Dice que no está en 'situación terminal', que el 50% vive más de 11 meses y que con tratamiento 'puede mejorar'
El
cáncer que padece el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga «no se
encuentra en fase terminal» y su tratamiento puede ser administrado por
los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro
hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.Éstas son las principales conclusiones del informe que entregó ayer la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena que, sin embargo, coincide con el que presentó hace una semana el Hospital Donostia en el principal dato objetivo: que su esperanza de vida actual es de menos de un año.
En concreto, la forense señala que la mitad de los enfermos en la misma situación clínica que Bolinaga no sobrevive más de 11,3 meses. El dictamen que elaboraron en el Donostia nueve facultativos de la Consejería de Sanidad vasca -siete especialistas en medicina interna y dos oncólogos, según fuentes de la Audiencia Nacional- concluía que la probabilidad de que viviese más de nueve meses era del 50% y apenas tenía una posibilidad entre 10 de superar el año de vida. A efectos prácticos, tanto monta.
La
doctora Baena precisa, eso sí, que existe una tercera lesión cerebral
pendiente de diagnosticar, lo que podría empeorar su pronóstico, y
también que el secuestrador de Ortega Lara aún no ha comenzado a recibir
tratamiento específico -radioterapia y, en su caso, radiocirugía- lo
que podría mejorarlo «sensiblemente», aunque sin llegar a sanar.La jurisprudencia del Constitucional establece, no obstante, que al enfermo no se le puede imponer ninguna terapia.
Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que no hay duda de que, con ese diagnóstico, Bolinaga entra dentro de las previsiones legales para acceder a la posibilidad de ser clasificado en tercer grado penitenciario, por lo que es altamente probable que sea excarcelado con más o menos restricciones, como la imposición de una pulsera de control telemático. El fiscal, de hecho, no recurrirá esa decisión discrecional de la Administración.
Otra cosa es la libertad condicional. Buena parte del volumen que ha alcanzado el asunto en el debate público se explica por el malestar que existe en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se entiende que el Gobierno ha intentado abdicar en ella parte de su responsabilidad política, también con vistas a sentar un precedente que condicione su actuación ante decisiones similares sobre ETA y su entorno en un futuro próximo. Fuentes judiciales subrayaron la diferencia entre esta beligerancia de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza y su actuación, mucho más complaciente, durante el proceso de paz de 2006.
Si Instituciones Penitenciarias hubiese optado por conceder el tercer grado a Bolinaga y configurarlo como un régimen abierto o semiabierto, la consecuencia práctica habría sido una excarcelación más o menos restringida sin necesidad de que interviniesen el
El cáncer que padece el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga «no se encuentra en fase terminal» y su tratamiento puede ser administrado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.
Éstas son las principales conclusiones del informe que entregó ayer la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena que, sin embargo, coincide con el que presentó hace una semana el Hospital Donostia en el principal dato objetivo: que su esperanza de vida actual es de menos de un año.
En concreto, la forense señala que la mitad de los enfermos en la misma situación clínica que Bolinaga no sobrevive más de 11,3 meses. El dictamen que elaboraron en el Donostia nueve facultativos de la Consejería de Sanidad vasca -siete especialistas en medicina interna y dos oncólogos, según fuentes de la Audiencia Nacional- concluía que la probabilidad de que viviese más de nueve meses era del 50% y apenas tenía una posibilidad entre 10 de superar el año de vida. A efectos prácticos, tanto monta.
La doctora Baena precisa, eso sí, que existe una tercera lesión cerebral pendiente de diagnosticar, lo que podría empeorar su pronóstico, y también que el secuestrador de Ortega Lara aún no ha comenzado a recibir tratamiento específico -radioterapia y, en su caso, radiocirugía- lo que podría mejorarlo «sensiblemente», aunque sin llegar a sanar.
La jurisprudencia del Constitucional establece, no obstante, que al enfermo no se le puede imponer ninguna terapia.
Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que no hay duda de que, con ese diagnóstico, Bolinaga entra dentro de las previsiones legales para acceder a la posibilidad de ser clasificado en tercer grado penitenciario, por lo que es altamente probable que sea excarcelado con más o menos restricciones, como la imposición de una pulsera de control telemático. El fiscal, de hecho, no recurrirá esa decisión discrecional de la Administración.
Otra cosa es la libertad condicional. Buena parte del volumen que ha alcanzado el asunto en el debate público se explica por el malestar que existe en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se entiende que el Gobierno ha intentado abdicar en ella parte de su responsabilidad política, también con vistas a sentar un precedente que condicione su actuación ante decisiones similares sobre ETA y su entorno en un futuro próximo. Fuentes judiciales subrayaron la diferencia entre esta beligerancia de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza y su actuación, mucho más complaciente, durante el proceso de paz de 2006.
Si Instituciones Penitenciarias hubiese optado por conceder el tercer grado a Bolinaga y configurarlo como un régimen abierto o semiabierto, la consecuencia práctica habría sido una excarcelación más o menos restringida sin necesidad de que interviniesen el fiscal o el juez. Pero Interior, cuyas relaciones con la Audiencia Nacional han tomado desde hace meses un cariz tormentoso, ha escogido el camino de la libertad condicional, que sólo puede conceder el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, previo informe del fiscal.
La ventaja para el Gobierno es evidente: fiscal y juez tienen que pronunciarse ahora sobre la libertad condicional y también sobre el tercer grado, lo que revestirá una decisión discrecional de naturaleza política de una conveniente pátina de estricta aplicación de la legalidad.
El artículo 92 del Código Penal exige a los presos terroristas que quieran optar a la libertad condicional, también a los que están enfermos incurables y ya tengan el tercer grado, que se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas. Existe una sentencia paradigmática del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que dispone que el recluso debe cumplir con todos aquellos requisitos que dependan exclusivamente de su voluntad expresa: entre ellos, obviamente, el arrepentimiento. En este punto, nadie se ha planteado siquiera pedirle algo semejante a Bolinaga.
Pero hay una notable excepción: que el peligro para la vida del enfermo sea «patente», lo que los jueces de Vigilancia Penitenciaria interpretan como un riesgo inminente de muerte. En tal caso, el principio de humanidad de las penas y el derecho a la dignidad de las personas prevalecen sobre cualquier otra consideración, por lo que no se impone ningún requisito para excarcelar al recluso.
A responder a la pregunta de si Bolinaga se encuentra en ese caso es a lo que se refiere la forense cuando dice que «en la actualidad el enfermo no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos». Es decir: que lo cierto es que aún no tiene ninguna limitación física, pero también que la esperanza de vida que se concede a Bolinaga es verdaderamente escasa y que el dictamen del hospital Donostia advierte de que un colapso multiorgánico que le lleve a la muerte puede ocurrir en cualquier momento.
El Gobierno respaldó ayer la intervención hiperbólica que en la víspera protagonizó su ministro del Interior, Jorge Fernández, que llegó a decir que, si no hubiese clasificado a Bolinaga en tercer grado, su ministerio habría «prevaricado», al tiempo que respondió con contundencia a las críticas de su compañero Jaime Mayor Oreja. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo «actúa cumpliendo la ley en la forma en la que se ha venido interpretando y aplicando». Añadió que «ahora le corresponde al juez tomar una decisión a la vista de los informes, y el Gobierno respetará la decisión».
Sáenz de Santamaría manifestó su respaldo a las víctimas -«humana y personalmente tienen todo mi apoyo y las comprendo más que al 100%»- y reiteró que «este Gobierno no negocia ni habla ni tiene contactos con terroristas», informa Efe.
En la línea de los últimos días, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, se posicionó en este asunto «al lado del Gobierno».
Si Instituciones Penitenciarias hubiese optado por conceder el tercer grado a Bolinaga y configurarlo como un régimen abierto o semiabierto, la consecuencia práctica habría sido una excarcelación más o menos restringida sin necesidad de que interviniesen el fiscal o el juez. Pero Interior, cuyas relaciones con la Audiencia Nacional han tomado desde hace meses un cariz tormentoso, ha escogido el camino de la libertad condicional, que sólo puede conceder el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, previo informe del fiscal.
La ventaja para el Gobierno es evidente: fiscal y juez tienen que pronunciarse ahora sobre la libertad condicional y también sobre el tercer grado, lo que revestirá una decisión discrecional de naturaleza política de una conveniente pátina de estricta aplicación de la legalidad.
El artículo 92 del Código Penal exige a los presos terroristas que quieran optar a la libertad condicional, también a los que están enfermos incurables y ya tengan el tercer grado, que se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas. Existe una sentencia paradigmática del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que dispone que el recluso debe cumplir con todos aquellos requisitos que dependan exclusivamente de su voluntad expresa: entre ellos, obviamente, el arrepentimiento. En este punto, nadie se ha planteado siquiera pedirle algo semejante a Bolinaga.
Pero hay una notable excepción: que el peligro para la vida del enfermo sea «patente», lo que los jueces de Vigilancia Penitenciaria interpretan como un riesgo inminente de muerte. En tal caso, el principio de humanidad de las penas y el derecho a la dignidad de las personas prevalecen sobre cualquier otra consideración, por lo que no se impone ningún requisito para excarcelar al recluso.
A responder a la pregunta de si Bolinaga se encuentra en ese caso es a lo que se refiere la forense cuando dice que «en la actualidad el enfermo no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos». Es decir: que lo cierto es que aún no tiene ninguna limitación física, pero también que la esperanza de vida que se concede a Bolinaga es verdaderamente escasa y que el dictamen del hospital Donostia advierte de que un colapso multiorgánico que le lleve a la muerte puede ocurrir en cualquier momento.
El Gobierno respaldó ayer la intervención hiperbólica que en la víspera protagonizó su ministro del Interior, Jorge Fernández, que llegó a decir que, si no hubiese clasificado a Bolinaga en tercer grado, su ministerio habría «prevaricado», al tiempo que respondió con contundencia a las críticas de su compañero Jaime Mayor Oreja. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo «actúa cumpliendo la ley en la forma en la que se ha venido interpretando y aplicando». Añadió que «ahora le corresponde al juez tomar una decisión a la vista de los informes, y el Gobierno respetará la decisión».
Sáenz de Santamaría manifestó su respaldo a las víctimas -«humana y personalmente tienen todo mi apoyo y las comprendo más que al 100%»- y reiteró que «este Gobierno no negocia ni habla ni tiene contactos con terroristas», informa Efe.
En la línea de los últimos días, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, se posicionó en este asunto «al lado del Gobierno».
Vea hoy en Orbyt el análisis sobre el informe forense
Un 10 a la forense, parece demostrase, que de momento aún hay gente decente en todas partes, y no contaminadas por el desgobierno de turno.
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