Las testigos del 11-M rehúsan aclarar su versión ante la juez

• JOAQUÍN MANSO MADRID
• 03/10/2013 PORTADA/El Mundo
  

No contestaron a ninguna de sus preguntas, ni tampoco al fiscal ni a las acusaciones. Su abogado no las interrogó

NO quisieron responder a las acusaciones que representan a Jamal Zougam y a su familia, lo que era previsible. Lo era mucho menos que rehusaran contestar también a la juez y a la fiscal, silencio llamativo tratándose de un procedimiento por posible falso testimonio. La estrategia de defensa se completó cuando su abogado ni siquiera las interrogó para que aclarasen su versión acerca de los nuevos hechos que han motivado su imputación. Las testigos rumanas del 11-M C-65 y J-70 comparecieron ayer como imputadas y se limitaron a ratificar que vieron a Zougam en el tren, pero evitaron solventar las sospechas que la Audiencia de Madrid proyecta sobre la credibilidad de la prueba de cargo contra el único condenado por colocar las bombas en el mayor atentado de nuestra Historia.
Las dos mujeres llegaron a los juzgados de la plaza de Castilla protegidas por un despliegue de seguridad específico para su traslado. La juez llamó primero a J-70, que apareció con el rostro cubierto por un pañuelo. La testigo anunció que pensaba acogerse a su derecho a no declarar, con el siguiente mensaje: «Señoría, soy víctima del 11-M. Llevo 10 años sufriendo mentiras y me ratifico en todo lo que dije en el juicio». Al mismo tiempo, entregó una prenda de abrigo que, según aseguró, era la que vestía el día de la matanza, con el objetivo de acreditar que, efectivamente, estuvo allí. Ninguna de las acusaciones había cuestionado esa circunstancia, que además es inatacable.

Después, entró la C-65, que repitió idéntico entrecomillado. En total, la diligencia se prolongó durante poco más de 40 minutos, incluyendo el retraso de media hora con el que dio comienzo. A continuación, se celebró una vista de medidas cautelares. Los abogados de Jamal Zougam, Eduardo García Peña y Francisco Andújar, pidieron libertad provisional bajo fianza de 10.000 euros, prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, con el argumento principal de la falta de colaboración de las imputadas para resolver un asunto que afecta a las expectativas de un recluso condenado a pasar 40 años en prisión.

No fue ninguna sorpresa que la fiscal Rosa Mayoral se opusiera ni que lo hiciese el abogado defensor, Gonzalo Boye, como tampoco lo fue que la juez Belén Sánchez las denegara, al no apreciar riesgo de fuga y al considerar que el silencio en el interrogatorio no puede interpretarse en contra del imputado en la fase de instrucción. Y así es: otra cosa sería que esta misma estrategia se repitiera en el acto del juicio oral, hacia el que camina lentamente el procedimiento. La ausencia de explicaciones por parte de las imputadas aboca a la juez a agotar la investigación y a decidir en ese momento si eleva el asunto a un juzgado de lo Penal.

Lo que sin duda evitaron ayer las testigos fue incurrir en alguna nueva contradicción entre ellas o en ofrecer alguna explicación de su peripecia que deje en mal lugar los nuevos documentos que lleguen al procedimiento o las próximas testificales.

En el juicio del 11-M, no pudo preguntarse a la testigo C-65, porque no se conocía, si es cierto que fue remitida a la Policía desde el Consulado, donde, según aseguran fuentes de la investigación a este diario, afirmó que el 11-M viajaba con una mujer que no es J-70 y que la acompañaba en ese momento. O por qué su marido fue herido en un tren distinto al suyo, si hacían el mismo recorrido, y cómo es posible que su hermano fuera expulsado del procedimiento si aquél les dijo a los forenses que los dos iban juntos. Para resolver estas dudas había una oportunidad ayer que la testigo no quiso aprovechar.

Del mismo modo, tampoco se pudo preguntar en el juicio del 11-M a la testigo J-70 si el hecho de haber sido rechazada como víctima tuvo alguna importancia para que se decidiera por fin a denunciar a Jamal Zougam, lo que sucedió 11 meses después del atentado tras múltiples trámites ante autoridades del Ministerio del Interior en los que no dijo haber visto a un terrorista en el tren, pero sólo 11 días después de recibir la notificación de que se quedaba fuera del derecho a las indemnizaciones y los papeles. Ayer podía haberlo aclarado, pero prefirió no hacerlo.

Las circunstancias que se relatan en los párrafos precedentes son las «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta por el tribunal» del 11-M a las que se refería la Audiencia de Madrid cuando ordenó admitir la querella de Jamal Zougam contra las dos mujeres.

La Audiencia mandó investigar si las testigos «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral», y advertía de que Zougam recibió «una pena de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.