Los policías que investiga Asuntos Internos también destaparon el dúplex de González
El mundo al revés. La Dirección de la Policía, en sintonía con la Secretaría de Estado para la Seguridad, ha ordenado investigar a los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Judicial que han destapado el escándalo Interligare.
El toque a rebato se produjo el pasado domingo, cuando EL MUNDO publicó que altos cargos de Alfredo Pérez Rubalcaba montaron una trama de corrupción en Interior. Este periódico desveló las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Judicial, dirigida entonces por el comisario José Enrique Rodríguez Ulla, destituido hace unas semanas, y que están contenidas en 200 páginas en las que, con todo lujo de detalles y toda suerte de pruebas, se describe la trama corrupta que capitanearon Gabriel Fuentes, mano derecha de Juan Alberto Belloch cuando era ministro y del actual secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa; Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Policía de Madrid durante el 11-M y todavía jefe de seguridad de Caixabank; Luis Luengo, director general de Infraestructuras en Interior en la era Rubalcaba y ahijado consorte de Ramón Rubial, y José Luis Martín Juárez, íntimo de Pepiño Blanco.
Los agentes imputan a la banda de Interligare cinco delitos: «Cohecho, contra la Seguridad Social, falsedad documental, tráfico de influencias y deslealtad profesional».
Los patas negras de la Brigada de Delincuencia Económica, liderados por el comisario Jaime Barrado, descubrieron tras medio año de investigación que Luengo adjudicó a dedo 2,4 millones de euros a Interligare por trabajos ficticios o que se lograron con información privilegiada, aunque sus dos hijos son directores generales de esa sociedad.
No sólo eso: Interligare percibió más contratos del Ministerio de Industria y del de Ciencia en la etapa en la que José Luis Rodríguez Zapatero presidió el Gobierno. A la Brigada de Delincuencia Económica tampoco se le escapó un hecho revelador: que Interligare ocupó un piso en la calle de Génova 15 durante más de un año «que pudo servir de base para espiar telefónicamente al PP».
Gabriel Fuentes, vinculado a la misma prelatura religiosa que el secretario de Estado, montó en cólera al conocer el informe elaborado por Jaime Barrado y sus hombres. Pidió y consiguió también su cabeza hace casi un mes. Con la destitución de la cúpula de Delincuencia Económica, mataron dos pájaros de un tiro. No en vano, esta misma Brigada es la que descubrió el ático de 495 metros de Ignacio González en Marbella y que está a nombre de una empresa del paraíso de Delaware.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía recibió el mismo domingo la orden de actuar contra Barrado y su equipo por revelación de secretos. Y hubo una instrucción añadida tras las nuevas presiones de Fuentes y compañía: «Hay que confeccionar un contrainforme que concluya que en Interligare no hay ningún delito». A pesar de que no han conseguido demostrar la revelación de secretos, Asuntos Internos ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid.
Barrado, el policía que cazó a los secuestradores de Anabel Segura y a El Solitario, y sus subordinados han sido interrogados en los últimos días en Canillas, precisamente las instalaciones policiales que Interior cedió a la compañía privada Interligare.
No es la primera vez que se echa a un mando por hacer su trabajo. El Ministerio ya destituyó hace un par de meses al entonces comisario de Marbella, Hermés de Dios, por investigar el sospechoso ático del vicepresidente de Madrid
El mundo al revés. La Dirección de la Policía, en sintonía con la Secretaría de Estado para la Seguridad, ha ordenado investigar a los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Judicial que han destapado el escándalo Interligare.El toque a rebato se produjo el pasado domingo, cuando EL MUNDO publicó que altos cargos de Alfredo Pérez Rubalcaba montaron una trama de corrupción en Interior. Este periódico desveló las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Judicial, dirigida entonces por el comisario José Enrique Rodríguez Ulla, destituido hace unas semanas, y que están contenidas en 200 páginas en las que, con todo lujo de detalles y toda suerte de pruebas, se describe la trama corrupta que capitanearon Gabriel Fuentes, mano derecha de Juan Alberto Belloch cuando era ministro y del actual secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa; Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Policía de Madrid durante el 11-M y todavía jefe de seguridad de Caixabank; Luis Luengo, director general de Infraestructuras en Interior en la era Rubalcaba y ahijado consorte de Ramón Rubial, y José Luis Martín Juárez, íntimo de Pepiño Blanco.
Los agentes imputan a la banda de Interligare cinco delitos: «Cohecho, contra la Seguridad Social, falsedad documental, tráfico de influencias y deslealtad profesional».
Los patas negras de la Brigada de Delincuencia Económica, liderados por el comisario Jaime Barrado, descubrieron tras medio año de investigación que Luengo adjudicó a dedo 2,4 millones de euros a Interligare por trabajos ficticios o que se lograron con información privilegiada, aunque sus dos hijos son directores generales de esa sociedad.
No sólo eso: Interligare percibió más contratos del Ministerio de Industria y del de Ciencia en la etapa en la que José Luis Rodríguez Zapatero presidió el Gobierno. A la Brigada de Delincuencia Económica tampoco se le escapó un hecho revelador: que Interligare ocupó un piso en la calle de Génova 15 durante más de un año «que pudo servir de base para espiar telefónicamente al PP».
Gabriel Fuentes, vinculado a la misma prelatura religiosa que el secretario de Estado, montó en cólera al conocer el informe elaborado por Jaime Barrado y sus hombres. Pidió y consiguió también su cabeza hace casi un mes. Con la destitución de la cúpula de Delincuencia Económica, mataron dos pájaros de un tiro. No en vano, esta misma Brigada es la que descubrió el ático de 495 metros de Ignacio González en Marbella y que está a nombre de una empresa del paraíso de Delaware.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía recibió el mismo domingo la orden de actuar contra Barrado y su equipo por revelación de secretos. Y hubo una instrucción añadida tras las nuevas presiones de Fuentes y compañía: «Hay que confeccionar un contrainforme que concluya que en Interligare no hay ningún delito». A pesar de que no han conseguido demostrar la revelación de secretos, Asuntos Internos ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid.
Barrado, el policía que cazó a los secuestradores de Anabel Segura y a El Solitario, y sus subordinados han sido interrogados en los últimos días en Canillas, precisamente las instalaciones policiales que Interior cedió a la compañía privada Interligare.
No es la primera vez que se echa a un mando por hacer su trabajo. El Ministerio ya destituyó hace un par de meses al entonces comisario de Marbella, Hermés de Dios, por investigar el sospechoso ático del vicepresidente de Madrid
Cuando no es una camarilla, es otra. Estos de la kgb son la pera.
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