Condecorado el mando de la Guardia Civil que investigó a Domínguez

PEDRO SIMÓN / Madrid

02/10/2011/El Mundo

El Gobierno ha decidido condecorar con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo a Jesús Gálvez Pantoja -comandante jefe de la Sección de Consumo y Medio Ambiente (Secoma) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-, uno de los agentes investigados por la juez por la hipotética elaboración de pruebas falsas inculpatorias contra Marta Domínguez en el transcurso de la operación Galgo.

El comandante jefe Gálvez Pantoja -que será galardonado este miércoles en un acto público por el Consejo Superior de Deportes- está precisamente al frente de la UCO Secoma, el grupo destinado a la lucha contra el dopaje del Instituto Armado que implicó a la palentina en una trama de tráfico de sustancias dopantes de la que finalmente quedó limpia.

En su último auto, la juez instructora del caso, Mercedes Pérez Barrios, ha llamado a declarar a todos los guardias civiles integrantes de esta sección «para depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los agentes». Entre otras cuestiones a aclarar están las de por qué se rompió dos veces la cadena de custodia judicial de la prueba clave contra Domínguez y cómo es que los tres botes enviados vacíos al laboratorio aparecieron después milagrosamente llenos con una sustancia que antes no estaba.

El organismo que condecora al comandante jefe Jesús Gálvez Pantoja es el Consejo Superior de Depotes (CSD), que depende directamente del Ministerio de la Presidencia y de Presidencia del Gobierno.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar este miércoles en el auditorio José María Cagigal de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF). El acontecimiento estará presidido por la Infanta Cristina y contará con la presencia del secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD.

En el evento, el jefe del Secoma será galardonado por el Gobierno junto a cerca de 250 personalidades e instituciones. Deportistas como los integrantes de la selección española de fútbol, Erika Villaécija, Jesús Carballo, María José Rienda, Carlos Jiménez, Jorge Garbajosa o Edi Tubau; entes como la Federación Española de Balonesto o la Volta Ciclista a Catalunya; y personalidades recibirán unas distinciones (sin dotación económica) que en forma de gran cruz, medalla o placa abarcan los tres metales nobles. El investigador de Marta Domínguez señalado por la juez será premiado con la medalla de bronce.

Según el real decreto por el que se constituye la Real Orden del Mérito Deportivo, que data de 1982, el galardón queda reservado para aquellos «que se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, en el fomento y enseñanzas de la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en su investigación, difusión, organización y desarrollo». La norma dice también que corresponde al Gobierno, a través del presidente del CSD, elegir directamente a los que reciban los premios menores, léase medallas y placas de plata y bronce.

Cuando era capitán, Gálvez Pantoja fue jefe de la Sección de Delincuencia Especializada de la UCO. Posteriormente, llegó a ser jefe de servicio de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto fue cuando Antonio Camacho -actual ministro del Interior y ex número dos de Rubalcaba- estaba al frente del departamento.

Junto a Jesús Gálvez Pantoja, habrá otro ilustre guardia civil en la lucha antidopaje galardonado. Se trata de Enrique Gómez Bastida. El teniente fue uno de los encargados del fiasco de la operación Puerto -aquel mediático arreón dado antes del cambio de la Ley del Deporte y que, cinco años más tarde, sigue sin dar lugar a un juicio- que dejó sangrando al ciclismo español. El caso es que, después del éxito, fue ascendido a capitán. A pesar de que no está en la Secoma, hoy en día es uno de los principales asesores de la sección.

«Es curioso. Jesús Gálvez y Enrique Bastida son las caras de los asuntos de dopaje en la Guardia Civil», señalan fuentes judiciales a este periódico. «El primero es el responsable de la unidad que ha estado tratando de involucrar a Marta y cuyas formas van a ser investigadas por la juez... Todos las actuaciones de la Guardia Civil contra el dopaje no han llevado a nadie a la cárcel, a nadie... Lo menos que se puede decir de estas medallas es que son precipitadas. Lo más, que responden a otras cuestiones».

Una sección bajo sospecha

>La juez del caso ha deducido testimonio para dilucidar la posible «responsabilidad» de los agentes de la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la que Jesus Gálvez Pantoja es comandante jefe. Son numerosas las negligencias de la investigación.

>Según el auto de la juez, los «frascos que se entregaron al laboratorio de la Agencia Española del Medicamento (...) no parecen ser los hallados en el domicilio de Alberto García [entrenador de Marta Domínguez], pues estaban vacíos».

>La instructora ha procedido a acordar «la nulidad de las actuaciones realizadas desde la entrada y registro en el domicilio de Alberto García». Lo que incluye «la nulidad de los análisis efectuados sobre la presunta trembolona que indiciariamente Marta Domínguez hizo llegar a Alberto García».

>La juez desmenuza cómo la cadena de custodia de las pruebas contra Marta se rompió en dos ocasiones. «No se identifican las muestras (...). Se desconoce cómo se conservaron».

Madrid

02/10/2011

Medalla del Gobierno al centro que financió a Garzón

Gran Cruz de Isabel la Católica para el presidente del Centro Rey Juan Carlos I

La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, entregará mañana la Gran Cruz de Isabel la Católica al presidente del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, John Brademas.

La decisión anunciada ayer por el Ministerio llega cuando sigue abierta una investigación sobre el juez Baltasar Garzón en la que el Tribunal Supremo ha lamentado el «evidente» y «deliberado propósito de ocultación» de la universidad estadounidense y su centro asociado a la hora de aportar datos sobre los cobros del juez Garzón durante su estancia de 16 meses en Nueva York. «La continua desatención y las evasivas a la hora de ofrecer la información requerida se han repetido a lo largo de la instrucción», señalaba en sus escritos el instructor de la causa en el Alto Tribunal, el magistrado Manuel Marchena.

La Gran Cruz es la segunda máxima distinción de la Orden de Isabel la Católica y premia los comportamientos de aquellas personas que hayan redundado en beneficio de España o que contribuyan de forma relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de este país con el resto de la comunidad internacional.

Entre los desplantes del Centro presidido por el mañana homenajeado Brademas -que también presidió la propia Universidad de Nueva York- se encuentra la negativa inicial de sus responsables a declarar ante el Supremo, pese a que la institución tiene sede en España y está legalmente obligada a colaborar con los tribunales. En abril del año pasado, su directora adjunta, Laura Turégano, esgrimió su condición de residente en EEUU para no comparecer, aunque sí lo hizo meses más tarde.

En los autos dictados en la causa, Marchena ha recalcado que la «contumaz actitud» obstruccionista del Centro Rey Juan Carlos I «está en franco contraste con la mención a la primera Jefatura del Estado español en su logotipo».

Garzón se encuentra imputado por prevaricación y cohecho en esta causa, cuyo origen está en los 302.000 dólares con los que el Santander financió dos series de coloquios organizados por el Centro y dirigidos por Garzón. Con esos fondos, el Centro pagó al juez 21.152 dólares en gastos de viaje y otros 21.650 para escolarizar a su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. A su regreso a España, el juez archivó una querella contra la cúpula del banco

Díez presenta a sus candidatos: "El 20-N está por decidir"

EXIGE ESTATALIZAR SANIDAD Y EDUCACIÓN

Díez ha presentado a sus candidatos en un gran acto en el Capitol de Madrid, y allí ha exigido reformas. El 20-N, dice, "aún está por decidir".

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Rosa Díez, junto a Toni Cantó (i) y Enrique Múgica (d) | Efe

• Un hijo de Fernando Múgica en Guipúzcoa y Toni Cantó en Valencia

2011-10-01

libertad digital

Díez ha presentado a sus candidatos en el Capitol de Madrid y arremetido contra el Gobierno, Rubalcaba, y ha pedido una reforma electoral, fiscal, y que la educación y la sanidad sean competencia del Estado.

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y candidata a la Presidencia del Gobierno, Rosa Díez, ha propuesto una reforma electoral "para que sea justa", una reforma del sistema fiscal y que la educación y la sanidad sean competencia del Estado.

Para Rosa Díez es importante que se supriman los cupos vascos y navarro para que la reforma fiscal en España sea "completa, progresiva y justa". Con el lema 'Toma la palabra', Rosa Díez ha presentado este sábado en Madrid a los números uno de UPyD para las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Y al igual que los candidatos que han pasado por el escenario del Cine Capitol de Madrid, ha felicitado a todos los asistentes por los cuatro años de la formación y por los resultados de las últimas elecciones municipales de mayo.

La líder de UPyD afirmó también que lo que ocurra en las próximas elecciones del 20 de noviembre "está aún por decidir" y, ante la posibilidad de que su partido consiga grupo propio en el Congreso, ha reclamado que "cada voto vale" para evitar que "sigan mandando los nacionalistas".

Durante la presentación de las candidaturas de UPyD a las próximas elecciones, Díez, arropada por sus compañeros de partido y simpatizantes, ha enumerado la lista "de malas ideas" que, a su juicio, han tenido los socialistas en su mandato y en el que el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha ejercido como "vicerresponsable primero de todo".

"No nos han hecho caso en nada y hemos tenido razón en todo", ha recalcado la líder de UPyD para criticar iniciativas emprendidas por el Gobierno socialista como la reciente reforma laboral, la bajada de los sueldos a los funcionarios, la congelación de las pensiones, el Plan E, el denominado "cheque bebé" o la devolución de los 400 euros en la declaración de la renta de los contribuyentes.

Sin embargo, "las peores ideas" las plasmaron, a su juicio, en la anterior legislatura, cuando "rompieron todos los pactos de Estado", el más grave de todos el de por las libertades y contra el terrorismo.

Ha subrayado que "meter a los testaferros de ETA en las instituciones democráticas es anticipar un final de indignidad para las víctimas y para la propia democracia" y, ante ello, ha propuesto la derrota definitiva del terror "juzgando y condenando no sólo a los terroristas, sino toda su historia".

Cuatro años después desde la fundación de UPyD, su líder ha recordado los principios con los que se creó la formación y ha reclamado la reforma de la ley electoral, devolver al Estado las competencias en materia de Sanidad y Educación o eliminar el concierto económico en el País Vasco y Navarra, entre otros asuntos.

De esta forma, ha hecho hincapié en que "cada voto vale para que realmente en España se hagan efectivos todos los derechos" y para evitar que "sigan mandando los nacionalismos", algo que no interesa ni en el PSOE ni en el PP, que "se conforman con sustituirse el uno al otro".

Por ello, ha pedido a los ciudadanos no utilizar el voto "para votar, sino para elegir" ya que, ha insistido, "lo que ocurra el 20-N está por decidir" pese al empeño de los dos partidos mayoritarios de hacer creer "que todo está dicho".

Presentación de candidatos

El acto que ha comenzado con un video de presentación de las diferentes comparecencias de la líder de UPyD en el Congreso de los Diputados, ha sido presentado por el candidato de UPyD, Martín de la Herrán, que le han ido sucediendo distintos candidatos de provincias como Zaragoza, Asturias o Murcia.

Este sábado junto a Rosa Díez, han estado diferentes candidatos en diferentes provincias como Rubén Múgica –hijo del dirigente del PSE asesinado por ETA, Enrique Múgica-, Álvaro Pombo o Toni Cantó. Todos los candidatos han indicado que la campaña de UPyD para las elecciones generales del 20 de noviembre se darán "ideas con argumentos y sin descalificaciones".

Rubén Múgica, candidato de UPyD por Guipúzcoa, ha calificado de "radical" el proyecto del partido de cara a las elecciones y ha indicado que "cada acto de UPyD será un acto contra ETA y una victoria de la democracia".

El escritor Álvaro Pombo ha comenzado sus palabras con notas de humor y ha señalado que UPyD "está a punto de cambiar el paradigma del panorama político español".

El actor y candidato de UPyD por Valencia, Toni Cantó, ha pedido el voto para UPyD señalando que en España hay gobernantes "caros e ineficientes".

Marlaska deja en libertad a los detenidos por financiar a Al Qaeda

Arrestados en país vasco y navarra

Los cinco detenidos estaban acusados de pertenecer a una célula que financiaba a grupos terroristas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

• Cinco detenidos en el País Vasco y Navarra

2011-10-01

libertad digital

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha puesto en libertad a los cinco detenidos el pasado martes por la Guardia Civil, informa Europa Press.

Mohamed Talbi, Hakim Anniche, Mounir Aoudache, Abdelghaffour Bensaoula y Ahmed Benchohra fueron arrestados en las localidades de Navarra e Irún (Guipúzcoa). Todos ellos son de nacionalidad argelina y tienen edades comprendidas entre los 36 y 49 años.

La Guardia Civil realizó tras las detenciones varios registros en domicilios y locales en las localidades navarras de Pamplona y Berriozar y en las guipuzcoanas de Irún y Legorreta, y se incautó de abundante material informático y documentación que deberá ser analizada.

El ministro del Interior, Antonio Camacho, aseguró en referencia a la operación coordinada por el magistrado de la Audiencia Nacional que los arrestados desempeñaban funciones de "captación y apoyo logístico" para la célula de Al Qaeda en el Magreb.

La Guardia Civil, investigada por las pruebas falsas contra Marta

P. DE LA CALLE / L. F. LÓPEZ / Madrid

01/10/2011/El Mundo

La juez revela que los 3 botes enviados al laboratorio con una supuesta sustancia dopante estaban vacíos al ser incautados

La juez Mercedes Pérez Barrios, instructora de la operación Galgo contra el dopaje, concluye que se rompió dos veces la cadena de custodia judicial de la prueba clave contra Marta Domínguez. Denuncia «la extralimitación del director del laboratorio [del gubernamental Consejo Superior de Deportes]», que trasladó el producto que implicaba a la atleta desde Madrid a Colonia, y acaba por preguntarse: «No se acierta a comprender qué frascos fueron identificados en la Unidad Central Operativa [de la Guardia Civil] y entregados al laboratorio, conteniendo un líquido oleoso amarillento, si los hallados en el domicilio de Alberto García estaban vacíos». Por ese motivo, la magistrada pide «depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los miembros de la UCO intervinientes».

Casi 10 meses de operación Galgo habían dado para numerosos sobresaltos en un proceso de decreciente culpabilidad de la atleta Marta Domínguez. Pero ninguna sorpresa fue tan rotunda como la de ayer. En su último auto, la juez Mercedes Pérez Barrios acaba por pedir que se tome «testimonio a los miembros de la UCO Secoma», la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Probablemente, la propia instructora liderará esa iniciativa «para depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los agentes» durante la custodia de los frascos de oro que Marta hacía llegar a Alberto García. Es decir, los investigadores serán investigados. El mundo al revés.

La magistrada desea saber qué sucedió desde que los viales con oro se intervinieron en el domicilio de Alberto García, el 9 de diciembre, hasta su presentación ante el Laboratorio de la Agencia Española del Medicamento, el 28 de ese mismo mes. Porque, entre ambas fechas, se produjo el milagro de que los tres botes, inicialmente vacíos, pasaran a contener líquido. Y esos frascos de oro eran la prueba clave contra la campeona, el único motivo para señalarla como traficante.

El hallazgo de Mercedes Pérez Barrios se ha producido de una forma casual. Mientras repasaba los aspectos relativos a la custodia de esa prueba, descubrió una contradicción. Aquel 9 de diciembre, que marcó el arranque de la redada, el secretario del Juzgado número 3 de Móstoles anotó la intervención de «tres botes pequeños en sobre vacíos». Sin embargo, la Guardia Civil, en su transcripción, anotó el descubrimiento de «tres bolas pequeña en sobre vacío» (ver gráfico). La disparidad puso en alerta a la magistrada que, según explica en el auto conocido ayer, «solicitó por exhorto, para mayor certeza, la transcripción del secretario judicial», que éste «extendió de su puño y letra» dando cuenta de que los botes estaban «vacíos».

Esa confirmación permitió a la juez solucionar dudas que albergaba desde hacía tiempo: 1. «¿Por qué [las cápsulas] no fueron fotografiados por los agentes intervinientes en el registro [del 9 de diciembre]? Y se responde: porque «tres frascos vacíos carecen (aparentemente) de interés». 2. ¿Por qué los botes «no se exhibieron a Alberto García en su declaración, a quien sin embargo se le exhibieron múltiples fotografías de sustancias, que reconoció?». No obstante, al tiempo que aclaraba esas sospechas, abre una superior: «No se acierta a comprender qué frascos fueron fotografiados e identificados en la UCO conteniendo distintas cantidades de líquido, apareciendo dichas fotos, añadidas al reportaje el 28 de diciembre; frascos que se entregaron al Laboratorio de la Agencia Española del Medicamento, quien los identifica conteniendo un líquido trasparente oleoso amarillento, [porque] desde luego no parece que fueran los hallados en el domicilio de Alberto García, pues estaban vacíos».

Dicho de otra manera, la juez sugiere que las pruebas tal vez fueron manipuladas o tienen una procedencia desconocida, ajena a la investigación. Mercedes Pérez Barrios concluye: «Por lo expuesto procede acordar la nulidad de cuantas actuaciones se han realizado desde la entrada y registro en el domicilio de Alberto García». Eso incluye «la nulidad de los análisis efectuados sobre la presunta trembolona [el oro] que indiciariamente Marta Domínguez hizo llegar a Alberto García». Por tanto, acuerda «el sobreseimiento de la causa por el delito de dopaje deportivo» contra la campeona del mundo en 2009.

En la práctica, la magistrada hace meses que archivó esos procedimientos, aunque como resultado de los sucesivos análisis negativos a una sustancia que ahora se descubre de origen anónimo. Y la juez quiere ponerle nombre al milagro y pide abrir un procedimiento «para depurar la responsabilidad de los miembros de la UCO Secoma intervinientes». Así, el caso Marta Domínguez se convierte en caso UCO. Para el Partido Popular se trataría del caso Rubalcaba, puesto que todos estos comportamientos irregulares se produjeron cuando el actual candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ostentaba la cartera de Interior.

El ex ministro siempre ha calificado como «un disparate, un dislate», cualquier intento de responsabilizarle de las actuaciones de la Guardia Civil, un cuerpo dependiente de Interior. También afirmaba: «Es un procedimiento judicial» y las actuaciones «dependen de una juez». Pues ésta apunta a una posible manipulación y exige responsabilidades a los agentes. En el plano político, hay quien apunta más arriba, por el cúmulo de iniciativas ilegales practicadas en un caso que afecta a una ex concejal del Partido Popular.

La juez, además de asombrarse por la aparición de líquidos en botes secos días antes, detalla cómo la cadena de custodia de las pruebas se rompió en dos ocasiones, en un proceso descrito como chapucero. En el auto conocido ayer se explica: «Según el oficio de la UCO, el 22 de febrero, los viales quedaron depositados en el laboratorio [de la Agencia Antidopaje]. Sin embargo, en el documento de custodia aportado por el laboratorio, los frascos se entregaron el 24 de febrero, dos días después, lo que contradice el oficio de la Unidad Central Operativa, sin que se sepa dónde y cómo se custodiaron esos días». Ahí, la primera quiebra de la custodia judicial.

Hay otra: «El director del laboratorio [del CSD, Jesús A. Gómez-Guerra] informa el 9 de mayo que él mismo transportó las muestras [hasta Colonia]. [Su explicación] no permite establecer qué día se trasladaron las muestras (15, 16 o 17 de marzo) debido a las tachaduras o enmiendas; no se identifican las muestras, no se conoce su origen ni coinciden con los Códigos con los que en su día los identificó la Guardia Civil, se desconoce también cómo se conservaron durante su manipulación y transporte, sin que esta instructora pueda comprender la extralimitación del director del laboratorio». Pérez Barrios le acusa «de trasladarlas sin conocimiento, autorización ni control judicial», una falta que añadir a una operación siempre escandalosa, aunque la vergüenza haya cambiado de rostro.

OORBYT.es

>Vea hoy en Orbyt el análisis de Luis Fernando López del auto de la juez de la operación Galgo

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El caso, de principio a fin

>9 de diciembre 2010. La Guardia Civil registra los domicilios, entre otros, de Marta Domínguez, Manuel Pascua, Eufemiano Fuentes, César Pérez. La palentina es acusada de tráfico de sustancias dopantes y de delito fiscal.

>22 diciembre. Marta Domínguez declara ante la jueza Pérez Barrios.

>4 enero 2011. Se presenta recurso de nulidad por las escuchas de la G. Civil.

>25 enero. Marta Domínguez concede sendas entrevistas a Pedro J. Ramírez en Veo7 y a la sección de Deportes de EL MUNDO, donde afirma que es una víctima política.

>28 enero. La jueza Pérez Barrios desgaja la 'operación Galgo' en cuatro partes, separando a Domínguez de la trama de Fuentes y Pascua .

>23 de febrero. El análisis de una de las pruebas contra Marta Domínguez da negativo. Se tambalea la acusación de tráfico de sustancias dopantes.

>20 de abril. La jueza archiva la acusación de tráfico de profuctos dopantes.

>25 abril. Se informa de que el CSD y la Guardia Civil permitieron, sin autorización judicial, el envío a Colonia de una prueba clave contra Domínguez. La jueza dice que se rompió la cadena de custodia.

>12 de mayo. Se anulan los pinchazos telefónicos a Marta Domínguez.

>11 de julio. Archivados los cargos de dopaje.

>30 de septiembre. La jueza pide que se investigue a la G. Civil por presentación de pruebas falsas.

Anulado el análisis de los 'pendientes'

La magistrada Mercedes Pérez Barrios anula «los análisis efectuados en Colonia de la ampolla intervenida a César Pérez, destinada indiciariamente a Marta Domínguez». Se trata de los 'pendientes de platino' que la atleta pidió a su técnico. Ella siempre sostuvo que quería eso, unos pendientes olvidados en Madrid, mientras la UCO piensa que hablaba en clave de un producto dopante. Por eso, 'asaltó' el coche de César cuando se dirigía a Palencia, la ciudad de Marta, y le intervino dos ampollas. La analizada se anula pues se envió a Colonia «sin autorización judicial». No obstante, Pérez Barrios advierte de que continúa la causa contra César por indicios de que «prescribió y suministró sustancias dopantes a Marta». Ella defiende que César usa esas ampollas para tratarse de una lesión, alega que en su domicilio no se halló nada de lo que habría consumido, EPO y hormona de crecimiento, y que nunca dio positivo

F. LÁZARO / Madrid

01/10/2011

El PP exige a Interior 'datos de verdad'

Fuerte malestar entre los agentes de la Guardia Civil por la decisión de la juez

El PP ha pedido siempre responsabilidades al Ministerio del Interior por su gestión en el llamado caso Marta Domínguez. Y ayer no fue una excepción. De nuevo, el que fuera el titular de Interior cuando se desató la actuación contra esta atleta y su entonces número dos en el Departamento se convirtieron en el objetivo de las filas populares.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió al ministro del Interior, Antonio Camacho, y a su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, que acudan inmediatamente al Congreso para explicar su gestión en la operación Galgo y aportar «datos de verdad». Sáenz de Santamaría lanzó este reclamo en un receso del foro sobre pymes celebrado en Valencia.

Tras conocer que la juez ha decidido actuar contra los agentes que llevaron a cabo la investigación, la portavoz del grupo parlamentario popular señaló que la decisión judicial deja «en situación complicada» tanto al ministro de Interior actual como a quien le antecedió en el cargo. Cuando se puso en marcha la operación Galgo, al frente de Interior estaba el actual candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Debido al «grave daño» que esta operación ha causado al deporte español, y en concreto a uno de sus estandartes, como Marta Domínguez, la portavoz pidió «explicaciones inmediatas» a Camacho y a Rubalcaba. Parafraseó el eslogan de la conferencia política del PSOE, «ideas de verdad», para solicitar a Rubalcaba «datos de verdad». «Es el momento de que comparezcan ambos inmediatamente, que den explicaciones y datos de verdad y asuman su responsabilidad por los daños causados a las personas afectadas y al deporte español», sentenció.

En el seno de la Guardia Civil, el malestar con la decisión de la juez es enorme. Desde la Dirección General se defiende la actuación profesional de los agentes encargados de las pesquisas. Respetan la decisión de la juez, como no puede ser de otra manera, pero ni la comparten ni la entienden

Madrid

01/10/2011

Otra cadena de custodia rota

La ruptura de la cadena de custodia en la 'operación Galgo' tiene un claro y oscuro precedente en el 11-M, cuando las órdenes dadas por el entonces jefe de los Tedax, el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, rompieron la cadena de custodia de las muestras de explosivo.

Hasta el 11 de marzo de 2004, la rutina habitual de los artificieros en atentados era la recogida de muestras por parte de la Brigada Provincial de Madrid y su traslado a la sede de los Tedax regional, en el barrio de Moratalaz. Allí se elaboraba un acta, identificando qué es cada resto, dónde se ha recogido y por quién. Sólo después de realizarse este trámite, las muestras se enviaban a la Unidad Central de los artificieros, la que dirigía Manzano, en la calle de Canillas.

Con este protocolo acudieron los miembros de la Brigada Provincial a los focos de los atentados el 11 de marzo. Sin embargo, ese día se encontraron con el comisario jefe, que ordenó que miembros de la Unidad Central trasladaran los restos directamente a Canillas sin pasar por la sede provincial. Es decir, sin que se realizase el acta previa.

Así lo declararon este mismo año los 'tedax' de Madrid ante la juez que investiga a Manzano, aclarando además que le advirtieron con claridad de que, con sus órdenes -en concreto, a la voz de «aquí mando yo»-, estaba rompiendo la cadena de custodia.

Los 'tedax' explicaron igualmente que habían recogido «toneladas» de muestras. Manzano, en cambio, entregó al tribunal sólo 23 vestigios de pequeño tamaño, lo que, según las acusaciones, impidió determinar con certeza qué explosivo utilizaron los terroristas

Iglesias dejó en Aragón facturas de luz y gas por siete millones

JAVIER ORTEGA / Zaragoza
Corresponsal

01/10/2011/El Mundo

El anterior Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Marcelino Iglesias, dejó facturas sin pagar de luz y gas por siete millones de euros en hospitales, centros de salud y otras dependencias del Servicio Aragonés de Salud. Esa cifra se suma a las otras deudas del Departamento de Sanidad, que superan los 300 millones. La cifra exacta se conocerá cuando se termine la auditoría encargada por el actual Ejecutivo.

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, compareció ayer en las Cortes para contestar a las preguntas de la oposición sobre su actuación en los primeros días de Gobierno en materia económica. Calificó sus medidas de «imprescindibles», aunque reconoció que no son suficientes ante una situación económica «dificilísima», como consecuencia «de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por la mala gestión del Gobierno anterior de esta comunidad»

ETA disuelve su brazo político, que se unirá a la 'nueva izquierda abertzale'

MARCOS IRIARTE / Madrid

01/10/2011/El Mundo

La organización ilegal Ekin, nacida hace 12 años y considerada el aparato político de ETA, se disuelve y pide a sus militantes que se integren en «la nueva izquierda abertzale». Lo anuncia hoy en Gara, apenas 48 horas después del guante lanzado por el lehendakari, Patxi López, en el Parlamento vasco.

En su anuncio de cese de actividad, Ekin asegura que su decisión es fruto de un proceso de reflexión que sus miembros iniciaron la primavera pasada y aprovecha para animar a sus militantes a integrarse «en la nueva apuesta de la izquierda abertzale».

«Ha sido una reflexión tranquila, teníamos tiempo. Nuestra organización nunca ha basado su trabajo en dar respuesta a cada nuevo hecho que sucede en el día a día, sino que siempre ha mirado a largo plazo, y tampoco ha tenido que atender en estos meses urgencias como las elecciones, por ejemplo», destacan los portavoces de Ekin citados por el diario abertzale y cuya identidad no se publica, apunta el rotativo, «por motivos lógicos de seguridad».

La decisión de autodisolverse fue adelantada esta madrugada en la edición digital de Gara. Llegó apenas 48 horas después de que el lehendakari López presentara durante el Pleno de Política General en la Cámara vasca su Decálogo por la Concordia, en el que aboga por una política penitenciaria más flexible, que permita el acercamiento progresivo de los presos de ETA a fin de facilitar su reinserción.

Pese a la coincidencia temporal de su disolución con el anuncio del socialista López, los portavoces de Ekin aseguran que su apuesta es «firme» y está basada en una reflexión más profunda que se inició en primavera y que han decidido hacer coincidir con la celebración del llamado Gudari Eguna (el día del soldado vasco), celebrado por la izquierda abertzale el pasado martes.

En el seno de esa reflexión, los dirigentes de Ekin entrevistados por Gara explican que se han traslado a sus militantes cuestiones como si la labor realizada por Ekin «en pro de la construcción nacional» podía considerarse «satisfactoria» o si, por el contrario, creían que «en el nuevo escenario» la existencia de Ekin -sucesora de KAS y encargada de transmitir las consignas de la banda y velar por el cumplimiento fiel de su ortodoxia- había quedado «obsoleta».

«El reto que tiene Euskal Herria en este momento es grande, pero los que van a venir son mayores todavía», apuntan, antes de advertir de que «el capital político y humano» de Ekin es un «activo» a sumar en la nueva estrategia trazada por la izquierda abertzale.

Los miembros de Ekin anuncian que dan por «concluida su labor como organización» pero advierten de que su «brújula» sigue fijada en los objetivos habituales de la banda terrorista: la «independencia» del País Vasco y el «socialismo»; y dejan claro que seguirán recorriendo ese camino «con la apuesta de la izquierda abertzale como senda».

El considerado aparato político de ETA fue presentado en noviembre de 1999 en Pamplona, en el polideportivo Anaitasuna recogiendo la estela de la ilegalizada KAS. Su labor, según anunciaron entonces, era «agitar la sociedad y fortalecer las luchas populares con el fin de construir una nación vasca moderna y competitiva». Fue ilegalizada en 2001.

Rubalcaba avaló el 'plan López'

M. SEGOVIA / J. G. NEGRE / Bilbao

01/10/2011/El Mundo

El PSE esgrime que el candidato socialista conocía su apuesta por acercar presos

Ni ocurrencia ni improvisación. Todo estaba medido. Las palabras del lehendakari Patxi López apoyando el acercamiento progresivo de presos de ETA al País Vasco llevaban el aval del nuevo hombre fuerte del PSOE, el candidato a la Presidencia del Gobierno y ex ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los socialistas vascos se apresuraron a remarcarlo ayer tras el revuelo que había provocado el Decálogo por la Concordia que López presentó el jueves en el Parlamento vasco, una hoja de ruta para la consolidación de la paz y que, en su punto octavo, reclamaba un cambio de la política penitenciaria para facilitar la «reinserción» de los etarras.

Con su socio de gobierno en claro desmarque, los radicales gratamente «satisfechos» y el PNV arrojando la sospecha de «electoralismo» sobre el anunció del lehendakari, el PSE se esforzó por dar consistencia y credibilidad a la propuesta. También desde Lehendakaritza se confirmó que la propuesta fue comunicada -que no acordada- a Rubalcaba.

Mientras desde el socialismo vasco se aseguró que no fue «un planteamiento en el aire», sino una propuesta soportada sobre el conocimiento del candidato Rubalcaba, desde Madrid el PSOE no tardó en puntualizar que el acercamiento de presos de ETA no será una cuestión que incluya en su programa electoral.

El propio ex ministro se vio obligado a terciar en la polémica. Lejos de dar un apoyo explícito al acercamiento de presos, el candidato socialista optó por no cuestionar las palabras de López y afirmar que sus planteamientos siempre deben escucharse «atentamente». A renglón seguido, subrayó que en cualquier caso corresponderá al Gobierno español tomar cualquier decisión al respecto y que las estrategias en política penitenciaria se aplican, «no se cuentan». Para Rubalcaba, el planteamiento del lehendakari es «importante» porque diseña una hoja de ruta «muy puesta en razones» en un momento en el que la lucha contra ETA afronta su fase final.

Desde el Gobierno de Zapatero se prefirió medir las palabras de respaldo al decálogo por la paz del lehendakari. El portavoz del Ejecutivo, José Blanco, se limitó a afirmar que lo «tendrán en cuenta» y que cualquier estrategia en materia penitenciaria deberá regirse por los principios de «prudencia y discreción».

El revuelo provocado por el lehendakari obligó ayer a intervenir al portavoz del PSE, José Antonio Pastor, quien se apresuró a remarcar que todo se hizo desde la «unidad» con el PSOE, que escucha «con mucha atención» lo dicho por López en materia antiterrorista. Más aún, recordó que lo recogido en el decálogo no supone un planteamiento «extravagante ni fuera de la legalidad», ya que a finales de los 90 el Congreso de los Diputados aprobó «una resolución muy similar».

Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, reprobó el planteamiento de López de «meter a ETA en campaña» como medio de «darle votos a Rubalcaba»: «Quieren meter a ETA en campaña porque no tienen nada que ofrecer a la sociedad en economía, empleo, educación y sanidad, y porque creen que así le da votos a Rubalcaba», espetó Basagoiti, que dejó atrás la cordialidad del Pleno de Política General