Interior oculta un grave error tras una falsedad

El Mundo

. SIETE víctimas de ETA han anunciado que iniciarán una huelga de hambre frente al Ministerio del Interior si finalmente Uribetxeberria Bolinaga es excarcelado, decisión pendiente de la Audiencia Nacional, una vez que el Gobierno le ha concedido el tercer grado. También la AVT, que agrupa a la mayoría de las víctimas de ETA, protestará por la decisión del Gobierno con movilizaciones en las que visitarán las cárceles españolas con reclusos etarras, un viaje que finalizará en Soto del Real. Ambas iniciativas dan buena cuenta del malestar y la indignación de las víctimas del terrorismo con el Ejecutivo del PP, al que acusan de haber abandonado la firmeza en el combate contra ETA. El enojo de los que han sufrido el zarpazo del terrorismo es completamente lógico -y está abriendo una brecha entre el PP y muchos de sus votantes-, pero la presión ejercida a través de una huelga de hambre no nos parece lo más conveniente. Por mucho que les duela, las víctimas que lo han anunciado deberían recapacitar.

Ahora bien, lo lamentable es que el Gobierno haya dejado que las cosas ll
eguen hasta este punto por un error que podía haber evitado con estricto respeto a la legalidad. Así no se vería obligado a justificar y ocultar ese grave error con una falsedad. Es lo que hizo ayer el ministro del Interior, visiblemente molesto por cierto, al asegurar que al Gobierno le «duele» la decisión, pero que de no haber concedido al recluso el tercer grado habría incurrido en «prevaricación». El delito de prevaricación está perfectamente tipificado y se aplica a las autoridades que toman una decisión injusta a sabiendas. Ningún juez aceptaría una querella por prevaricación contra un Gobierno por haber realizado una interpretación distinta del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, que establece que «los penados enfermos muy graves podrán ser clasificados en tercer grado». Dice «podrán» y no «deberán», lo que significa que no hay un mandato preceptivo, sino facultativo. Bolinaga no ha pedido perdón a las víctimas ni se ha arrepentido, no está en fase terminal, por lo que podría continuar en un hospital penitenciario y existen muchas dudas en torno al informe de los médicos, e incluso al tratamiento recibido. El padre de Diego Salvà, guardia civil asesinado en el último atentado de ETA, ha dirigido una carta al responsable de Instituciones Penitenciarias en la que cuestiona su argumento para justificar el traslado de la cárcel de León a San Sebastián para su tratamiento oncológico porque había sido operado allí. Antronio Salvà, urólogo de profesión, asegura que en León hay profesionales de la medicina tan preparados como en San Sebastián. «Usted podrá engañar a parte de la población, pero a mí no. El traslado es una cuestión política», concluye.

Como tal decisión política, la excarcelación de Bolinaga está originando una fuerte marejada en el seno del PP. Esperanza Aguirre aseguró ayer que ella no lo hubiera hecho -«una cosa es que se pueda y otra que se deba»- sumándose así a las críticas de Mayor Oreja. Precisamente Jorge Fernández dedicó al ex ministro de Aznar una carga de profundidad al asegurar que en su etapa en Interior hubo 16 excarcelaciones de etarras similares a la de Bolinaga.