Otra grabación deja en evidencia a la presidenta de Invercaria, que «movía» los expedientes sobre los que no tenían «nada»
Una segunda grabación de sonido deja en evidencia de nuevo a Laura Gómiz, la presidenta recién dimitida de la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía Invercaria. Dejó su puesto ocho días después de que llegara a un juzgado de Sevilla una cinta que la compromete y en la que ella misma desvela múltiples irregularidades en la empresa pública.
En la nueva grabación, Laura Gómiz da instrucciones a tres subordinados para que falsifiquen «con imaginación y coherencia» expedientes de empresas que han recibido ayudas públicas y que están incompletos.
Ella misma se pone como ejemplo para falsificar los informes: «Porque yo tengo más capacidad de inventar que nadie», dice.
La reunión se produjo el pasado 24 de mayo de 2011 y en ella participaron la entonces presidenta de Invercaria; el director de promoción de la sociedad de capital riesgo, Cristóbal Cantos -que fue despedido tras negarse a falsificar expedientes-, y los técnicos Daniel Uroz y Blanca Nievas. Por lo tanto, hay dos testigos más de las irregularidades en el seno de la empresa pública.Hasta ahora, la Junta y el PSOE se han escudado en que la primera grabación de sonido, en la que se escucha a Laura Gómiz y Cristóbal Cantos, está «manipulada».
En el segundo audio, Laura Gómiz pretende que los técnicos «se inventen» los informes que faltan en los expedientes de las empresas beneficiadas por la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía.
De hecho, Laura Gómiz se hace cargo de las empresas que luego aparecen reflejadas en un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre Invercaria que cuestiona la «discrecionalidad» de esta empresa a la hora de conceder determinados créditos o de seleccionar a los beneficiarios.
Durante la reunión reflejada en la grabación, realizada por Cantos y aportada al juzgado, Gómiz y sus tres subordinados descubren que hay 38 proyectos de empresas que han recibido fondos propios y participación de capital por parte de Invercaria a los que les falta documentación o carecen por completo de ella.
«Entonces, vamos a coger el listado de empresas y vamos a ver lo que hace cada uno. Y, por otra parte, propuesta de inversión o plan de negocios. Y las que no haya nada, esas serán las que me vaya moviendo porque yo tengo más capacidad de inventar más que nadie, me parece a mí [se ríe]. ¿No? ¿O qué?», se le escucha decir en el audio.
Gómiz explica que, si hay propuesta de inversión, «que se mire», y, si no la hay, que «se invente, que ahí es donde se tiene que inventar». Aclara que, si hubiera un plan de negocios, aunque sea de los promotores, «que se meta y si no que se invente».
- Daniel Uroz: «Bueno, ¿y de los que no se tenga, Laura?».
- Laura Gómiz: «De los que no se tengan… ¿cuáles son?... de los que no tengamos la propuesta de inversión».
- D. U.: «Hay muchos».
- L. G.: «Cuando no hay de esto podemos poner un único o… dos líneas. Porque no es que se pueda sacar. Es solamente, Dani, un poquito de sentido común. Es que estoy rellenando cosas que no se han rellenado nunca, con lo cual, no es nada más que emplear... Que parece que es más complicado de lo que...».
En otro momento explica cómo se hace: «Esto es un resumen de los criterios empresariales. Hmm… Testeo... testeo por parte de clientes, y esto me lo estoy inventando, de necesidad de nuevos canales para venta de productos. Y me lo estoy inventando, de verdad. Me lo estoy inventando. Hay que ser un poco imaginativo, que tenga coherencia», afirma Gómiz.
Las falsificaciones van más allá de los expedientes inventados sobre las empresas beneficiadas, ya que Laura Gómiz también incluía una «cartita modelo» sellada por Invercaria, pero «sin firma», para adjuntarla a las actas de los consejos de administración en los que uno de sus antecesores en el puesto, Tomás Pérez Sauquillo, no había adjuntado las resoluciones necesarias.
Este documento era necesario para las operaciones de hasta 450.000 euros, pero Pérez Sauquillo lo había obviado.
En otro momento de la grabación, un técnico muestra reparos sobre si hay que firmar o no los informes que se inventen.
- D. U.: «Bueno, Laura, esto… una cosita que a mí me preocupa a nivel personal: ¿Esto no tendremos que firmar…?».
- L. G.: «Aquí no hay firma. No hay firma. Vamos, la firma va a ser mía, si le tengo que poner esto... Es simplemente unos expedientes que se han encargado con la documentación que teníamos, no hay firma».
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Francisco Rosell.
Griñán excluyó a Invercaria del control de la Intervención General de la Junta
Una empresa privada dirigida por un ex alto cargo autonómico audita sus cuentas
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, excluyó a la sociedad pública Invercaria del control de la Intervención General de Hacienda. El programa de control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2007, incluye a 22 sociedades pero excluye a Invercaria, que ha eludido la inspección de los interventores autonómicos.
La Ley General de Hacienda Pública de Andalucía señala que dicho programa se realizará «a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda», cargo que ocupaba el hoy presidente Griñán.
Pese a estar excluida del control permanente de los interventores, Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, tiene 42 millones de euros de capital social y gestiona unos 200 millones de euros de fondos públicos. Sus cuentas las audita PricewaterhouseCoopers (PwC), cuyo responsable en Andalucía es Jacinto Cañete, que fue director general de la Agencia Idea y consejero de Invercaria de 2005 a 2010.
Invercaria contrató a PwC en mayo de 2007, cuando fue excluida del control permanente de la Intervención de la Junta y Jacinto Cañete era miembro del consejo de administración. PwC fue reelegida como auditor de Invercaria el 11 de marzo de 2010 y el 27 de mayo de 2011.
La Cámara de Cuentas de Andalucía -cuya auditoría sobre Invercaria desencadenó el supuesto montaje de informes en la sociedad de capital riesgo- advierte en su informe que esta empresa «no se encuentra sometida a control financiero permanente por parte de la Intervención, al no encontrarse incluida en el acuerdo del Consejo de Gobierno» sobre la supervisión de los interventores.
El órgano fiscalizador andaluz recuerda en el informe que el programa de control financiero permanente de empresas públicas se aprueba «a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda», dirigida entonces por José Antonio Griñán.
Además, los auditores de la Cámara de Cuentas destacaron que Invercaria tampoco tiene a nadie «destinado a realizar las funciones de auditoría y control interno que garanticen el adecuado funcionamiento de los sistemas de control administrativo y contable». En lugar de ello, sus cuentas «son auditadas anualmente por firmas privadas de auditoría», en concreto PwC.
Ante estas conclusiones de la Cámara de Cuentas, Invercaria admitió la obviedad de que no está sometida al control financiero permanente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, pero presentó dos alegaciones. Ninguna de ellas fue aceptada por la Cámara de Cuentas.
Por un lado, Invercaria alegó que «no está obligada a tener un puesto de trabajo destinado a realizar actuaciones de control financiero» y que, pese a ello, «dispone de procedimientos internos para el desarrollo de su actividad que han ido evolucionando, y la actividad de cumplimiento es inherente a todo el personal de la empresa, muy especialmente sus directivos». Cabe recordar que la ya ex presidenta de la empresa Laura Gómiz presuntamente intentó obligar a un técnico a realizar un informe falso para montar expedientes de préstamos concedidos hacía años sin control ni tramitación.
«A mayor abundamiento», señalaba Invercaria, «esta actividad está reforzada con la contratación de auditores externos de reconocido prestigio». De hecho, propuso a la Cámara de Cuentas, pero ésta lo rechazó, incluir este párrafo: «A pesar de no estar obligada a auditarse, las cuentas anuales de Invercaria son auditadas anualmente por firmas privadas de auditoría de reconocido prestigio».
Un sobrino de Felipe González era 'mochilero' de la empresa
Un sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, actualmente secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía, estuvo trabajando de mochilero en Invercaria, es decir, en nómina de la empresa pública de capital riesgo pero desempeñando su trabajo fuera de ella.Esa contratación como mochilero se inició el 1 de julio de 2005 y se prolongó hasta el 10 de octubre de 2007, fechas en las que tuvo de Invercaria un sueldo de unos 72.000 euros brutos de anuales, según ha podido conocer EL MUNDO en fuentes solventes.
Pese a ser trabajador de Invercaria, González Mejías estuvo trabajando en el denominado «observatorio de empresas» de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que es la dueña de la Agencia Idea, que, a su vez, es la propietaria de Invercaria.
Años después, el 31 de marzo de 2010, González Mejías retornó a Invercaria como presidente, en sustitución de Tomás Pérez Sauquillo, que salió de la empresa después de una remodelación del Gobierno andaluz que se llevó por delante al hasta entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo.
El sobrino de Felipe González ocupó el cargo de presidente de Invercaria durante cuatro meses, hasta julio de 2010, cuando lo sustituyó Laura Gómiz. Cesó en este cargo al ser nombrado secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía.
El informe de la Cámara de Cuentas ya detectó que en 2009 había tres mochileros en la empresa, sin especificar sus nombres. Una de ellas era la secretaria del director del «observatorio de empresas» de la Junta de Andalucía; el otro, un director adjunto de la Fundación Eduarda Justo, patrocinada por el grupo Cosentino, y el tercero era el concejal del socialista en Marbella Óscar Fernández Vicioso, director del centro de apoyo al desarrollo empresarial de dicho municipio de la Costa del Sol.
El sobrino de Felipe González ya había dejado de ser mochilero en el periodo auditado por la Cámara, pero los inspectores señalaban que esta práctica «podría vulnerar» la ley y constituir una cesión ilegal de trabajadores, considerada «infracción muy grave» por la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Los auditores advertían también de que el Estatuto de los Trabajadores establece que «la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan».
Según esto, siguen apareciendo las corruptelas de estos que dicen ser socialistas, que no lo son.
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