Víctimas del terrorismo, partidos y el delegado del Gobierno coincidieron ayer en rechazar la actuación de los líderes de la izquierda abertzale para impedir la detención de Urtza Alkorta, condenada por colaborar con ETA, en Ondárroa. Las críticas salpicaron a la consejera de Seguridad vasca, Estefanía Beltrán, a la que PSE y PP pidieron explicaciones sobre el retraso en el arresto y sobre la posible información previa sobre el dispositivo.
La posición más dura fue la de Covite, que presentó una denuncia penal contra Mintegi por un presunto delito de obstrucción a la Justicia y enaltecimiento del terrorismo. Covite recuerda que la portavoz de EH Bildu afirmó que a la condenada se le arrestaba por «defender los derechos de este país», afirmación que para Covite es una muestra de que Mintegi «justificó la labor terrorista de la condenada y revistió de honorabilidad la actividad de apoyo a ETA».
En el ala opuesta se situó el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano (Bildu), que ofreció un manual de desobediencia civil: «Cuando las órdenes son injustas, un buen gobernante no debe cumplirlas».
En el ala opuesta se situó el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano (Bildu), que ofreció un manual de desobediencia civil: «Cuando las órdenes son injustas, un buen gobernante no debe cumplirlas».
Encerrado tras salir de prisión
Lasarte disfruta el primer día de permiso sin salir de casa ni asomarse a la ventana
Hablar de Lodosa es hablar de pimientos del piquillo. Valentín Lasarte, el etarra arrepentido del comando Donosti, condenado a más de 370 años de cárcel por su participación en siete asesinatos, respiró ayer aire libre en este municipio navarro en el primero de los tres días de permiso que le ha concedido la Audiencia Nacional en reconocimiento a su «evolución en clave de humanidad», en contra del criterio de la prisión alavesa de Zaballa en la que se encuentra recluido, del fiscal y del juez.
Su presencia pasó del todo desapercibida en Lodosa. Todo transcurrió como un jueves laborable normal. Los niños fueron al colegio, los jubilados jugaron en el bar a las cartas, los jóvenes quedaron para tomar una cerveza al salir del trabajo... Nadie reparó en su presencia porque quien participó en los asesinatos de Gregorio Ordoñez o Enrique Múgica, entre otros, no se dejó ver.
A su llegada, y tras firmar en el cuartel de la Guardia Civil, se recluyó en la vivienda de un familiar, al parecer una tía de San Sebastián que tiene la casa como segunda residencia, y no dio más señales de vida.
Lasarte, que si bien sostiene haberse arrepentido de sus actos se niega a colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de algunos asesinatos, fue recogido por un familiar en la prisión alavesa, tal y como establecen las estrictas condiciones fijadas por la Dirección General de Instituciones Penitenciaras.
Para gozar de su primer día en libertad en 17 años, Lasarte debía escoger un municipio fuera del País Vasco en consideración con las víctimas de los atentados en los que intervino. Lodosa no pertenece al País Vasco pero, paradójicamente, sí forma parte de esa EuskalHerria que dibuja ETA.
En su primer día sin los barrotes de la cárcel se ausentó del exterior. Ni se asomó a las ventanas en las que se esconde de la realidad, sabedor de que en la calle iba a ser presa de los medios. La mayoría de las ventanas permanece tapada con cortinas que impiden ver su rostro. De elegir objetivos para su pistola, ha pasado a ser objetivo de las cámaras. Quienes habitan en la casa donde ahora se refugia le alertaron de esta incómoda presencia que trata de evitar a toda cosa. Durante el día, apenas se vio entrar en el edificio a un familiar portando bolsas con comida.
Lasarte tendrá mañana sábado, a escasos metros de la vivienda, una concentración convocada por la plataforma de apoyo a los presos de ETA Herrira. Aunque su figura es repudiada por el entorno radical tras renegar del pasado, no deja de ser una paradoja que sus primeros días de libertad coincidan con un acto en su apoyo de forma implícita como etarra encarcelado.
Hablar de Lodosa es hablar de pimientos del piquillo. Valentín Lasarte, el etarra arrepentido del comando Donosti, condenado a más de 370 años de cárcel por su participación en siete asesinatos, respiró ayer aire libre en este municipio navarro en el primero de los tres días de permiso que le ha concedido la Audiencia Nacional en reconocimiento a su «evolución en clave de humanidad», en contra del criterio de la prisión alavesa de Zaballa en la que se encuentra recluido, del fiscal y del juez.Su presencia pasó del todo desapercibida en Lodosa. Todo transcurrió como un jueves laborable normal. Los niños fueron al colegio, los jubilados jugaron en el bar a las cartas, los jóvenes quedaron para tomar una cerveza al salir del trabajo... Nadie reparó en su presencia porque quien participó en los asesinatos de Gregorio Ordoñez o Enrique Múgica, entre otros, no se dejó ver.
A su llegada, y tras firmar en el cuartel de la Guardia Civil, se recluyó en la vivienda de un familiar, al parecer una tía de San Sebastián que tiene la casa como segunda residencia, y no dio más señales de vida.
Lasarte, que si bien sostiene haberse arrepentido de sus actos se niega a colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de algunos asesinatos, fue recogido por un familiar en la prisión alavesa, tal y como establecen las estrictas condiciones fijadas por la Dirección General de Instituciones Penitenciaras.
Para gozar de su primer día en libertad en 17 años, Lasarte debía escoger un municipio fuera del País Vasco en consideración con las víctimas de los atentados en los que intervino. Lodosa no pertenece al País Vasco pero, paradójicamente, sí forma parte de esa EuskalHerria que dibuja ETA.
En su primer día sin los barrotes de la cárcel se ausentó del exterior. Ni se asomó a las ventanas en las que se esconde de la realidad, sabedor de que en la calle iba a ser presa de los medios. La mayoría de las ventanas permanece tapada con cortinas que impiden ver su rostro. De elegir objetivos para su pistola, ha pasado a ser objetivo de las cámaras. Quienes habitan en la casa donde ahora se refugia le alertaron de esta incómoda presencia que trata de evitar a toda cosa. Durante el día, apenas se vio entrar en el edificio a un familiar portando bolsas con comida.
Lasarte tendrá mañana sábado, a escasos metros de la vivienda, una concentración convocada por la plataforma de apoyo a los presos de ETA Herrira. Aunque su figura es repudiada por el entorno radical tras renegar del pasado, no deja de ser una paradoja que sus primeros días de libertad coincidan con un acto en su apoyo de forma implícita como etarra encarcelado.
El PNV permite condenar la expresión ‘presos políticos’ de ETA
Se abstiene y consiente la iniciativa votada por PP, PSE y UPyD en el Parlamento vasco
El Parlamento vasco, de clara mayoría nacionalista, aprobó ayer una muy simbólica resolución que proclama que España «es un Estado de Derecho que garantiza plenamente los derechos y libertades», que no se persigue a nadie por sus ideas y que los presos de ETA no son «presos políticos», como defiende la izquierda abertzale. En Vizcaya prosperó algo parecido. Que saliese la iniciativa de PP y PSE, apoyada también por UPyD, vino motivado por la abstención del PNV, que hizo que los síes, 27, se impusieran a los noes, 21, para sorpresa de varios dirigentes constitucionalistas, convencidos de que su texto no iba a ser aprobado.
La iniciativa partió del PP. Borja Sémper remarcó que es «pedagógico» dejar muy claro que los presos de ETA «no están condenados por sus ideas, sino por matar». Rodolfo Ares (PSE) secundó estos argumentos: «Por mucho que Sortu y EH Bildu se empeñen en que en Euskadi y en España hay presos políticos, no es cierto. Lo reconoce Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) [...]. Hablan de presos políticos en un intento de reducir la responsabilidad de quienes cometieron los asesinatos [pero] no van a poder reescribir la historia». Desde UPyD, Gorka Maneiro se pronunció en el mismo sentido, aunque lamentó no haber ido más allá y que se pidiera la tipificación como delito del uso de esta expresión en tanto que supone «justificar a ETA». Reclamó también la ilegalización de todas las marcas de la izquierda abertzale.
Desde la bancada radical, Julen Arzuaga respondió airado. A Ares le afeó que hablara de reescribir la Historia quien, a su juicio, no asume la responsabilidad en la muerte de Iñigo Cabacas. Y a Sémper le respondió: «¿Quién es el PP para decirnos qué pensar y cómo expresar lo que pensamos? Queréis defender la democracia, pero prohibiendo palabras la destruís». Le recordó, además, que cuando Arantza Quiroga presidía el Parlamento hubo «50» debates sobre esta cuestión sin que la hoy presidenta del PP lo impidiera.
El coportavoz de EH Bildu insistió en que sí hay «presos políticos», en que así lo creía hasta Kofi Annan, en que en el imperio español también llamaba «terroristas» a los que ahora son libertadores de sus naciones o en que Amnistía Internacional respalda su teoría de los «encarcelamientos políticos».
Sémper tuvo réplica fácil: «Amnistía Internacional ha condenado durante años los graves abusos cometidos por ETA. ¡Condenado! Reitera que no puede haber impunidad».
El PNV se puso de perfil en el debate y Maribel Vaquero, sin entrar en honduras, defendió que el foro idóneo para tocar estas cuestiones sensibles es la ponencia de paz que ya está en marcha. Los constitucionalistas, en cambio, le pidieron expresamente al lehendakari, Iñigo Urkullu, que apoyara la iniciativa por su especial importancia, dando por supuesto que no prosperaría. De hecho, los socialistas se felicitaron por el cambio de opinión «de última hora» del PNV, que no bloqueó la resolución.
Arzuaga también interpretó que el PNV había facilitado la aprobación de la iniciativa. Creían realmente que contarían con los nacionalistas para que no prosperara la resolución contra el concepto «presos políticos». De hecho, en una rueda de prensa urgente, sacó a relucir unas palabras de Joseba Egibar, el portavoz del PNV, pronunciadas en 1995. «Los presos de ETA son presos políticos. No tengo ninguna duda. Pensar lo contrario sería vivir en el autoengaño».
La iniciativa partió del PP. Borja Sémper remarcó que es «pedagógico» dejar muy claro que los presos de ETA «no están condenados por sus ideas, sino por matar». Rodolfo Ares (PSE) secundó estos argumentos: «Por mucho que Sortu y EH Bildu se empeñen en que en Euskadi y en España hay presos políticos, no es cierto. Lo reconoce Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) [...]. Hablan de presos políticos en un intento de reducir la responsabilidad de quienes cometieron los asesinatos [pero] no van a poder reescribir la historia». Desde UPyD, Gorka Maneiro se pronunció en el mismo sentido, aunque lamentó no haber ido más allá y que se pidiera la tipificación como delito del uso de esta expresión en tanto que supone «justificar a ETA». Reclamó también la ilegalización de todas las marcas de la izquierda abertzale.
Desde la bancada radical, Julen Arzuaga respondió airado. A Ares le afeó que hablara de reescribir la Historia quien, a su juicio, no asume la responsabilidad en la muerte de Iñigo Cabacas. Y a Sémper le respondió: «¿Quién es el PP para decirnos qué pensar y cómo expresar lo que pensamos? Queréis defender la democracia, pero prohibiendo palabras la destruís». Le recordó, además, que cuando Arantza Quiroga presidía el Parlamento hubo «50» debates sobre esta cuestión sin que la hoy presidenta del PP lo impidiera.
El coportavoz de EH Bildu insistió en que sí hay «presos políticos», en que así lo creía hasta Kofi Annan, en que en el imperio español también llamaba «terroristas» a los que ahora son libertadores de sus naciones o en que Amnistía Internacional respalda su teoría de los «encarcelamientos políticos».
Sémper tuvo réplica fácil: «Amnistía Internacional ha condenado durante años los graves abusos cometidos por ETA. ¡Condenado! Reitera que no puede haber impunidad».
El PNV se puso de perfil en el debate y Maribel Vaquero, sin entrar en honduras, defendió que el foro idóneo para tocar estas cuestiones sensibles es la ponencia de paz que ya está en marcha. Los constitucionalistas, en cambio, le pidieron expresamente al lehendakari, Iñigo Urkullu, que apoyara la iniciativa por su especial importancia, dando por supuesto que no prosperaría. De hecho, los socialistas se felicitaron por el cambio de opinión «de última hora» del PNV, que no bloqueó la resolución.
Arzuaga también interpretó que el PNV había facilitado la aprobación de la iniciativa. Creían realmente que contarían con los nacionalistas para que no prosperara la resolución contra el concepto «presos políticos». De hecho, en una rueda de prensa urgente, sacó a relucir unas palabras de Joseba Egibar, el portavoz del PNV, pronunciadas en 1995. «Los presos de ETA son presos políticos. No tengo ninguna duda. Pensar lo contrario sería vivir en el autoengaño».
EH Bildu defendió que Kofi Annan se refiere así a los reclusos etarras
Asesinos y natos
El constitucionalismo vasco despidió ayer a Antonio Basagoiti con una victoria léxica: una resolución en la que se declara que los presos de ETA no son presos políticos. Llamar presos políticos a los terroristas encarcelados es construir un sintagma erróneo con dos piezas inobjetables. O con tres, si añadimos a la definición el gentilicio. El sintagma designa a los presos de conciencia en las dictaduras, a aquellos que con traspasar la frontera verían homologados los actos que les llevaron a la cárcel. El penado Javier García Gaztelu, Txapote de nombre artístico, es preso, se convirtió en asesino por motivos políticos y es vasco. Una de sus víctimas, José Luis López de Lacalle, fue un preso político y vasco durante el franquismo. Otra de sus víctimas, que afortunadamente salvó la vida con un tiro en la boca, José Ramón Recalde, también fue un preso y también político y también vasco. Político era también su secuestrado, Miguel Ángel Blanco, a quien asesinó el 12 de julio de 1997 en las afueras de Lasarte.
Los 21 cómplices morales de ETA que conforman el grupo EH Bildu, y que ayer lucieron camisetas blancas en solidaridad con el muro de Ondárroa, consideran que su correligionario Txapote, asesino múltiple y preso, es un preso político. Que es vasco resulta de una obviedad apabullante: mata a fuer de vasco, aunque se parece más a Breivik, el ultraderechista noruego que también por motivos políticos asesinó a 77 jóvenes laboristas en la isla de Utoya en 2011.
Algo ha mejorado el PNV también en estos años. Y hasta la Iglesia vasca. Ningún obispo vasco repetiría hoy la frase de Setién: «No son unos delincuentes que actúen con ánimo de lucro». La clave del asunto es que son unos delincuentes, no el móvil por el que actúan. Xabier Arzalluz dijo por la misma época, refiriéndose a los etarras: «No son unos asesinos sin alma». Es la misma cuestión: sí son unos asesinos. Que tengan alma o no es algo que no pertenece a las cosas de este mundo. «Y el alma sólo es de Dios», que diría el alcalde de Zalamea, pero ese asunto escapa a las competencias del Parlamento vasco.
Joseba Egibar echaba de menos que los batasunos no hubieran mantenido una resistencia activa o pasiva frente a ETA como la que mostraron en Ondárroa contra la detención de una lugareña condenada por colaborar con un comando de la banda. Por aquel entonces también habría estado bien que él mismo no hubiera lamentado que el entonces ministro del Interior «Mayor Oreja pretende reducir operativamente a ETA a la mínima expresión». Qué descaro.
Son asesinos –ahí está su obra– y son natos, pero no son asesinos natos. Lo hacen fríamente, sin motivos personales. La sangre que vierten es simbólica y no hay en sus crímenes nada personal, ninguna pulsión o pasión profunda capaz de explicar el comportamiento humano. No había nada personal, que diría Don Corleone, pero ni siquiera eran negocios, como explicó Setién. Sólo un odio abstracto en el que se han educado y que descargaron mortalmente contra sus 858 víctimas concretas.
Los 21 cómplices morales de ETA que conforman el grupo EH Bildu, y que ayer lucieron camisetas blancas en solidaridad con el muro de Ondárroa, consideran que su correligionario Txapote, asesino múltiple y preso, es un preso político. Que es vasco resulta de una obviedad apabullante: mata a fuer de vasco, aunque se parece más a Breivik, el ultraderechista noruego que también por motivos políticos asesinó a 77 jóvenes laboristas en la isla de Utoya en 2011.
Algo ha mejorado el PNV también en estos años. Y hasta la Iglesia vasca. Ningún obispo vasco repetiría hoy la frase de Setién: «No son unos delincuentes que actúen con ánimo de lucro». La clave del asunto es que son unos delincuentes, no el móvil por el que actúan. Xabier Arzalluz dijo por la misma época, refiriéndose a los etarras: «No son unos asesinos sin alma». Es la misma cuestión: sí son unos asesinos. Que tengan alma o no es algo que no pertenece a las cosas de este mundo. «Y el alma sólo es de Dios», que diría el alcalde de Zalamea, pero ese asunto escapa a las competencias del Parlamento vasco.
Joseba Egibar echaba de menos que los batasunos no hubieran mantenido una resistencia activa o pasiva frente a ETA como la que mostraron en Ondárroa contra la detención de una lugareña condenada por colaborar con un comando de la banda. Por aquel entonces también habría estado bien que él mismo no hubiera lamentado que el entonces ministro del Interior «Mayor Oreja pretende reducir operativamente a ETA a la mínima expresión». Qué descaro.
Son asesinos –ahí está su obra– y son natos, pero no son asesinos natos. Lo hacen fríamente, sin motivos personales. La sangre que vierten es simbólica y no hay en sus crímenes nada personal, ninguna pulsión o pasión profunda capaz de explicar el comportamiento humano. No había nada personal, que diría Don Corleone, pero ni siquiera eran negocios, como explicó Setién. Sólo un odio abstracto en el que se han educado y que descargaron mortalmente contra sus 858 víctimas concretas.
No hay nada personal, que diría Corleone, pero ni siquiera son negocios, como explicó Setién
El Gobierno ordenó ayer la expulsión del ciudadano marroquí Nouredin Ziani, próximo a CiU, difusor de la idea soberanista de este partido y presidente de la musulmana Unión de Centros Culturales de Cataluña (UCCC), por impulsar el salafismo en nuestro país por orden de los servicios de inteligencia marroquíes.
El expediente fue firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien asumió así la petición realizada la semana pasada por el CNI, que debía tener carácter inmediato y que fue acompañada por un informe elaborado tras tres años de investigaciones. La conclusión de dicho informe es demoledora, dado que se acusa a Ziani de estar actuando «en perjuicio de la seguridad nacional», en contacto con los imames salafistas en Cataluña y con los líderes radicales europeos, y a sueldo de Rabat.
Interior pretende la inminencia de la expulsión y, por esa razón, la Policía detuvo ayer mismo a Ziani y, al cierre de esta edición, permanecía arrestado, aunque su abogada había dicho a Efe que ya había sido devuelto a Marruecos.
El presunto espía marroquí puede recurrir la decisión en la Audiencia Nacional. Si su impugnación se produjese tras el abandono obligatorio del territorio español, carecería de efectos prácticos porque sería irreversible. Según fuentes jurídicas, si su recurso llega a tiempo, podría haber una paralización cautelar.
Una acusación penal requeriría de tiempo y de pruebas demostrativas de que Ziani iba a cometer una acción delictiva o estaba vinculado a una organización terrorista. La decisión administrativa, preserva las fuentes del CNI, le señala como el autor de una infracción muy grave según la Ley de Extranjería y se aplica cuando alguien pone en peligro la seguridad del Estado.
Se trata de una decisión que puede tener un alcance político en el ámbito interno y externo. Y también en el mundo del espionaje y el contraespionaje en el que siempre hay motivaciones secundarias que no salen a la luz. El informe del CNI indica que Ziani recibió «mandatos expresos» de los jefes de «determinados servicios extranjeros». No dice cuáles, pero las fuentes consultadas señalan a los servicios marroquíes, circunstancia que, en el peor de los casos, implica una acusación muy grave contra las autoridades del reino alauí –de la que pueden dolerse alegando que siempre han ido en contra del salafismo– y en el mejor de los casos puede ser una advertencia para que sus espías no se extralimiten.
Desde el punto de vista interno, Ziani supo ganarse la confianza de Ángel Colom, presidente de la organización Nous Catalans, que ha estado ejerciendo el proselitismo entre la población extranjera residente en Cataluña en favor de la propuesta soberanista de Artur Mas. Aparte de compartir la sede de UCCC con Colom, Ziani estuvo presente en los actos de CiU en la última campaña electoral catalana. Tras la petición de expulsión por parte del CNI, tanto ERC como algunas voces de CiU y CDC acusaron al Gobierno de perseguirle por sus ideas. Pero la Generalitat moderó estas acusaciones y hasta negó que Ziani estuviera incluido en su estrategia independentista por prudencia: si las acusaciones de Ziani son ciertas y el marroquí hubiera involucrado a sus amistades salafistas en el proyecto soberanista, el independentismo quedaría en una difícil posición. En cualquier caso, los Mossos saben al menos una parte de la historia porque, según el CNI, participaron en la investigación.
Según el informe, Ziani ha impulsado campañas contra el Estado español, «ha buscado y recibido el apoyo» de imames salafistas como el de Reus, (Elayad), Salt, (Menda) y con Houzi, la autoridad religiosa que encabezaba las listas de radicales en las Fuerzas de Seguridad (él asegura que para integrarlos); y, por ejemplo, presentó un proyecto de viviendas sólo para musulmanes, cuya idea era el aislamiento con normas propias.
Interior expulsa al ‘espía’ catalanista por impulsar el salafismo radical
El Gobierno y el CNI pretenden una salida inminente y la Policía lo detuvo ayer mismoEl Gobierno ordenó ayer la expulsión del ciudadano marroquí Nouredin Ziani, próximo a CiU, difusor de la idea soberanista de este partido y presidente de la musulmana Unión de Centros Culturales de Cataluña (UCCC), por impulsar el salafismo en nuestro país por orden de los servicios de inteligencia marroquíes.
El expediente fue firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien asumió así la petición realizada la semana pasada por el CNI, que debía tener carácter inmediato y que fue acompañada por un informe elaborado tras tres años de investigaciones. La conclusión de dicho informe es demoledora, dado que se acusa a Ziani de estar actuando «en perjuicio de la seguridad nacional», en contacto con los imames salafistas en Cataluña y con los líderes radicales europeos, y a sueldo de Rabat.
Interior pretende la inminencia de la expulsión y, por esa razón, la Policía detuvo ayer mismo a Ziani y, al cierre de esta edición, permanecía arrestado, aunque su abogada había dicho a Efe que ya había sido devuelto a Marruecos.
El presunto espía marroquí puede recurrir la decisión en la Audiencia Nacional. Si su impugnación se produjese tras el abandono obligatorio del territorio español, carecería de efectos prácticos porque sería irreversible. Según fuentes jurídicas, si su recurso llega a tiempo, podría haber una paralización cautelar.
Una acusación penal requeriría de tiempo y de pruebas demostrativas de que Ziani iba a cometer una acción delictiva o estaba vinculado a una organización terrorista. La decisión administrativa, preserva las fuentes del CNI, le señala como el autor de una infracción muy grave según la Ley de Extranjería y se aplica cuando alguien pone en peligro la seguridad del Estado.
Se trata de una decisión que puede tener un alcance político en el ámbito interno y externo. Y también en el mundo del espionaje y el contraespionaje en el que siempre hay motivaciones secundarias que no salen a la luz. El informe del CNI indica que Ziani recibió «mandatos expresos» de los jefes de «determinados servicios extranjeros». No dice cuáles, pero las fuentes consultadas señalan a los servicios marroquíes, circunstancia que, en el peor de los casos, implica una acusación muy grave contra las autoridades del reino alauí –de la que pueden dolerse alegando que siempre han ido en contra del salafismo– y en el mejor de los casos puede ser una advertencia para que sus espías no se extralimiten.
Desde el punto de vista interno, Ziani supo ganarse la confianza de Ángel Colom, presidente de la organización Nous Catalans, que ha estado ejerciendo el proselitismo entre la población extranjera residente en Cataluña en favor de la propuesta soberanista de Artur Mas. Aparte de compartir la sede de UCCC con Colom, Ziani estuvo presente en los actos de CiU en la última campaña electoral catalana. Tras la petición de expulsión por parte del CNI, tanto ERC como algunas voces de CiU y CDC acusaron al Gobierno de perseguirle por sus ideas. Pero la Generalitat moderó estas acusaciones y hasta negó que Ziani estuviera incluido en su estrategia independentista por prudencia: si las acusaciones de Ziani son ciertas y el marroquí hubiera involucrado a sus amistades salafistas en el proyecto soberanista, el independentismo quedaría en una difícil posición. En cualquier caso, los Mossos saben al menos una parte de la historia porque, según el CNI, participaron en la investigación.
Según el informe, Ziani ha impulsado campañas contra el Estado español, «ha buscado y recibido el apoyo» de imames salafistas como el de Reus, (Elayad), Salt, (Menda) y con Houzi, la autoridad religiosa que encabezaba las listas de radicales en las Fuerzas de Seguridad (él asegura que para integrarlos); y, por ejemplo, presentó un proyecto de viviendas sólo para musulmanes, cuya idea era el aislamiento con normas propias.
El secretario de Estado respondió con rapidez a la petición del CNI
España le acusaba de poner en peligro su seguridad por orden de Rabat
Bien hecho, estos batasunaris, aparte de que burlan la ley, se creen dioses en la tierra. Caña y a la cárcel. Ilegalización ya.
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