gobierno británico sobre lo que ha sucedido con De Juana Chaos.

MANUEL MARRACO / Madrid

lunes, 1 de marzo de 2010

La Audiencia Nacional acusa al Gobierno de Chávez de «cooperar» en la unión ETA-FARC



Seis etarras procesados junto a otros siete terroristas de las FARC por intentar atentar contra Uribe y Pastrana. Uno de los terroristas, Arturo Cubillas Fontán, ha ocupado un cargo en el Gobierno venezolano

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco denuncia la «cooperación gubernamental» del Gobierno de Venezuela «en la ilícita colaboración entre» ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Asi consta en el auto en el que procesa a seis etarras y siete miembros de las FARC por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente colombiano Álvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana.
Velasco solicita al Gobierno de Hugo Chávez la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC.
El juez también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC --Edgar Gustavo Navarro Morales, 'El Mocho', y Víctor Ramón Vargas Salazar, 'Chato'-- se trasladaron a España y pidieron «colaboración» a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y «más recientemente» trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Alvaro Uribe.
Los procesados son los presuntos etarras Arturo Cubillas Fontán, que ha ocupado altos cargos en el Gobierno de Venezuela, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio.
Los supuestos miembros de las FARC procesados son Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert, Luciano Martín Arango, Omar Arturo Zabala Padilla, Víctor Ramón Vargas Salazar y Omar Arturo Zabala Padilla.