07:19 (24-01-2011) | La Gaceta
Los magistrados valoran 20 recursos contra la ‘doctrina Parot’. En 2006, el Ejecutivo ofreció a los terroristas tumbarla. Los batasunos piden cambios en la política penitenciaria.
Alberto Lardiés. Madrid
Durante el mal llamado proceso de paz, el Gobierno ofreció a ETA acabar con la doctrina Parot, que ha permitido acumular las condenas y alargar la estancia en prisión de 61 etarras. Ahora, la nueva cúpula del Tribunal Constitucional, afín al PSOE, debe decidir sobre la constitucionalidad de esta polémica doctrina que desde el entramado terrorista denuestan y califican de “cadena perpetua”.
El 20 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo emitió la sentencia 197/2006, que traía causa de un recurso interpuesto por el etarra Henri Parot (de ahí el sobrenombre de la doctrina). Los magistrados del Supremo estipularon que los beneficios penitenciarios obtenidos por un preso se aplicarían a la suma de sus condenas. Hasta ese momento, los beneficios se aplicaban siempre a los 30 años de condena, el máximo de cumplimiento según el Código Penal de 1973.
Es decir, merced a esta doctrina, si un recluso está condenado a un total de 100 años de cárcel por varias condenas, los beneficios que obtenga se calculan sobre esos 100 años, y no sólo sobre 30.
Evidentemente, esta doctrina afecta sobre todo a etarras que arrastran diversas condenas por sus atrocidades. Sin ir más lejos, con la doctrina Parot el sanguinario José Ignacio de Juana Chaos hubiera estado en la cárcel mucho más tiempo. Este asesino en serie –25 crímenes– estaba condenado a 3.000 años de cárcel, pero sólo llegó a cumplir 18. El propio Parot saldrá de la cárcel en marzo de 2020, cuando en principio iba a hacerlo en abril del año pasado. Él fue el primero de los etarras afectados. Después, les ha sucedido lo mismo a otros 60 terroristas, algunos de ellos muy conocidos, como Ignacio Arakama Mendía, Makario, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, o Inés del Río Prada.
Una veintena de los etarras afectados ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante el TC . Teniendo en cuenta la importancia de la decisión, lo más lógico es que se ocupe del asunto todo el pleno del TC. Corresponde al presidente convocar el pleno para este tipo de asuntos. Así pues, Pascual Sala, de conocida afinidad al PSOE, y el resto de miembros del tribunal –con mayoría de progresistas– decidirán sobre el futuro de los etarras hoy afectados y de otros muchos que puedan verse afectados en el futuro.
Ya desde hace años, el brazo político de ETA, Batasuna, ha convertido a la doctrina Parot en uno de sus caballos de batalla para censurar al Estado, que presuntamente “oprime” a los “presos políticos” en el marco del “conflicto”.
La negociación
Hoy como ayer, el asunto de los presos etarras es una de las claves sobre las que debe pilotar cualquier negociación entre el Gobierno y ETA. Tanto los firmantes del Acuerdo de Guernica, Batasuna, EA y Aralar, como los mediadores internacionales liderados por Brian Currin han demandado por escrito que la política penitenciaria del Ejecutivo debe estar sobre la mesa de diálogo.
No es extraño, puesto que ya lo estuvo durante el mal llamado proceso de paz. Según publicó el diario El Mundo hace meses, en una de las reuniones entre ETA y el Gobierno, acaecida en diciembre de 2006, uno de los representantes gubernamentales llegó a hablar de modificar las leyes con tal de fulminar la doctrina Parot, que tanto daño ha hecho en el colectivo de presos etarras (EPPK, por sus siglas en euskera).
Al final la justicia, el constitucional etc, etc, todo contaminado. Por tanto, sacarán a los presos asesinos a la calle, y pelillos a la mar. Y a las víctimas como siempre, abandonarlas en el sitio más recóndito.
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