Bermúdez pide el vídeo de la rueda de prensa que ofreció para explicar la operación
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez investiga si el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cometió un delito de
revelación de secretos al divulgar datos bajo sigilo de sumario en la
rueda de prensa que ofreció en el Congreso para explicar las últimas
detenciones del caso Cordón.En una providencia divulgada ayer, el instructor explica que abre una pieza separada dentro del sumario sobre el secuestro «con el fin de determinar si existe base para estimar indiciariamente cometido un delito el [sic] de revelación de secretos y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados en las [sic] que se dieron datos protegidos por el secreto de sumario».
El juez reclama a las televisiones que le envíen antes de 10 días «el vídeo de la rueda de prensa dada por el excmo. Sr. Ministro del Interior el día 19 de julio de 2012 sobre la investigación de referencia». En esa intervención pública, Fernández Díaz habló del hallazgo de la casa de Lyon en la que había permanecido secuestrado Publio Cordón y ofreció abundantes detalles sobre las nuevas pesquisas.
El juez también requiere al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al general jefe del Servicio de Información del Instituto Armado para que en un máximo de cinco días le digan quién les dio información «verbal o escrita» del resultado de las investigaciones, y a quién se la transmitieron ellos. Al general jefe le pide igualmente que identifique «a la persona que informó a las autoridades del Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación».
La resolución de Gómez Bermúdez llega cuando apenas lleva dos meses como instructor. El juez pidió la plaza tras fracasar en su intento de renovar como presidente de la Sala de lo Penal. Esta vez no contó con el apoyo de los vocales del CGPJ designados a propuesta del PP, con el que años antes se había aupado al puesto.
Pese a lo espectacular de la decisión, el juez sólo tiene margen para hacer una investigación preliminar, ya que no es competente ni para investigar un delito de revelación de secretos -que correspondería a un juzgado de Madrid-, ni para investigar a un aforado como Fernández Díaz. Al tratarse de un miembro del Gobierno, únicamente el Tribunal Supremo podría imputarle e instruir una causa contra él.
Lo que sí puede hacer el juez de la Audiencia es efectuar una somera investigación inicial para determinar si hay suficientes indicios de delito y si éstos apuntan a un aforado. Si así lo considera, procederá a elevar al Supremo una exposición razonada reuniendo esos indicios. A partir de ahí, todo quedaría en manos del Alto Tribunal.
Aunque hasta ayer no había referencia expresa a aforados, apenas dos días después de la rueda de prensa del ministro, el juez ya comenzó a investigar una posible revelación de secretos y a centrar el tiro en el ministro.
En una providencia del 21 de julio, Gómez Bermúdez explicó que había tenido conocimiento a través de medios de comunicación de datos bajo secreto, lo que podía perjudicar las investigaciones y la cooperación judicial. Lo primero que hizo fue pedir a la Guardia Civil que le detallara la cadena de custodia de la comisión rogatoria devuelta por Francia con el resultado de las pesquisas, con precisión de la copias que había hecho.
El juez habla en su escrito de un delito de revelación de secretos. El Código Penal castiga con penas de multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo» (artículo 417). Si la revelación ha provocado «grave daño para la causa pública» puede llegar hasta los tres años de prisión.
Además, existe otro artículo más específico (art. 466) que castiga a quien «revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial». En este caso, las penas son de multa e inhabilitación de hasta cuatro años. El artículo precisa que lo pueden cometer abogados, procuradores, jueces, secretarios judiciales «o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia», categoría en la que sería necesario encajar al ministro si se quisiera seguir adelante por este artículo.
Por otra parte, el juez envió ayer a prisión a la grapo Manuela Ontanilla, en la que hace un mes no vio riesgo de fuga y dejó libre por el caso Cordón. El juez dice ahora que su rastro genético ha aparecido en un zulo y que eso hace que aumente el peligro de que huya.
Hombre, este ministro no es santo de mi devoción, porque también hace cosas en contra de como debe de hacerlas, y en contra de lo dicho en su programa electoral. Pero el juez medallas, solamente tiene el valor de hacer lo que hace, con los que no son de su partido, porque ahí tenemos el caso faisán si resolver porque no interesa al químico, verdad medallas??.
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