En contra de Interior y de la Fiscalía, permite a internos recibir a ex reclusos etarras
El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro,
el mismo que debe decidir sobre la situación penitenciaria de Josu
Uribetxeberria Bolinaga, ha suavizado el régimen de visitas de los
presos de la organización terrorista ETA. El magistrado ha cambiado de
criterio hace varios meses y está permitiendo lo que hasta ahora estaba
vetado y cerrado a cal y canto: que los presos etarras reciban las
visitas de otros etarras que ya están fuera de la cárcel y de miembros
de la izquierda abertzale con antecedentes.
El cambio de rumbo del juez se produce en contra de los criterios del
Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Hasta el momento, el
proceso siempre era el mismo: el Ministerio del Interior, a través de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, negaba las visitas a
etarras por parte de ex presos de ETA o de la izquierda abertzale con
antecedentes y la autoridad judicial corroboraba la decisión tras los
recursos de los internos afectados.Se trataba y se sigue tratando de evitar que ETA mantenga el contacto con sus presos a través de las visitas, y los controle. Pretende de luchar también contra el llamado frente de makos, de impedir la cohesión de este hasta ahora rocoso colectivo. La política penitenciaria ha sido y es otra de las herramientas del Estado en su lucha contra ETA. Y en el uso de esa herramienta se cerraban las puertas y se tratan de seguir cerrando a que los presos de ETA tengan contactos directos con la organización. Así, estas visitas quedaban bloqueadas.
Eran muchas las veces que los presos planteaban recursos ante el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional para tratar de corregir la decisión del Ministerio del Interior. Pero, hasta el pasado mes de febrero, desde el ámbito judicial se avalaba la postura de Interior y las visitas de condenados de ETA seguían cerradas a cal y canto.
Pero el juez ha cambiado de criterio y está permitiendo las visitas de etarras a presos de ETA. Este cambio de actitud ha provocado un profundo malestar no sólo entre las Fuerzas y Cuerpos de la seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias, sino también en el seno del Ministerio Público. El juez se ha encontrado un muro de contención en la Fiscalía. Sus representantes se han opuesto a las autorizaciones del juez.
Los recursos contra sus decisiones han caído uno detrás de otro desde la Fiscalía. En algunos de sus escritos, el fiscal se opone tras poner en cuestión «razones de seguridad en relación al riesgo de la institución y de los funcionarios que la sirven por el hecho de que personas vinculadas con el entorno de ETA tengan acceso a los centros penitenciarios o contacten con internos condenados por delitos de terrorismo». En sus recursos citan como «precedentes» sentencias del Tribunal Constitucional desde 1997 para negarse a avalar las visitas. Expone la Fiscalía que puede ser suficiente para negarse «la acreditada pertenencia a la organización terrorista o bien la pertenencia a colectivos cercanos a la banda». «No debe accederse a la autorización tampoco dado que los contactos con el entorno de la organización, o bien contribuyen a reforzar los postulados ideológicos que dieron lugar a la realización del acto delictivo o bien ayudan a evitar que se produzcan renuncias o arrepentimientos de los internos al marcar la cohesión y disciplina del grupo. No estamos ante una cuestión de existencia de condenas penales en los posibles interlocutores, sino ante un dato puramente fáctico: la relación o existencia de vínculos con organizaciones de ideología próxima a ETA cuyo contacto con los internos retroalimenta el germen patógeno de la actividad terrorista», indica la Fiscalía en sus recursos de apelación contra la decisión judicial.
Entiende el fiscal que existe un alto grado de probabilidad de que en dichos encuentros se produzca un intercambio de informaciones, órdenes y consignas que no sean detectadas «por más que las comunicaciones estén intervenidas». «Es bien conocida la existencia de múltiples formas para comunicar información, desde el lenguaje no verbal hasta códigos o claves concertadas».
Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, Castro ha autorizado ya alrededor de 25 visitas entre presos y condenados. Y todas han sido recurridas por la Fiscalía. En algunas, ha logrado imponer su criterio. Varias de las autorizaciones del juez del pasado mes de junio, fueron revocadas.
Más de 25 autorizaciones
Según datos que obran en poder de este periódico, el juez Castro ya
autorizó visitas de condenados el pasado mes de febrero. Y ya van al
menos 25 permisos. En concreto, el etarra Garikoitz Mugika Zubiarrain
recibió las visitas en la cárcel de Alicante 1 de los miembros de la
izquierda 'abertzale' Begoña Gadeano e Eider Elduayen. En junio este
etarra volvió a recibir nuevas visitas de condenados por delitos
relacionados con el terrorismo. El Ministerio del Interior había negado
la autorización para estos encuentros. Pero el juez Castro estimó la
queja del interno y los encuentros se celebraron. No fue éste el único
preso de ETA. Este periódico tiene datos sobre visitas también a otros
presos de ETA como Iratxe Ortiz de Barón, Miguel Javier Laborda, María
Lizarraga Merino o Zaola Zenarruzabeitia Iruguen, que, al menos, desde
febrero hasta julio han estado recibiendo visitas autorizadas por el
juez en contra del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Y entre los
visitantes de los penados: Ibon Etxebarria, Urko Pagoaga
El juez socialista, que no lo es, está ahora actuando a favor de los asesinos, seguro que tiene algo que ver el químico con ello. Era de esperar en este tira y afloja que mantienen unos y otro. Que despporre de juasticia y de desgobierno.
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