IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
22/07/2011/El Mundo
La presunta trama de corrupción creada por el ex número dos del PNV en Álava Alfredo de Miguel cobraba un 4% en comisiones tras la adjudicación de obra pública a constructores afines. Un informe al que ha tenido acceso este periódico elaborado por expertos en delitos económicos de la Ertzaintza concluye que los beneficiarios de los contratos ingresaban esa cantidad en cuentas corrientes de «empresas pantalla» de De Miguel.
Los agentes han constatado este modus operandi en dos operaciones, ambas vinculadas con el constructor Jon Iñaki Echaburu, militante nacionalista, propietario del Grupo Loizate y contratista habitual de la Administración autonómica y local. La prueba fundamental es un cuaderno incautado en el domicilio de otro de los imputados en este caso de presunta corrupción, el también ex dirigente del PNV alavés Koldo Ochandiano. En él se han descubierto dos anotaciones con el texto «Obra 4% Kataia».
Kataia Consulting es una mercantil sin apenas actividad creada en 2005 por De Miguel, Ochandiano y un tercer miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV, Aitor Tellería, que será juzgado en los próximos meses por un supuesto delito de espionaje a rivales políticos. Las anotaciones de Ochandiano, contable de profesión, son una suerte de borrador de la contabilidad de la trama y allí se muestran dos adjudicaciones a Echaburu de ayuntamientos alaveses. Una es en Lapuebla de Labarca y la otra en Zigoitia, ambos pueblos gobernados por el PNV en la legislatura comprendida entre 2003 y 2007.
La primera de ellas, la rehabilitación de las piscinas municipales de Lapuebla de Labarca, se formalizó con Loizate el 7 de noviembre de 2005 por 251.985,61 euros. En fechas similares, Echaburu abonó 10.079 euros -el 4%- a Errexal, otra sociedad similar a Kataia Consulting que también estaba controlada por De Miguel.
El proceso se repitió en enero de 2006: Echaburu percibió 174.764,78 euros por la reforma del edificio en el que se ubica el Ayuntamiento de Zigoitia. Y un mes después, Loizate abonó 6.990 euros -el 4%- a Errexal. Las facturas se disfrazan con conceptos vinculados al asesoramiento mercantil.
Esta investigación de presunta corrupción, conocida como caso De Miguel, saltó a la luz en marzo de 2010 cuando una abogada y empresaria, Ainhoa Alberdi, denunció que De Miguel y Tellería la extorsionaron cuando se negó a «pasar por caja». Alberdi asegura que los dirigentes nacionalistas le exigieron una comisión de 100.000 euros por un contrato de 441.000 que percibió su empresa, Urbanorma Consulting, para la ampliación del parque tecnológico de Miñano, también en Álava.
Las pruebas reunidas por el juez instructor, Roberto Ramos, le han llevado a afirmar, en un reciente auto fechado el 11 de julio, que éste no fue un caso aislado y que De Miguel y sus socios, valiéndose de una tupida red de pequeñas empresas, articularon una «trama» para, presuntamente, cobrar comisiones. El sumario se detiene en analizar una operación urbanística impulsada por DeMiguel en Zambrana. Las distintas compañías controladas por el político nacionalista, que ya ha sido despojado de todos sus cargos y de su carné de afiliado, percibieron importantes sumas de dinero -unos 150.000 euros- por un supuesto asesoramiento para los inversores catalanes que participaron en el proyecto, Construcciones Riera.
La presunta falsificación de facturas no ha sido, según la Policía, la única fuente de financiación de esta red diseñada por De Miguel y dirigida bajo su supervisión por su hermana Aintzane, recientemente imputada por el juez Ramos. El político, por ejemplo, alquiló en varias ocasiones fincas rústicas de su propiedad a distintos empresarios con los que ha entablado relaciones comerciales o hizo que un constructor le pagase en su nombre unas reformas particulares en su domicilio.
Finalmente, se ha descubierto que tres de las empresas de la trama (Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga) obtuvieron, mediante adjudicaciones menores firmadas por el ex director de Juventud durante los Gobiernos de Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, o con concursos a los que sólo se invitaba a estas tres sociedades, más de 200.000 euros por trabajos que, según el informe policial, no han sido realizados.
Los cruces de correos entre De Miguel, su hermana y la persona que el ex número dos del PNV en Álava colocó al frente de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan, revelan que Sánchez Robles, otro más de los imputados -son 18 en total-, pudo haber colaborado con la trama y haberle aportado financiación cuando las distintas mercantiles no disponían de liquidez. «Xabier [Sánchez Robles] no puede meternos un duro [...]», le explica San Juan a De Miguel en un correo electrónico.
La trama, según la documentación recopilado por la Ertzaintza, tenía en cartera otros proyectos urbanísticos. Uno de ellos, una urbanización con campo de golf en Orduña (Bizkaia), la valoran en «1.000 millones de euros», un indicador de que los imputados movían importantes cantidades de dinero, hasta el punto de que muchas de sus operaciones bancarias las realizaban en billetes de 500 euros.
«Hemos creado un sólido cortafuegos y mejores brigadas de bomberos», dijo el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al concluir la histórica cumbre, en la que se garantizarán los fondos necesarios para que Grecia subsista hasta 2014.
Este nuevo programa de ayuda para Grecia estará dotado con 159.000 millones de euros, de los que 50.000 procederán de los bancos acreedores. Además, tanto los créditos nuevos como los ya otorgados se prestarán con mejores condiciones respecto a las pactadas anteriormente. Los préstamos que reciba no sólo Grecia, sino también Irlanda y Portugal, tendrán un interés de alrededor del 3,5%, casi un 20% inferior al coste previo. Además, los plazos para devolver estos préstamos se amplían desde los siete años y medio actuales hasta un máximo de 30 años, según detalló Van Rompuy.
La participación privada de la banca se hará a través de un menú de tres opciones que son básicamente las que hasta ahora se habían contemplado. Es decir, queda a elección de los bancos acreedores elegir la fórmula para seguir aportando recursos al Tesoro heleno. Estas alternativas son canjear sus actuales bonos por otros con mejores condiciones para Grecia, renovarlos cuando venzan por nueva deuda, o permitir que el país heleno les recompre esos activos al precio actual, es decir, mucho más baratos que cuando los emitió. Según el texto firmado ayer por los 17 países del euro, 37.000 millones se aportarán a través de las dos primeras opciones y otros 12.600 mediante la compra de deuda en el mercado secundario. «Esta participación privada está limitada a Grecia y sólo a Grecia», matizó Van Rompuy.
El Eurogrupo finalmente ha descartado la opción de un impuesto a la banca, que fue barajado en los días previos a la cumbre pero que no contaba con el beneplácito de Alemania.
Las tres opciones elegidas para que participe la banca son consideradas por las agencias de rating como un impago parcial (selective default) según han advertido en recientes informes. Sin embargo, el presidente del Banco central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, dijo anoche que no cree que estas condiciones vayan a desembocar en un impago crediticio. «En cualquier caso», dijo, «los países del euro están preparados en caso de que llegue ese extremo».
Y aquí viene la otra gran medida anunciada ayer, que tiene que ver con la flexibilización del fondo de 440.000 millones que han creado los 17 países. En primer lugar se habilitará a este fondo (EFSF, por sus siglas en inglés) para prestar dinero a los estados para que recapitalicen a sus entidades financieras si fuera necesario, una medida destinada sobre todo a las entidades griegas, que poseen más del 60% de la deuda pública helena.
Además, se abre la puerta a que este fondo pueda conceder líneas de crédito y préstamos preventivos a los países que lo necesiten. Por último, se permitirá que este fondo compre deuda de cualquier país del euro en el mercado secundario, aunque tras un análisis del BCE que reconozca la existencia de «circunstancias excepcionales» y con la «aprobación unánime de los 17 países que contribuyen al fondo», según dice el comunicado. Estas dos últimas medidas son las que más podrían ayudar a España en casos puntuales de alta asfixia del mercado a su capacidad de financiación.
El texto recuerda que todos los países del euro deberán adherirse «estrictamente» a los objetivos fiscales marcados, a una mejora de la competitividad y a un ajuste de sus desequilibrios macroeconómicos. «Todos los países salvo aquellos sujetos a un programa de ayuda deberán rebajar su déficit al 3% en 2013 como tarde», recuerda el comunicado. Los 17 países hacen también una mención expresa a España, dando la bienvenida a las «ambiciosas reformas estructurales, fiscales y del sector financiero llevadas a cabo».
También se ha acordado en las negociaciones «reducir la excesiva dependencia a las calificaciones crediticias externas»
Madrid
22/07/2011
La SGAE llama a sus socios a volver a votar en septiembre
Con la mediación de una Asamblea General extraordinaria, los socios crearán una comisión de refundación con la que pretenden modificar las normas electorales y, acto seguido, convocar elecciones.
Estas decisiones deben aprobarse en una Junta Directiva que, según decidió ayer la Comisión Rectora de la SGAE, se celebrará el próximo 28 de julio.
En el mismo encuentro, la Comisión nombró al catedrático de Derecho Civil Ramón López Vilas presidente de la comisión interna que investigará los sucesos acontecidos en el seno de la entidad gestora. Vilas, ex magistrado del Tribunal Supremo, iniciará las acciones que considere pertinentes «desde ya», según precisó la SGAE en un comunicado
'CASO IBATUR'
EDUARDO COLOM / M. J. GARCÍA / Palma
22/07/2011
La Policía tilda de «organización delictiva» a UM y sitúa a Nadal y Munar al frente
Así lo denuncia un extenso informe elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía al hilo del último de los incontables escándalos de corrupción protagonizados por los líderes de la ya extinta UM: la operación más reciente del caso Ibatur, que investiga el desvío masivo mediante contratos amañados de fondos teóricamente destinados a promover el turismo balear en favor de empresas afines al partido o directamente controladas por sus dirigentes. Buena parte de ellos mientras Nadal, que fue detenido en el marco de esta investigación, era el titular de la Conselleria de Turismo.
En ese documento interno, la Policía analiza la adjudicación de algunos de los expedientes amañados que están siendo rastreados. Entre ellos, destaca la aprobación, en 2009, de un pago de 69.339 euros públicos por parte de Nadal a Video-U, la productora audiovisual que, como confesó el propio Nadal, él y su ex jefa Munar, controlaron mediante testaferros -asunto que está investigándose aparte en otra causa conocida como caso Maquillaje- y a la que, antes de desembarcar en el Govern (2007-2011) regaron con más de tres millones de euros públicos del Consell que controlaban (2003-2007).
«Crimen organizado»
Tras analizar uno a uno los expedientes y recordar los antecedentes de Maquillaje, la Policía sostiene que «la gravedad de los hechos (...) lejos de constituir un hecho aislado, constituyen un entramado delictivo que ha venido desarrollándose en los últimos años de manera organizada, coordinada, reiterada a lo largo de un periodo continuado».
Así, identifica elementos propios del «crimen organizado» y un modus operandi que incluye «el montaje de estructuras empresariales, utilizando testaferros o la utilización de empresas ya existentes», para «desviar dinero público» y, a la postre, «obtener beneficios económicos, poder o influencia de actos relacionados con la corrupción». Para ello, apostilla, se estructuró un grupo organizado con un reparto claro de tareas y con una «jerarquía y disciplina interna». Todo ello «aprovechándose de la falta de controles administrativos y financieros y del temor de los técnicos»
Dicen que todo se pega, menos la hermosura, y como es lógico, el pnv tampoco se escapa de la corruptela.
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