Torres-Dulce ordena que se averigüe por qué restos de los trenes no fueron puestos a disposición judicial
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció ayer que ha ordenado a la Fiscalía de Madrid que investigue un posible «delito de obstrucción a la Administración de Justicia» tras la aparición en un almacén de la empresa Tafesa de la chatarra correspondiente al foco de la explosión de uno de los vagones del 11-M. Concretamente, del que estalló en Santa Eugenia, el único que Renfe decidió reparar, el mismo en el que un testigo dice haber visto a Jamal Zougam. El resto, se desguazó. El hallazgo fue publicado el martes por Libertad Digital.
El Tribunal Supremo calificó en su sentencia la destrucción de los trenes como «sorprendente» y «apresurada», porque «impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación».
En el análisis de explosivos que ordenó el tribunal del 11-M, todos los peritos -también los cuatro de la Policía y la Guardia Civil- acordaron denunciar la escasez de muestras: «Dada la magnitud del atentado, las evidencias de los focos parecen escasas», dice el informe oficial. Los Tedax aseguran haber recogido cientos de kilos con restos de dinamita, pero su jefe en 2004, Juan Jesús Sánchez Manzano, apenas conservó 23 muestras, casi todas calvos y tornillos inservibles tras haber sido lavados con agua y acetona.Mientras eso ocurría, un vagón afectado de lleno por la explosión de una bomba ha pasado desapercibido durante siete años en un almacén improvisado al aire libre en el barrio madrileño de Villaverde.
«El Ministerio Fiscal no solamente no tiene ningún inconveniente, sino que tiene la obligación de llegar hasta el final en esas investigaciones», afirmó Torres-Dulce, antes de añadir que, aunque el 11-M es «un proceso cerrado», «cualquier otra circunstancia que merezca ser investigada, será investigada».
Según explicó el fiscal general del Estado, la orden al fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, consiste en que «se proceda a investigar la existencia y custodia» de esos restos del vagón y en que «se indague si existe alguna investigación en relación con los mismos».«Si se estuviera investigando en un proceso, archivaríamos las diligencias de investigación y actuaríamos diligentemente en la causa en la que se estuviera investigando esa actividad. De no ser así, agotaríamos las diligencias con el objetivo que estamos precisando, y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización», aclaró.
«Es posible que a lo mejor no exista ningún delito», añadió, para precisar, no obstante, que la obligación del Ministerio Público es investigar «cualquier hecho y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial».
El sumario del 11-M recoge que 10 de los 11 vagones explosionados se desguazaron, sin que conste que fuese por orden judicial. Del undécimo se conocían las circunstancias de su reparación, como que costó 675.175 euros y que se llevó a cabo, precisamente, en los mismos talleres donde ahora han aparecido los restos correspondientes al foco de explosión. Lo que no se sabía es que se había conservado esa chatarra ni que -según declaró el pasado enero el director de la empresa que reparó el vagón en la causa contra Manzano- miembros de la Policía y de la Guardia Civil se habían presentado en esas instalaciones para estudiarla. De todo ello, no se hace ninguna mención en el procedimiento por la matanza de los trenes.
En el análisis de los explosivos del tribunal del 11-M se encontraron dos componentes -el dinitrotolueno y la nitroglicerina- que no forman parte de la dinamita marca Goma 2 Eco, que es la que robaron los islamistas en la Mina Conchita y la que apareció en la mochila de Vallecas, en la furgoneta Kangoo y en el piso franco de Leganés. Por ello, la sentencia concluye que «no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes» y que no se puede «descartar la presencia en pequeñas cantidades de otras marcas o clases de dinamitas», lo que, no obstante, «no impide llegar a conclusiones jurídico-penalmente relevantes respecto de la intervención de los procesados».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado en tres ocasiones -la última, en junio de 2011- las negativas de los jueces Eloy Velasco y Pablo Ruz a practicar nuevas diligencias que aclaren qué estalló. Se trata de cosa juzgada -«por mucha que sea la insatisfacción e impotencia que el resultado aislado de alguna diligencia probatoria suscite en alguna de las partes procesales», argumenta Velasco- por lo que, al margen de la evidente dificultad para llevar a cabo nuevas analíticas o exámenes de otro tipo sobre restos conservados la mayor parte del tiempo al aire libre y sin ninguna custodia, parece del todo improbable que se acepte judicializar de nuevo ese extremo. El propio tribunal del 11-M ya había denegado la petición de una de las defensas de que se analizasen las vigas horizontales de la estación de Atocha.
Respecto de la obstrucción a la Administración de Justicia que habría representado el desguace de los trenes, el Supremo archivó en 2006 una querella de Manos Limpias contra el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, haciendo suyo este entrecomillado del informe de la Fiscalía: «La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello». Eso sí: esta resolución se emitió meses antes de que los peritos denunciasen la escasez de muestras y año y medio antes de que el propio Supremo afirmase que la destrucción de los trenes fue «sorprendente» y «apresurada».
Tres fuentes distintas de la dirección de Renfe en 2004 confirmaron a este diario que los trenes se retiraron de las vías cuando la Policía les autorizó a disponer de los vagones y que comenzaron a desguazarse a partir del lunes 15, ante la ausencia de una orden del juez Del Olmo para proceder a su precinto. Según afirmaron, el instructor no se dirigió a la compañía en ningún momento.
>Qué seva a investigar del 11-M, por Casimiro García-Abadillo.
«Con todo el respeto, no hay cosa juzgada»
Hace tres semanas, la Audiencia de Madrid sobreseyó la causa por posible destrucción de pruebas contra el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano, con el argumento de que otro juzgado ya había archivado una denuncia contra él. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reiteró ayer, como ya había hecho en una entrevista con EL MUNDO, que no comparte la decisión del tribunal -«creemos, con todo el respeto, que no había cosa juzgada, porque tanto la identidad de los sujetos como el objeto eran por completo diferentes»-, pero que entiende que las normas procesales no permiten un recurso de casación ante el Supremo. Sin embargo, el propio auto de la Audiencia ofrece a las acusaciones la posibilidad de dos recursos: el de casación -que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ya ha formalizado- y otro contra el archivo de la denuncia inicial
P&R
Un nuevo camino para despejar incógnitas
La decisión del fiscal general del Estado de abrir diligencias informativas acerca del hallazgo de uno de los focos de explosión del 11-M abre un nuevo, imprevisto y también difícil camino para despejar incógnitas.¿Qué ha ordenado exactamente el fiscal general del Estado?
Que se abran unas diligencias de investigación en las que la Fiscalía de Madrid deberá confirmar la aparición de los restos, su origen, y si ha podido cometerse algún delito relacionado con el hecho de que durante años no hubiera constancia oficial de ellos y no se pusieran a disposición judicial.
¿Qué evolución inicial podrían tener esas diligencias?
Si se comprueba que algún juez ya ha abierto investigación por los mismos hechos, se cerrarían las nuevas diligencias del Ministerio Público, que pasaría a centrar su actuación en esa causa abierta. Si, como todo indica, ningún juez está actuando, la Fiscalía recabará datos sobre lo sucedido y, si tienen visos de delito, los remitirá al juez para que abra diligencias.
¿Qué juzgado se haría cargo de las pesquisas?
El asunto recaería en un juzgado de instrucción de Madrid. En principio, la petición de investigación del fiscal recaería en el decanato para su reparto. No se contempla que haya un elemento terrorista que pueda llevar la competencia a la Audiencia Nacional.
¿El archivo de la causa contra Sánchez Manzano no impide abrir esta investigación?
No, porque aún no están determinados ni los hechos susceptibles de delito -si los hay- ni sus posibles autores, así que no cabe interpretar que se trate de la misma causa que la del ex jefe de los Tedax. Sin embargo, si prosperase el recurso ante el Tribunal Supremo contra el archivo del caso Manzano, ambas investigaciones podrían llegar a converger.
¿Qué delitos podrían haberse cometido?
El propio fiscal general habló ayer de «un delito de obstrucción a la Administración de Justicia». En el título de Delitos contra la Administración de Justicia, el Código Penal recoge en su artículo 408 la omisión de perseguir delitos, por no dar razón del paradero de esas pruebas. También podría interpretarse que cabe aplicar el artículo 413, que castiga a la autoridad o funcionario que ocultare «total o parcialmente» material que le haya sido encomendado por razón de su puesto. Igualmente, podría haberse cometido un delito de encubrimiento del artículo 451, al haberse ocultado pruebas del delito. Igualmente, cabría pensar en el delito de prevaricación, en caso de existir resoluciones administrativas o judiciales de quienes supieran de la existencia de restos y lo ocultaran en sus escritos.
¿Quiénes serían los posibles imputados?
Algunos de los posibles delitos sólo pueden ser cometidos por una autoridad o funcionario público. Eso centraría las posibilidades en miembros de las Fuerzas de Seguridad y de órganos judiciales. Tampoco se podría descartar la implicación de algún particular si es que había sido informado de que los trenes eran pruebas que debían conservarse.
¿El hallazgo puede servir para determinar el explosivo?
Dado el tiempo transcurrido y las malas condiciones de almacenamiento, no es razonable pensar que un nuevo análisis químico de los restos ofreciera datos científicamente válidos. Además, la ausencia de una cadena de custodia impediría darles validez judicial.
¿Afectaría la investigación a la sentencia del 11-M?
El fiscal general resaltó ayer que eso es cosa juzgada. En el aspecto concreto de los explosivos, los instructores y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado en varias ocasiones practicar cualquier diligencia relacionada con la determinación del material empleado.
Esperanza y alegría entre las víctimas, pero con cautela
Recuerdan que muchas de sus iniciativas han sido rechazadas
Las víctimas se mostraron ayer esperanzadas ante la posibilidad de que la iniciativa abierta por el fiscal general del Estado permita avanzar en el total esclarecimiento de la masacre del 11-M. No obstante, recuerdan que han sido muchos los varapalos políticos y judiciales que han recibido durante estos ocho años y que prefieren no lanzar las campanas al vuelo.
Así, la presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Ángeles Domínguez, celebró la decisión de investigar los restos de trenes encontrados en Villaverde (Madrid), aunque ha emplazado a esperar los resultados y ha reconocido acoger la noticia con «sorpresa y cautela». Recordó que su colectivo ha puesto en marcha muchas iniciativas judiciales y todas han sido rechazadas, por lo que ha insistido en ver qué pasa con la nueva investigación.
«Recibimos la noticia con una alegría contenida que nos hace poco a poco ir recuperando la confianza en las instituciones. La actuación del fiscal es la normal en un Estado de Derecho y ojalá este tipo de iniciativas, que hasta ahora han sido excepcionales, se conviertan poco a poco en habituales». «Lo que hubiera sido inadmisible es descubrir que existía un foco de las explosiones, constatar que se nos había mentido al respecto y que no pasara nada de nada. Eso ocurre en las repúblicas bananeras y no en las democracias avanzadas como se supone que es la nuestra», indicó. A su juicio, el hallazgo podría demostrar que hubo «ocultación de pruebas» de los atentados, ya que los peritos sólo pudieron analizar 23 «minúsculas» muestras de los trenes mientras que existían estos restos que no fueron revelados.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, se mostró satisfecha por la decisión de investigar los restos de trenes encontrados en un almacén de Villaverde (Madrid). Confía en que estas pesquisas «permitan depurar responsabilidades».
Pedraza reveló que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya le avanzó el jueves en el encuentro que mantuvieron la decisión de ordenar la apertura de diligencias por los hallazgos. «Me parece muy positivo», añadió.
El presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, mostró a esRadio su satisfacción porque el fiscal general haya ordenado esta investigación. «Todo llega y es el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas del 11-M. Que en este octavo aniversario haya alguien dentro de la Justicia que ordene investigar para averiguar toda la verdad sobre el 11-M. Ése es el verdadero homenaje que quieren las víctimas: Justicia».
Alcaraz abogó por mantener «la constancia y la perseverancia» porque se ha demostrado que «es muy importante para mantener viva esa esperanza. Si no insistimos, se desvanece esa esperanza».
Haber si es verdad, y tiene pitera este fiscal general, para terminar con esta infamia.
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