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jueves, 28 de junio de 2012

Las escoltas en España, alejadas de la realidad europea

  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 28/06/2012 ESPAÑA/El Mundo


  • En nuestro país se protegía a más de 1.000; en el Reino Unido o Francia, a decenas
    ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español!. Desde el Ministerio del Interior se mantiene no que era necesario, sino imprescindible afrontar una «gran reforma» de lo que hasta ahora ha sido el sistema de protección de personalidades. Y dos eran los motivos: el primero, la nueva situación en la lucha antiterrorista; y en segundo, la necesidad de ajustes económicos. El contraste de España con el resto de Europa en cuanto al volumen de escoltados era enorme.

    Los especialistas, cuando se han puesto con papel y bolígrafo a estudiar la situación se han encontrado con cifras que difícilmente eran asumibles, y más si se hacía una comparación con las de otros países de la Unión Europea; alguno, incluso, que también ha sufrido en sus carnes las consecuencias del terrorismo.

    Los números fríos del Ministerio del Interior son clarificadores. El número total de personas que recibían algún tipo de protección antes de que se llevaran a cabo los recortes aplicados durante las últimas fechas era de 1.251. Según estos datos, hasta hace escasas fechas había más de 2.890 miembros de la seguridad (entre miembros de la Seguridad del Estado y escoltas privados) dedicados a la protección. En concreto, 2.101 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado se dedicaban a protecciones estáticas y protecciones dinámicas sobre objetivos potenciales. Ahora, tras el recorte, la cifra queda reducida a 1.010 para un total de 607 escoltados a día de hoy. Pero la comparación europea es demoledora.

    Según explicaron fuentes de Interior, en países como, por ejemplo, Reino Unido, que hasta hace bien poco sufría los azotes del terrorismo, la protección y escolta está muy limitada. Así, según estos datos, solo cuentan con protección directamente asignada por el Ejecutivo británico la Familia Real, el primer ministro, tres ministros y el secretario de Estado para Irlanda del Norte.
    Pero Reino Unido no es una excepción. En Alemania, de los 700 altos cargos existentes solo 13 personalidades tienen protección con carácter permanente y otras 22, con esporádicas. En Francia, nuestros vecinos tienen también unas limitadas protecciones para sus altos cargos. Así, de forma permanente, sólo cuentan con escolta el presidente de la República, el primer ministro, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y los presidentes de las cámaras. Holanda únicamente tiene asegurada la escolta la Familia Real y el primer ministro; los restantes miembros de la Casa Real y del Gobierno, en función de las circunstancias. Estas situaciones contrastan y mucho con la situación española. La Secretaría de Estado de Seguridad, actualmente regentada por Ignacio Ulloa, se encontró sobre la mesa algunos planes tendentes a reducir las protecciones.

    Se entendió desde el principio que había situaciones anacrónicas. No obstante, desde el Departamento dirigido por Jorge Fernández se optó, antes de tomar decisiones, por realizar una evaluación individual de riesgos de cada uno de los escoltados. Previamente, la seguridad de concejales del País Vasco y de Navarra, en una actuación conjunta entre los gobiernos central y autonómicos, quedó claramente recortada sin que hubiera una gran contestación. Esta semana ha decidido retirar las protecciones y los coches de vigilancia a la práctica totalidad de la judicatura, lo que ha provocado un fuerte rechazo desde el mundo de jueces y fiscales, que le han recordado por escrito a Rajoy que ETA aún no ha desaparecido y que sigue armada

    domingo, 18 de marzo de 2012

    El incierto futuro de los ángeles de la guarda


    LOS SERVICIOS DE ESCOLTA, EN MÍNIMOS

    Tras la reducción de este miércoles, más de 2.000 escoltas habrán perdido su trabajo desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia.

    J. Arias Borque 2012-03-18/Libertad digital

    Durante más de quince años han sido la sombra de concejales, diputados, periodistas, fiscales o jueces. Pasaban junto a ellos maratonianas jornadas laborables que habitualmente superaban las doce o catorce horas, y no distinguían entre laborables, domingos o festivos. Y se convirtieron, en muchos casos, en casi una parte más de la familia de sus propios protegidos.

    Los escoltas privados han sido durante este tiempo los auténticos ángeles de la guarda de más de un millar de ciudadanos que han desarrollado su labor profesional bajo la amenaza de ETA. Un trabajo que han realizado poniendo su propia vida en juego.

    Llegaron al País Vasco y Navarra en 1997, después de que un grupo de ETA liderado por Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, asesinase a sangre fría de un disparo en la cabeza a un joven y desconocido concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Lo habían secuestrado apenas unas horas antes y su vida había sido utilizada para intentar chantajear al Gobierno de José María Aznar.

    Esta necesidad de seguridad generalizada fue fruto de la cristalización de la ponencia Oldartzen (Embistiendo) de Herri Batasuna, que propugnaba la "socialización del sufrimiento", es decir, el asesinato por parte de ETA de políticos, jueces, fiscales o periodistas, entre otros. Su primera víctima había sido del dirigente del PP vasco Gregorio Ordoñez, asesinado en 1995, pero tras ese crimen tan sólo se había puesto escolta –policial– a los parlamentarios.

    La imposibilidad de que miembros de las Fuerzas de Seguridad pudiesen actuar como escoltas de todos y cada uno de los cargos constitucionalistas del País Vasco y Navarra, así como a otros posibles objetivos terroristas hizo que se tuviese que echar mano de profesionales privados de la seguridad.

    De 4.500 a apenas unos cientos

    De manera continuada, durante más de una década, casi 4.500 escoltas realizaron tareas de seguridad en el País Vasco y Navarra, 3.500 de ellos en la comunidad autónoma, a los que habría que añadir casi otro millar realizando un trabajo similar en la comunidad foral. Sin embargo, a las puertas del final de ETA, y tras la reducción que habrá en la noche del martes al miércoles, la profesión se enfrenta casi prácticamente a su extinción.

    En la comunidad vasca había trabajando en el año 2009 los 3.500 escoltas mencionados con anterioridad. Esa cifra fue reduciéndose desde principios de 2010 hasta llegar a los 2.400 profesionales privados que había días antes de que la banda terrorista ETA hiciese público su comunicado de cese definitivo de la violencia en octubre de 2011. De ahí, a finales de 2011 se produjeron drásticos recortes que situaron el número de escoltas en activo en los 1.500, según datos facilitados por la Asociación Española de Escoltas (ASES).

    Unos recortes que continuaron durante el mes de enero y que volverán a repetirse en la madrugada del martes 20 al miércoles 21 de marzo. En total, tan sólo quedarán unos 300 escoltas en su puesto de trabajo. Más de 2.100 habrán perdido su trabajo en la comunidad vasca desde el comunicado de ETA.

    La reducción de escoltas también ha sido drástica en la comunidad foral. Según datos facilitados por Asociación de Seguridad Privada ASP/92, en diciembre de 2009 había en Navarra aproximadamente unos 880 escoltas privados. En enero de 2010 empezaron a reducirse los servicios paulatinamente, hasta llegar a contabilizarse 700 escoltas en activo en septiembre de ese año.

    Entre mayo y junio de 2011 la cifra volvió a disminuir a 550, situándose en 382 poco después del comunicado de ETA del pasado mes de octubre. A partir del miércoles la cifra se reducirá hasta 210 escoltas, de los que cerca de la mitad no estarán protegiendo a posibles objetivos de ETA sino a mujeres maltradas.

    Las previsiones que manejan desde la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra es que, entre mayo y junio de este año, con la finalización de los últimos contratos en vigor de seguridad privada, se acabe el trabajo para los escoltas en ambas comunidades.

    "Adiós" con una "palmadita en la espalda"

    ASP/92 denuncia que la reducción de la protección "se ha realizado más por estatus o categorías políticas que por riesgo veraz". "Como ejemplo, desde el próximo 21 de marzo los parlamentarios navarros pasarán a tener de dos a un escolta, mientras algunos concejales en pueblos, que ahora dejarán de tener escolta, han tenido uno. Nosotros, que hemos estado con todos ellos, hemos visto como insultaban a los segundos y, a los primeros, a la mayoría, ni siquiera les conocen por la calle", aseguran.

    La sensación desde las asociaciones es que sienten cómo después de haberse jugado la vida para proteger a los amenazados por ETA se les manda al paro sin ninguna posibilidad de recolocación. "La escolta tal y como la conocemos ahora va a desaparecer. Hemos realizado una labor muy importante. Hemos sido una pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo y no consideramos oportuno que nos echen a la calle con una palmadita en la espalda", dice Santiago Fontela, presidente de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra.

    "El problema del colectivo de escoltas privados y la seguridad privada, en general, es que nos han usado como parche y solución de un problema y ahora no saben qué hacer con nosotros. Tenemos derecho a un reciclaje o una formación superior, todo ello dentro de un plan de recolocación como marca la nueva reforma laboral y como se ha realizado y se realiza actualmente en otros sectores laborales", señalan desde ASP/92.

    Las salidas profesionales que tendrán ahora son realmente complicadas. Por un lado, dejar de un lado su especialidad de escoltas y trabajar –con las dificultades del mercado laboral actual– como vigilantes de seguridad. De la lucha contra ETA a la puerta de un supermercado y cobrando una tercera parte. Por otro lado, continuar en la especialidad, colocándose, por ejemplo, en cualquier de los barcos españoles que navegan por aguas de Somalia, aunque en la actualidad no hay más de un centenar de escoltas allí.

    La Asociación Española de Escoltas trabaja desde hace meses en un plan de reubicación de escoltas que propone la modificación de la legislación vigente para que ampliar las competencias profesionales de este colectivo. Entre esas nuevas competencias, estaría, por ejemplo, la protección de mujeres maltratadas, una tarea que ya realizan en Navarra, o en seguridad aérea, realizando labores de escolta en el interior de aeronaves.

    También proponen que los actuales servicios de escolta de altos cargos del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que actualmente realizan personal de las Fuerzas de Seguridad, pasen a ser realizadas por escoltas privados, siendo asignados los agentes que ahora realizan ese trabajo a otras unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil o policía autonómicas o locales.

    martes, 14 de junio de 2011

    Rubalcaba: "Si baja el riesgo, disminuye la protección, así de claro"


    SOBRE LA REDUCCIÓN Y RETIRADA DE ESCOLTAS

    Responsabiliza a Ertzaintza y Policía de la decisión y dice que "si sube el riesgo" volverá a "aumentar la protección".

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    Alfredo Pérez Rubalcaba. Vicepresidente y ministro del Interior.
    2011-06-14
    Libertad Digital

    El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho este martes que la decisión de reducir el número de escoltas en el País Vasco y Navarra es decisión de la Ertzaintza y la Policía Nacional en base a evaluaciones de riesgo por lo que ha explicado que sí la peligrosidad baja, la protección disminuye.

    "¿Qué sube el riesgo?, pues aumenta la protección, ¿que baja el riesgo?, disminuye la protección. Es así de claro, son decisiones de la Policía", explicado Rubalcaba al ser preguntado por los medios de comunicación acerca de los planes para reducir los escoltas en País Vasco y Navarra.

    Según ha dicho, "es una decisión que toma la Ertzaintza y la Policía en su caso en el ámbito de trabajo del Ministerio del Interior, son decisiones profesionales que obedecen a la evaluación de riesgo que se hace".

    Las asociaciones de escoltas han explicado que los planes en los que el Gobierno ya está trabajando desde hace meses persiguen una reducción en el número de escoltas que alcanzaría el 50 por ciento en el mes de septiembre.

    Rubalcaba ha hecho estas declaraciones después de comparecer durante una hora en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados donde, a puerta cerrada, ha explicado a los representantes parlamentarios que el Gobierno ha "modificado sus prioridades" en materia de lucha antiterrorista ante el incremento de riesgo de atentado islamista.

    En los últimos días, cargos públicos de País Vasco y Navarra que no fueron reelegidos el pasado 22-M, como Santiago Abascal o Nerea Alzola, censuraron públicamente la retirada de sus medidas de protección y las formas utilizadas por la consejería vasca de Interior y el departamento que dirige Rubalcaba para dar a conocer la decisión.

    Libertad Digital ya denunció a principios del mes de mayo esta nueva oleada de retirada y disminución de los servicios de escolta. La misma, comenzó el pasado 1 de junio, cuando un gran número de servicios de protección compuestos por dos escoltas y un vehículo, pasaron a ser realizados por un solo escolta. Además, a partir del próximo 1 de julio, se retirará también la protección a los cargos públicos que no han sido reelegidos el 22-M.

    lunes, 6 de junio de 2011

    Pumpido sanciona al fiscal Rubira por desconsideración hacia sus escoltas



    17:49 (06-06-2011) | La Gaceta

    El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira tendrá que pagar 900 euros de multa por lanzar expresiones despectivas contra su jefe en la Fiscalía y los agentes.

    El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha sancionado con 900 euros de multa al fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira por una "falta grave de desconsideración" contra sus escoltas a los que tuvo tres horas en la calle mientras él permanecía en un pub con varios amigos. El incidente se desencadenó cuando uno de los policías accedió al local para preguntar al fiscal acerca de sus planes y, según la resolución de la investigación interna a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos incluyeron expresiones despectivas hacia su jefe en la Fiscalía, los agentes y sus superiores policiales.

    La resolución está firmada por el propio Conde-Pumpido con fecha del pasado 6 de abril aunque los hechos ocurrieron el verano pasado, concretamente el lunes 26 de julio de 2010 entre las 14 y las 21 horas. Hasta ese día, la relación entre Rubira y sus escoltas había sido "correcta", pero entonces se produjo el incidente que tuvo lugar primero en el interior y el entorno de un pub madrileño y que se prolongó después en plena calle Lagasca, situada en el barrio de Salamanca de la capital

    Rubira había quedado a comer ese día con un antiguo amigo en un restaurante de la zona e indicó a sus escoltas que le recogieran en ese establecimiento a las 17 horas. El encuentro con su amigo se desplazó entonces al citado pub y a la reunión se unieron otro conocido de Rubira y minutos después el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada.

    Los cuatro permanecieron en el interior del pub durante aproximadamente tres horas, tiempo en el que los escoltas aguardaron en la puerta. Tan sólo accedieron 20 minutos al local para tomar una consumición invitados por el propio Rubira a las 17.30.

    De este modo, el primer incidente se produce en torno a las 20.15 horas cuando uno de los dos agentes entró de nuevo en el pub para consultar los planes del fiscal con la idea de organizar su propia cena, cuestión para la que tienen la obligación de solicitar permiso a sus superiores policiales.

    Según la versión del agente, Rubira respondió de forma airada: "Esto no me lo hagáis joder, estoy aquí con mis amigos y no me vais a joder... imbécil jilipollas". En cambio, los amigos del fiscal que prestaron declaración en la investigación fiscal defienden que fue el escolta quien actúo de manera inadecuada. El propio Prada aseguró creer haber visto al agente acceder al pub "haciendo un gesto hacia Rubira, en un tono, diciendo que se tenían que ir, esto no puede ser, algo así más o menos". El ex vicepresidente madrileño aseguró que le había sorprendido "la forma del trato inadecuado totalmente".

    Tres

    La resolución reconoce que no hay base suficiente para "dar como probada una u otra versión", aunque considera "determinante" para los hechos la entrada del escolta en el local, "hecho que, y no debe silenciarse, acaece tras el transcurso de casi tres horas, tiempo que supone una excesiva exposición pública ante un riesgo potencial, riesgo que precisamente justifica su especial protección".

    Al final, tras este incidente, fueron los amigos de Rubira los que deciden marcharse y la tensión entre el fiscal y los escoltas continuó en el interior del vehículo donde, según recogen los hechos probados de la investigación, "lejos de procurar calmar la situación, pidió explicación a los agentes para luego espetarles: "me la mamáis, me la mama mi jefe, me la mama su jefe, me la mamáis todos".

    En ese momento eran las 20.30 horas y el coche circulaba por la céntrica y concurrida calle Lagasca, "momento y lugar en el que Rubira intenta abrir la puerta para abandonar el vehículo" lo que le provocó una pequeña herida en el dedo con el sistema de cierre y forzó al conductor a frenar repentinamente.

    Finalmente, el fiscal se bajó del coche e insistió en pedir explicaciones a sus escoltas hasta que fue convencido por uno de ellos para regresar al vehículo. La escena estaba siendo presenciada ya por los transeúntes y estaban colapsando el tráfico (la calle Lagasca es de una sola dirección). Al llegar a su casa el fiscal "da la mano a los agentes al tiempo que les sugería que todo había sido un malentendido que debía quedar entre caballeros".

    No aceptaron la oferta los escoltas, que procedieron de inmediato a informar de lo sucedido a su superior, quien les ordenó una minuta por escrito que la Comisaría Especial de la Audiencia Nacional trasladó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y éste se lo remitió al fiscal de Sala Jefe de la Inspección.

    En el relato de hechos, la resolución recoge las versiones de los testigos sobre la posible ingesta de alcohol por parte del fiscal. En este sentido, los dos escoltas coinciden en que el aliento de Rubira "desprendía olor a alcohol", aunque uno de ellos --precisamente con el que tuvo el intercambio de palabras en el interior del local-- matiza que para asegurar este extremo "es necesario hacer la prueba de alcoholemia".

    Por su parte, Prada aseguró que el comportamiento del fiscal era "educado y correcto" y que "lo que estaba tomando era una coca-cola". Esta versión fue corroborada por la persona que comió con el sancionado y añadió que en el restaurante cree recordar que tomó "una copa de vino". El tercer testigo negó que Rubira desprendiese olor a alcohol y añadió que "siempre bebe coca cola, hasta comiendo".

    La resolución precisa que "sobre este particular se ha entendido que las manifestaciones obrantes en el expediente son contradictorias e insuficientes para recoger en el expediente circunstancia alguna referida a la posible ingesta alcohólica".

    Fundamentos de derecho

    Por su parte, a la hora de valorar la posible comisión de "una falta de respeto a su superior jerárquico realizada de forma verbal en presencia de terceras personas", la resolución considera acreditada la frase despectiva que Rubira pronunció en el interior del coche, pero advierte de que para ser castigado por ello debe llevarse a cabo "en su presencia, por escrito o con publicidad, no concurriendo ninguno de estos supuestos en las presentes actuaciones".

    De este modo, los hechos "han sido calificados como desconsideración grave" ocurridos "en una sola ocasión, concretamente la tarde del 26 de julio de 2010, dato que determina la imposición de la sanción en la mitad inferior de su posible extensión, tramo en el que se encuentra la multa de 900 euros".

    lunes, 2 de mayo de 2011

    Interior repone los escoltas a un empresario objetivo del 'Otazua'


    JAVIER G. NEGRE / Bilbao/ El Mundo

    «El Gobierno no confía plenamente en esta tregua», asegura Ricardo Benedí

    Zapatero embustero

    «El Gobierno no confía plenamente en esta tregua». Así de explícito se muestra Ricardo Benedí, empresario vizcaíno que vio cómo el Ministerio del Interior decidió el pasado 5 de abril reponerle la protección oficial que le había denegado meses atrás, tras haber encontrado su nombre entre «los ejecutables» del desarticulado comando Otazua. Es un dato más que evidencia las dudas que arrastra el Ejecutivo hacia el nuevo son de paz entonado por ETA.

    «Esta decisión de Interior muestra que ni ellos mismos tienen la seguridad de que la banda no va a volver matar», comenta el también vicepresidente del Foro Ermua, que se vio forzado en 2005 a exigir in situ «un módulo de protección oficial» al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tras recibir tres desafiantes cartas de extorsión de la organización terrorista.

    Analizado su caso, Interior no dudó en atender sus reclamaciones y el empresario vasco gozó de dos escoltas y un coche oficial del 12 de febrero de 2006 hasta el 6 de septiembre de 2010, fecha en la que la la Guardia Civil, por orden expresa del Ministerio del Interior, le comunicó la supresión de la protección por considerar que no se encontraba «objetivamente en un grupo de riesgo».

    «Fue una situación complicada, porque tuve que cambiar mis hábitos y vivir con el miedo de saber que todo el mundo conocía que ya estaba desprotegido», manifiesta, sin entender todavía cómo decidieron precipitarle hacia «ese estado de indefensión». «Era el único miembro del Foro Ermua que seguía residiendo en el País Vasco y no quería renunciar a mi discurso público contra la banda y su red de extorsión».

    Sin embargo, la incautación de los archivos del comando Otazua, desarticulado el pasado 1 de marzo, entre los que se encontraba un extenso dossier informativo de la figura de Benedí bajo el epígrafe de «ejecutable», hizo saltar las alarmas en el entorno del empresario, que no dudó en solicitar a finales del mismo mes al Ministerio del Interior la restauración de la protección especial.

    «En seis días volví a tener escolta y a dejar de sentirme un blanco fácil para ETA. No quería convertirme de ninguna manera en la nueva T-4», explica Benedí, aludiendo al atentado que la banda terrorista perpetró el 30 de diciembre de 2006 contra la nueva terminal del aeropuerto madrileño de Barajas y que mató a los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, dinamitando la anterior tregua y el proceso de negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda armada.

    Para Benedí, nombrado empresario vasco del año en 2004 por su gestión al frente del Grupo Industrial Benedí, el stand by etarra no debe servir para justificar la masiva retirada de escoltas que están padeciendo jueces, políticos o empresarios. «Las treguas están para romperlas y cualquier persona desprotegida puede convertirse en una víctima fácil para ETA cuando ésta decida unilateralmente romper este periodo», expone, tildando de «temeraria» e «imprudente» la actitud del Ministerio del Interior.

    «Por mucha crisis económica que haya, es una temeridad retirar los escoltas a las personas que sufren el terrorismo día a día», sostiene, calibrando, a su vez, el «enorme riesgo» que está asumiendo el Ejecutivo con esta política de recorte de gastos.

    «Están incurriendo en una responsabilidad que no querría para mí mismo», opina Benedí.J. G. N. / Bilbao

    «Los terroristas no cambian»

    «No hay que fiarse, porque los terroristas no van a cambiar de la noche a la mañana. Un hombre que ha cruzado la línea y ha perdido sus valores ya no puede volver a ser el mismo», subraya Velasco.

    Benedí avisa de que «no faltarán voces» que clamen contra «el Ministerio del Interior» si ETA asesina a alguien que se haya visto desprovisto de medidas de seguridad por el aparente clima de paz reinante en el País Vasco desde el comunicado de la banda.

    «Entiendo que retiren la protección a esas personas que ya no viven en el País Vasco o Navarra. Sin embargo, es una faena con las personas que siguen trabajando en la región», señala Benedí.

    Alberto Velasco, portavoz de Escoltas en Activo del País Vasco, también lanza un órdago al Ejecutivo. A cara descubierta. «Si ocurre una desgracia en los próximos meses, alguna cabeza rodará», explica, alineándose con Ricardo Benedí a la hora de evidenciar la «desconfianza» del Ministerio del Interior en este nuevo alto el fuego de ETA declarado el pasado 10 de enero. «Una estrategia» urdida, según él, «para estar presente en las elecciones» del próximo día 22.

    viernes, 29 de abril de 2011

    Sobran escoltas en el País Vasco


    LAS EMPRESAS LOS ACOSAN PARA QUE SE VAYAN VOLUNTARIAMENTE


    Sobran escoltas en el País Vasco

    Foto: iStockphoto

    En Exclusiva | J.Chicote.- 29/04/2011 (06:00h) El Confidencial

    En el último año 500 escoltas han perdido su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, donde actualmente trabajan unos 2.700 efectivos de seguridad privada encargados de proteger a políticos, empresarios y profesionales amenazados por ETA. El drástico y afortunado descenso de la actividad terrorista (el último atentado mortal en España fue el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca el 30 de julio de 2009) ha provocado que los gobiernos central y vasco hayan retirado paulatinamente la protección a aquellos que no están en primera línea de fuego.

    La consecuencia es que a las empresas de seguridad privada no sólo les sobran escoltas sino que están haciendo lo posible para librarse de éstos. Según denuncian los afectados, las compañías les están haciendo la vida imposible para que presenten su baja voluntaria y se vayan sin la correspondiente indemnización tras varios años jugándose la vida.

    “Quieren que te aburras y que te vayas para no pagar un despido a una persona que lleva trabajando quince años. La mayoría somos de fuera y no te dicen que puedes irte el fin de semana hasta el mismo viernes o te obligan a pedir un día libre por burofax. Te sancionan a la mínima y si denuncias te suspenden de empleo y sueldo durante el proceso. Si ganas recuperarías todo el dinero, pero mientras tanto no puedes pagar la hipoteca ni los gastos, no te puedes permitir ir a los tribunales”. Son palabras de Benito Chacón, que lleva once años protegiendo vidas en el País Vasco y lidera un sindicato independiente, USETI, con unos 300 miembros. Precisamente, se está celebrando estos días en Bilbao el Congreso Nacional de Escoltas.

    En los años duros las empresas traían a la inmensa mayoría de los escoltas de fuera del País Vasco, pero “ahora que no hay muertos y falta trabajo en todos los sectores, la gente de aquí quiere entrar aunque cobren menos que los veteranos”. Un escolta puede ganar unos 2.600 euros mensuales pero a fuerza de sumar 300 horas laborales. “Trabajo treinta días al mes, a diez horas diarias de media y luego descanso tres días”, asegura Chacón, que añade que “puedes terminar una jornada a las dos de la mañana después de catorce horas de trabajo y que la siguiente empiece a las cinco de la mañana. Tienes que hacerlo, porque sin horas extras ganamos una miseria por un trabajo en el que te la juegas a diario”.

    Efectivamente, el salario base de un escolta es de tan solo 876,41 euros brutos mensuales. Si le sumamos los pluses de peligrosidad, transporte y vestuario, la cifra llega a 1.426,78 euros. En los desplazamientos disponen de 9,20 euros para comer; pernoctar y desayuno, 15,56; pernoctar y dos comidas, 31,12 euros. Si el desplazamiento es de más de siete días, el escolta se tiene que arreglar con 24,73 euros diarios para alojamiento y comidas.

    El Gobierno Vasco paga a las empresas, dirigidas por ex miembros de distintos cuerpos de seguridad públicos –guardias civiles, policías, ertzainas y militares-, unos 6.000 euros mensuales por cada escolta, además de las partidas de coche y gastos. Esto supone un negocio que mueve unos 250 millones de euros anuales.

    Un escolta que prefiere no revelar su nombre ha declarado a El Confidencial que ha llegado a adelantar de su bolsillo 1.400 euros “del gasoil y los peajes, porque la empresa nos obliga a ponerlo nosotros y nos lo paga cuando pasan dos meses”. Después de más de una década como guardaespaldas, la empresa acaba de darle un espejo para revisar los bajos del coche por si hubieran colocado un artefacto.

    Todos los escoltas llevan instalado un localizador en su teléfono móvil que sirve a las empresas para vía satélite tener su ubicación. “Es ilegal y vulnera nuestra privacidad. Estamos controlados las 24 horas del día y utilizan la información para sancionarnos si registramos el servicio a 500 metros del lugar de la recogida del protegido”, sostiene Benito Chacón. Otro escolta asegura que se ha llegado a un punto en el que “estamos más pendientes de si hay cerca una patrulla de la Ertzaintza para hacernos una inspección que de vigilar a los etarras”.

    Accidentes y suicidios por estrés laboral

    Desde USETI pidieron una reunión con la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco para tratar estos asuntos, pero no han recibido respuesta. Son muchos los escoltas que ven la cuerda demasiado tensa. Se han jugado la vida durante años, la tensión de la amenaza terrorista y la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar –hay un muy alto porcentaje de divorcios entre los escoltas- se traduce en numerosas bajas psicológicas. Las situaciones más dramáticas han terminado en suicidio, como ocurrió con un escolta que se quitó la vida en Vitoria el pasado 19 de marzo. “Están presionando a gente que lleva pistola”, advierte Benito Chacón. En los últimos diez años se han registrado doce muertes relacionados con el trabajo, entre accidentes y suicidios motivados por el estrés laboral, según los cálculos de USETI.

    Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), confía en recuperar puestos de trabajo si las administraciones transfiere a las empresas privadas servicios de escolta que actualmente hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “como ya hicimos con los empresarios”, dice. Coincide con los escoltas consultados en cuanto a la “precariedad” que sufren y sostiene que “las empresas se han encontrado con que han bajado los precios que paga el Gobierno Vasco y por eso intentan que se vayan los escoltas veteranos y sustituirlos por otros más baratos”.

    lunes, 18 de abril de 2011

    Los escoltas están en "absoluta alerta porque ETA está reorganizándose"


    ANTE LOS RECORTES PREVISTOS POR INTERIOR

    El presidente de la Asociación de Escoltas ha criticado en esRadio el plan de Interior de recortar la protección en el País Vasco.

    2011-04-18
    LIBERTAD DIGITAL

    Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, ha valorado en esRadio el tijeretazo a los escoltas que prevé el Ministerio del Interior tras las elecciones del 22 de mayo. En este sentido, De la Cruz asegura que "tenemos claro desde el primer momento que es una tregua trampa, que es una estrategia más de ETA de estar en las instituciones y lograr esos fondos y ese poder"

    En su opinión, "no hay ninguna duda" de que existe una negociación entre Gobierno y ETA. "Es algo que el PSE ha reconocido", dijo. Además , indicó que estos dirigentes socialistas del País Vasco hablaron de un calendario, que "se está cumpliendo".

    Sobre el recorte de escoltas afirma que "no creemos que el riesgo haya disminuido, sino todo lo contrario. Estamos en absoluta alerta permanente porque la banda está reorganizándose".

    De este modo, el presidente de la Asociación Española de Escoltas asegura que "lo que parece claro es que el Gobierno está dando por descontado que la tregua es real y que ETA está dejando las armas y en ese escenario está reduciendo los servicios de protección de manera temeraria.

    Incluso asegura que no se han recortado más los escoltas en el País Vasco por "el proceso de oposición de los protegidos" que ante estas informaciones "han reaccionado con firmeza porque ven que el escenario no es que ETA vaya a dejar las armas sino todo lo contrario".