Considera que se confirman las sospechas sobre García Hidalgo, Pamies y Ballesteros
.La
Audiencia Nacional estaba pendiente de este informe. Era la última
diligencia que quedaba en el juzgado que dirige Pablo Ruz sobre el
chivatazo policial a ETA del bar Faisán de Irún, perpetrado el 4 de mayo
de 2006. Ahora, tras presentar la Guardia Civil sus conclusiones, las
acusaciones empiezan a plantearse cuáles serán sus próximos pasos. El
Instituto Armado apunta en su informe de conclusiones como hipótesis más
verosímil la participación en este chivatazo del que fuera el primer
director general de la Policía durante el Gobierno de Zapatero, Víctor
García Hidalgo, el que estuvo con ese Ejecutivo al frente de la Jefatura
Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector
destinado en Vitoria y dedicado a la lucha contra el terrorismo
internacional José María Ballesteros. Los mismos que fueron señalados ya
en su día por la Policía Nacional en sus informes.Los tres implicados tuvieron cargos de responsabilidad durante el mandato, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior, del ahora líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Una de las principales acusaciones, Dignidad y Justicia, dirigida por Daniel Portero, tiene claro cuál será su próximo paso. Esta acusación entiende que el juez deberá procesar de nuevo a los tres sospechosos de haber dado la alerta al dueño del Faisán e implicado en la trama de extorsión de ETA, Joseba Elosua. Como recuerda Daniel Portero, ya el informe elaborado por la Policía sostenía una concatenación de llamadas y de imágenes videográficas que apuntaban a la posible participación de los tres sospechosos. Ruz elevó el procesamiento contra ellos por dos delitos: revelación de secretos y colaboración con banda armada. Y es que aquel 4 de mayo de 2006 agentes de la Policía alertaron a Elosua de que iba a ser detenido cuando viajara a Francia para entregar dinero a ETA procedente de la extorsión al empresariado vasco y navarro.
El inicial procesamiento de Ruz fue tumbado en una confusa maniobra por parte del magistrado Gómez Bermúdez, que logró que fuera el Pleno de la Sala de lo Penal el que se pronunciara. El dictamen señalaba que debía profundizar en sus investigaciones sobre la autoría. La Sala decidió levantar entonces los procesamientos.
El aluvión de reacciones socialistas, silenciosas durante los años de instrucción, fue tremendo. Exigían al Gobierno y al PP disculpas a los procesados y a Rubalcaba. De hecho, el líder socialista había sido situado en la cúspide de la responsabilidad política por este caso. Ahora estamos a un paso de un nuevo procesamiento de los subordinados del que fuera vicepresidente de Rodríguez Zapatero.
Haber si es verdad, y se hace justicia de esta infamia, y de haber enmerdado al CNP por culpa de los de la kgb, y de los políticos de turno siniestros.
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