Covite pide «revisar» la situación de Astarloa y Voces critica la política de Interior
El Ministerio del Interior rebajó ayer su habitual entusiasmo por la vía Nanclares y responsabilizó al gobierno anterior de que la Audiencia Nacional tenga ya sobre la mesa la primera petición de libertad condicional para un preso etarra.Instituciones Penitenciarias emitió un comunicado en el que confirmaba la existencia de la propuesta para Fernando de Luis Astarloa, así como que el requisito previo de la concesión del tercer grado había llegado en octubre -con el gobierno anterior, por tanto-, tal y como informó este diario. Añadía que Instituciones Penitenciarias había remitido al juzgado la propuesta de libertad condicional el 21 de diciembre, «también con el anterior gobierno, y en estricta aplicación de la legalidad».
Precisamente ese día 21 de diciembre se hizo público que el nuevo ministro del Interior sería Jorge Fernández Díaz. Hacía ya casi dos meses que PP y PSOE habían escenificado el traspaso de poderes.
Instituciones Penitenciarias no quiso aclarar ayer si en ese traspaso se había mencionado el primer caso de libertad condicional. De cualquier forma, al día siguiente, 22 de diciembre, Fernández tomó posesión y afirmó, en presencia de la anterior responsable de Prisiones, Mercedes Gallizo, que ese traspaso había sido «modélico y ejemplar».
Fuentes penitenciarias indican que, desde el principio, los populares han estado informados de la evolución de la vía Nanclares y han avalado las decisiones adoptadas. El propio ministro fue el que hace un mes hizo público que se había concedido el tercer grado a José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, una medida que presentó como un «impulso» a la vía Nanclares que «abre la puerta para la libertad condicional».
«Impulsamos y promovemos la llamada vía Nanclares porque es legal y es la que más se adecua al espíritu de la Constitución», señalo el ministro este mismo lunes.
Ayer, el portavoz popular Antonio Alonso describió lo sucedido con el ex etarra Astarloa como «una actuación del último día del Gobierno socialista». No puso inconveniente a la posible libertad condicional, que «está en manos del juez» y es «materia penitenciaria», dijo, según informa Carmen Remírez de Ganuza.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) pidió al Gobierno que trate de «revisar» el caso de Astarloa. Su portavoz, Christian Matías, defendió el «cumplimiento íntegro de las penas» y dijo que debería comprobarse si Astarloa está ayudando a aclarar atentados. En esa línea, la líder de UPyD, Rosa Díez, insistió en defender «el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por delitos terroristas».
La asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, que preside José Alcaraz, afirmó que «mantener la vía Nanclares es dejar impunes a los asesinos de ETA», además de afirmar que «el arrepentimiento de los terroristas no tiene «ninguna credibilidad».
Finalmente, Josu Puelles, hermano del policía asesinado Eduardo Puelles, rechazó que se conceda una libertad condicional si ETA no pide perdón «en su conjunto».
El juez niega permisos a Lasarte por no colaborar en los juicios
De Castro también estima que su salida sería «difícil de entender socialmente»
Valentín Lasarte es uno de los etarras de la vía Nanclares pero, de momento, seguirá sin permisos para salir de la cárcel. El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, ha rechazado esta misma semana el recurso del ex miembro del comando Donosti contra la negativa final de la prisión a concederle permisos ordinarios. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se había opuesto a la concesión.
La negativa del magistrado apunta a la «posición dubitativa» de Lasarte en diversos juicios en la Audiencia Nacional: «Su trayectoria una vez empieza a dar pasos para su desvinculación no resulta tan clara como pretende hacer ver el penado».
En concreto, cita el caso de la vista contra la etarra Gracia Morcillo Torres, para la que el fiscal pedía 23 años como cómplice del asesinato de Fernando Múgica. La acusada, supuestamente, había alojado al comando Donosti tras el crimen. Pero el testimonio de Lasarte en el juicio, dice el juez, «resultó tan vacío de contenido que la interna, que había sido entregada por las autoridades francesas, fue absuelta por falta de pruebas y excarcelada al día siguiente».
El magistrado resalta que la declaración se produjo sin la presión que para Lasarte podía suponer coincidir con la acusada, pues testificó por videoconferencia.
El auto denegatorio señala que los derechos del preso no son los únicos que hay que tutelar, y considera «prematuro, desaconsejable y difícil de entender socialmente la concesión del permiso interesado por el interno, ponderando en su conjunto las circunstancias criminológicas existentes en este caso y la carencia de datos de los que inferir una predisposición pro social nueva en el interno y un profundo cambio de actitudes».
El nombre de Lasarte evoca alguno de los atentados de mayor repercusión, como los del popular Gregorio Ordóñez o el socialista Fernando Múgica. Una «gravedad delictiva» que se traduce en cientos de años de cárcel, y que ha sido relevante para denegar los permisos.
Y eso que Lasarte ha cumplido los criterios que han llevado a otros presos de Nanclares a obtener beneficios: ha renunciado por escrito a ETA y a la actividad armada, ha perdido perdón a las víctimas y acredita que ha comenzado el pago de las responsabilidades civiles.
En el escrito en el que pedía empezar a disfrutar de permisos ordinarios de salida, Lasarte escribió lo siguiente al juez de Vigilancia Penitenciaria: «Estoy desvinculado de ETA desde hace cinco años. Pago mi responsabilidad civil desde hace dos años. En privado, por carta, y en público (en TV en un juicio reciente) he pedido perdón a todas las víctimas que produje. En escrito mandado a su juzgado, mostré mi voluntad y predisposición a vivir fuera de Donostia y lejos de mis víctimas durante años, así como a pasar los permisos también en esas condiciones. Por todo ello, solicito a su señoría tenga en cuenta mi situación y me conceda permiso de salida».
En otro escrito insistía en que está dispuesto a no pasar por San Sebastián en los permisos. «El motivo es no herir la sensibilidad de algunas víctimas que residen allí, así como evitar cualquier tipo de problema o polémica».
Pese a ello, el auto concluye diciendo que «en definitiva, es posible constatar en la evolución de la personalidad del penado que aún persisten ciertas actitudes ambivalentes en relación con el uso de la violencia como instrumento para lograr objetivos de tipo político».
El Gobierno corregirá la bajada de penas de 'kale borroka'
El Ministerio de Justicia pretende corregir en el borrador de la próxima reforma del Código Penal, que prevé tener listo para antes del verano, el «error» que la Audiencia Nacional ha detectado en la penalización del delito de daños terroristas, según fuentes del Gobierno citadas por Europa Press.El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado su intención de incluir en el nuevo Código Penal, entre otras novedades, la pena de prisión permanente revisable. La reforma aprovechará para reparar el fallo que obliga desde ahora a rebajar de cinco a tres años la pena máxima por actos de kale borroka.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal apreció el «error» incluido en la última modificación realizada en el Código Penal en junio de 2010, producto de la reordenación de varios artículos y apartados relativos a los delitos de daños. Con la redacción actual, la pena máxima de cinco años sólo podría alcanzarse en los casos de quema de ordenadores, cuando lo que razonablemente se pretendía era aplicarla a actos de tipo terrorista como ataques a autobuses con cócteles molotov.
Además de aplicar esos nuevos topes en una condena del pasado mes de febrero, el tribunal rebajó hace unos días la pena de cinco años que antes de la reforma se había impuesto por este delito a Aliande Hernández. «No es descartable, sino casi seguro, que este efecto favorable al reo sea producto de un descuido del legislador», señalan los magistrados Fernando García Nicolás (presidente), Ángel Luis Hurtado y Enrique López. Los tres concretaban en el auto, hecho público este lunes, que «no parece que, por muy ambiciosa que haya querido ser la reforma, fuera la voluntad del legislador sancionar más gravemente los daños informáticos que los comunes».
Amaiur se apoya en la Constitución para reclamar grupo
Presenta un recurso al TC que denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales
Lo de siempre, unos se echan la culpa a otros, y mientras tanto los asesinos se aprovechas de la situación. Esto es demencial en un estado que se supone es de derecho...
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