«Yo no me reuní en una gasolinera para hablar de subvenciones»

LA ENTREVISTA DE ESTHER ESTEBAN

09/10/2011/El Mundo

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Pregunta.- Menudo escándalo la denuncia del empresario gallego que dice haber pagado a José Blanco 400.000 euros. ¿En qué situación queda el ministro? ¿Debería dimitir?

Respuesta.- Se ha causado un revuelo que los partidos debemos calmar asumiendo cada uno sus responsabilidades y explicando lo que está sucediendo. Es lo que hemos hecho nosotros, respetando la presunción de inocencia, pero con la contundencia necesaria de transmitir a los ciudadanos que no toleramos ese tipo de actuaciones. Ellos no han explicado nada y han caído en profundas contradicciones. Sobre la dimisión del ministro afectado, cada uno es responsable de lo que hace y de lo que no hace; de lo que ha dicho y después no hace.

P.- A usted también le piden explicaciones. Dicen que debe ir al Parlamento. ¿Irá?

R.- Hace meses, desde que la jueza inició el caso, estamos explicándonos ante los ciudadanos, a través de la vía parlamentaria, los medios de comunicación y las decisiones. En menos de 24 horas, los trabajadores del Igape llamados por la Justicia se apartaron de sus funciones; en apenas horas, el diputado aludido de nuestro partido dejó su escaño. En menos de un día, los medios tenían el historial de ayudas públicas autonómicas que había solicitado la empresa investigada y, en la primera semana, ya habíamos abierto inspecciones internas en todos los departamentos. Me someto a cualquier comparación con el PSOE, empezando por que yo no me reuní en una gasolinera para hablar sobre subvenciones.

P.- Qué curioso que los socialistas apelen a la presunción de inocencia que ellos no practicaron con el caso Gürtel y Francisco Camps, ¿no?

R.- Dos años y medio de discursos agresivos y moralizantes se están desmontando cada minuto que el PSOE sigue sin ser consecuente con lo que predicó. Basta con cambiar la palabra Blanco por Camps para imaginarse qué es lo que estarían ahora diciendo si la situación fuese inversa. Camps, sin perjuicio de su presunción de inocencia, sí asumió responsabilidades y el PSOE no lo está haciendo.

P.- Hablar con alguien en una gasolinera no es un delito, pero resulta raro que el ministro elija ese lugar...

R.- Que un ministro quede con un empresario en una gasolinera para hablar de subvenciones públicas, como ha reconocido el ministro, es, cuanto menos, chocante. Que el PSOE entienda que las subvenciones públicas son un asunto privado, también. Todos podemos equivocarnos, pero lo menos que podría hacer el Gobierno es dar una explicación, no contradictoria como hasta ahora, y disculparse. No creo que sea el lugar ni la situación más apropiada para que se solicite una subvención, se acepte o no se acepte después.

P.- Blanco acusaba a Camps de favorecer a su amiguito del alma y, si esto se demuestra, también él hacía lo propio con su primo...

R.- Espero que esto nos sirva de experiencia a todos los políticos para que seamos más prudentes y más responsables en lo que decimos.

P.- ¿Ha sido usted quien ha obligado a dimitir de manera fulminante al diputado del PP presuntamente implicado en la trama?

R.- El diputado del PP ha elegido defenderse sin perjudicar la vida pública y porque cree que esa defensa la puede ejercer como un ciudadano normal, sin aferrarse al escudo político de su cargo. Comparto su decisión. Ha trasladado un importante mensaje de confianza en su inocencia, puesto que la quiere demostrar sin diferencias o privilegios políticos.

P.- ¿Y que el BNG haya hecho lo propio no deja en evidencia la actitud de Blanco y el PSOE?

R.- El PSOE tiene, por un lado, el modo en que han actuado PP y BNG y, por otro, el modo en que supuestamente decían, en otras circunstancias, que se debía actuar. No ha elegido ninguno de estos dos caminos.

P.- ¿El ministro queda desautorizado para seguir siendo la voz del Gobierno? Si finalmente se le imputa, ¿debe seguir en las listas?

R.- Con la incoherencia han quedado ya presos por sus palabras, al no ser consecuentes con todo lo que dijeron tantas veces. El portavoz de un Gobierno tiene que dar todas las explicaciones que se requieren y el doble, si además es él el ministro implicado. Si un portavoz de un Gobierno no se explica, en cierto modo ya ha dimitido de esa responsabilidad. Sobre quién puede ser o no candidato, el PSOE tiene una amplia hemeroteca de declaraciones.

P.- ¿En qué medida puede afectar esto a Rubalcaba, al ser Blanco vicesecretario general del PSOE?

R.- Cierra el círculo de incoherencias con las que se presenta el PSOE a las elecciones. Reniegan de todo lo que han dicho en el ámbito de la ética política.

P.- Otro escándalo son las indemnizaciones de 20 millones que se repartieron los ejecutivos de Novacaixa. ¿Ustedes no estaban al tanto y ellos deberían devolver el dinero?

R.- Cuatro normativas diferentes señalan que es el Banco de España el que debe regular estas situaciones, la última de finales de 2010. No sólo no lo evitó o lo permitió, sino que lo garantizó, al instar a las entidades a que provisionaran esta posibilidad. Del mismo modo, podría haberlo denegado o puede rectificarlo ahora. Las retribuciones pasan del Consejo de las entidades al Banco de España, sin pasar por la Xunta. Si la Xunta pudiese adoptar una decisión en este ámbito, ya lo hubiésemos hecho.

P.- ¿Falla el organismo regulador?

R.- Cuando de algunos ministros, de la vicepresidenta económica o del que ahora aspira a presidir el Gobierno se escuchan comentarios en los que se demuestra desconocimiento sobre las funciones del Banco de España, entendemos muchas cosas de la situación económica y financiera en la que estamos.

P.- Ha pedido una reforma legislativa para que sea delito administrativo o penal que se queden facturas en los cajones. ¿Significa que las urnas no lo tapan todo y hay que ir más allá de la responsabilidad política?

R.- Hay que hacer una reforma legislativa para que no se pueda hacer un presupuesto de ingresos a sabiendas de que es falso y, sobre todo, no se puedan dejar gastos ejecutados sin contabilizar. Esto, en una sociedad privada, está tipificado como un delito contable, y se trata de extenderlo a lo público.

P.- Ha sugerido que se pueda incentivar a los ayuntamientos que cumplen. ¿No es anómalo que cumplir tenga premio?

R.- Pretendemos que los ayuntamientos que no rinden cuentas no puedan recibir subvención de dinero público, porque no sabemos en qué se lo están gastando. Y eso sería ampliable a las CCAA.

P.- ¿Es partidario de fusionar ayuntamientos y eliminar las diputaciones provinciales?

R.- Para buscar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos no puede haber un ayuntamiento cada dos kilómetros. La desaparición de las diputaciones es un segundo debate.

P.- ¿Rajoy mantendrá congeladas las pensiones y la bajada de sueldo a los funcionarios?

R.- Estoy convencido de que la medida de la congelación de las pensiones intentará evitarla. Y lo hará.

P.- ¿Hay que hacer grandes pactos de Estado?

R.- Modestamente he planteado un gran acuerdo entre el Gobierno central, las CCAA y las corporaciones locales. Es imprescindible para ver el gasto con criterios de convergencia y para asegurar la estabilidad presupuestaria.

P.- ¿ETA es un as en la manga que se está guardando Rubalcaba?

R.- Los españoles perciben que el partido del Gobierno y ETA han pactado para beneficiar al PSOE.

P.- ¿El caso Faisán es el talón de Aquiles de Rubalcaba?

R.- Aquí hay mucho interés por tapar, posponer, ocultar y no hablar del caso Faisán. Sobre ese asunto se acabará sabiendo todo.

P.- ¿Qué hará si Rajoy le llama para ministro?

R.- Ante propuestas imposibles no hay respuestas posibles. No soy tan soberbio como para rechazar una propuesta que nunca se ha producido y no se va a producir. Primero, porque Rajoy tiene que ser presidente y, segundo, porque él sabe que tengo un compromiso con Galicia, y hasta 2013 voy a estar en Galicia. Luego ya veré