Castro sostiene que está más grave de lo que afirmaba la forense aunque no esté 'terminal'
Asegura que 'el principio de humanidad predomina sobre cualquier consideración legal'
Sólo tendrá que comparecer una vez al mes en los servicios sociales externos de la cárcel
.Tal
y como reclamaba el Ministerio del Interior, y en contra del criterio
de la Fiscalía, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis
de Castro, concedió ayer la libertad condicional al etarra Josu
Uribetxeberria Bolinaga, enfermo de cáncer y condenado a 313 años de
cárcel por múltiples delitos, incluido el secuestro de Ortega Lara.
Entre los argumentos recogidos en el auto está que no es necesario que
el etarra se encuentre «terminal», ni que deba repudiar el terrorismo
para obtener la libertad. Además, maneja un nuevo informe del Hospital
Donostia con el que no pudo contar la forense para elaborar el suyo.
En la disputa entre la Fiscalía e Interior, el juez ha optado por el Gobierno. Afirma que la decisión de Instituciones Penitenciarias de promover la libertad condicional «se ajusta a los requisitos de legalidad vigente» y, por contra, critica que la Fiscalía se oponga a ella sin haber recurrido el reciente tercer grado y actuando de manera distinta a como había venido haciendo en casos similares.
La
decisión del juez no es la última palabra. La libertad no será
ejecutiva hasta que el auto sea firme, es decir, hasta que la Fiscalía
deje pasar el plazo de cinco días para recurrir en apelación o hasta que
se resuelva su previsible recurso. El asunto quedará entonces en manos
de los cinco magistrados de la Sección Primera de la Audiencia,
presidida por Fernando Grande-Marlaska.
En el aspecto médico, el juez reconoce «contradicciones» entre los informes, en particular entre el de la forense de la Audiencia y el del Hospital Donostia, donde Bolinaga sigue internado. Se inclina por este último -el de los médicos «que están a pie de cama», dice-, sobre todo porque realizaron un diagnóstico el día 22 de agosto con cuyos datos no pudo contar la forense para su preceptivo informe. Tampoco se le remitió después para que lo revisara.
Ese nuevo informe del hospital hablaba de «una mediana de supervivencia de nueve meses de vida» para el etarra. El juez lo debatió con los médicos en su visita a San Sebastián del pasado martes, en la que también tuvo un encuentro con el etarra en su habitación. De Castro no viajó acompañado por el fiscal o la forense, que desconocían el desplazamiento.
«Debemos concluir tras una valoración de la totalidad de los informes médicos obrantes en autos que el estado de salud es grave e incurable», afirma el magistrado.
A continuación, se centra «en determinar si para obtener una libertad condicional por enfermedad es necesario que el enfermo se encuentre en situación terminal». El fiscal resaltó en su escrito que ningún informe dice expresamente que esté terminal, y que ese era el requisito para excarcelarlo sin necesidad de arrepentimiento.
Pero el juez concluye que no. Cita para ello una sentencia del Tribunal Constitucional que, curiosamente, la Fiscalía empleó en su informe para defender la postura contraria a la libertad condicional. «No puede darse la exigencia para la excarcelación de un peligro inminente o inmediato para la vida del recluso, sino que la finalidad de la misma es que pueda vivir el tiempo que pueda quedarle en libertad», sostiene De Castro.
En otro apartado del auto, el juez analiza si el enfermo puede ser tratado en prisión sin peligro para su vida. Y también concluye que no, siguiendo el criterio de Prisiones y del Hospital Donostia y desoyendo a la forense. Los médicos de San Sebastián, explica De Castro, le dijeron el martes que Bolinaga debe seguir hospitalizado y que sería peligroso que comenzara el tratamiento en prisión.
Al margen del apartado médico, el juez discrepa de la Fiscalía en la interpretación de los requisitos que conforme al Código Penal y la normativa penitenciaria deben cumplirse, y sostiene que no es necesario el arrepentimiento del etarra.
Tras las disquisiciones médicas y legales, el juez resume los «fundamentos» de su decisión en varios puntos. El primero, que los «principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal». También que «junto al derecho a la vida, la dignidad humana reclama el derecho a una muerte digna». Y cierra este apartado afirmando que «el último periodo de la vida de un ser humano es el más difícil de afrontar física y psíquicamente», lo que «exige unas condiciones emocionales, materiales y personales que son incompatibles con la situación de reclusión».
Expuesto todo lo anterior, el juez resalta que «frente a quien no ha respetado ni expresado ningún tipo de consideración, de humanidad, de piedad frente a las personas asesinadas, secuestradas, a sus familias y a sus seres queridos, el Estado de Derecho, en virtud de la estricta legalidad vigente, sienta la línea divisoria que marca la asimetría moral entre quienes viven en conformidad a las reglas del Derecho y quienes no respetan las mismas».
El propio escrito, en su arranque, relata la espeluznante lista de delitos que ha mantenido a Bolinaga en prisión desde el 6 de julio de 1997 y que, sin beneficios penitenciarios por medio, le mantendrían preso hasta 2027: «Secuestro terrorista, asesinato en grado de conspiración, dos de detención ilegal, cuatro de atentado, asesinato, dos de asesinato frustrado, utilización ilegítima de vehículo a motor, lesiones, tenencia ilícita de armas, pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos».
De Castro concluye su auto imponiendo diversas limitaciones al etarra para el caso de que su salud le permita salir del hospital. La primera, no acercarse a sus víctimas o familiares. Tampoco podrá «participar de forma activa o pasiva» en manifestaciones que legitimen la violencia. Una vez al mes deberá presentarse en los Servicios Sociales del Centro Penitenciario de San Sebastián, así como comunicar «cualquier novedad referida a la evolución de su tratamiento medico».
> Vea hoy el videoanálisis de Santiago González
J. M. MADRID
31/08/2012 ESPAÑA
Asegura que 'el principio de humanidad predomina sobre cualquier consideración legal'
Sólo tendrá que comparecer una vez al mes en los servicios sociales externos de la cárcel
.Tal
y como reclamaba el Ministerio del Interior, y en contra del criterio
de la Fiscalía, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis
de Castro, concedió ayer la libertad condicional al etarra Josu
Uribetxeberria Bolinaga, enfermo de cáncer y condenado a 313 años de
cárcel por múltiples delitos, incluido el secuestro de Ortega Lara.
Entre los argumentos recogidos en el auto está que no es necesario que
el etarra se encuentre «terminal», ni que deba repudiar el terrorismo
para obtener la libertad. Además, maneja un nuevo informe del Hospital
Donostia con el que no pudo contar la forense para elaborar el suyo.En la disputa entre la Fiscalía e Interior, el juez ha optado por el Gobierno. Afirma que la decisión de Instituciones Penitenciarias de promover la libertad condicional «se ajusta a los requisitos de legalidad vigente» y, por contra, critica que la Fiscalía se oponga a ella sin haber recurrido el reciente tercer grado y actuando de manera distinta a como había venido haciendo en casos similares.
La
decisión del juez no es la última palabra. La libertad no será
ejecutiva hasta que el auto sea firme, es decir, hasta que la Fiscalía
deje pasar el plazo de cinco días para recurrir en apelación o hasta que
se resuelva su previsible recurso. El asunto quedará entonces en manos
de los cinco magistrados de la Sección Primera de la Audiencia,
presidida por Fernando Grande-Marlaska.En el aspecto médico, el juez reconoce «contradicciones» entre los informes, en particular entre el de la forense de la Audiencia y el del Hospital Donostia, donde Bolinaga sigue internado. Se inclina por este último -el de los médicos «que están a pie de cama», dice-, sobre todo porque realizaron un diagnóstico el día 22 de agosto con cuyos datos no pudo contar la forense para su preceptivo informe. Tampoco se le remitió después para que lo revisara.
Ese nuevo informe del hospital hablaba de «una mediana de supervivencia de nueve meses de vida» para el etarra. El juez lo debatió con los médicos en su visita a San Sebastián del pasado martes, en la que también tuvo un encuentro con el etarra en su habitación. De Castro no viajó acompañado por el fiscal o la forense, que desconocían el desplazamiento.
«Debemos concluir tras una valoración de la totalidad de los informes médicos obrantes en autos que el estado de salud es grave e incurable», afirma el magistrado.
A continuación, se centra «en determinar si para obtener una libertad condicional por enfermedad es necesario que el enfermo se encuentre en situación terminal». El fiscal resaltó en su escrito que ningún informe dice expresamente que esté terminal, y que ese era el requisito para excarcelarlo sin necesidad de arrepentimiento.
Pero el juez concluye que no. Cita para ello una sentencia del Tribunal Constitucional que, curiosamente, la Fiscalía empleó en su informe para defender la postura contraria a la libertad condicional. «No puede darse la exigencia para la excarcelación de un peligro inminente o inmediato para la vida del recluso, sino que la finalidad de la misma es que pueda vivir el tiempo que pueda quedarle en libertad», sostiene De Castro.
En otro apartado del auto, el juez analiza si el enfermo puede ser tratado en prisión sin peligro para su vida. Y también concluye que no, siguiendo el criterio de Prisiones y del Hospital Donostia y desoyendo a la forense. Los médicos de San Sebastián, explica De Castro, le dijeron el martes que Bolinaga debe seguir hospitalizado y que sería peligroso que comenzara el tratamiento en prisión.
Al margen del apartado médico, el juez discrepa de la Fiscalía en la interpretación de los requisitos que conforme al Código Penal y la normativa penitenciaria deben cumplirse, y sostiene que no es necesario el arrepentimiento del etarra.
Tras las disquisiciones médicas y legales, el juez resume los «fundamentos» de su decisión en varios puntos. El primero, que los «principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal». También que «junto al derecho a la vida, la dignidad humana reclama el derecho a una muerte digna». Y cierra este apartado afirmando que «el último periodo de la vida de un ser humano es el más difícil de afrontar física y psíquicamente», lo que «exige unas condiciones emocionales, materiales y personales que son incompatibles con la situación de reclusión».
Expuesto todo lo anterior, el juez resalta que «frente a quien no ha respetado ni expresado ningún tipo de consideración, de humanidad, de piedad frente a las personas asesinadas, secuestradas, a sus familias y a sus seres queridos, el Estado de Derecho, en virtud de la estricta legalidad vigente, sienta la línea divisoria que marca la asimetría moral entre quienes viven en conformidad a las reglas del Derecho y quienes no respetan las mismas».
El propio escrito, en su arranque, relata la espeluznante lista de delitos que ha mantenido a Bolinaga en prisión desde el 6 de julio de 1997 y que, sin beneficios penitenciarios por medio, le mantendrían preso hasta 2027: «Secuestro terrorista, asesinato en grado de conspiración, dos de detención ilegal, cuatro de atentado, asesinato, dos de asesinato frustrado, utilización ilegítima de vehículo a motor, lesiones, tenencia ilícita de armas, pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos».
De Castro concluye su auto imponiendo diversas limitaciones al etarra para el caso de que su salud le permita salir del hospital. La primera, no acercarse a sus víctimas o familiares. Tampoco podrá «participar de forma activa o pasiva» en manifestaciones que legitimen la violencia. Una vez al mes deberá presentarse en los Servicios Sociales del Centro Penitenciario de San Sebastián, así como comunicar «cualquier novedad referida a la evolución de su tratamiento medico».
> Vea hoy el videoanálisis de Santiago González
Cronología de una decisión política
Interior se enredó entre la presión del entorno de ETA y la resistencia de la Fiscalía
La gestión política de la excarcelación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga ha terminado enredando al Gobierno en una complicada madeja entre la presión de la banda para intentar rentabilizar la situación y la resistencia de la Fiscalía, que entiende que la libertad condicional del recluso es una medida ilegal y que el asunto podía haberse resuelto si Interior hubiese aceptado la responsabilidad de ponerle en la calle con un tercer grado, una decisión legal, pero discrecional y exclusiva de la Administración, en la que no interviene el juez.
El acercamiento. El 1 de agosto, Prisiones traslada a Bolinaga de la cárcel de León a la de Zaballa (Álava), con el argumento de que el cáncer de riñón que padece ha producido metástasis en el cerebro y debe ser tratado por el equipo que se ocupó de él en una ocasión anterior.
La presión. Una semana después, el preso inicia una huelga de hambre para chantajear a Interior y otros 30 etarras dicen secundarle. Pronto serán cientos, en una estrategia de goteo, encabezados por el mismísimo Arnaldo Otegi o el ex jefe de ETA Pakito. Paralelamente, EH Bildu y los antiguos portavoces de Batasuna exigen la libertad de Bolinaga en reiterados actos públicos.
El lío. El 16 de agosto, la Fiscalía expresa por primera vez su malestar, pidiendo a la forense un informe en el que aclare si el etarra puede ser tratado sin abandonar la prisión. Al mismo tiempo, la izquierda abertzale convoca movilizaciones que los jueces van prohibiendo por enaltecimiento del terrorismo.
El tercer grado. Ese mismo día, todos los medios difunden el informe médico del Hospital Donostia, en el que se concede a Bolinaga una posibilidad entre 10 de sobrevivir un año. Al día siguiente, el Ministerio del Interior anuncia su progresión a tercer grado, pero a los únicos efectos de solicitar al juez la libertad condicional.
Mayor se anima. El 20 de agosto, Mayor Oreja caldea el ánimo en el PP al afirmar que la decisión favorece a ETA y la Fiscalía enerva a Interior al dudar del informe médico.
La prevaricación. Dos días después, los presos de ETA emiten una nota para presumir de su éxito. Al día siguiente, el ministro Jorge Fernández da una inusual rueda de prensa en la que responde a Mayor y dice que, si no hubiese concedido el tercer grado a Bolinaga, «habría prevaricado».
El extraño viaje. El 27 de agosto, el fiscal informa en contra de la libertad condicional porque ni la forense ni el Hospital Donostia señalan que el etarra esté terminal. Al día siguiente, el juez Castro viaja para examinar en persona al preso.
ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
31/08/2012 ESPAÑA
La gestión política de la excarcelación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga ha terminado enredando al Gobierno en una complicada madeja entre la presión de la banda para intentar rentabilizar la situación y la resistencia de la Fiscalía, que entiende que la libertad condicional del recluso es una medida ilegal y que el asunto podía haberse resuelto si Interior hubiese aceptado la responsabilidad de ponerle en la calle con un tercer grado, una decisión legal, pero discrecional y exclusiva de la Administración, en la que no interviene el juez.
El acercamiento. El 1 de agosto, Prisiones traslada a Bolinaga de la cárcel de León a la de Zaballa (Álava), con el argumento de que el cáncer de riñón que padece ha producido metástasis en el cerebro y debe ser tratado por el equipo que se ocupó de él en una ocasión anterior.
La presión. Una semana después, el preso inicia una huelga de hambre para chantajear a Interior y otros 30 etarras dicen secundarle. Pronto serán cientos, en una estrategia de goteo, encabezados por el mismísimo Arnaldo Otegi o el ex jefe de ETA Pakito. Paralelamente, EH Bildu y los antiguos portavoces de Batasuna exigen la libertad de Bolinaga en reiterados actos públicos.
El lío. El 16 de agosto, la Fiscalía expresa por primera vez su malestar, pidiendo a la forense un informe en el que aclare si el etarra puede ser tratado sin abandonar la prisión. Al mismo tiempo, la izquierda abertzale convoca movilizaciones que los jueces van prohibiendo por enaltecimiento del terrorismo.
El tercer grado. Ese mismo día, todos los medios difunden el informe médico del Hospital Donostia, en el que se concede a Bolinaga una posibilidad entre 10 de sobrevivir un año. Al día siguiente, el Ministerio del Interior anuncia su progresión a tercer grado, pero a los únicos efectos de solicitar al juez la libertad condicional.
Mayor se anima. El 20 de agosto, Mayor Oreja caldea el ánimo en el PP al afirmar que la decisión favorece a ETA y la Fiscalía enerva a Interior al dudar del informe médico.
La prevaricación. Dos días después, los presos de ETA emiten una nota para presumir de su éxito. Al día siguiente, el ministro Jorge Fernández da una inusual rueda de prensa en la que responde a Mayor y dice que, si no hubiese concedido el tercer grado a Bolinaga, «habría prevaricado».
El extraño viaje. El 27 de agosto, el fiscal informa en contra de la libertad condicional porque ni la forense ni el Hospital Donostia señalan que el etarra esté terminal. Al día siguiente, el juez Castro viaja para examinar en persona al preso.
ANÁLISIS
Pruebas de condescendencia
Este tipo de situaciones sobre ETA forman parte de un planteamiento más general
Es una sensación similar a la de aquella mañana en la que todas las cámaras tenían puesto el foco en un anciano aparentemente desvalido al que acababan de bajar del avión en el aeropuerto de Santiago. Iba en silla de ruedas. Pero apenas pisó el firme de su tierra, José Augusto Pinochet se levantó, sonrió y saludó a sus partidarios, demostrando que estaba en perfecta forma al menos para dar un corte de mangas al resto del orbe.
Bueno, quizás no sea lo mismo. Quizás Bolinaga no reciba el alta médica y tenga que permanecer en el hospital los meses que le queden de vida. O quizás salga y decida que, por primera vez en su vida, quiere comportarse de una forma digna, pedir perdón o, como mínimo, impedir que los suyos celebren la decisión judicial como si fuese un triunfo y realicen cualquier tipo de homenaje en su favor. Estaría bien. Pero, desde luego, no responde a la trayectoria que ha mantenido hasta el momento. Su último corte de mangas, precisamente, se lo hizo al juez, cuando fue a verle al hospital y Bolinaga le conminó, como hacen todos los etarras y los dirigentes de la izquierda abertzale, a cumplir con «sus propias leyes».
Ése, precisamente, es el argumento que, en esta historia, el Gobierno no ha querido desactivar, el de que la ley le permitía mantenerlo en prisión pero que, sólo por motivos humanitarios, por generosidad democrática, se acogía a la otra lectura de la norma que le permitía, primero, concederle el tercer grado y, después, liberarlo. Porque cabe insistir en que la dignidad no depende del lugar donde muera un enfermo, sino de la especie de tipo que uno sea y es imposible que Bolinaga alcance ese estatus.
El Gobierno dirá ahora que es una decisión judicial y que se limita a respetarla, pero no es así. Del mismo modo que es poco probable que se haya visto presionado por la huelga de hambre de los presos de ETA o por las manifestaciones o acusaciones públicas de la izquierda abertzale. Los propios radicalessostienen que los etarras son incapaces de llevar una huelga de hambre hasta el final y que simplemente se han aprovechado, propagandísticamente, de la torpeza de la Administración de trasladar al etarra a San Sebastián.
El Ejecutivo tomó la decisión de dejar en libertad a Bolinaga antes de esto y por otros motivos menos directos, pero no menos intensos y que ha asumido como planteamiento político general. Porque no estaba dispuesto a correr el riesgo de que el etarra se le muriera en prisión en estas circunstancias de cese definitivo; porque calculó que las consecuencias de la muerte de este recluso ahora podían ser más gravosas que la decisión de propiciar su libertad (que probablemente le hubiese sido concedida igualmente por los progresistas jueces de la sección primera tras un recurso); porque el PNV no le hubiese dejado en paz y porque el PSE, dispuesto a atribuirse el fin de ETA, hubiera explotado la situación.
Es curioso ver cómo los socialistas insisten en que respaldan en todo la política antiterrorista del Gobierno sin mencionar que, por otra parte, ellos dejaron encarrilada una parte de la situación en la que también fueron ayudados por los populares. Sólo es cuestión de explicarlo y de precisar hasta dónde se va a llegar exactamente -en ese asunto preciso, el Ejecutivo sostiene que «ni de coña» va a soltar a los otros 14 enfermos- y cuándo. Básicamente porque, a veces, para poner gesto de condescendencia humanitaria ante el corte de mangas de un desgraciado, se necesita mucho entrenamiento.
MADRID
31/08/2012 ESPAÑA
El portavoz adjunto del PP en el Congreso Leopoldo Barrera aseguró a Efe que esta decisión es «coherente con las previsiones legales y con lo que han sido las interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años».
El diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó que se trata de una medida «lógica, necesaria y humanitaria» y, en la misma línea, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dijo en Twitter que se trata de un «triunfo de los derechos humanos».
El PSOE declinó hacer comentarios, aunque en días anteriores había mostrado su apoyo a la libertad condicional del etarra.
Enfrente, la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió a la Fiscalía que recurra y criticó que el Gobierno haya puesto en manos del juez la decisión, «enmascarando una mentira».
Además de la reacción de Pedraza, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, lamentó que Bolinaga va a ser recibido «como un héroe» en Mondragón (Guipúzcoa) y «se va a ir a la tumba orgulloso». El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, manifestó que siente una «total decepción» con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Antes de conocerse la decisión judicial, una mujer fue detenida en Vitoria por la Ertzaintza tras intentar golpear a un agente en una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Álava para exigir la excarcelación.
Es una sensación similar a la de aquella mañana en la que todas las cámaras tenían puesto el foco en un anciano aparentemente desvalido al que acababan de bajar del avión en el aeropuerto de Santiago. Iba en silla de ruedas. Pero apenas pisó el firme de su tierra, José Augusto Pinochet se levantó, sonrió y saludó a sus partidarios, demostrando que estaba en perfecta forma al menos para dar un corte de mangas al resto del orbe.
Bueno, quizás no sea lo mismo. Quizás Bolinaga no reciba el alta médica y tenga que permanecer en el hospital los meses que le queden de vida. O quizás salga y decida que, por primera vez en su vida, quiere comportarse de una forma digna, pedir perdón o, como mínimo, impedir que los suyos celebren la decisión judicial como si fuese un triunfo y realicen cualquier tipo de homenaje en su favor. Estaría bien. Pero, desde luego, no responde a la trayectoria que ha mantenido hasta el momento. Su último corte de mangas, precisamente, se lo hizo al juez, cuando fue a verle al hospital y Bolinaga le conminó, como hacen todos los etarras y los dirigentes de la izquierda abertzale, a cumplir con «sus propias leyes».
Ése, precisamente, es el argumento que, en esta historia, el Gobierno no ha querido desactivar, el de que la ley le permitía mantenerlo en prisión pero que, sólo por motivos humanitarios, por generosidad democrática, se acogía a la otra lectura de la norma que le permitía, primero, concederle el tercer grado y, después, liberarlo. Porque cabe insistir en que la dignidad no depende del lugar donde muera un enfermo, sino de la especie de tipo que uno sea y es imposible que Bolinaga alcance ese estatus.
El Gobierno dirá ahora que es una decisión judicial y que se limita a respetarla, pero no es así. Del mismo modo que es poco probable que se haya visto presionado por la huelga de hambre de los presos de ETA o por las manifestaciones o acusaciones públicas de la izquierda abertzale. Los propios radicalessostienen que los etarras son incapaces de llevar una huelga de hambre hasta el final y que simplemente se han aprovechado, propagandísticamente, de la torpeza de la Administración de trasladar al etarra a San Sebastián.
El Ejecutivo tomó la decisión de dejar en libertad a Bolinaga antes de esto y por otros motivos menos directos, pero no menos intensos y que ha asumido como planteamiento político general. Porque no estaba dispuesto a correr el riesgo de que el etarra se le muriera en prisión en estas circunstancias de cese definitivo; porque calculó que las consecuencias de la muerte de este recluso ahora podían ser más gravosas que la decisión de propiciar su libertad (que probablemente le hubiese sido concedida igualmente por los progresistas jueces de la sección primera tras un recurso); porque el PNV no le hubiese dejado en paz y porque el PSE, dispuesto a atribuirse el fin de ETA, hubiera explotado la situación.
Es curioso ver cómo los socialistas insisten en que respaldan en todo la política antiterrorista del Gobierno sin mencionar que, por otra parte, ellos dejaron encarrilada una parte de la situación en la que también fueron ayudados por los populares. Sólo es cuestión de explicarlo y de precisar hasta dónde se va a llegar exactamente -en ese asunto preciso, el Ejecutivo sostiene que «ni de coña» va a soltar a los otros 14 enfermos- y cuándo. Básicamente porque, a veces, para poner gesto de condescendencia humanitaria ante el corte de mangas de un desgraciado, se necesita mucho entrenamiento.
«Es una forma de volver a matarnos»
Las víctimas claman por la decisión, que la mayoría de los partidos respalda
Todos los partidos políticos manifestaron ayer su respaldo a la decisión
del juez central de Vigilancia Penitenciaria -el PSOE lo hizo por
omisión-, con la excepción de UPyD, que fue muy crítico. Enfrente, las
asociaciones de víctimas fueron muy duras: «Es una forma de volver a
matarnos», dijo la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.El portavoz adjunto del PP en el Congreso Leopoldo Barrera aseguró a Efe que esta decisión es «coherente con las previsiones legales y con lo que han sido las interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años».
El diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó que se trata de una medida «lógica, necesaria y humanitaria» y, en la misma línea, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dijo en Twitter que se trata de un «triunfo de los derechos humanos».
El PSOE declinó hacer comentarios, aunque en días anteriores había mostrado su apoyo a la libertad condicional del etarra.
Enfrente, la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió a la Fiscalía que recurra y criticó que el Gobierno haya puesto en manos del juez la decisión, «enmascarando una mentira».
Además de la reacción de Pedraza, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, lamentó que Bolinaga va a ser recibido «como un héroe» en Mondragón (Guipúzcoa) y «se va a ir a la tumba orgulloso». El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, manifestó que siente una «total decepción» con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Antes de conocerse la decisión judicial, una mujer fue detenida en Vitoria por la Ertzaintza tras intentar golpear a un agente en una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Álava para exigir la excarcelación.
