Las víctimas pedirán a Ruz que procese otra vez a la cúpula policial de Rubalcaba

Por el chivatazo a ETA

 

 

 

 

 

 

 

 

03 JUN 2012/La gaceta

El juez decidirá entre volver a acusar a García Hidalgo, Pamies y Ballesteros o archivar el caso.

Llegó el momento decisivo. Seis años, tres jueces e infinidad de vaivenes después, por fin el caso Faisán puede desencallar. El magistrado Pablo Ruz ya tiene en su poder sendos informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coinciden en apuntar como principales sospechosos del célebre chivatazo a ETA a los miembros de la cúpula policial que dirigía el entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba en mayo de 2006, cuando se produjo el soplo, en plena negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda. Las acusaciones personadas en la causa pedirán al juez que procese de nuevo a los tres imputados. Y la Fiscalía hará lo posible por sacar el caso de la Audiencia. Los dos informes citados han llegado esta semana al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El documento de la Policía no supone cambios de importancia, puesto que mantiene la tesis, elaborada por el equipo investigador que dirigía Carlos Germán, de que los autores de la delación fueron el inspector José María Ballesteros, el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y Víctor García Hidalgo, en aquel momento director general de la Policía.

La gran novedad es que ahora la Benemérita, que en su día fue apartada del caso por el juez Baltasar por fin ha podido incluir sus pesquisas sobre el soplo. En un vasto informe, los agentes del Instituto Armado coinciden en los puntos esenciales con la Policía. Así las cosas, fuentes jurídicas aseguran a LA GACETA que ya no quedan investigaciones determinantes que hacer. Sencillamente, Ruz debe decidir si vuelve a procesar a los tres imputados, a quienes procesó ya en julio de 2011, o si archiva el caso por falta de pruebas consistentes.
Ayer, este diario se puso en contacto con las dos acusaciones personadas: Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Aunque no quieren adelantar sus pasos antes de leer el informe, ambas coinciden en que hay que seguir adelante. Siempre con la cautela lógica antes de leer los documentos policiales, los servicios jurídicos de la AVT dan por hecho que volverán a pedir el procesamiento de los tres acusados. Y Daniel Portero, presidente de DyJ, está empeñado en que se conozca toda la verdad del soplo. Por ello, no es difícil adivinar sus intenciones pese a la prudencia que ambas mostraron a LA GACETA.
¿Y el juicio?Cuestión distinta es qué hará la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas dan por hecho que, aunque el fiscal Carlos Bautista apueste por reactivar el caso, seguirá su línea argumental de los últimos años. Dicha tesis consiste en apreciar que, en todo caso, en el chivatazo a ETA no hubo delito de colaboración con banda armada por parte de sus autores.
Y es que la calificación jurídica de los hechos, que en otros casos no es tan relevante, es decisiva en el caso Faisán. Si el juez Ruz decidiera, en línea con los argumentos del Ministerio Público, procesar a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, pero no por el delito de colaborar con ETA, el caso tendría que ser juzgado en Irún, donde se produjo el chivatazo. Si, por el contrario, Ruz procesa a los tres imputados por colaborar con la banda, el caso debe ser juzgado en la propia Audiencia Nacional. Evidentemente, el asunto no tendría la misma relevancia pública en caso de terminar en un pequeño juzgado del País Vasco.
Las fuentes consultadas coinciden en que el juez Ruz se encuentra ahora mismo en un momento difícil. Tiene más pruebas que nunca, pero si sigue adelante lo hará contra el criterio de la mayoría de los jueces de la Audiencia.
La Guardia Civil apoya la tesis de Carlos Germán
Desde que se produjo el chivatazo a ETA el 4 de mayo de 2006, han aparecido dos teorías sobre su autoría. La primera fue elaborada por el equipo investigador de la Policía dirigido por Carlos Germán. Según esta versión, el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, ordenó al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que frenase la operación policial contra la red de extorsión de la banda criminal. Y este contó con el inspector José María Ballesteros –como puede verse en el gráfico adjunto– para llevarlo a cabo. Frente a la versión del equipo investigador de Carlos Germán, existe la tesis, defendida más o menos claramente por los sindicatos policiales a los que pertenecen dos de los tres imputados, de que el propio grupo de Germán estaría detrás de la delación. Ayer un diario publicó que la Guardia Civil respalda en su informe la primera de las tesis. Es la misma que hizo suya Baltasar Garzón cuando imputó a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros. Y es la misma que también creyó Ruz cuando decidió procesarlos. Sea como fuere, en lo que coinciden ambas versiones de los hechos es en que unos agentes no pudieron decidir por su cuenta avisar al aparato de extorsión de ETA de la operación en marcha contra el mismo. Tuvo que haber órdenes políticas. Y siguen sin aclararse.