ETA ha vuelto a establecer contacto con los verificadores internacionales y
ha urdido un plan para intentar involucrar al Gobierno: tiene pensado anunciar
su «disposición» a «sellar» todos sus depósitos de armas y «empoderar» al Grupo
de Verificación internacional para ser el testigo y el garante.
La condición que, en principio, impondría para proceder al cegado de esos
arsenales es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reconozca a su vez al grupo de
verificación como el válido para dar fe de que ese paso se ha dado,
estableciendo así una interlocución aunque sea indirecta.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, el Gobierno no tiene intención de
aceptar y, además, tiene en su poder datos que acreditarían que el asunto del
sellado no afectaría, en realidad, más que a un número simbólico de armas y que
no es el preludio, al menos por el momento, de un plan de desarme por parte de
la organización, dado que en ninguna reunión, dicen, ha contemplado esa
posibilidad. En realidad, sostienen, ETA pretende lanzar un señuelo para que el
Ejecutivo se vea obligado a aceptar otras muchas condiciones previas, desde la
inmunidad de los encargados de los zulos, el cambio de las leyes y una salida
para los presos a la designación de un tercer país para sus interlocutores,
etcétera.
El asunto tiene su origen en la pretensión de la banda de negociar
directamente con el Ejecutivo lo que denomina «las consecuencias del conflicto»,
aparentando que se trata de dos partes con igual nivel de legitimidad y que lo
suyo no ha sido una derrota sino una negociación. Anunciado el «cese
definitivo», la organización, con este fin, envió a sus dirigentes Josu Ternera,
David Pla e Iratxe Sorzabal a Noruega, donde permanecieron durante meses.
Peregrinación
El presidente Rajoy nunca mandó a sus representantes, pero Oslo se convirtió
en un centro de peregrinación al que también acudió el grupo de verificación
auspiciado por la izquierda abertzale y encabezado por el profesor
Manninkalingam, que intentó convencer a los etarras a finales del pasado año de
que debían empezar a dar pasos hacia el desarme. Según publicó éste periódico en
enero, se puso ya encima de la mesa la posibilidad de que una parte simbólica de
los zulos de la banda quedase controlada. Incluso se abordaron varias opciones:
desde pasar las coordenadas a los periodistas de varias agencias europeas hasta
ofrecérselas a personalidades investidas como facilitadores, pasando por
proporcionar los datos a centros como la fundación Carter. Era un modo,
entonces, de poner la pelota en el tejado del Gobierno para que éste diese una
salida al problema de los presos.
Pero finalmente los etarras rehusaron dar ese paso para evitar divisiones
internas. Incluso recordaron a los verificadores que su función debía ser la de
ratificar la ausencia de atentados, sin más reclamaciones.
El grupo de verificadores dudó entre acabar su trabajo en esos momentos o
suspenderlo hasta que la banda cambiase de opinión, y así se lo comunicó a una
buena parte de los partidos vascos. El lehendakari Urkullu animó a los
representantes internacionales a que regresaran en septiembre y así lo
anunciaron ellos.
Mientras tanto, el movimiento Lokarri, muy receptivo a los planteamientos de
la izquierda abertzale, puso en marcha un foro social que sugirió la posibilidad
de que la banda confiase su trayectoria de desarme no al Gobierno, sino a los
«agentes sociales vascos». ETA anunció en un comunicado en julio que no le
parecían mal las propuestas del foro y que próximamente trasladará su «opinión
concreta». Lokarri esperaba esa opinión, que todavía no ha recibido, para estas
fechas junto con las condiciones, el calendario y el modo de llevar a cabo la
entrega.
Sea cual sea la decisión final de ETA y los tiempos que baraje, la
información que manejan los abertzales y las fuentes antiterroristas es que, al
menos hasta hace unos días, su pretensión seguía siendo contactar con el
Ejecutivo (sin que eso descarte otras posibilidades) y que su próximo comunicado
no será para realizar un anuncio taxativo sino su disposición, presionada
incluso por los suyos, a llevar a cabo un gesto.
«La paz no tiene precio»
Vitoria
«Exijo el desarme y disolución de ETA; ante quien lo haga me da igual si es
verificable o constatable». Ésta se convirtió ayer en la reacción más
contundente tras conocerse que la banda terrorista puede emprender su desarme
antes de fin de año. Las palabras proceden del ‘lehendakari’, Iñigo Urkullu,
quien también expresó que las decisiones de ETA y los cambios en la política
penitenciaria no deberían estar relacionados: «La paz no tiene precio, o no
debería tener precio» aseveró Urkullu.
El Ministerio del Interior prefirió no adelantar acontecimientos y el
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tan sólo dijo que «la
única novedad del mundo de ETA que merece un comentario» es su «disolución
definitiva» de una forma «constatable», pero no en forma «de rumor o de
comentario».
Al respecto, políticos vascos especializados en el seguimiento de la banda
armada y sus presos creen factible el anuncio de un proceso paulatino de
desarme, sin contar con el Gobierno ni con las instituciones vascas, sino con un
organismo internacional.
ETA ha vuelto a establecer contacto con los verificadores internacionales y
ha urdido un plan para intentar involucrar al Gobierno: tiene pensado anunciar
su «disposición» a «sellar» todos sus depósitos de armas y «empoderar» al Grupo
de Verificación internacional para ser el testigo y el garante.
Lo que siempre a estado buscando, internacionalizar sus asesinatos. Lo que deben de hacer es entregar las armas y explosivos, y de cabeza a la cárcel.
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