. El Informe de Análisis sobre el caso Faisán remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional vincula el chivatazo a ETA a las «dificultades» surgidas tras la tregua entre la banda terrorista y los enviados del Gobierno. Así consta en el informe 19/2012, que dedica un apartado al «Análisis de los datos relacionados con la situación política».
El Instituto Armado afirma en su informe «que a pesar del poco tiempo transcurrido entre la publicación del comunicado de la banda terrorista declarando un alto el fuego permanente y de la situación esperanzadora que se abría, existían informaciones y declaraciones tanto de una parte como de otra que reflejaban dificultades de entendimiento entre la dirección de ETA y los encargados de mantener los contactos con la misma». Y a continuación señala que «de esa situación era consciente el autor de la llamada en la que se advertía a Joseba Elosua sobre el dispositivo policial».
Las conclusiones del informe, publicadas el sábado por este diario, corroboran la tesis planteada por el equipo investigador de la Policía, que supone la implicación en el soplo del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros. Ésa es, a juicio del Instituto Armado, «la hipótesis más consistente».
El informe final presentado hace un año por la Policía no sólo vinculaba el chivatazo a la negociación, sino que afirmaba tajantemente que «la naturaleza del móvil es política y se articula en el marco del proceso de negociación».
El informe de la Guardia Civil, firmado por cuatro miembros de la jefatura de Información especialistas en ETA y su entramado de apoyo, no es tan rotundo sobre este aspecto. Entre otras cosas, porque no es una de las cuestiones planteadas expresamente por el juez Pablo Ruz el pasado 8 de marzo. Desde aquel auto, en el que el juez reactivó la investigación tras la decisión del Pleno de revocar los procesamientos, todas las nuevas diligencias y los informes recabados han seguido señalando a los imputados, por lo que el instructor podría volver a dictar un auto de procesamiento.
El elemento novedoso de mayor calado es, sin duda, el informe de la Guardia Civil, ya que una de las objeciones más contundentes del Pleno fue, precisamente, que el equipo policial designado para las pesquisas era un teórico sospechoso del soplo. Ahora la Guardia Civil descarta esa posibilidad.
Pero el Instituto Armado también se exculpa a sí mismo y aprovecha el informe para dejar caer la injusticia que supuso su expulsión de la investigación por parte de Baltasar Garzón, disconforme con sus pesquisas. Recuerda que comenzaron a indagar «con datos erróneos debido a la ubicación espacial incorrecta del lugar desde el que se mantuvo la comunicación telefónica [del soplo]». Y explica que «cuando el 14 de julio de 2006 los investigadores de la Guardia Civil dan cuenta a la autoridad judicial [Garzón] del estado y evolución de sus investigaciones, aún no se había dado traslado a los mismos de la ubicación correcta». «Esta información», remata, «era conocida desde el día 22 de junio».
Las 18 «evidencias» contra los imputados
La Guardia Civil somete diversos elementos clave de la investigación a
la técnica llamada Análisis de Hipótesis de Competencia, habitual en los
servicios de inteligencia
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Análisis de Hipótesis de Competencia, o ACH por sus siglas en inglés.
Ésa es la técnica a la que la Guardia Civil ha sometido una lista de
elementos relevantes de la investigación que denomina «evidencias». Se
trata, según explica el propio informe, de una técnica desarrollada por
un veterano analista de la CIA y convertida en «estándar internacional
como herramienta de análisis». «Proporciona al analista», explican los
autores del informe, una herramienta para superar esas trampas del
pensamiento humano, al requerir un esfuerzo de identificación de todo el
abanico posible de hipótesis, utilizando todos los datos disponibles».El informe elabora diversos cuadros -uno de ellos se reproduce en esta página- para mostrar la consistencia de las diferentes posibilidades sobre la autoría del chivatazo. Las hipótesis reflejadas son cuatro: que el soplo lo dieran los imputados (H1), el propio equipo investigador (H2), otras agencias antiterroristas (H3) u «otros actores ajenos a la lucha antiterrorista» (H4).
Sobre cada uno de los 18 elementos de relevancia -que incluyen tanto «hechos» como «inferencias» de los investigadores-, la tabla indica su relación con cada hipótesis. En concreto, si esa evidencia resulta Muy Consistente (CC), Consistente (C), Muy Inconsistente (II) o Inconsistente (I). También cabe la posibilidad de que sea neutra (N) respecto a una hipótesis o que no sea aplicable (NA).
De la aplicación de ese método al caso Faisán surge la afirmación clave de la Guardia Civil: que la hipótesis de que «los imputados en el procedimiento» fueran los autores del soplo es «la más consistente».
En concreto, esa hipótesis acumula cuatro evidencias «muy consistentes»: La existencia de una única llamada saliente (del bar a otro lugar) con determinadas características en el tramo horario estudiado; el conocimiento de los autores del soplo de detalles «profundos y recientes» del operativo policial; los perfiles atribuidos a quien pasó el móvil a Elosua y a quien le dio el soplo (los dos eran policías); y, finalmente, el hecho de que Ballesteros fuera grabado saliendo del bar Faisán instantes después de que concluyera la llamada sospechosa.
Además, otros 11 elementos resultan «consistentes» con esa versión. En contra sólo están dos de los elementos incluidos en el análisis. El primero, que Elosua no reconoció a Ballesteros como el hombre que le pasó el teléfono (un dato «inconsistente» con la hipótesis principal). El segundo, la coartada de Pamies de que ese día había enviado a Ballesteros a la zona para preparar el encuentro con un confidente, algo que resultaría «muy inconsistente» con la versión que condujo a los procesamientos.
Antes de situarlos en la tabla, la Guardia Civil elabora fichas concretas sobre cada una de esos 18 elementos analizados. Sobre uno de los datos determinantes del caso, que designa como «Evidencia 14», dice lo siguiente: «Del análisis de la cinta de videovigilancia se obtuvo que el inspector Ballesteros aparece, y se reconoce, en las imágenes del bar Faisán, en el horario estimado como de realización de los hechos (antes y después de la llamada). Esta evidencia es muy compatible, por lo tanto, con la hipótesis H1 [la propuesta por el equipo investigador] e incompatible con las demás».
Sobre la «Evidencia 11», relacionada con el tráfico telefónico, el informe dice que «existe una serie de llamadas entre los imputados, de cuyo análisis se infieren posibles vínculos con la secuencia de los hechos. Ello es evidentemente compatible con H1 e incompatible con H2 (no existe similar concatenación de llamadas)».
Además de este Análisis de Hipótesis de Competencia, el informe ofrece otras tablas de datos y compatibilidades que refutan la afirmación del Pleno de que la versión del equipo investigador y del juez contenía incoherencias y contradicciones. La Guardia Civil concluye exactamente lo contrario. Todo es compatible, dice, tras cruzar los datos de seis fuentes distintas: la cinta de videovigilancia del Faisán, el acta de vigilancia elaborada el día del soplo por dos policías, los datos técnicos de la audiobaliza instalada en el coche de Joseba Elosua y las declaraciones del propio dueño del Faisán, de su yerno y de una camarera.
Ya nos sabemos la película, ahora queremos ver el final, y que no nos digan que es un rollo, que no lo es.
ResponderEliminarQue paguen los culpables, incluídos lo políticos de turno.