Fernández Díaz justifica la concesión del tercer grado y alega que ETA 'está derrotada'
Mayor Oreja replica que ETA puede ganar las elecciones y que lo acordado le favorece
Aguirre defiende la legalidad de mantenerlo en la cárcel y Rajoy respalda a su ministro
El ministro del Interior rompió ayer de manera inopinada la estrategia
de Génova y del propio Gobierno del PP de correr un tupido velo sobre el
caso Bolinaga, al avivar la polémica en la cúpula del partido.
Contra el criterio de Dolores de Cospedal y Antonio Basagoiti, Jorge Fernández pidió la palabra en la reunión que el Comité Ejecutivo popular mantuvo ayer con Mariano Rajoy a puerta cerrada para justificar la concesión del tercer grado al carcelero de Ortega Lara. Una larga intervención que alcanzó los 47 minutos y que, lejos de aplacar los ánimos del partido, generó el primer choque de trenes en el seno del PP desde los meses previos al agitado congreso de Valencia de 2008.
El claro respaldo de Mariano Rajoy a su ministro sólo llegó después de que Jaime Mayor, primero, y Esperanza Aguirre, a continuación, replicaran a Fernández en términos inequívocos.
Si el ministro aseguró que la decisión había sido escrupulosamente respetuosa con la ley -no sólo se apoyó en su literalidad, sino en la propia tradición administrativa y jurisprudencial-, la presidenta de Madrid insistió, como hizo en público días atrás, en que la ley también le facultaba a hacer lo contrario. Aunque agradeció al ministro sus explicaciones, Aguirre se erigió así en portavoz de buena parte de las bases del partido que no olvidan la decisión de Bolinaga de dejar morir de hambre en su zulo a Ortega Lara, y hasta sacó a colación al asesino de John Lennon, cuya libertad fue recientemente denegada por la Justicia estadounidense pese a llevar 32 años en prisión.
El encontronazo entre Fernández y Mayor fue menos versallesco. A un mes y
medio de las elecciones en el País Vasco, y en el mismo cónclave en que
el PP confirmaba la candidatura de Antonio Basagoiti -quien a las
puertas de Génova había pedido en vano que se dejase de hablar de los
presos etarras-, el ministro hizo dos afirmaciones que acabaron por
remover de su asiento al actual portavoz popular en el Parlamento
Europeo.
«Has dicho que ETA ha sido derrotada», replicó Mayor en primer lugar, «pero no, Jorge, no sólo no ha sido derrotada, sino que, muy al contrario, está a punto de ganar las elecciones». Su segunda réplica fue, por su carácter personal, aún más ácida. Después de que el ministro volviera a apoyarse ante los barones del partido en la continuidad de la política penitenciaria del propio Mayor Oreja en Interior, éste le contestó: «No puedo admitir que compares las excarcelaciones de antes y las de ahora». El ex titular de Interior asumió como propia la decisión de excarcelar en su día a Jon Idígoras, pero argumentó que el «contexto era muy distinto», porque al Gobierno de entonces no le «convenía» abrir ese nuevo frente en medio de una estrategia de colaboración con la Justicia para la ilegalización de todo el entorno de ETA (en referencia a Segi, Jarrai, Egin...).
Así,
Mayor insistió en que la decisión del Gobierno sobre Bolinaga volvía a
ser tan discrecional como lo fue sobre Idígoras. Añadió, no obstante,
que esta vez, legalizado de nuevo el entorno de ETA y en vísperas de las
elecciones, a quien «fortalece» y «da moral» la excarcelación de
Bolinaga es a la propia banda terrorista y a «su mundo».
El choque de trenes no llevó a Mayor a acusar a su Gobierno de mantener negociación alguna con los terroristas, pero sí, lisa y llanamente, de mentir con su discurso penitenciario y antiterrorista. «Una media verdad es la peor de las mentiras», soltó en relación a la insistencia del ministro sobre la continuidad de su política respecto de la del Gobierno de Aznar.
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el propio Basagoiti se aplicaron a la tarea de echar agua al incendio. El candidato insistió en advertir de lo mucho que la polémica perjudica los intereses electorales del PP, y pidió «unidad» al partido. Margallo, por su parte, barrió para casa, y lo que pidió al PP fue que dé el mismo apoyo a los ministros de Rajoy que el que en su día se dio a los de José María Aznar, pese a discrepar de algunas de sus políticas. En privado, algunos de los asistentes reprocharon a ambos su doble llamada a la lealtad a las siglas, por encima de a los «principios». Pero lo cierto es que nadie dio la cara ni antes ni después de que el propio Rajoy mediara en favor de su ministro. Lo hizo con claridad meridiana, si bien no entró en el fondo del debate y se limitó a esgrimir que el Gobierno ha actuado con un respeto escrupuloso a la ley.
Un estribillo que repitió a su salida la hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar -escoltada en todo momento por Iñaki Oyarzábal-, y la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal. En rueda de prensa,la número dos del PP subrayó que Mayor y Aguirre habían dado sus «opiniones» pero «ninguno ha puesto en duda la política del Gobierno». Por si acaso, Cospedal solemnizó que «el PP no se siente heredero del PSOE» en política antiterrorista y que «ni negociará ni admitirá ningún chantaje». En su intento de cerrar la polémica, insistió en que «todos los ministros del Interior han actuado con escrupuloso cumplimiento de la ley y el objetivo de derrotar a ETA».
En el seno de Génova, las fuentes consultadas hicieron de la necesidad virtud para asegurar que el debate había servido para «zanjar» la polémica sobre Bolinaga, a la espera de que la Audiencia Nacional judicialice definitivamente la decisión.
Pero desde el propio Comité Ejecutivo, los hombres más próximos a Rajoy criticaban a Fernández por su «arriesgada» justificación, al tiempo que criticaban a Mayor: «Más allá de sus convicciones, se sabe fuera de juego, ve que su tiempo se acaba y que no va a repetir como candidato, y por eso da cornadas». Curiosamente, los críticos de Fernández y Rajoy hacían el mismo diagnóstico, invirtiendo la causa y el efecto: «Jaime se la ha jugado como candidato».
>Vea hoy en EL MUNDO el videoanálisis de Carmen Remírez de Ganuza
CAYETANO GONZÁLEZ
04/09/2012 ESPAÑA
Una
de las peores cosas que le está sucediendo al PP tras su vuelta al
Gobierno es que está llevando a cabo una política antiterrorista que le
hace irreconocible a los ojos de una buena parte de sus votantes, sobre
todo si se compara con lo que hizo en los ocho años anteriores en los
que gobernó España. Aunque el presidente y su ministro del Interior no
se lo crean, en la actualidad mucha gente desconfía de que el Ejecutivo
tenga una política antiterrorista propia y no esté limitándose a
administrar la envenenada herencia que le dejó el Gobierno de Zapatero.
Esa desconfianza y falta de credibilidad es consecuencia lógica de decir una cosa y hacer otra. La última gota que ha colmado la paciencia de muchos ciudadanos ha sido la liberación de uno de los cuatro torturadores/secuestradores de Ortega Lara. Liberación que, por mucho que se empeñen los voceros gubernamentales en omitirlo, aunque en su tramo final se ha debido a una decisión judicial, tuvo su inicio en la decisión política del Ministerio del Interior de conceder el tercer grado al terrorista cuando la ley no le obliga.
Rajoy suele comentar en privado que en esta materia gobierna como si ETA no existiera y su ministro del Interior sostiene que la banda ha sido derrotada. Lo del presidente es un grave error; lo de Fernández Díaz, un profundo desconocimiento. Resulta cansino tener que reiterar a estas alturas que ETA es un entramado complejo, en el que los comandos son una parte importante, pero no la única. Siendo cierto que la ETA de los comandos está muy tocada, la ETA política está mas fuerte que nunca.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿Qué política antiterrorista tiene Rajoy? ¿Está siguiendo la hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA en el pasado reciente? ¿Qué tipo de compromisos adquirió con Zapatero durante la segunda legislatura de éste para que ahora dé toda la impresión de tener las manos atadas? Para intentar contestar a estos tres interrogantes me referiré a otros tantos hechos relevantes no suficientemente aclarados por sus protagonistas.
El 23 de julio de 2008, a los cuatro meses de ganar Zapatero por segunda vez unas elecciones a Rajoy, ambos se reunieron en La Moncloa y, tras el encuentro, se dijo que habían alcanzado un pacto en política antiterrorista. Nunca se conoció, si es que existió, el texto escrito del acuerdo y simplemente se pudo comprobar en los meses siguientes que el líder del PP empezó a apoyar al Gobierno, llegando incluso a afirmar que había cambiado sustancialmente con respecto a la primera legislatura.
El segundo hecho relevante se produjo el 20 de octubre del pasado año, cuando ETA anunció «el cese definitivo de la actividad armada». Ese día, el entonces líder de la oposición hizo una declaración formal y, para asombro de propios y extraños, afirmó que el anuncio de ETA «se ha producido sin ningún tipo de concesión política». Posteriormente, se supo que esa frase fue añadida al texto que le habían preparado sus colaboradores por el propio Rajoy después de haber hablado con Zapatero.
¿Por qué Rajoy dijo eso si sabía perfectamente, como todos los españoles, que claro que había habido concesiones políticas? Cuando intentó explicar su desafortunada frase, lo estropeó aún más, porque aclaró que se refería a que ETA no había conseguido ni la autodeterminación ni la anexión de Navarra. ¡Menos mal!, pero de todas formas le recomendaría al presidente, a su ministro del Interior y a todo el que esté interesado en saber hasta dónde llegó Zapatero en su proceso de negociación con ETA la lectura de dos libros clave: El triángulo de Loyola, del periodista vasco Imanol Murua, y las confesiones de Eguiguren al periodista de El PaísLuis Aizpeolea.
El tercer hecho relevante tuvo lugar el 10 de enero de este año cuando, gracias a una información de ese tenaz periodista que es Fernando Lázaro, supimos que Zapatero -con el visto bueno de Rajoy- se reunió durante dos horas en el Ministerio del Interior con el titular de esta cartera. ¿Qué le transmitió el ya ex presidente a Fernández Díaz? No hace falta tener dotes de adivino para imaginarlo. En dos horas, la lista de compromisos y recomendaciones a seguir pudo ser larga.
Los resultados y las consecuencias de esa falta de una política antiterrorista propia están a la vista. Por un lado, las víctimas, que deben ser un referente moral y ético para cualquier Gobierno, están profundamente dolidas y descontentas con la actuación de Rajoy y de su ministro del Interior. En nueve meses, Fernández ha anunciado un plan de reinserción para presos de ETA siguiendo la estela de la vía Nanclares que puso en marcha Rubalcaba; prepara otro plan para que puedan volver los miembros de ETA que están fuera de España; ha activado la liberación del secuestrador/torturador de Ortega Lara; ha acusado de tener «afán de venganza» a las víctimas que no están de acuerdo con su política; se ha atrevido a plantear en una reunión con víctimas que perdonen a sus verdugos, metiéndose en un terreno que sólo corresponde a la conciencia de las personas; ha boicoteado congresos o foros de víctimas por el temor a lo que se pudiera decir. Como balance de nueve meses, no está nada mal.
En el frente político, el constitucionalismo está en franco retroceso en el País Vasco, y no sólo por el previsible descenso del PSE y del PP en las próximas elecciones, sino por el debilitamiento de esa resistencia cívica que se fraguó en los 90. La responsabilidad en este terreno hay que endosársela a la política de negociación y de apaciguamiento con ETA y con el PNV seguida por Zapatero. Pero el actual Gobierno nada ha hecho por intentar recuperar ese terreno perdido.
Durante unos años, el PP vasco, al igual que en otras etapas el PSE, fue un referente para esa parte de la sociedad vasca no nacionalista que vivía asfixiada por la presión del terrorismo y del nacionalismo obligatorio. Coincidió ese auge e influencia de los populares vascos con esos años en los que, desde el Gobierno de Aznar, se llevó a cabo una política antiterrorista firme y una defensa de los valores constitucionales y estatutarios en el País Vasco. Baste recordar que en las elecciones autonómicas de 1998, con Carlos Iturgaiz como candidato, el PP tuvo el 20,1% de los votos y 16 escaños. Tres años mas tarde, Jaime Mayor sacó el 23,1% y 19 diputados. En ambos casos se presentó Batasuna y el PP fue la segunda fuerza política en el País Vasco. En el 2005, María San Gil, sin marca de ETA en las urnas, obtuvo el 17,4% y 15 escaños. En el 2009, Antonio Basagoiti, también sin candidatura de la banda, sacó el 14,1% y 13 parlamentarios. En la actualidad, el PP vasco es un partido sin peso específico propio, que no es referente de casi nada, con unos líderes demasiado obsesionados en marcar distancias con los estilos y las políticas de anteriores dirigentes del PP vasco.
En definitiva, el Gobierno del PP necesita en la política antiterrorista abandonar cuanto antes la senda marcada por Zapatero y Rubalcaba y recuperar sus señas de identidad. Lo debe de hacer porque los casi 11 millones de españoles que votaron a Rajoy quieren la derrota total e incondicional de ETA y además quieren otra cosa: que se respete la Memoria, la Dignidad y la Justicia de todas las víctimas. La pelota está ahora en el tejado del presidente Rajoy.
Cayetano González es periodista y analista político, y fue director de Comunicación del Ministerio del Interior entre 1996 y 2001.
Mayor Oreja replica que ETA puede ganar las elecciones y que lo acordado le favorece
Aguirre defiende la legalidad de mantenerlo en la cárcel y Rajoy respalda a su ministro
El ministro del Interior rompió ayer de manera inopinada la estrategia
de Génova y del propio Gobierno del PP de correr un tupido velo sobre el
caso Bolinaga, al avivar la polémica en la cúpula del partido. Contra el criterio de Dolores de Cospedal y Antonio Basagoiti, Jorge Fernández pidió la palabra en la reunión que el Comité Ejecutivo popular mantuvo ayer con Mariano Rajoy a puerta cerrada para justificar la concesión del tercer grado al carcelero de Ortega Lara. Una larga intervención que alcanzó los 47 minutos y que, lejos de aplacar los ánimos del partido, generó el primer choque de trenes en el seno del PP desde los meses previos al agitado congreso de Valencia de 2008.
El claro respaldo de Mariano Rajoy a su ministro sólo llegó después de que Jaime Mayor, primero, y Esperanza Aguirre, a continuación, replicaran a Fernández en términos inequívocos.
Si el ministro aseguró que la decisión había sido escrupulosamente respetuosa con la ley -no sólo se apoyó en su literalidad, sino en la propia tradición administrativa y jurisprudencial-, la presidenta de Madrid insistió, como hizo en público días atrás, en que la ley también le facultaba a hacer lo contrario. Aunque agradeció al ministro sus explicaciones, Aguirre se erigió así en portavoz de buena parte de las bases del partido que no olvidan la decisión de Bolinaga de dejar morir de hambre en su zulo a Ortega Lara, y hasta sacó a colación al asesino de John Lennon, cuya libertad fue recientemente denegada por la Justicia estadounidense pese a llevar 32 años en prisión.
El encontronazo entre Fernández y Mayor fue menos versallesco. A un mes y
medio de las elecciones en el País Vasco, y en el mismo cónclave en que
el PP confirmaba la candidatura de Antonio Basagoiti -quien a las
puertas de Génova había pedido en vano que se dejase de hablar de los
presos etarras-, el ministro hizo dos afirmaciones que acabaron por
remover de su asiento al actual portavoz popular en el Parlamento
Europeo.«Has dicho que ETA ha sido derrotada», replicó Mayor en primer lugar, «pero no, Jorge, no sólo no ha sido derrotada, sino que, muy al contrario, está a punto de ganar las elecciones». Su segunda réplica fue, por su carácter personal, aún más ácida. Después de que el ministro volviera a apoyarse ante los barones del partido en la continuidad de la política penitenciaria del propio Mayor Oreja en Interior, éste le contestó: «No puedo admitir que compares las excarcelaciones de antes y las de ahora». El ex titular de Interior asumió como propia la decisión de excarcelar en su día a Jon Idígoras, pero argumentó que el «contexto era muy distinto», porque al Gobierno de entonces no le «convenía» abrir ese nuevo frente en medio de una estrategia de colaboración con la Justicia para la ilegalización de todo el entorno de ETA (en referencia a Segi, Jarrai, Egin...).
Así,
Mayor insistió en que la decisión del Gobierno sobre Bolinaga volvía a
ser tan discrecional como lo fue sobre Idígoras. Añadió, no obstante,
que esta vez, legalizado de nuevo el entorno de ETA y en vísperas de las
elecciones, a quien «fortalece» y «da moral» la excarcelación de
Bolinaga es a la propia banda terrorista y a «su mundo».El choque de trenes no llevó a Mayor a acusar a su Gobierno de mantener negociación alguna con los terroristas, pero sí, lisa y llanamente, de mentir con su discurso penitenciario y antiterrorista. «Una media verdad es la peor de las mentiras», soltó en relación a la insistencia del ministro sobre la continuidad de su política respecto de la del Gobierno de Aznar.
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el propio Basagoiti se aplicaron a la tarea de echar agua al incendio. El candidato insistió en advertir de lo mucho que la polémica perjudica los intereses electorales del PP, y pidió «unidad» al partido. Margallo, por su parte, barrió para casa, y lo que pidió al PP fue que dé el mismo apoyo a los ministros de Rajoy que el que en su día se dio a los de José María Aznar, pese a discrepar de algunas de sus políticas. En privado, algunos de los asistentes reprocharon a ambos su doble llamada a la lealtad a las siglas, por encima de a los «principios». Pero lo cierto es que nadie dio la cara ni antes ni después de que el propio Rajoy mediara en favor de su ministro. Lo hizo con claridad meridiana, si bien no entró en el fondo del debate y se limitó a esgrimir que el Gobierno ha actuado con un respeto escrupuloso a la ley.
Un estribillo que repitió a su salida la hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar -escoltada en todo momento por Iñaki Oyarzábal-, y la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal. En rueda de prensa,la número dos del PP subrayó que Mayor y Aguirre habían dado sus «opiniones» pero «ninguno ha puesto en duda la política del Gobierno». Por si acaso, Cospedal solemnizó que «el PP no se siente heredero del PSOE» en política antiterrorista y que «ni negociará ni admitirá ningún chantaje». En su intento de cerrar la polémica, insistió en que «todos los ministros del Interior han actuado con escrupuloso cumplimiento de la ley y el objetivo de derrotar a ETA».
En el seno de Génova, las fuentes consultadas hicieron de la necesidad virtud para asegurar que el debate había servido para «zanjar» la polémica sobre Bolinaga, a la espera de que la Audiencia Nacional judicialice definitivamente la decisión.
Pero desde el propio Comité Ejecutivo, los hombres más próximos a Rajoy criticaban a Fernández por su «arriesgada» justificación, al tiempo que criticaban a Mayor: «Más allá de sus convicciones, se sabe fuera de juego, ve que su tiempo se acaba y que no va a repetir como candidato, y por eso da cornadas». Curiosamente, los críticos de Fernández y Rajoy hacían el mismo diagnóstico, invirtiendo la causa y el efecto: «Jaime se la ha jugado como candidato».
>Vea hoy en EL MUNDO el videoanálisis de Carmen Remírez de Ganuza
¿Qué política antiterrorista tiene Rajoy?
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Una
de las peores cosas que le está sucediendo al PP tras su vuelta al
Gobierno es que está llevando a cabo una política antiterrorista que le
hace irreconocible a los ojos de una buena parte de sus votantes, sobre
todo si se compara con lo que hizo en los ocho años anteriores en los
que gobernó España. Aunque el presidente y su ministro del Interior no
se lo crean, en la actualidad mucha gente desconfía de que el Ejecutivo
tenga una política antiterrorista propia y no esté limitándose a
administrar la envenenada herencia que le dejó el Gobierno de Zapatero.Esa desconfianza y falta de credibilidad es consecuencia lógica de decir una cosa y hacer otra. La última gota que ha colmado la paciencia de muchos ciudadanos ha sido la liberación de uno de los cuatro torturadores/secuestradores de Ortega Lara. Liberación que, por mucho que se empeñen los voceros gubernamentales en omitirlo, aunque en su tramo final se ha debido a una decisión judicial, tuvo su inicio en la decisión política del Ministerio del Interior de conceder el tercer grado al terrorista cuando la ley no le obliga.
Rajoy suele comentar en privado que en esta materia gobierna como si ETA no existiera y su ministro del Interior sostiene que la banda ha sido derrotada. Lo del presidente es un grave error; lo de Fernández Díaz, un profundo desconocimiento. Resulta cansino tener que reiterar a estas alturas que ETA es un entramado complejo, en el que los comandos son una parte importante, pero no la única. Siendo cierto que la ETA de los comandos está muy tocada, la ETA política está mas fuerte que nunca.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿Qué política antiterrorista tiene Rajoy? ¿Está siguiendo la hoja de ruta pactada por Zapatero con ETA en el pasado reciente? ¿Qué tipo de compromisos adquirió con Zapatero durante la segunda legislatura de éste para que ahora dé toda la impresión de tener las manos atadas? Para intentar contestar a estos tres interrogantes me referiré a otros tantos hechos relevantes no suficientemente aclarados por sus protagonistas.
El 23 de julio de 2008, a los cuatro meses de ganar Zapatero por segunda vez unas elecciones a Rajoy, ambos se reunieron en La Moncloa y, tras el encuentro, se dijo que habían alcanzado un pacto en política antiterrorista. Nunca se conoció, si es que existió, el texto escrito del acuerdo y simplemente se pudo comprobar en los meses siguientes que el líder del PP empezó a apoyar al Gobierno, llegando incluso a afirmar que había cambiado sustancialmente con respecto a la primera legislatura.
El segundo hecho relevante se produjo el 20 de octubre del pasado año, cuando ETA anunció «el cese definitivo de la actividad armada». Ese día, el entonces líder de la oposición hizo una declaración formal y, para asombro de propios y extraños, afirmó que el anuncio de ETA «se ha producido sin ningún tipo de concesión política». Posteriormente, se supo que esa frase fue añadida al texto que le habían preparado sus colaboradores por el propio Rajoy después de haber hablado con Zapatero.
¿Por qué Rajoy dijo eso si sabía perfectamente, como todos los españoles, que claro que había habido concesiones políticas? Cuando intentó explicar su desafortunada frase, lo estropeó aún más, porque aclaró que se refería a que ETA no había conseguido ni la autodeterminación ni la anexión de Navarra. ¡Menos mal!, pero de todas formas le recomendaría al presidente, a su ministro del Interior y a todo el que esté interesado en saber hasta dónde llegó Zapatero en su proceso de negociación con ETA la lectura de dos libros clave: El triángulo de Loyola, del periodista vasco Imanol Murua, y las confesiones de Eguiguren al periodista de El PaísLuis Aizpeolea.
El tercer hecho relevante tuvo lugar el 10 de enero de este año cuando, gracias a una información de ese tenaz periodista que es Fernando Lázaro, supimos que Zapatero -con el visto bueno de Rajoy- se reunió durante dos horas en el Ministerio del Interior con el titular de esta cartera. ¿Qué le transmitió el ya ex presidente a Fernández Díaz? No hace falta tener dotes de adivino para imaginarlo. En dos horas, la lista de compromisos y recomendaciones a seguir pudo ser larga.
Los resultados y las consecuencias de esa falta de una política antiterrorista propia están a la vista. Por un lado, las víctimas, que deben ser un referente moral y ético para cualquier Gobierno, están profundamente dolidas y descontentas con la actuación de Rajoy y de su ministro del Interior. En nueve meses, Fernández ha anunciado un plan de reinserción para presos de ETA siguiendo la estela de la vía Nanclares que puso en marcha Rubalcaba; prepara otro plan para que puedan volver los miembros de ETA que están fuera de España; ha activado la liberación del secuestrador/torturador de Ortega Lara; ha acusado de tener «afán de venganza» a las víctimas que no están de acuerdo con su política; se ha atrevido a plantear en una reunión con víctimas que perdonen a sus verdugos, metiéndose en un terreno que sólo corresponde a la conciencia de las personas; ha boicoteado congresos o foros de víctimas por el temor a lo que se pudiera decir. Como balance de nueve meses, no está nada mal.
En el frente político, el constitucionalismo está en franco retroceso en el País Vasco, y no sólo por el previsible descenso del PSE y del PP en las próximas elecciones, sino por el debilitamiento de esa resistencia cívica que se fraguó en los 90. La responsabilidad en este terreno hay que endosársela a la política de negociación y de apaciguamiento con ETA y con el PNV seguida por Zapatero. Pero el actual Gobierno nada ha hecho por intentar recuperar ese terreno perdido.
Durante unos años, el PP vasco, al igual que en otras etapas el PSE, fue un referente para esa parte de la sociedad vasca no nacionalista que vivía asfixiada por la presión del terrorismo y del nacionalismo obligatorio. Coincidió ese auge e influencia de los populares vascos con esos años en los que, desde el Gobierno de Aznar, se llevó a cabo una política antiterrorista firme y una defensa de los valores constitucionales y estatutarios en el País Vasco. Baste recordar que en las elecciones autonómicas de 1998, con Carlos Iturgaiz como candidato, el PP tuvo el 20,1% de los votos y 16 escaños. Tres años mas tarde, Jaime Mayor sacó el 23,1% y 19 diputados. En ambos casos se presentó Batasuna y el PP fue la segunda fuerza política en el País Vasco. En el 2005, María San Gil, sin marca de ETA en las urnas, obtuvo el 17,4% y 15 escaños. En el 2009, Antonio Basagoiti, también sin candidatura de la banda, sacó el 14,1% y 13 parlamentarios. En la actualidad, el PP vasco es un partido sin peso específico propio, que no es referente de casi nada, con unos líderes demasiado obsesionados en marcar distancias con los estilos y las políticas de anteriores dirigentes del PP vasco.
En definitiva, el Gobierno del PP necesita en la política antiterrorista abandonar cuanto antes la senda marcada por Zapatero y Rubalcaba y recuperar sus señas de identidad. Lo debe de hacer porque los casi 11 millones de españoles que votaron a Rajoy quieren la derrota total e incondicional de ETA y además quieren otra cosa: que se respete la Memoria, la Dignidad y la Justicia de todas las víctimas. La pelota está ahora en el tejado del presidente Rajoy.
Cayetano González es periodista y analista político, y fue director de Comunicación del Ministerio del Interior entre 1996 y 2001.
La estopa que se dieron en génova, no cambia un ápice de la continuidad de la hoja de ruta con los asesinos. Estamos del bipartidismo hasta las narices, y eso lo pagarán en las urnas.
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