Seis días antes de la suspensión

SANTIAGO GONZÁLEZ

El ex titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional era un hombre acostumbrado a trabajar en los márgenes. No quiero decir con esto que se tratase de un juez marginal, ¡ojo!, sino que sus tomas de decisión importantes en los casos en los que intervenía se producían siempre apurando el último momento, como tantos estudiantes la noche anterior a los exámenes.

Seis días antes de ser suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 14 de mayo, Baltasar Garzón citó a declarar en secreto -a cencerros tapados, podríamos decir si no desbocamos la metáfora- a Víctor García Hidalgo, director general de la Policía Nacional cuando se produjo el chivatazo a ETA del bar Faisán.

Más secreto aún puso el 21 de abril de 1993, al ordenar la excarcelación del policía Michel Domínguez, principal implicado entonces, junto al subcomisario José Amedo, en el secuestro de Segundo Marey. Lo hizo conducir a su despacho y allí hablaron a calzón quitado (es otra metáfora, no se confundan) sin la presencia del fiscal, sin que la excarcelación fuese autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria y sin que su entrada en la Audiencia Nacional quedase anotada en el registro.

Faltaban exactamente seis días para que el juez fuera a la finca de Quintos de Mora, donde mantuvo una larga conversación con Felipe González, bajo el amable celestinaje de Pepe Bono, y aceptó su invitación de acompañarlo como segundo candidato de la lista de Madrid en las elecciones que iban a celebrarse el 6 de junio de 1993.

¿Qué interés pudo tener en aquella operación tan chapucera e irregular? Los designios del Señor son inescrutables y el juez era un hombre precavido.

Apenas un año más tarde, el 5 de mayo de 1994, tuvo una sorpresa desagradable: Felipe González había nombrado ministro de Interior a Juan Alberto Belloch, que ya lo era de Justicia. Él no había venido a esto para ocupar un escaño en el Congreso. Al día siguiente formaliza su renuncia y reingresa 12 días después (múltiplo de seis) a su juzgado, donde le esperan, miren ustedes por dónde, las declaraciones de Domínguez, frescas, intactas, como nuevas. Lo demás es ya historia.

¿Por qué un juez como Baltasar Garzón habría de tomarse la molestia de citar a declarar a un imputado seis días antes de ser suspendido en sus funciones? Lo normal sería dejarlo correr, agua que no has de beber...

Cabe la posibilidad de que el juez sea un esclavo del perfeccionismo, un maniático del trabajo bien hecho y quisiera dejar el sumario atado y bien atado para quien tuviera que sucederle en el juzgado. En cierto modo, así es.

La declaración prestada por Víctor García Hidalgo el 8 de mayo no va a pasar a los anales de los interrogatorios mañosos: una docena de folios con preguntas respondidas mayoritariamente con un no lo sé o un no me acuerdo. Lo bastante atado para que el juez Pablo Ruz no pueda volver a interrogarlo salvo que surjan hechos nuevos, cosa no muy probable a estas alturas.

¿Confía Garzón en alguna medida de gracia del Gobierno? ¿Tendría este Gobierno capacidad para cumplir alguna promesa que hubiera podido hacerle o, al menos, ponerle una medalla con distintivo rojo?

Todas las hipótesis están abiertas.