Les acusa de prevaricación al permitir que se matricularan dos terroristas deportados
.La Fiscalía del País Vasco reclama una condena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a dos miembros de la Universidad Pública del País Vasco (UPV) por facilitar la matriculación a etarras que no tenían derecho a ello al tratarse de deportados.
El escrito de acusación que acaba de presentar en el Juzgado número 3 de Guecho (Vizcaya) atribuye un delito de prevaricación administrativa al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, José Enrique Antolín Iria, y al designado tutor de los alumnos presos de esa facultad, Xabier Aierdi Urraza.
Ambos permitieron que los etarras Ángel Lete Echaniz y Belén González Peñalva cursaran estudios en la UPV pese a tratarse de deportados y, por tanto, de «alumnos que de forma evidente no podían integrarse en el sistema de alumnos presos». En el caso de Lete Echaniz, deportado en Cabo Verde y ya fallecido, logró cursar Filosofía y Ciencias Políticas, mientras que González Peñalva, deportada en República Dominicana, obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas.
«La presencia de los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos se produjo sin cobertura jurídica alguna» y de manera «arbitraria», dice el fiscal, que explica que «los deportados, al no estar internos en centros penitenciarios, carecían de un requisito necesario para formar parte de dicho sistema». Y todo ello pese a resultar «notorio que la lejanía geográfica con Cabo Verde y la República Dominicana impedía articular un sistema de garantías que asegurara que las asignaturas se cursaban con el debido rigor».
Según explica el Ministerio Público, Antolín Iria fue designado como responsable de los llamados «alumnos especiales», que incluía a los terroristas encarcelados en Francia y España. «Desde dicha posición de responsabilidad, mantuvo a los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos».
En cuanto a Urraza, «desempeñó en el sistema de alumnos presos funciones de responsabilidad como coordinador y encargado de resolver los posibles problemas que pudieran surgir en relación con estos alumnos». Gracias a la actuación de este acusado, Belén González, condenada a cientos de años por numerosos asesinatos, no sólo logró matricularse, sino que le resultó más fácil superar las asignaturas. Así se desprende de un episodio relatado por el fiscal en su escrito. Aierdi «influyó» en el profesor de Derecho Internacional Público de la etarra «para que, sin causa justificada, modificara la prueba de evaluación», cambiando el examen que tenía previsto ponerle «por un trabajo, mecanismo de evaluación más flexible y sencillo de superar». Lo
hizo «prevaliéndose del desconocimiento del sistema de alumnos presos por parte del docente, sistema que no excluía ni restringía la posibilidad de fijar un examen como evaluación». Ese episodio, cree el fiscal, «contribuyó a la arbitrariedad del sistema».
El Ministerio Público dice que el vicedecano y el tutor son autores del delito del artículo 404 del Código Penal: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años».
Al banquillo sólo llegará una pequeña parte de la investigación abierta en el juzgado de Guecho, donde también ejercen la acusación Voces contra el Terrorismo y la AVT. El caso comenzó en 2005 y acumuló una treintena de sospechosos de cometer irregularidades que favorecían a etarras, que así conseguían los títulos y las correspondientes redenciones de condena. En 2008, el juzgado levantó la imputación contra 19 profesores y en 2011 a la mayor parte de los cargos de la UPV. Uno de los argumentos para ello fue que la libertad de cátedra ofrecía tal margen de maniobra que era imposible proceder contra ellos «en los estrechos márgenes del Código Penal». Aun así, la juez hablaba de «reproche moral» hacia «los imputados, que por miedo o simpatía hacia el colectivo evaluaron de forma absolutamente laxa las asignaturas».
En mayo de 2011, la juez decidió seguir contra cuatro imputados. La decisión fue recurrida y la Audiencia de Vizcaya limitó la posibilidad de juicio a los hoy acusados.
.La Fiscalía del País Vasco reclama una condena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a dos miembros de la Universidad Pública del País Vasco (UPV) por facilitar la matriculación a etarras que no tenían derecho a ello al tratarse de deportados.
El escrito de acusación que acaba de presentar en el Juzgado número 3 de Guecho (Vizcaya) atribuye un delito de prevaricación administrativa al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, José Enrique Antolín Iria, y al designado tutor de los alumnos presos de esa facultad, Xabier Aierdi Urraza.
Ambos permitieron que los etarras Ángel Lete Echaniz y Belén González Peñalva cursaran estudios en la UPV pese a tratarse de deportados y, por tanto, de «alumnos que de forma evidente no podían integrarse en el sistema de alumnos presos». En el caso de Lete Echaniz, deportado en Cabo Verde y ya fallecido, logró cursar Filosofía y Ciencias Políticas, mientras que González Peñalva, deportada en República Dominicana, obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas.
«La presencia de los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos se produjo sin cobertura jurídica alguna» y de manera «arbitraria», dice el fiscal, que explica que «los deportados, al no estar internos en centros penitenciarios, carecían de un requisito necesario para formar parte de dicho sistema». Y todo ello pese a resultar «notorio que la lejanía geográfica con Cabo Verde y la República Dominicana impedía articular un sistema de garantías que asegurara que las asignaturas se cursaban con el debido rigor».
Según explica el Ministerio Público, Antolín Iria fue designado como responsable de los llamados «alumnos especiales», que incluía a los terroristas encarcelados en Francia y España. «Desde dicha posición de responsabilidad, mantuvo a los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos».
En cuanto a Urraza, «desempeñó en el sistema de alumnos presos funciones de responsabilidad como coordinador y encargado de resolver los posibles problemas que pudieran surgir en relación con estos alumnos». Gracias a la actuación de este acusado, Belén González, condenada a cientos de años por numerosos asesinatos, no sólo logró matricularse, sino que le resultó más fácil superar las asignaturas. Así se desprende de un episodio relatado por el fiscal en su escrito. Aierdi «influyó» en el profesor de Derecho Internacional Público de la etarra «para que, sin causa justificada, modificara la prueba de evaluación», cambiando el examen que tenía previsto ponerle «por un trabajo, mecanismo de evaluación más flexible y sencillo de superar». Lo
hizo «prevaliéndose del desconocimiento del sistema de alumnos presos por parte del docente, sistema que no excluía ni restringía la posibilidad de fijar un examen como evaluación». Ese episodio, cree el fiscal, «contribuyó a la arbitrariedad del sistema».
El Ministerio Público dice que el vicedecano y el tutor son autores del delito del artículo 404 del Código Penal: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años».
Al banquillo sólo llegará una pequeña parte de la investigación abierta en el juzgado de Guecho, donde también ejercen la acusación Voces contra el Terrorismo y la AVT. El caso comenzó en 2005 y acumuló una treintena de sospechosos de cometer irregularidades que favorecían a etarras, que así conseguían los títulos y las correspondientes redenciones de condena. En 2008, el juzgado levantó la imputación contra 19 profesores y en 2011 a la mayor parte de los cargos de la UPV. Uno de los argumentos para ello fue que la libertad de cátedra ofrecía tal margen de maniobra que era imposible proceder contra ellos «en los estrechos márgenes del Código Penal». Aun así, la juez hablaba de «reproche moral» hacia «los imputados, que por miedo o simpatía hacia el colectivo evaluaron de forma absolutamente laxa las asignaturas».
En mayo de 2011, la juez decidió seguir contra cuatro imputados. La decisión fue recurrida y la Audiencia de Vizcaya limitó la posibilidad de juicio a los hoy acusados.
Que cuadrilla, todos en alguna medida, han ayudado a los asesinos. Espero que sea así y los inhabiliten, pero el daño ya está hecho.
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