Un ex miembro de ETA dice ahora que el proceso no es irreversible y que la banda podría volver a matar

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“La situación no es irreversible, no en el sentido de que el conflicto sigue y está ahí”. Son las palabras de Ángel Rekalde, periodista y escritor que estuvo dieciocho años en prisión por su participación en varios atentados de ETA que incluían ocho asesinatos; fue detenido a principios de 1981 y condenado a penas que sumaron 28 años.

Preguntado sobre si puede haber un rearme de la banda terrorista a pesar del comunicado de este jueves, Rekalde lo tiene claro: “Si el proceso no sigue su curso sí”, pero matiza que “puede brotar la manera violenta en 10, 20 o 30 años”, pero no como hasta la fecha, porque la voluntad de la banda y de la izquierda abertzale es acometer el conflicto desde las vías democráticas y pacíficas.

A juicio de Rekalde, el comunicado no pone condiciones sólo reclama diálogo, por tanto cree que el problema son las “posiciones intransigentes” de los gobiernos francés y español, y ha puesto como ejemplo la situación de Catalunya: “Vosotros los catalanes ya lo sabéis”, ha declarado en una entrevista en RAC1.

Además, Rekalde ha recordado que la decisión de ETA es unilateral y que llega en este momento aunque “estaba cantado” porque es algo asumido desde hace un año “y desde hace tres, si me apuras”. En cualquier caso, el ex etarra ha considerado que la banda “tenía condiciones para resistir largo tiempo, de manera agónica, eso sí, pero su decisión llega por la demanda de la izquierda abertzale, que a la vez fue demandada por la sociedad vasca” para que la violencia acabase.

Amnistía Internacional pide que España rinda cuentas por las violaciones de Derechos Humanos

Por su parte, Amnistía Internacional ha celebrado el comunicado en el que ETA anuncia el “cese definitivo de la actividad armada” y ha pedido que todos sus miembros comparezcan ante la justicia, aunque también considera que abre una oportunidad para que el Estado español rinda cuentas sobre las “violaciones de derechos humanos” que, según sostiene, han cometido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE).

“Esta es también una oportunidad para que el Gobierno español garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y reforme la legislación y las prácticas antiterroristas que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas”, ha sostenido en un comunicado la directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth.

Según ha recordado, Amnistía Internacional ha pedido durante muchos años al Gobierno español que elimine la detención en régimen de incomunicación, garantice a todos los detenidos el acceso inmediato y efectivo a un abogado de su elección, reforme la práctica penitenciaria de la dispersión de detenidos o presos etarras y elimine “las ambigüedades” de la Ley de Partidos Políticos que “podrían conculcar el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión”.

La asociación asegura que lleva mucho tiempo esperando a que ETA anuncie el final de la violencia con la que ha cometido “abusos graves contra los derechos humanos” y ha pedido que este abandono de la violencia sea “definitivo y permanente”, además de que todos sus responsables comparezcan ante la justicia.

“No se debe olvidar a las víctimas ni a sus familias. El gobierno español debe garantizarles el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”, ha insistido Duckworth.