La Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional recibió el soplo de que Interligare espiaba al PP a través de fuentes de la propia empresa. El trabajo de los agentes se limitaba a la búsqueda de delitos contra la Seguridad Social, pero ex empleados de la sociedad les alertaron de las escuchas en la sede popular.La Policía Judicial denuncia por primera vez una trama de corrupción económica en el Gobierno socialista de Zapatero y pone el foco en el Ministerio del Interior bajo el mandato de Rubalcaba. La Brigada de Delincuencia Económica considera acreditado el amaño sistemático de concursos públicos desde al menos tres ministerios (Interior, Ciencia e Industria) para beneficiar a la empresa-tapadera Interligare, controlada por los comisarios Fuentes, Fernández Rancaño y Luis Luengo.
Ésta es la reconstrucción de un escándalo que ha provocado una auténtica polvareda después de que EL MUNDO publicase el domingo pasado la primera noticia.
Tras constatar el desvío masivo de fondos públicos y comprobar que los trabajos encomendados o bien no se llevaban a cabo o directamente no servían para nada, los investigadores advierten indicios de falsedad documental, delito contra la Seguridad Social, tráfico de influencias, cohecho, estafa y deslealtad profesional y apunta que uno de los objetivos de la trama consistía en espiar al PP desde sus oficinas en Génova 15.
El origen del escándalo
Tres antiguos empleados de Interligare, D. B., B. J., y E. A., dos de ellos ex responsables de los departamentos de Operaciones y de Inteligencia, comparecieron el 26 de septiembre de 2011 en las dependencias del Grupo III de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Relataron con todo lujo de detalles el funcionamiento de la entidad para la que trabajaron y las irregularidades que presenciaron durante su estancia en la empresa, entre 2007 y 2010. A raíz de sus testimonios se incoaron las diligencias policiales 100.662, que fueron dirigidas por el comisario Barrado, que en su hoja de servicios cuenta con la detención de El Solitario y de los secuestradores de Anabel Segura.
Los jefes de la trama
Al frente de esta empresa se encuentra José Luis Martín Juárez. Un atrabiliario empresario que se jacta de su condición de espía y de sus relaciones con los servicios secretos israelíes. La Policía Judicial le considera una «persona del círculo de confianza de José Blanco», aunque el ex ministro jura y perjura que no le conoce «de nada». Martín Juárez incorporó como vicepresidente de Interligare al que fuera comisario de Información Gabriel Fuentes, y como consejero al ex jefe superior de Policía de Madrid Miguel Ángel Fernández Rancaño. A ambos les encomendó utilizar sus influencias para conseguir clientes.
Los contactos en Interior
Los ex empleados de Interligare han explicado que el núcleo de las adjudicaciones se concentró precisamente en el Ministerio del Interior, donde habían desempeñado su labor Fuentes y Rancaño, y señalaron como pieza clave en sus contratos a Luis Luengo, nombrado por Rubalcaba director general de Infraestructuras y Material el 11 de julio de 2007. Luengo permaneció en este puesto hasta su jubilación en marzo de 2011. «Profesaba gran amistad con algunos consejeros y en la empresa estaban dados de alta y figuraban como trabajadores sus hijos [David y Eugenia], pese a no contar con las cualificaciones técnicas requeridas para el puesto». A pesar de ello, fueron nombrados directores generales.
A David Luengo se le encomendó el «desarrollo de negocio», es decir, «ser la cara visible de la empresa a la hora de captar nuevos proyectos». Su cometido real consistía, sin embargo, en «utilizar su apellido en las negociaciones». Luengo se justifica asegurando que aconsejó a sus hijos entrar en esta empresa «por su carácter innovador» y admite sin ruborizarse que emitía «informes favorables» para adjudicar contratos a Interligare. La Policía Judicial le atribuye por todo ello los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El amaño de concursos
Una de las antiguas directivas de Interligare, E. A., ha precisado además que la mano derecha de Luengo en Interior, la subdirectora de Infraestructuras y Material de la Secretaría de Estado de Seguridad, Alicia Álvarez, les filtraba por correo electrónico las bases de los concursos para confeccionarlas a la medida de la consultora. Asegura que a ella le llegaba la información privilegiada a través del director general de la empresa, Alexandre Hermida, y que, tras «revisarla y adaptarla», se la remitían a Francisco Villanueva, compañero en Interior de Álvarez, para que la tramitara. «Alicia Álvarez ejercía funciones como si se tratara de una jefa más de Interligare», sentencia. Entre los trabajos encargados por Interior durante el Gobierno del PSOE se encontraba un sistema de investigación y vigilancia interno penitenciario, «que quedó sin terminar», o un sistema informático para la lucha antiterrorista «que nunca llegó a funcionar». La Policía Judicial concluye que «los servicios de Interligare se cobraban, pero eran ineficientes y rara era la vez que funcionaban». Lo más llamativo es que la Intervención de cada uno de los ministerios adjudicatarios guardó silencio, por obediencia debida tal vez, ante estos trabajos fantasma o que «no sirvieron para nada».
Empleados fantasma
Otra de las operativas fraudulentas de Interligare consistía en utilizar identidades de empleados que ya no trabajaban para la empresa para conseguir subvenciones para proyectos de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. Por citar un ejemplo, el 22 de abril de 2010 fueron otorgados 48.303 euros a G. D. y 38.643 euros a Z. E. M. Ambos «investigadores» llevaban varios meses fuera de la consultora de Inteligencia, lo que la Policía considera una «estafa» en toda regla.
El aluvión de deudas
La consultora acumuló cuantiosas deudas con la Seguridad Social durante los años en los que Fuentes y Rancaño formaron parte de la cúpula de la empresa. Tal y como ha acreditado la Brigada de Delincuencia Económica, entre 2008 y 2011 generó un agujero de 479.455 euros que, a juicio de los investigadores, «supera la cuantía tipificada en el Código Penal de 120.000 euros». La Policía Judicial recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe a la Administración contratar con empresas deudoras con la Seguridad Social y subraya que Interligare ocultó sus deudas. Los trabajadores ya han admitido que falsificaban certificaciones oficiales por orden de sus superiores y los agentes han enviado a la juez dos como botón de muestra, haciendo constar que acumulaban impagos en el momento en el que Hacienda y la Seguridad Social aseguran que la empresa está al día.
El favor de Garzón
El vicepresidente de Interligare, Gabriel Fuentes, «muy amigo de Baltasar Garzón», como resalta la Policía Judicial en sus informes, pidió al ex magistrado que otorgara contratos a la consultora. El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consiguió a Interligare un contrato de 100.000 euros. «El trabajo sólo consistió en calcular una horquilla de víctimas del franquismo durante la Guerra Civil», señalan los responsables de Inteligencia y Operaciones de la consultora. Para ello, Interior llegó incluso a ceder a la empresa el complejo policial de Canillas. El proyecto lo llevó a cabo finalmente la sociedad Mnemo, propiedad de Antonio Vicent Pecharromán, otro consejero de Interligare, al que los investigadores también señalan como «muy amigo de Garzón». Y tal y como coinciden todos los empleados de Interligare que han comparecido, «nunca fue reclamado por la Audiencia Nacional».
Los encargos privados
La práctica de cobrar por trabajos ineficaces o inexistentes fue trasladada por Interligare al sector privado. «El más llamativo» de todos fue un «power point para Repsol de 32 diapositivas» por el que la consultora percibió «300.000 euros». Pero también «un informe para el Banco Popular, en el cual no se daba solución al problema solicitado» y por el que recibió «48.000 euros». Y Rancaño aprovechó su condición de jefe de Seguridad de La Caixa para otorgar a su empresa, destaca la Policía, «un programa informático de 1.150.000 euros cuando 17 días antes había sido nombrado consejero de Interligare». Le atribuye «un delito de deslealtad profesional».
El chivatazo salió de Génova, 15
La Policía hizo constar el espionaje a la sede del PP tras revelárselo ex empleados
Fue precisamente al rastrear el funcionamiento de esta consultora de Inteligencia y Seguridad en busca básicamente de la comisión de delitos contra la Seguridad Social, cuando algunos de los antiguos empleados de esta empresa pusieron en conocimiento de los investigadores que las oficinas ubicadas en el número 15 de la madrileña calle de Génova se utilizaron, entre otras cuestiones, para llevar a cabo interceptaciones telefónicas contra dirigentes del PP.
Este dato fue plasmado, tal y como reveló EL MUNDO, en una nota policial fechada el 9 de enero de este año y firmada por el jefe del Grupo III de Delincuencia Económica. En ella deja constancia de estas «informaciones recibidas» y participa que «no las ha confirmado ni corroborado». Simple y llanamente, porque los agentes que llevan a cabo estas pesquisas están adscritos a la Sección de Investigación de la Seguridad Social y les recordaron desde arriba que no formaba parte del objeto de las diligencias que llevaban a cabo.
Cabe destacar otra cuestión nada baladí: cuando Interligare decidió establecer sucursales en Madrid, lo hizo en la misma calle de la sede nacional del PP. Y no sólo abrieron oficina en Génova, 15, sino que también hicieron lo propio en Génova, 21. El primer inmueble está a 12 metros contados del cuartel general del PP y el segundo, a escasos 30, enfrente de la Audiencia Nacional.
En el momento de los hechos tenían en Génova, 13 su despacho tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal, que fue la que denunció el conocido entre bastidores como «Rubalgate». Era, igualmente, el lugar de trabajo de Carlos Floriano, al que el ahora secretario general del PSOE espetó fuera de sí en el Congreso en aquella época (2009): «¡Veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices!».
Los investigadores sospechan que se emplearon maletines espía GI2 Verint, unos aparatos de fabricación israelí que pueden costar hasta un millón de euros y que permiten pinchar todos los teléfonos que haya en un radio de 500 metros. Dado su elevado coste, en España sólo poseen este material la Policía, la Guardia Civil y el CNI.
Así, y tras poner en conocimiento este extremo a sus superiores jerárquicos, se dispuso que no debía ser esa sección la que continuara investigando dicha cuestión. El no vino de arriba en la época en la que Alfredo Pérez Rubalcaba aún era ministro del Interior. La Brigada de Delincuencia Económica siguió adelante, pero ciñéndose a los delitos de índole financiera. Vamos, que les invitaron a olvidarse del presunto espionaje telefónico a la sede nacional del PP.
El PP: 'Que Rubalcaba dé la cara'
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ve «incomprensible» que el secretario general del PSOE y ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no dé explicaciones sobre el caso de presunta corrupción Interligare, cuando fue el Gobierno socialista el que inició la investigación. En declaraciones a Europa Press, Alonso manifestó ayer que «lo que es verdaderamente incomprensible es por qué [Rubalcaba] no dice nada», si es cierto que no tiene nada que ver con el caso que podría haber tenido lugar en 2009. «Nosotros no hemos condenado a nadie. Estamos pidiendo una explicación pública», remachó. Dicho esto, criticó que, a medida que avanza el tiempo, se van conociendo «más cosas inquietantes» y «no hay ninguna explicación», por lo que, según dijo, «lo único» en lo que se puede «confiar es en las pesquisas que se hagan desde los juzgados». «En eso vamos confiar», confesó. «Pero creo también que no es mucho pedir, y creo que tenemos derecho por los indicios que vamos viendo, que el señor Rubalcaba dé una explicación y, si es tranquilizadora, pues qué bien. Tendría que dar una explicación sobre las cosas que ocurrían en su Ministerio y sus aledaños cuando él estaba al frente de esa responsabilidad». Finalmente, el portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja ha declarado que serán los servicios jurídicos del PP los que decidirán si el partido se persona en la causa o no
Sigue la trama de los de la kgb auspiciados por el químico, estos que dicen ser socialistas, que no lo son, son lo peor de este país, de momento.
ResponderEliminar