Los reclusos debaten ya acogerse a medidas individuales para lograr la libertad / Afecta a 125 presos con tres cuartas partes de la pena cumplida
Los presos de ETA han iniciado un debate para dirimir si cambian de estrategia y permiten que aquellos reclusos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena den los pasos que les garanticen su salida de prisión. Según las fuentes consultadas, se trataría de «aceptar en términos individuales los requisitos marcados por el Código Penal». Sostienen que la dirección de la banda, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, asumirá el resultado de la discusión. La izquierda abertzale calcula que unos 125 reclusos de los más de 600 encarcelados en prisiones españolas pueden haber cumplido las tres cuartas partes de la condena.Tanto la aceptación de iniciativas individuales por parte de los presos como el hecho de que ETA pueda aceptar su decisión en vez de imponer sus directrices constituiría un paso sin precedentes que tiene mucho que ver con la derrota operativa de la banda. Sin embargo, también pueden esgrimirse como un desafío al Estado por varios motivos: porque esas decisiones individuales son producto de una decisión colectiva consensuada, porque se pondrían encima de la mesa antes de que la organización se disolviese y porque, si el Estado considera que no deben ser concedidas las libertades condicionales de estos reclusos, la izquierda abertzale tiene la oportunidad de utilizarlo políticamente.
También puede ocurrir que la Administración penitenciaria y los jueces decidan que los presos cumplen con los requisitos exigidos por la ley y concedan los terceros grados y las libertades provisionales.Hace décadas que los abogados de la izquierda abertzale exigen del Estado que ponga en libertad a los presos enfermos y a los que han cumplido la tres cuartas partes de condena. Aseguran que éste es el requisito dispuesto legalmente y que, una vez cumplido, los reclusos tienen que ser puestos en libertad condicional.
Desde el Gobierno siempre se les ha respondido que el Código Penal incluye otras condiciones. Tanto el de 1973, que es el que rige sobre la mayor parte de los reclusos afectados por estas circunstancias, como el más estricto aprobado en 1995.
La norma de 1973 determinaba que pueden obtener la libertad condicional aquellos reclusos que hubieran cumplido las tres cuartas partes de la pena impuesta y hubiesen accedido al tercer grado. Es decir, que se hubiesen desvinculado de ETA, hubiesen coadyuvado eficazmente a la obtención de pruebas para la identificación o captura de otros responsables, observasen buen comportamiento y se mostrasen dispuestos a resarcir a sus víctimas.
La reforma de 1995 requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista, que haya colaborado con las autoridades -aunque el Supremo ha rebajado mucho esta exigencia- y que se manifieste con una declaración expresa de repudio, una petición de perdón y con la demostración de que está desvinculado de ETA y de los colectivos ilegales que la rodean.
De modo que la exigencia de libertad por parte de los abogados de la organización para los reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena ha sido siempre un mero instrumento de presión política, sobre todo porque la organización terrorista ha prohibido históricamente a sus presos acogerse a beneficios penitenciarios. Quienes se acogían a los procesos de reinserción acatando las leyes eran expulsados de la organización, repudiados en su entorno social e incluso amenazados o asesinados por la banda. La última vez que la dirección de ETA se pronunció oficialmente sobre la suerte que debían correr sus presos se mantuvo en la exigencia de una amnistía.
Ahora discuten si aceptar, por distintos motivos, las oportunidades que les ofrece la ley. La izquierda aberztale está inmersa en una fuerte campaña a favor de los reclusos de ETA, a los que otorga una posición relevante en su estrategia. Ahí entra la manifestación del pasado 7 de enero en favor de los acercamientos y la campaña de cartas de los reclusos a la Administración penitenciaria orquestada en diciembre con el mismo fin.
En el documento que define su línea política para 2012 señala que «traer a los presos y exiliados a casa constituye una prioridad dentro de la estrategia general». Se refiere al acercamiento a las cárceles vascas pero también a otras medidas. «Hemos puesto el asunto de los presos en la agenda de todos los agentes. Aun contra su voluntad, todos están dejando completamente solo al PP en este asunto», escribe.
El frente de los presos puede ser utilizado como un arma política por los radicales, pero también puede originar tensiones internas si, tras el cese definitivo, los reclusos comprueban que su situación se alarga sin que el Gobierno -que se ha comprometido a no efectuar ni un solo movimiento hasta que la organización se disuelva, y que ha afirmado que no piensa conceder indultos- dé algún paso en su favor. Por eso tampoco pueden descuidarlo.
Este debate en las prisiones surge después de que ETA haya enviado un documento a sus presos en el que acusa al Estado de estar incumpliendo un pacto cerrado con el Gobierno de Zapatero, aunque no precisa su alcance. En el texto, la banda se muestra convencida de que Rajoy acabará teniendo «gestos positivos».
Gestos positivos de rajoy??, pues claro, está siguiendo la hoja de ruta de zParo, así que, no me extraña nada ya a estas alturas. Estos erre que erre y conseguirán todo lo que se propongan, por la debilidad del gobierno, que lo que hace, es bajarse los calzones ante amaiur y sus compinches. Ya debería haberlos ilegalizados, eso es lo que decía en la oposición, y ahora dice que no puede??. porqué será???
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