Desde la Dirección General de Infraestructuras, con Luis Luengo a la
cabeza, se enviaban los pliegos de los concursos a Interligare S.L.
En la dirección de Interligare figuraban dos hijos de Luengo, el ex comisario de Información Gabriel Fuentes y el ex jefe de Policía de Madrid Rancaño
La Brigada de Delincuencia Económica cuantifica en 2,4 millones los fondos públicos que ha obtenido esta trama de manera delictiva
Un juzgado de Aranjuez instruye diligencias por estafa, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y delito contra la Seguridad Social
En la dirección de Interligare figuraban dos hijos de Luengo, el ex comisario de Información Gabriel Fuentes y el ex jefe de Policía de Madrid Rancaño
La Brigada de Delincuencia Económica cuantifica en 2,4 millones los fondos públicos que ha obtenido esta trama de manera delictiva
Un juzgado de Aranjuez instruye diligencias por estafa, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y delito contra la Seguridad Social
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La Policía Judicial acusa a ex altos cargos de Interior de lucrarse con
contratos amañados durante la etapa en la que Alfredo Pérez Rubalcaba
estuvo al frente del Ministerio.La trama, que operaba en torno a la empresa tapadera Interligare, se llevó al menos 2,4 millones de euros públicos entre 2008 y 2010 en concursos falseados. Sus empleados han confesado a la Brigada de Delincuencia Económica que las adjudicaciones se hicieron a dedo por trabajos fantasma o que «no sirvieron para nada».
La Policía Judicial sitúa en el epicentro de la trama al comisario Gabriel Fuentes, persona de confianza de Juan Alberto Belloch cuando era titular de Interior y actual asesor del ministro Fernández Díaz, a su colega Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Policía de Madrid en el 11-M y mano derecha de Rafael Vera en la Secretaría de Estado de Seguridad, y a Luis Luengo, director de Infraestructuras de Interior con Rubalcaba.
Les atribuye cinco delitos: «Cohecho, falsedad documental, estafa, tráfico de influencias y contra la Seguridad Social».
La Brigada de Delincuencia Económica señala a Gabriel Fuentes, ex subdirector general del Gabinete Técnico de Interior con Juan Alberto Belloch, ex comisario general de Información y actual asesor del ministro Jorge Fernández Díaz, así como al jefe superior de Policía de Madrid durante el 11-M y ex mano derecha de Rafael Vera, Miguel Ángel Fernández Rancaño, como responsables de un plan para percibir, a través de su sociedad Interligare, al menos 2,4 millones públicos de forma irregular.
Junto
a Fuentes y a Rancaño, responsables de esta «consultora de Inteligencia
y Seguridad» -Fuentes ostentó el cargo de vicepresidente en Interligare
y Rancaño el de consejero-, la Policía Judicial sitúa al director
general de Infraestructuras de Interior en la era Rubalcaba, Luis
Luengo, como tercer cabecilla de la trama.La Policía Judicial considera acreditado que daba los contratos tras filtrar los pliegos de bases a Interligare, empresa en la que figuran como directores generales dos hijos suyos.
El cuarto hombre es el presidente de Interligare, José Luis Martín Juárez, al que la Policía sitúa en «el círculo de confianza de José Blanco».
Por todo ello, la Policía Judicial abrió el pasado mes de noviembre las pesquisas 100.662, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez, que ha incoado, a su vez, las diligencias previas 1083/11. De manera paralela, ha sido remitida una copia de la investigación a Asuntos Internos de la Policía, según aseguran a este diario fuentes de este departamento.
La Policía Judicial advierte, en su informe definitivo, de la comisión de cinco delitos: «Contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias».
«De Interligare existen indicios de que ha podido ser utilizada por su Consejo de Administración para la obtención de una serie de cuantiosas subvenciones, principalmente del Ministerio del Interior, para proyectos de I+D», subraya uno de los informes policiales que obran en poder de EL MUNDO.
«Bajo la apariencia de seguridad nacional, dichos proyectos carecen de publicidad y son asignados directamente a esta empresa», agrega. Una vez acreditado el trato de favor dispensado por la Administración a Interligare, la Policía Judicial lo atribuye directamente a la presencia en el Consejo de Administración de «personalidades que fueron relevantes en Interior, motivo por el cual posiblemente hayan sido concedidas las subvenciones referidas».
El
Grupo de Delincuencia Económica resalta que, «por lo manifestado por
los trabajadores, prácticamente ninguno de los proyectos ha funcionado».
Entre los proyectos otorgados se encuentra la confección de sistemas
informáticos para Instituciones Penitenciarias. Pero también ha sido
descubierta la adjudicación de subvenciones del Ministerio de Ciencia e
Innovación, consistentes en la supuesta contratación de investigadores
para proyectos de I+D con documentación falsa.En cuanto a la trama de contratos de Interior, el modus operandi comenzaba con la filtración de información privilegiada. «A través del director general de Interligare, Alexandre Hermida, llega al correo electrónico el pliego de prescripciones técnicas». Las bases de los concursos, precisan los informes policiales, estaban firmadas «por Alicia Álvarez como subdirectora de Infraestructuras y Material de la Secretaría de Estado de Seguridad», dice la Policía.
El objeto del envío era «la adaptación a lo que Interligare tiene como producto de empresa». «Una vez realizado esto» y retocados los pliegos para favorecer a Interligare, abunda la Policía Judicial, «es remitido a Francisco Villanueva, que era mano derecha de Alicia Álvarez, para su tramitación en la Secretaría de Estado».
Entre las irregularidades detectadas, se ha acreditado, además, que la empresa arrastraba «durante el periodo 12/2009 a 11/2011» una deuda con la Seguridad Social de «479.455 euros, que supera los 120.000 euros en un año y cumple el tipo de delito contra la Seguridad Social».
'Interior nos pasaba las bases para adaptarlas a nuestra empresa'
Los ex trabajadores de Interligare relatan a la policía cómo amañaban los concursos
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Esteban Urreiztieta.
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Dos antiguos responsables de los departamentos de Operaciones y de
Inteligencia de la consultora Interligare han detallado a la Brigada de
Delincuencia Económica de la Policía Nacional el funcionamiento de la
trama. Los ex trabajadores han explicado que los contratos más
importantes de cuantos recibía esta empresa procedían del Ministerio del
Interior y han descrito, paso a paso, cómo se gestaban.«Las relaciones las manteníamos a través de la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad del Ministerio del Interior», explican D. B. y E. A. «Este cargo fue ostentado hasta abril de 2011 por Luis Luengo, persona influyente dentro del Ministerio del Interior y competente para la asignación de proyectos, quien profesaba gran amistad con algunos consejeros de la empresa Interligare», abundan. Los antiguos directivos de la consultora subrayan que en la empresa, al mismo tiempo que se adjudicaban los contratos, «estaban dados de alta y figuraban como trabajadores los hijos de Luengo, a pesar de no contar con las cualificaciones técnicas requeridas para el puesto».
La Policía Judicial ha comprobado este extremo y ha constatado que, efectivamente, David y María Eugenia Luengo Riesco, «ambos hijos de Luis Luengo, constan con un grupo de cotización 01, es decir, la máxima cotización, y que suele corresponder a director general o cargo asimilado».
Tal y como apuntan D. B. y E. A., María Eugenia «era la responsable del TAG, que era una sección para trabajar con la inteligencia social, una ONG que nunca llegó a ponerse en funcionamiento». Y, por su parte, David Luengo «era el director de Desarrollo de Negocio, la cara visible de la empresa a la hora de captar nuevos proyectos. Usaba su apellido en las negociaciones».
Con los hijos del director general de Infraestructuras empotrados en la empresa beneficiaria de las adjudicaciones, los antiguos directivos de Interligare cuentan que la relación con el departamento de Luengo en Interior pasó a ser tan directa que los contratos se confeccionaban a medida. Hasta el extremo de que los cargos que tramitaban los pagos se volcaban con la consultora como si trabajaran para ella. «La persona con la que contactábamos en la Secretaría de Estado de Seguridad era Alicia Álvarez Izquierdo, que era subdirectora de Infraestructura y Material de la Secretaría de Estado, aunque el titular era Luis Luengo».
Según la ex jefa de Inteligencia de Interligare, «Álvarez ejercía funciones como si se tratase de una jefa más de la empresa Interligare». «Despachaba con ella en múltiples ocasiones en un despacho que utilizaba que se encontraba situado en el Camino Viejo de Madrid de Las Rozas, junto al Hotel NH».
Tras establecer los primeros contactos, explican que les llegaban, acto seguido, los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos para adaptarlos a las necesidades de la empresa.
Una vez modificados, eran enviados a Francisco Villanueva, «mano derecha de Álvarez», para su tramitación.
La Policía Judicial considera responsables de los delitos de cohecho y tráfico de influencias a Luengo y a sus subordinados Álvarez y Villanueva. Lo ha hecho tras escuchar el testimonio de estos trabajadores y comprobar, de una parte, la presencia de los hijos de Luengo en Interligare y, de otra, la adjudicación desde el Departamento de Infraestructuras de Interior de «una serie de servicios, como el desarrollo de la aplicación informática del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), y, que por declaraciones de los trabajadores, se cobró pero nunca llegó a funcionar». Al mismo tiempo, la Policía Judicial recuerda que la ley establece que la función pública defienda los intereses generales «y no los particulares», como ha ocurrido en este caso.
Trabajos para la Policía y Prisiones
Los ex trabajadores aseguran que sólo un proyecto 'sirvió para algo'
La consultora Interligare llevó a cabo «una quincena de proyectos», tal y
como han relatado sus antiguos responsables de Inteligencia y
Operaciones. Según explican, los más importantes correspondieron a
encargos del Ministerio del Interior. Así, una de las ex responsables,
E. A., precisa que, de la quincena de trabajos, «sólo uno tuvo un
resultado positivo».
Se trató de un «Sistema de Investigación y Vigilancia Interno
Penitenciario (SIVIP) que quedó sin terminar por completo». En la lista
de encargos señala también «un proyecto en la Unidad Central de
Información del Cuerpo Nacional de Policía, situado en el complejo
policial de Canillas». Allí «se llevó a cabo el desarrollo del proyecto,
que consistía en la integración de fuentes internas con fuentes
abiertas». «El jefe por parte de la Policía era Carlos González,
responsable de la base de datos antiterrorista, al que le fue impuesto
por Alicia Álvarez el proyecto de Interligare», agregan
Rancaño se dio a sí mismo contratos
Desde La Caixa, en la que trabaja, adjudicó 4 millones a Interligare
Los antiguos directivos de Interligare que han denunciado los hechos
explican que uno de los primeros proyectos en los que trabajaron
consistía en «dar apoyo al Departamento de Seguridad de La Caixa, a cuyo
frente estaba Miguel Ángel Fernández Rancaño».
«Teníamos conocimiento de que Fernández Rancaño compartía una doble
posición», señalan, en referencia a la condición del ex jefe superior de
Policía de Madrid de consejero de Interligare y responsable de la
seguridad de entidad financiera. «El valor total del proyecto en tres
años rondó los cuatro millones de euros». La Policía considera a
Fernández Rancaño responsable de un presunto delito de «deslealtad
profesional» y considera que era plenamente consciente de las deudas que
arrastraba Interligare con la Seguridad Social. Los antiguos empleados
revelan también que Repsol llegó a pagar a la consultora «300.000 euros
por 32 diapositivas».
Ciencia también trucó licitaciones
El Ministerio otorgó ayudas a falsos empleados de la trama
La Policía ha descubierto la concesión por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación de subvenciones irregulares a la consultora de inteligencia Interligare.
La Brigada de Delincuencia Económica señala que la Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, dedicada a favorecer
la contratación de investigadores para proyectos de I+D, otorgó, entre
otras, una ayuda a Interligare de 41.862 euros vinculada a los
ejercicios 2011, 2012 y 2013. El objeto de esta subvención radicaba en
la contratación de la empleada A. B.
Tras consultar la vida laboral de esta trabajadora, la Policía ha determinado que «prestó sus servicios para Interligare desde el 3 de diciembre de 2009 hasta el 12 de agosto de 2010». «Lo que significaría que dicha no trabajaba en la citada empleada mercantil cuando fue solicitada la subvención y posteriormente concedida», apostilla
O. R. SANMARTÍN MADRID
05/08/2012 ESPAÑA
Tras consultar la vida laboral de esta trabajadora, la Policía ha determinado que «prestó sus servicios para Interligare desde el 3 de diciembre de 2009 hasta el 12 de agosto de 2010». «Lo que significaría que dicha no trabajaba en la citada empleada mercantil cuando fue solicitada la subvención y posteriormente concedida», apostilla
Hacienda no dice qué altos cargos mantendrán su pensión
64 ex dirigentes públicos renuncian a su indemnización y 21 seguirán cobrándola
.
El cacareado proyecto de Ley de Transparencia que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio lo deja claro: debe hacerse pública la remuneración de los altos cargos y los máximos responsables de las entidades públicas, así como las indemnizaciones que perciben si abandonan el puesto.
Bien porque esta ley todavía no ha recibido el visto bueno parlamentario, bien porque se ha interpretado que una cosa es decir el pecado y otra el nombre del pecador, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido no revelar las identidades de los 64 ex altos cargos de la Administración General del Estado que han renunciado a su indemnización, ni, menos aún, las de los 21 que han decidido seguir cobrándola.
En una larga nota de prensa, Hacienda explica con todo lujo de detalles el ahorro que ha supuesto -4,76 millones de euros- que 64 de un total de 85 ex directivos hayan renunciado a la prestación compensatoria a la que, hasta ahora, tenían derecho por haber abandonado su puesto de responsabilidad. Lo hacen en virtud del real decreto de 13 de julio, por el que se les insta a escoger entre esta indemnización o su sueldo público o privado.
Pero en el Ministerio no han querido ir más allá e identificar a los protagonistas de la noticia, porque, según argumentó ayer una portavoz, se vulneraría la Ley de Protección de Datos, que impide publicar información personal de los ciudadanos, como sus nombres y apellidos.
De hecho, en Hacienda han realizado una consulta a la Abogacía del Estado, que les ha recomendado expresamente que no faciliten los nombres de estos ex altos cargos, porque cualquiera de ellos podría sentirse agraviado y, si quisiera, podría interponer una denuncia contra el propio Ministerio.
Entonces, ¿qué pasa con la Ley de Transparencia? «La transparencia es transparencia hasta cierto punto», explican en el Ministerio, y dicen que facilitar estas identidades vendría a ser como hacer públicas sus declaraciones de la renta. «Son ex altos cargos», dicen, «pero también personas con nombres y apellidos».
Hacienda sólo precisa, organismo por organismo, el número de los que han renunciado a la indemnización (que supone un 80% del salario percibido durante el tiempo al frente de su responsabilidad, con un máximo de dos años) y la cifra de los que han optado por seguir percibiendo la pensión compensatoria (pueden hacerlo, si no trabajan).
Así, señala, por ejemplo, que, entre los ex miembros del Gobierno, 52 han renunciado a sus indemnizaciones (23 de ellos, porque no han contestado al requerimiento de Hacienda) frente a seis que quieren seguir con sus cesantías.
Del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había otros dos ex altos cargos en la misma tesitura: uno ha optado por la retribución compensatoria y otro ha renunciado a ella.
En la Comisión Nacional del Mercado de Valores sólo había una persona en esta situación, que ha optado por la prestación compensatoria.
Mientras, en la Comisión Nacional de la Energía, cuatro han decidido mantener su pensión frente a cinco que han renunciado a ella.
En el Consejo de Seguridad Nuclear, los dos ex altos cargos afectados quieren seguir cobrando su indemnización.
. El cacareado proyecto de Ley de Transparencia que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio lo deja claro: debe hacerse pública la remuneración de los altos cargos y los máximos responsables de las entidades públicas, así como las indemnizaciones que perciben si abandonan el puesto.
Bien porque esta ley todavía no ha recibido el visto bueno parlamentario, bien porque se ha interpretado que una cosa es decir el pecado y otra el nombre del pecador, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido no revelar las identidades de los 64 ex altos cargos de la Administración General del Estado que han renunciado a su indemnización, ni, menos aún, las de los 21 que han decidido seguir cobrándola.
En una larga nota de prensa, Hacienda explica con todo lujo de detalles el ahorro que ha supuesto -4,76 millones de euros- que 64 de un total de 85 ex directivos hayan renunciado a la prestación compensatoria a la que, hasta ahora, tenían derecho por haber abandonado su puesto de responsabilidad. Lo hacen en virtud del real decreto de 13 de julio, por el que se les insta a escoger entre esta indemnización o su sueldo público o privado.
Pero en el Ministerio no han querido ir más allá e identificar a los protagonistas de la noticia, porque, según argumentó ayer una portavoz, se vulneraría la Ley de Protección de Datos, que impide publicar información personal de los ciudadanos, como sus nombres y apellidos.
De hecho, en Hacienda han realizado una consulta a la Abogacía del Estado, que les ha recomendado expresamente que no faciliten los nombres de estos ex altos cargos, porque cualquiera de ellos podría sentirse agraviado y, si quisiera, podría interponer una denuncia contra el propio Ministerio.
Entonces, ¿qué pasa con la Ley de Transparencia? «La transparencia es transparencia hasta cierto punto», explican en el Ministerio, y dicen que facilitar estas identidades vendría a ser como hacer públicas sus declaraciones de la renta. «Son ex altos cargos», dicen, «pero también personas con nombres y apellidos».
Hacienda sólo precisa, organismo por organismo, el número de los que han renunciado a la indemnización (que supone un 80% del salario percibido durante el tiempo al frente de su responsabilidad, con un máximo de dos años) y la cifra de los que han optado por seguir percibiendo la pensión compensatoria (pueden hacerlo, si no trabajan).
Así, señala, por ejemplo, que, entre los ex miembros del Gobierno, 52 han renunciado a sus indemnizaciones (23 de ellos, porque no han contestado al requerimiento de Hacienda) frente a seis que quieren seguir con sus cesantías.
Del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había otros dos ex altos cargos en la misma tesitura: uno ha optado por la retribución compensatoria y otro ha renunciado a ella.
En la Comisión Nacional del Mercado de Valores sólo había una persona en esta situación, que ha optado por la prestación compensatoria.
Mientras, en la Comisión Nacional de la Energía, cuatro han decidido mantener su pensión frente a cinco que han renunciado a ella.
En el Consejo de Seguridad Nuclear, los dos ex altos cargos afectados quieren seguir cobrando su indemnización.
Que panda, todos a la cárcel.
ResponderEliminarLuego dicen que hay crisis, la crisis es la de ellos, de los políticos corruptos que si nos decuidamos nos dejan en pelotas.
España despierta ya, y dales caña.