ANA ROMERO/ El Mundo
El Aaiún
Enviada especial
«Traían enfermeros para que los curasen y poder seguir pegándoles», explica uno de los siete abogados que asiste al grupo de presos, y que sólo ha tenido acceso a ellos, por primera vez, el pasado miércoles.
Cuando ingresaron en la cárcel, pensaron que había acabado el horror. Se equivocaron. Allí los esperaba un grupo especial de agentes ajeno al penitenciario. Los desnudaron a todos como hacían los nazis antes de meter a los judíos en las cámaras de gas. Sólo se trataba, sin embargo, de aterrorizarlos. Les manosearon los genitales, les explicaron cómo los iban a violar y les escupieron. Después vino una rutina en la que están instalados desde entonces: escupitajos, insultos y bofetadas.
Desde el pasado jueves, en El Aaiún hay dos investigadoras de Amnistía Internacional elaborando un informe sobre los abusos perpetrados por Marruecos contra civiles saharauis durante y después del asalto al campamento de Gdeim Izik, el pasado 8 de noviembre. El Gobierno marroquí les ha negado la entrada en la cárcel para entrevistar a los presos y comprobar el relato de los abogados.
Entre los 130 reos hay dos mujeres y un menor de 18 años. Un grupo de 15 (entre ellos las dos mujeres) fueron apresados en el puerto de El Aaiún, a 25 kilómetros de la capital. El resto, en el campamento de Gdeim Izik. «A los cinco días los llevaron ante el Tribunal», continúa el abogado, que prefiere no ser identificado, aunque cuando esta periodista sale de su casa los policías de paisano están apostados en la acera de enfrente y lo tienen perfectamente fichado.
«Iban descalzos, ensangrentados y con la ropa hecha jirones. Despedían un olor espantoso». Una de las mujeres tiene ocho hijos. La segunda también es madre, pero el letrado no sabe el número exacto de hijos que tiene. Los presos están acusados de reunión armada, banda criminal e incitación a la violencia con causa de heridos y muertes. Tres de ellos se enfrentan también a la acusación de amenaza de la seguridad de la integridad nacional.
«Si se les aplica la legislación marroquí, pueden ser condenados a penas de entre 20 y 30 años de cárcel e incluso la pena de muerte», explica el abogado. «Sólo la presión internacional puede hacer que las penas sean más suaves e incluso que los excarcelen».
Ahora están en el llamado periodo de investigación, un tiempo que puede alargarse oficialmente hasta un año. ¿Sirve de algo la defensa de siete abogados saharauis voluntarios? El letrado sonríe. «Sinceramente, no. Es un gesto, una forma de que los presos no se sientan completamente abandonados y que piensen que alguien les está ayudando».
El abogado, con su hija de seis años como testigo de la conversación, sabe de lo que habla. Él estuvo desaparecido desde marzo de 1976 hasta junio de 1991. «Yo he muerto muchas veces pero he sobrevivido. Cuarenta y dos de mis compañeros murieron para siempre». Estamos en un barrio que se llama Beguna. Ese mismo nombre es el del centro de detención donde estuvo desaparecido durante 15 años y seis meses. El Gobierno de Marruecos construyó la casa en la que vive y las que la rodean para compensar al letrado y a las otras víctimas por los daños causados.
La violencia volvió ayer a El Aaiún, según fuentes saharauis. La policía entregó a su familia el cadáver de un joven que ha fallecido en la Cárcel Negra. Esta muerte provocó disturbios que finalizaron con cinco saharauis gravemente heridos en el hospital civil Mulay Hasan ben Mehdi. Los policías antidisturbios volvieron al centro de la ciudad. Iban en coches abiertos con escudos de plástico.
Construida en los años 50, cuando el Sáhara estaba bajo protectorado español, la Cárcel Negra pasó a manos de Marruecos cuando este país ocupó el territorio. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan años denunciando las torturas que allí se producen, así como las condiciones de insalubridad en las que se hacinan los presos. El último preso saharaui que murió en la Cárcel Negra a consecuencia de las torturas sufridas fue Mohamed Barka Bouceta, de 35 años, en 2002. El activista apenas pasó 15 días de condena en el recinto cuando murió, un 27 de noviembre, informa Rosa Meneses. Un informe de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa) ya alertaba en 2002 de las condiciones infrahumanas en las que convivían los presos, que entonces eran más de 700 -entre ellos, 140 saharauis-, en ocho celdas comunes. Lo llamaron entonces «un infierno mundano».
Para que sigan diciendo que el pp es nazi, ellos si que son nazis, y genocidas. Porque no dejan entra en la cárcel a los investigadores??, porque van a ver y oir la realidad, y eso les tachará de lo que son, genocidas.
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