El Senado respalda la moción contra la «manipulación» del '1512'
El Senado aprobó ayer, con los votos del PSOE, PP y Foro -CiU se abstuvo y PNV y Amaiur votaron en contra-, la moción presentada por UPN contra el intento de «manipulación» de la Historia de Navarra por parte de la izquierda abertzale y, en concreto, de la conquista dinástica del viejo Reino por Castilla en 1512. Los abertzales han lanzado una campaña educativa y de divulgación que, según los informes políticos y policiales recabados, persigue abonar la justificación independentista y anexionista del nacionalismo vasco sobre la Comunidad Foral.
En el debate celebrado anoche en la Cámara Alta, la representante de Amaiur, Amalur Mendizabal, acusó a UPN de tener «miedo a la libertad y al pasado» y de querer «parar la ola a favor de la curiosidad surgida en Navarra» sobre la Historia. En particular, acusó al Gobierno navarro de haber «silenciado la Historia» en la educación: «Los niños desconocen la Historia de Navarra», dijo desde la tribuna.
«No tenemos ningún miedo a la libertad», le replicó la senadora de UPN Amelia Salanueva, «pero estamos hartos de manipulaciones e injerencias». «¿Cómo puede hablar de la educación de Navarra si ni siquiera es usted navarra?», le preguntó a la parlamentaria guipuzcoana entre aplausos, para argumentar como injerencias la divulgación de libros en las ikastolas con mapas de la pretendida Euskal Herria que incluyen a la Comunidad Foral, o la subvención de 24.000 euros que la Diputación de Guipúzcoa dio a una ikastola de la localidad navarra de Lodosa y que el Gobierno foral ordenó retirar. «No manipulen, no nos quieran engañar», le insistió.
Salanueva no pasó por alto la relación de Amaiur con ETA. «Dice usted que Navarra fue conquistada a sangre y fuego y que les repugna la violencia, pero todavía estamos aquí esperando que condenen la violencia que aquí se ha cometido durante años y que repugna a la sociedad española».
En esta misma línea, el senador del PP Ignacio Palacios, que introdujo una enmienda de modificación, defendió la «importancia de estos dos centenarios (1212 y 1512) para Navarra y para España», y reprochó a su vez: «Algunos pretenden manipular la historia para crear un sentimiento de enfrentamiento y de diferenciación de los navarros con el resto de España y para legitimar la historia de ETA de estos últimos 50 años». «La gran mayoría de los navarros de hoy», añadió, «no estamos dispuestos a cambiar nuestro estatus para convertirnos en un cuartel de Euskal Herria. Mal que les pese a muchos, Euskal Herria es una quimera».
Amaiur, PNV y Gobierno vasco presionan al TS para que deje libre a Otegi
Los abertzales de Amaiur, el PNV y hasta el Gobierno vasco trataron ayer de influir y presionar para que el Tribunal Supremo resuelva hoy favorablemente la petición de excarcelación de Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y otros tres condenados por pertenencia a ETA. Los diputados de Amaiur en el Congreso convocaron una rueda de prensa para hacerlo.Para esta comparecencia, utilizaron la sala de prensa del Congreso. Y en ella exigieron «la inmediata e incondicional» liberación de Arnaldo Otegi y de los otros cuatro encarcelados por el caso Bateragune que fueron condenados, dijeron, por «sus actividades exclusivamente políticas». Por ello, exigieron también la revocación de la sentencia que dictó en septiembre de 2011 la Audiencia Nacional. Su intención era claramente influir así en la deliberación del Supremo, que hoy estudiará el recurso de la defensa de los dirigentes abertzales.
Cinco diputados de la formación -Rafael Larreina, Mikel Errekondo, Iker Urbina, Maite Ariztegi y Sabino Cuadra- convocaron a los periodistas, les leyeron un comunicado en castellano y en euskara y contestaron preguntas, pero sólo sobre el caso Bateragune, ya que se negaron a responder sobre otros temas, como las elecciones vascas.
El Supremo estudiará hoy el recurso interpuesto por la defensa de los cinco condenados a entre ocho y 10 años de prisión por la Audiencia Nacional: Otegi, Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto.
Larreina expuso que la sentencia tuvo «un cariz político» y que fue dictada por «un tribunal de excepción» como una «demostración de fuerza» del Estado para «entorpecer y condicionar los avances» que, según dijo, ya se estaban produciendo en el País Vasco para alcanzar «la paz».
El parlamentario de Eusko Alkartasuna añadió que en los últimos tiempos, y después de esa sentencia, «se han producido cambios sustanciales y de gran calado» que han dado lugar al último comunicado de ETA en el que anunció el cese de su actividad terrorista. Éste es un proceso «imparable que no tiene vuelta atrás», vaticinó.
Por eso también, Amaiur exigió al Gobierno que «dé pasos» para avanzar en «la resolución del conflicto»: «Deben cesar las agendas políticas y jurídicas contrarias a la paz», aseguró Larreina. Y pidió al PP que les acepte como interlocutores en la política vasca.
Preguntados por los periodistas, los diputados de Amaiur evitaron reclamar explícitamente la disolución de ETA porque «sobre eso, ya está todo dicho por activa, por pasiva y por perifrástica». La coalición, añadió, «no contempla que existan organizaciones que no se muevan en ámbitos políticos y democráticos».
Los portavoces del PP, Alfonso Alonso, y de UPyD, Rosa Díez, rechazaron la utilización del Congreso para exigir la libertad de los condenados. Alonso señaló que el Parlamento «no es el lugar adecuado para pedir la revocación de sentencias». Da la impresión, dijo, de que los abertzales «han venido al Congreso a trabajar por la impunidad».
Rosa Díez, por su parte, calificó la comparecencia de Amaiur como «un insulto a la inteligencia y al Estado de Derecho» porque están hablando de «condenados por delitos de terrorismo». «El final del terrorismo será el triunfo de la democracia, no una cesión», concluyó.
Gobierno socialista vasco: los jueces que revisarán el 'caso Otegi' «no son ajenos a la realidad»
No quiso dar cuenta de los deseos del Gobierno vasco de cara a los recursos que analiza hoy el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Bateragune, pero su portavoz, Idoia Mendia, sí dejó constancia de que los jueces que revisarán la condena a Arnaldo Otegi y otros miembros abertzales por querer reconstruir la ilegalizada Batasuna «no son ajenos a la realidad del país».
De este modo, y aunque los tribunales interpretan la ley con «independencia y rigor», Mendia sugirió que los jueces que se encargan del caso deberían adoptar una actitud más flexible porque, «evidentemente no viven fuera de la realidad», con el «cese definitivo» del terrorismo de ETA como telón de fondo.
Y sea cual sea su decisión, el Gobierno vasco exigió que la resolución de los recursos se produzca con «rapidez» para poner fin a las «inquietudes» que puedan existir en torno al futuro de Otegi y del resto de condenados por este caso, entre ellos el ex secretario general del sindicato abertzale LAB Rafael Díez Usabiaga.
El Ejecutivo de Patxi López anunció que «respetará» la decisión que adopte el Supremo de cara a la liberación de Otegi, si bien Mendia no desaprovechó la ocasión para dar un tirón de orejas a la Justicia por la demora en echar el cierre al proceso abierto por el intento de reactivar la antigua Batasuna a través de la plataforma Bateragune. «La justicia que se alarga demasiado empieza a no ser justa», reprochó.
La jornada previa a la vista que hoy celebrará el Tribunal Supremo sirvió para que las formaciones nacionalistas y abertzales alimentaran su discurso soberanista y exigieran la anulación de la sentencia que condenó a Otegi y Díez Usabiaga a 10 años de cárcel y a ocho años a Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez.
Bildu lo hizo a través de la principal institución que gobierna, la Diputación de Guipúzcoa, que reclamó su liberación, ya que el «objetivo de sus actividades ha consistido en reivindicar que la construcción de este pueblo debe llevarse a cabo desde el desarrollo de la democracia y la paz, y desde el respecto a la voluntad ciudadana».
El PNV también se sumó a esta corriente en defensa de Otegi ya que, según denunció, actuaciones judiciales por el caso Bateragune «forman parte de un pasado que la sociedad vasca ha decidido superar» para poder «construir un nuevo tiempo de convivencia y normalización política».
Varias perlas de los batasunaris en diferentes temas.
ResponderEliminarY los del gobierno vasco, erre que erre, son cansinos y llegan hasta a empachar con lo mismo de siempre.