Vuelco en el caso del chivatazo a ETA. El juez Pablo Ruz, sustituto de Garzón, ha ordenado nuevas pesquisas sobre el escándalo.
La intención del juez es investigar el caso del chivatazo a ETA hasta el último extremo. En un auto hecho público este lunes, al que ha tenido acceso LD, el juez Pablo Ruz rechaza el archivo del caso, tal y como pedía la Fiscalía, porque considera "prematuro" cerrar en esta fase inicial la investigación de los hechos.
El magistrado considera, además, que hay indicios para seguir investigando "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por la Fuerza Policial". Detrás del soplo podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario y otro de colaboración con banda armada.
Entre las mútiples diligencias solicitadas por Ruz, que sustituye a Baltasar Garzón en la investigación del escándalo, está la citación de dos policías que participaron en el dispositivo contra la red de extorsión, la petición de un informe con más detalles cronológicos y geográficos sobre lo sucedido en torno al bar faisán de Irún el día 6 de mayo.
La lista de peticiones
Ruz ha adoptado esta decisión después de que el fiscal informara la semana pasada de que no es necesario realizar ninguna diligencia nueva después de analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto, nueve de los cuales han sido declarados secretos y que están siendo estudiados aparte por el fiscal.
El juez considera que la declaración prestada por Elosua y de los agentes "no han sido lo suficientemente concluyentes en lo atinente al sistema de grabación que operaba sobre el bar Faisán" y por ello pide al equipo investigador que amplíe su informe sobre los hechos y que los concreten cronológica y geográficamente.
Reclama también a la Policía un informe sobre la existencia de cortes en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua", dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.
Asimismo, pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta.
Entre otros datos, el juez quiere saber la hora exacta en la que sale del bar Elosua, basándose en el tráfico y duración de sus llamadas, así como que se determine si la puerta que se estaba grabando es la entrada norte o sur del local, que se realice un croquis de la zona, una infografía animada que sirva como pericial si va a juicio o un estudio fisionómico de las personas que entraron o salieron del bar.
Ruz cita para el próximo 8 de febrero a los que fueran inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y jefa de la Sección de Análisis de esa misma Brigada en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, ya que quiere que aclaren ciertos extremos contradictorios en sus manifestaciones anteriores en sede judicial.
También cita como testigo al periodista de La Razón Jesús María Zuloaga ya que mantuvo una conversación telefónica con uno de los tres imputados en la causa, el Jefe Superior de Policía del País Vasco.
Sobre las llamadas telefónicas, el magistrado también quiere que la Policía le explique cómo se hace el estudio de las llamadas, si existe otra posibilidad como las llamadas de tipo prepago o que determinen cómo se trabaja con las cintas.
Se dirige también a los técnicos de Telefónica que realizaron la pericia sobre el tráfico de llamadas relativos al "chivatazo" para que amplíen su informe por si no han tenido en cuenta los repetidores situados en Francia, ya que el bar está situado al lado de la frontera.
Además, Ruz da un plazo de 10 días a dos de los imputados para que le identifiquen al supuesto confidente con el que, según ellos, iban a mantener una reunión en Francia y por eso existía tráfico de llamadas entre ellos, con el objeto de tomarle declaración con todo tipo de garantías.
El caso aberrante, parece que pone empeño el juez en querer aclarar este tema. Esperemos que no lo contaminen ninguno de la kgb, y siga la cosa hasta el final, y pague el que hizo este desaguisado tan aberrante.
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