Jorge Fernández pierde los nervios y rehúsa retirar su plan para etarras
. El ministro del Interior, Jorge Fernández, mantuvo ayer tres reuniones
con víctimas del terrorismo para explicarles su nuevo plan de
reinserción. Y en una de ellas perdió los nervios y acusó a Mamen
Álvarez, mujer del presidente de Voces contra el Terrorismo, José
Alcaraz, de «buscar venganza». El ministro, que después le pidió
disculpas, rehusó retirar su plan. Las víctimas exigieron ayer al Gobierno la retirada de su Plan de Reinserción Integral de presos terroristas. Pero se encontraron con un rotundo no. Tuvo que ser el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se reuniera con las asociaciones de víctimas del terrorismo. El malestar que existía entre ellas tras conocer por los medios de comunicación los nuevos planes del Ejecutivo respecto a los presos de ETA era enorme.
Pero las reuniones de Fernández no lograron calmar el temporal. Las espadas siguen en alto porque las víctimas se han sentido y se siguen sintiendo «traicionadas».
En uno de los tres encuentros que el ministro mantuvo con las víctimas del terrorismo perdió incluso los nervios. Fue cuando trataba de justificar por «razones humanitarias» algunas de las decisiones adoptadas con los presos de ETA. A lo que Mamen Álvarez, portavoz de Voces contra el Terrorismo, le recordó la «humanidad» que tuvo ETA con sus víctimas. Álvarez es la mujer de Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, que perdió a sus dos sobrinas y su cuñado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.
En
ese momento, el ministro acusó a Álvarez de buscar «venganza». A lo
que, en un tenso diálogo, la representante de las víctimas le dijo que
lo que reclama es «justicia». Al finalizar el encuentro, Fernández Díaz,
le pidió disculpas al entender que no había estado acertado en sus
apreciaciones. Álvarez le trasladó también un mensaje de Encarnación
Carrillo, viuda de Manuel Indiano, concejal del PP asesinado por ETA. Le
dijo que había recaído en su depresión tras conocer las intenciones del
Gobierno de reorientar su política penitenciaria. Carrillo le pidió que
trasladara el mensaje al presidente Rajoy.La tensión fue enorme. En este grupo estaba, además, la representante de Foro Ermua Inma García de Cortázar, que se mostró también muy dura con la nueva línea de Interior en política penitenciaria, y que aseguró que el plan refuerza esa «gran victoria de ETA».
Tras conocerse el nuevo plan que elude la petición de perdón a las víctimas para comenzar a acceder al proceso encaminado a la reinserción, éstas levantaron la voz con rotundidad. Hablaron de «amnistía encubierta», de «impunidad», de «traición». Interior les convocó a una reunión urgente para el mismo día en que se conoció el plan, el pasado jueves, pero tuvo que ser aplazada hasta ayer. Hubo debate entre las principales asociaciones sobre si acudir a la cita o hacer un plante al ministro. Entendían que Interior no había jugado limpio con ellas.
Ayer, le pidieron la retirada del plan, a lo que el ministro se negó en redondo; le reclamaron que recupere la exigencia de pedir perdón a las víctimas para acercar a los etarras a prisiones del País Vasco, pero de nuevo se encontraron con la negativa del ministro. Fernández Díaz insistió en que el Gobierno no está negociando con ETA, que este plan no significa una modificación de la política penitenciaria y que los presos, para ser reinsertados, deberán cumplir con todos los requisitos de la ley.
Y hubo quien, parafraseando al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, le preguntó que, si no se cambia nada, para qué se pone en marcha «un nuevo plan». El ministro enmarcó estas medidas en una batería de actuaciones encaminadas a tratar de romper las estructuras de la banda. De hecho, según Interior, esta iniciativa pretende llevar «al sendero de la ruptura con ETA» a esa veintena de etarras que se encuentra en las prisiones de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias), consideradas los laboratorios de Instituciones Penitenciarias. Esos presos no terminaban de dar el paso para acogerse a la vía Nanclares, pero habían mostrado síntomas de alejamiento. Con este plan se trata de empujarles del todo a dar el paso. En este grupo están algunos de los etarras más destacados, como Pakito o Santi Potros.
Fernández se reunió en solitario con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, quien aseguró sentirse «traicionada y engañada». «Me temo que ese requisito [la petición de perdón] no va a estar», reconoció. «Antes no estábamos de acuerdo con la vía Nanclares y no estamos de acuerdo ahora con el plan integral», indicó Pedraza, que teme un acercamiento «masivo» de presos.
El Gobierno podrá liberar a etarras que deben cumplir íntegramente sus penas
El Plan de Reinserción Integral conocido el jueves permite que el
Gobierno ponga en libertad a los etarras obligados a cumplir
íntegramente sus condenas y que sortee así el endurecimiento del Código
Penal aprobado por el Gobierno de Aznar en 2003. El Ejecutivo se guarda
la potestad de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario,
utilizado por el Gobierno socialista para conceder la libertad de facto a
aquellos etarras que se hubieran acogido a la vía Nanclares y que no
cumpliesen los requisitos temporales para acceder al tercer grado
penitenciario.
La posibilidad de que el Gobierno use el 100.2 con este fin está totalmente asumida y considerada natural por los miembros del Ejecutivo vasco que han estado reuniéndose con el ministro del Interior para elaborar el proyecto.
La primera vez que se puso en práctica este artículo fue con el objetivo de excarcelar al etarra Iñaki de Juana Chaos. Los populares criticaron la medida por múltiples razones, entre las que se encontraba el hecho de que, en ese caso, se estuviera cediendo al chantaje de un terrorista, pero también porque desnaturalizaba una medida jurídica que estaba pensada para otros fines. Dos años más tarde, el Ejecutivo socialista puso en marcha la vía Nanclares, que consistía en recompensar con el acercamiento a las cárceles vascas a los etarras que hubiesen verbalizado su ruptura con ETA y estuviesen dispuestos a pedir perdón a sus víctimas.
Una veintena de miembros de la organización terrorista se sumó a esta vía, que también proporcionaba una flexibilización de su situación carcelaria. Consiguieron más permisos, algunos pudieron acceder al tercer grado, y otros pudieron salir a trabajar o a estudiar durante el día por decisión administrativa.
La ventaja que confiere el 100.2 es que la decisión puede ser tomada por el Gobierno, aunque después tenga que ser ratificada por el fiscal y el juez de vigilancia penitenciaria. De ese modo salió de prisión hace unos meses José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el número 3 de la cúpula de ETA detenida en Bidart y cuya condena vencía el 22 de octubre de 2020.
Los populares no protestaron con la instauración de esta vía de la que estaban informados por Rodríguez Zapatero. Al contrario, una vez en el Gobierno, una de las primeras tomas de posición por parte del ministro Fernández Díaz fue la de ratificar su conformidad y su validez.
La interpretación del artículo 100.2 que se ha instaurado finalmente permite al Ejecutivo excarcelar de facto a presos que hubiera sido imposible de otro modo que no fuera el indulto que viesen la calle antes de cumplir 30 años de condena. En virtud, precisamente, de la modificación del Código Penal realizada por los populares en 2003 y que contemplaba el cumplimiento íntegro.
Hasta ese momento, las reducciones de condena se hacían desde el periodo máximo que podía cumplirse en prisión, que eran 30 años. A partir de la modificación, las reducciones se aplicaban a la condena total, que podía ser de miles de años. Los etarras arrestados después de 2003 estaban destinados a cumplir 40 años o, como poco, 30 si un juez revisaba esta consideración. A menos que fueran indultados o, ahora, que se les aplique el 100.2 si cumplen los requisitos.
Ayer, la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, se negó a responder a las preguntas que se le hicieron sobre el plan de reinserción. Se limitó a contestar a todas las cuestiones con el mensaje que quería colocar el Ejecutivo: que el Gobierno no negocia ni va a negociar con ETA y que, por lo tanto, los presos no pueden esperar nada de una negociación. Ni siquiera quiso entrar a valorar si el Ejecutivo pudo haber actuado de otro modo en la difusión de la iniciativa para molestar menos a las víctimas.
Cuando se le pidió que aclarara si los etarras tenían que pedir perdón para ser acercados se ciñó a la fórmula: «Como exigencia previa se exige que el terrorista haga una declaración pública y solemne de abandono». Y volvió con lo de que el Gobierno no va a negociar. En resumen: se abaratan las condiciones del traslado a cárceles vascas y no hace falta pedir perdón a las víctimas.
La posibilidad de que el Gobierno use el 100.2 con este fin está totalmente asumida y considerada natural por los miembros del Ejecutivo vasco que han estado reuniéndose con el ministro del Interior para elaborar el proyecto.
La primera vez que se puso en práctica este artículo fue con el objetivo de excarcelar al etarra Iñaki de Juana Chaos. Los populares criticaron la medida por múltiples razones, entre las que se encontraba el hecho de que, en ese caso, se estuviera cediendo al chantaje de un terrorista, pero también porque desnaturalizaba una medida jurídica que estaba pensada para otros fines. Dos años más tarde, el Ejecutivo socialista puso en marcha la vía Nanclares, que consistía en recompensar con el acercamiento a las cárceles vascas a los etarras que hubiesen verbalizado su ruptura con ETA y estuviesen dispuestos a pedir perdón a sus víctimas.
Una veintena de miembros de la organización terrorista se sumó a esta vía, que también proporcionaba una flexibilización de su situación carcelaria. Consiguieron más permisos, algunos pudieron acceder al tercer grado, y otros pudieron salir a trabajar o a estudiar durante el día por decisión administrativa.
La ventaja que confiere el 100.2 es que la decisión puede ser tomada por el Gobierno, aunque después tenga que ser ratificada por el fiscal y el juez de vigilancia penitenciaria. De ese modo salió de prisión hace unos meses José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el número 3 de la cúpula de ETA detenida en Bidart y cuya condena vencía el 22 de octubre de 2020.
Los populares no protestaron con la instauración de esta vía de la que estaban informados por Rodríguez Zapatero. Al contrario, una vez en el Gobierno, una de las primeras tomas de posición por parte del ministro Fernández Díaz fue la de ratificar su conformidad y su validez.
La interpretación del artículo 100.2 que se ha instaurado finalmente permite al Ejecutivo excarcelar de facto a presos que hubiera sido imposible de otro modo que no fuera el indulto que viesen la calle antes de cumplir 30 años de condena. En virtud, precisamente, de la modificación del Código Penal realizada por los populares en 2003 y que contemplaba el cumplimiento íntegro.
Hasta ese momento, las reducciones de condena se hacían desde el periodo máximo que podía cumplirse en prisión, que eran 30 años. A partir de la modificación, las reducciones se aplicaban a la condena total, que podía ser de miles de años. Los etarras arrestados después de 2003 estaban destinados a cumplir 40 años o, como poco, 30 si un juez revisaba esta consideración. A menos que fueran indultados o, ahora, que se les aplique el 100.2 si cumplen los requisitos.
Ayer, la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, se negó a responder a las preguntas que se le hicieron sobre el plan de reinserción. Se limitó a contestar a todas las cuestiones con el mensaje que quería colocar el Ejecutivo: que el Gobierno no negocia ni va a negociar con ETA y que, por lo tanto, los presos no pueden esperar nada de una negociación. Ni siquiera quiso entrar a valorar si el Ejecutivo pudo haber actuado de otro modo en la difusión de la iniciativa para molestar menos a las víctimas.
Cuando se le pidió que aclarara si los etarras tenían que pedir perdón para ser acercados se ciñó a la fórmula: «Como exigencia previa se exige que el terrorista haga una declaración pública y solemne de abandono». Y volvió con lo de que el Gobierno no va a negociar. En resumen: se abaratan las condiciones del traslado a cárceles vascas y no hace falta pedir perdón a las víctimas.
Que les deberán a los etarras el gobierno??, seguramente siendo mal pensados, a lo mejor saben algo del 11-M, y claro, o pasan por el aro, o caminito de jerez....
ResponderEliminarNo queremos un gobierno que nos mienta.