P. DE LA CALLE / L. F. LÓPEZ / Madrid
01/10/2011/El Mundo
La juez Mercedes Pérez Barrios, instructora de la operación Galgo contra el dopaje, concluye que se rompió dos veces la cadena de custodia judicial de la prueba clave contra Marta Domínguez. Denuncia «la extralimitación del director del laboratorio [del gubernamental Consejo Superior de Deportes]», que trasladó el producto que implicaba a la atleta desde Madrid a Colonia, y acaba por preguntarse: «No se acierta a comprender qué frascos fueron identificados en la Unidad Central Operativa [de la Guardia Civil] y entregados al laboratorio, conteniendo un líquido oleoso amarillento, si los hallados en el domicilio de Alberto García estaban vacíos». Por ese motivo, la magistrada pide «depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los miembros de la UCO intervinientes».
Casi 10 meses de operación Galgo habían dado para numerosos sobresaltos en un proceso de decreciente culpabilidad de la atleta Marta Domínguez. Pero ninguna sorpresa fue tan rotunda como la de ayer. En su último auto, la juez Mercedes Pérez Barrios acaba por pedir que se tome «testimonio a los miembros de la UCO Secoma», la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Probablemente, la propia instructora liderará esa iniciativa «para depurar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los agentes» durante la custodia de los frascos de oro que Marta hacía llegar a Alberto García. Es decir, los investigadores serán investigados. El mundo al revés.
La magistrada desea saber qué sucedió desde que los viales con oro se intervinieron en el domicilio de Alberto García, el 9 de diciembre, hasta su presentación ante el Laboratorio de la Agencia Española del Medicamento, el 28 de ese mismo mes. Porque, entre ambas fechas, se produjo el milagro de que los tres botes, inicialmente vacíos, pasaran a contener líquido. Y esos frascos de oro eran la prueba clave contra la campeona, el único motivo para señalarla como traficante.
El hallazgo de Mercedes Pérez Barrios se ha producido de una forma casual. Mientras repasaba los aspectos relativos a la custodia de esa prueba, descubrió una contradicción. Aquel 9 de diciembre, que marcó el arranque de la redada, el secretario del Juzgado número 3 de Móstoles anotó la intervención de «tres botes pequeños en sobre vacíos». Sin embargo, la Guardia Civil, en su transcripción, anotó el descubrimiento de «tres bolas pequeña en sobre vacío» (ver gráfico). La disparidad puso en alerta a la magistrada que, según explica en el auto conocido ayer, «solicitó por exhorto, para mayor certeza, la transcripción del secretario judicial», que éste «extendió de su puño y letra» dando cuenta de que los botes estaban «vacíos».
Esa confirmación permitió a la juez solucionar dudas que albergaba desde hacía tiempo: 1. «¿Por qué [las cápsulas] no fueron fotografiados por los agentes intervinientes en el registro [del 9 de diciembre]? Y se responde: porque «tres frascos vacíos carecen (aparentemente) de interés». 2. ¿Por qué los botes «no se exhibieron a Alberto García en su declaración, a quien sin embargo se le exhibieron múltiples fotografías de sustancias, que reconoció?». No obstante, al tiempo que aclaraba esas sospechas, abre una superior: «No se acierta a comprender qué frascos fueron fotografiados e identificados en la UCO conteniendo distintas cantidades de líquido, apareciendo dichas fotos, añadidas al reportaje el 28 de diciembre; frascos que se entregaron al Laboratorio de la Agencia Española del Medicamento, quien los identifica conteniendo un líquido trasparente oleoso amarillento, [porque] desde luego no parece que fueran los hallados en el domicilio de Alberto García, pues estaban vacíos».
Dicho de otra manera, la juez sugiere que las pruebas tal vez fueron manipuladas o tienen una procedencia desconocida, ajena a la investigación. Mercedes Pérez Barrios concluye: «Por lo expuesto procede acordar la nulidad de cuantas actuaciones se han realizado desde la entrada y registro en el domicilio de Alberto García». Eso incluye «la nulidad de los análisis efectuados sobre la presunta trembolona [el oro] que indiciariamente Marta Domínguez hizo llegar a Alberto García». Por tanto, acuerda «el sobreseimiento de la causa por el delito de dopaje deportivo» contra la campeona del mundo en 2009.
En la práctica, la magistrada hace meses que archivó esos procedimientos, aunque como resultado de los sucesivos análisis negativos a una sustancia que ahora se descubre de origen anónimo. Y la juez quiere ponerle nombre al milagro y pide abrir un procedimiento «para depurar la responsabilidad de los miembros de la UCO Secoma intervinientes». Así, el caso Marta Domínguez se convierte en caso UCO. Para el Partido Popular se trataría del caso Rubalcaba, puesto que todos estos comportamientos irregulares se produjeron cuando el actual candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ostentaba la cartera de Interior.
El ex ministro siempre ha calificado como «un disparate, un dislate», cualquier intento de responsabilizarle de las actuaciones de la Guardia Civil, un cuerpo dependiente de Interior. También afirmaba: «Es un procedimiento judicial» y las actuaciones «dependen de una juez». Pues ésta apunta a una posible manipulación y exige responsabilidades a los agentes. En el plano político, hay quien apunta más arriba, por el cúmulo de iniciativas ilegales practicadas en un caso que afecta a una ex concejal del Partido Popular.
La juez, además de asombrarse por la aparición de líquidos en botes secos días antes, detalla cómo la cadena de custodia de las pruebas se rompió en dos ocasiones, en un proceso descrito como chapucero. En el auto conocido ayer se explica: «Según el oficio de la UCO, el 22 de febrero, los viales quedaron depositados en el laboratorio [de la Agencia Antidopaje]. Sin embargo, en el documento de custodia aportado por el laboratorio, los frascos se entregaron el 24 de febrero, dos días después, lo que contradice el oficio de la Unidad Central Operativa, sin que se sepa dónde y cómo se custodiaron esos días». Ahí, la primera quiebra de la custodia judicial.
Hay otra: «El director del laboratorio [del CSD, Jesús A. Gómez-Guerra] informa el 9 de mayo que él mismo transportó las muestras [hasta Colonia]. [Su explicación] no permite establecer qué día se trasladaron las muestras (15, 16 o 17 de marzo) debido a las tachaduras o enmiendas; no se identifican las muestras, no se conoce su origen ni coinciden con los Códigos con los que en su día los identificó la Guardia Civil, se desconoce también cómo se conservaron durante su manipulación y transporte, sin que esta instructora pueda comprender la extralimitación del director del laboratorio». Pérez Barrios le acusa «de trasladarlas sin conocimiento, autorización ni control judicial», una falta que añadir a una operación siempre escandalosa, aunque la vergüenza haya cambiado de rostro.
OORBYT.es
>Vea hoy en Orbyt el análisis de Luis Fernando López del auto de la juez de la operación Galgo
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El caso, de principio a fin
>22 diciembre. Marta Domínguez declara ante la jueza Pérez Barrios.
>4 enero 2011. Se presenta recurso de nulidad por las escuchas de la G. Civil.
>25 enero. Marta Domínguez concede sendas entrevistas a Pedro J. Ramírez en Veo7 y a la sección de Deportes de EL MUNDO, donde afirma que es una víctima política.
>28 enero. La jueza Pérez Barrios desgaja la 'operación Galgo' en cuatro partes, separando a Domínguez de la trama de Fuentes y Pascua .
>23 de febrero. El análisis de una de las pruebas contra Marta Domínguez da negativo. Se tambalea la acusación de tráfico de sustancias dopantes.
>20 de abril. La jueza archiva la acusación de tráfico de profuctos dopantes.
>25 abril. Se informa de que el CSD y la Guardia Civil permitieron, sin autorización judicial, el envío a Colonia de una prueba clave contra Domínguez. La jueza dice que se rompió la cadena de custodia.
>12 de mayo. Se anulan los pinchazos telefónicos a Marta Domínguez.
>11 de julio. Archivados los cargos de dopaje.
>30 de septiembre. La jueza pide que se investigue a la G. Civil por presentación de pruebas falsas.
Anulado el análisis de los 'pendientes'
F. LÁZARO / Madrid
01/10/2011
El PP exige a Interior 'datos de verdad'
El PP ha pedido siempre responsabilidades al Ministerio del Interior por su gestión en el llamado caso Marta Domínguez. Y ayer no fue una excepción. De nuevo, el que fuera el titular de Interior cuando se desató la actuación contra esta atleta y su entonces número dos en el Departamento se convirtieron en el objetivo de las filas populares.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió al ministro del Interior, Antonio Camacho, y a su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, que acudan inmediatamente al Congreso para explicar su gestión en la operación Galgo y aportar «datos de verdad». Sáenz de Santamaría lanzó este reclamo en un receso del foro sobre pymes celebrado en Valencia.
Tras conocer que la juez ha decidido actuar contra los agentes que llevaron a cabo la investigación, la portavoz del grupo parlamentario popular señaló que la decisión judicial deja «en situación complicada» tanto al ministro de Interior actual como a quien le antecedió en el cargo. Cuando se puso en marcha la operación Galgo, al frente de Interior estaba el actual candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Debido al «grave daño» que esta operación ha causado al deporte español, y en concreto a uno de sus estandartes, como Marta Domínguez, la portavoz pidió «explicaciones inmediatas» a Camacho y a Rubalcaba. Parafraseó el eslogan de la conferencia política del PSOE, «ideas de verdad», para solicitar a Rubalcaba «datos de verdad». «Es el momento de que comparezcan ambos inmediatamente, que den explicaciones y datos de verdad y asuman su responsabilidad por los daños causados a las personas afectadas y al deporte español», sentenció.
En el seno de la Guardia Civil, el malestar con la decisión de la juez es enorme. Desde la Dirección General se defiende la actuación profesional de los agentes encargados de las pesquisas. Respetan la decisión de la juez, como no puede ser de otra manera, pero ni la comparten ni la entienden
Madrid
01/10/2011
Otra cadena de custodia rota
Hasta el 11 de marzo de 2004, la rutina habitual de los artificieros en atentados era la recogida de muestras por parte de la Brigada Provincial de Madrid y su traslado a la sede de los Tedax regional, en el barrio de Moratalaz. Allí se elaboraba un acta, identificando qué es cada resto, dónde se ha recogido y por quién. Sólo después de realizarse este trámite, las muestras se enviaban a la Unidad Central de los artificieros, la que dirigía Manzano, en la calle de Canillas.
Con este protocolo acudieron los miembros de la Brigada Provincial a los focos de los atentados el 11 de marzo. Sin embargo, ese día se encontraron con el comisario jefe, que ordenó que miembros de la Unidad Central trasladaran los restos directamente a Canillas sin pasar por la sede provincial. Es decir, sin que se realizase el acta previa.
Así lo declararon este mismo año los 'tedax' de Madrid ante la juez que investiga a Manzano, aclarando además que le advirtieron con claridad de que, con sus órdenes -en concreto, a la voz de «aquí mando yo»-, estaba rompiendo la cadena de custodia.
Los 'tedax' explicaron igualmente que habían recogido «toneladas» de muestras. Manzano, en cambio, entregó al tribunal sólo 23 vestigios de pequeño tamaño, lo que, según las acusaciones, impidió determinar con certeza qué explosivo utilizaron los terroristas
Vaya con la cadena de custodia. Tanto decirnos por activa y por pasiva, ¡señores, hay que vigilar la cadena de custodia!, y ahora resulta que son ellos los jefecillos, los que la infringen. Que les den caña, por idiotas y hacer caso a sus "amos" estos de la kgb.
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