. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha elaborado un informe en el que no descarta la comisión de varios delitos por la banda de Interligare, un grupo de comisarios que recibió contratos a dedo de Interior en la era Rubalcaba por proyectos fantasma.
Fuentes oficiales de Interior negaron ayer que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía haya «exculpado» a la banda de Interligare de los delitos que Delincuencia Económica les imputó. En concreto, esta Brigada les acusa de cohecho, falsedad documental, deslealtad profesional, tráfico de influencias e incumplimiento con la Seguridad Social.
«Es rotundamente falso que el dictamen de la Unidad de Asuntos Internos sea exculpatorio como asegura un diario madrileño próximo a Alfredo Pérez Rubalcaba», apuntó un alto cargo del departamento que comanda Jorge Fernández Díaz.
Estas mismas fuentes aclaran que el escrito elaborado por la Unidad de Asuntos Internos, a los mandos del comisario Marcelino Martín Aranda, no descarta la comisión de delitos por parte de la que en Interior es conocida como la banda de Interligare. A saber: Gabriel Fuentes, ex asesor de Belloch en su etapa al frente del Ministerio de Justicia e Interior y actual consejero del secretario de Estado para la Seguridad (Ignacio Ulloa); Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe superior de Madrid durante el 11-M y todavía jefe de Seguridad de Caixabank; y Luis Luengo, director de Infraestructuras del Ministerio en la era Rubalcaba. Luengo, ahijado consorte de Ramón Rubial y amigo personal del ahora secretario general del PSOE, es «el que peor lo tiene» en opinión de Asuntos Internos. Entre otras cosas, por su doble condición de adjudicador de los 2,4 millones que Interligare percibió de 2008 a 2010 y adjudicatario por personas interpuestas, sus hijos Eugenia y David, a la sazón directores generales de la tapadera.
El dictamen confeccionado por Asuntos Internos, en una iniciativa inédita toda vez que la Policía Judicial ya había hecho su trabajo tras seis meses de minuciosas pesquisas contenidas en 200 páginas, puntualiza no obstante que la relevancia penal de los tres comisarios no sería la misma. Algo en lo que coincide con la Brigada de Delincuencia Económica, que atribuye a Fuentes un delito contra la Seguridad Social y otro de falsedad documental en su calidad de vicepresidente de Interligare, a Rancaño uno contra la Seguridad Social, otro de falsedad y uno tercero de deslealtad profesional, y a Luengo cohecho y tráfico de influencias. Asuntos Internos no se moja en demasía, toda vez que el asunto está judicializado.
El memorándum de Asuntos Internos, elaborado en apenas una semana, no comparte la punibilidad de la doble faceta de Miguel Ángel Rancaño como jefe de Seguridad de la Caixa -ahora Caixabank- y como consejero de Interligare. Hay que recordar que este comisario concedió, en su condición de alto ejecutivo de la Caixa, cuatro millones de euros a la compañía de cuyo Consejo de Administración era miembro. Los policías de la Policía consideran que, a lo sumo, estaríamos ante «una falta administrativa».
Lo que sí niega Interior es que investigue a los agentes que investigaron el caso Interligare. «Simplemente», se defienden, «queremos saber quién filtró a EL MUNDO las noticias sobre el caso». Lo cierto es que Gabriel Fuentes y compañía han presionado para que los inspectores traicionasen, atribuyendo falsamente un delito de revelación de secretos a su hasta hace tres semanas jefe, Jaime Barrado. Este comisario es un hombre mítico en el Cuerpo toda vez que fue quien cazó a los secuestradores de Anabel Segura y a El Solitario, el atracador y asesino que mantuvo una década en jaque a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los inspectores de Delincuencia Económica han declarado que «no saben» quién ha filtrado las noticias y uno de ellos reconoce que firmó el informe en el que se da como posible el espionaje a la sede del PP desde la oficina de Interligare en Génova, 15.
«Es rotundamente falso que el dictamen de la Unidad de Asuntos Internos sea exculpatorio como asegura un diario madrileño próximo a Alfredo Pérez Rubalcaba», apuntó un alto cargo del departamento que comanda Jorge Fernández Díaz.
Estas mismas fuentes aclaran que el escrito elaborado por la Unidad de Asuntos Internos, a los mandos del comisario Marcelino Martín Aranda, no descarta la comisión de delitos por parte de la que en Interior es conocida como la banda de Interligare. A saber: Gabriel Fuentes, ex asesor de Belloch en su etapa al frente del Ministerio de Justicia e Interior y actual consejero del secretario de Estado para la Seguridad (Ignacio Ulloa); Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe superior de Madrid durante el 11-M y todavía jefe de Seguridad de Caixabank; y Luis Luengo, director de Infraestructuras del Ministerio en la era Rubalcaba. Luengo, ahijado consorte de Ramón Rubial y amigo personal del ahora secretario general del PSOE, es «el que peor lo tiene» en opinión de Asuntos Internos. Entre otras cosas, por su doble condición de adjudicador de los 2,4 millones que Interligare percibió de 2008 a 2010 y adjudicatario por personas interpuestas, sus hijos Eugenia y David, a la sazón directores generales de la tapadera.
El dictamen confeccionado por Asuntos Internos, en una iniciativa inédita toda vez que la Policía Judicial ya había hecho su trabajo tras seis meses de minuciosas pesquisas contenidas en 200 páginas, puntualiza no obstante que la relevancia penal de los tres comisarios no sería la misma. Algo en lo que coincide con la Brigada de Delincuencia Económica, que atribuye a Fuentes un delito contra la Seguridad Social y otro de falsedad documental en su calidad de vicepresidente de Interligare, a Rancaño uno contra la Seguridad Social, otro de falsedad y uno tercero de deslealtad profesional, y a Luengo cohecho y tráfico de influencias. Asuntos Internos no se moja en demasía, toda vez que el asunto está judicializado.
El memorándum de Asuntos Internos, elaborado en apenas una semana, no comparte la punibilidad de la doble faceta de Miguel Ángel Rancaño como jefe de Seguridad de la Caixa -ahora Caixabank- y como consejero de Interligare. Hay que recordar que este comisario concedió, en su condición de alto ejecutivo de la Caixa, cuatro millones de euros a la compañía de cuyo Consejo de Administración era miembro. Los policías de la Policía consideran que, a lo sumo, estaríamos ante «una falta administrativa».
Lo que sí niega Interior es que investigue a los agentes que investigaron el caso Interligare. «Simplemente», se defienden, «queremos saber quién filtró a EL MUNDO las noticias sobre el caso». Lo cierto es que Gabriel Fuentes y compañía han presionado para que los inspectores traicionasen, atribuyendo falsamente un delito de revelación de secretos a su hasta hace tres semanas jefe, Jaime Barrado. Este comisario es un hombre mítico en el Cuerpo toda vez que fue quien cazó a los secuestradores de Anabel Segura y a El Solitario, el atracador y asesino que mantuvo una década en jaque a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los inspectores de Delincuencia Económica han declarado que «no saben» quién ha filtrado las noticias y uno de ellos reconoce que firmó el informe en el que se da como posible el espionaje a la sede del PP desde la oficina de Interligare en Génova, 15.
Manos Limpias denuncia
El sindicato Manos Limpias ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y los juzgados de Madrid a los directivos de la empresa Interligare, a los ex responsables de los ministerios del Interior y de Industria y al juez Baltasar Garzón por las adjudicaciones irregulares a esa sociedad. Sendas denuncias se dirigen contra los 13 miembros del Consejo de Administración de Interligare -dos de ellos, mandos policiales-, los ex secretarios de Estado de Interior y de Industria, Ciencia e Innovación, el ex director general y la subdirectora de Infraestructuras y Material de Seguridad, el comisario de Policía Luis Luengo y Alicia Álvarez, respectivamente, y Baltasar Garzón. Manos Limpias denuncia a estas personas por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, estafa y contra la Seguridad Social y Hacienda Pública, informa Efe. En su denuncia, Manos Limpias sostiene que Interligare «se llevó al menos 2,4 millones de euros de fondos públicos entre los años 2008 y 2010 en concursos falseados y con subvenciones ilegales». Para ello, el director general de la sociedad recibía en su correo electrónico el pliego de condiciones técnicas del proyecto en cuestión firmado por la entonces subdirectora de infraestructuras del Ministerio del Interior, Alicia Álvarez, así como la memoria justificativa del mismo «para la adaptación a lo que Interligare tiene como producto de empresa». Manos Limpias atribuye a Garzón un delito de tráfico de influencias y prevaricación, al que unen una presunta estafa porque el trabajo sobre Memoria Histórica se realizó en el complejo policial de Canillas
Sigue la mafia de los de la kgb, todo auspiciado presuntamente por el químico. Manda cojones, todos a la cárcel.
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