CASO CAMPEÓN'
MIGUEL MAGDALENA / Santiago
21/10/2011/El Mundo
Dos juicios de gran importancia sacuden la ciudad de Lugo desde hace meses. Las operaciones Campeón (Presunto delincuente el Ministro de Fomento Pepiño Blanco) y Carioca (varias tramas de funcionarios corruptos), en las que trabajan las jueces de instrucción Estela San José y Pilar de Lara Cifuentes, han calado hondo en los medios de comunicación. Especialmente la primera, en la que el empresario Jorge Dorribo acusa al portavoz del Gobierno, José Blanco, de haber recibido una fabulosa mordida de 400.000 euros.
Por eso, y por lo que se estaba convirtiendo en un verdadero clamor popular, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) manifestó ayer a través de un comunicado su respaldo al trabajo de ambas magistradas, precisamente un día antes de la manifestación de apoyo convocada por varias asociaciones locales.
El tribunal informa de que se desmarca de actos de apoyo como el convocado para hoy. En este sentido, se declara «ajeno» a la concentración y recuerda que existen «mecanismos propios para la protección» de los jueces. Asimismo, expresa que «apoya decididamente» la labor de los juzgados de instrucción de Lugo, que «vienen asumiendo sus funciones rectamente en los asuntos de que conocen». Por ello, rechaza cualquier tipo de presión que se produzca, «venga de donde venga».
Respecto al clima social que envuelve a ambos procesos, el Tribunal Superior de Justicia ve «necesario y positivo» que sea «de tranquilidad y respeto» en torno a la tarea judicial. Las dos causas implican a personalidades de la vida pública de una ciudad de tamaño pequeño, donde se puede establecer el tópico de que todo el mundo se conoce.
Las dos jueces protagonistas, Pilar de Lara y Estela San José, dirigen desde hace meses las operaciones Carioca y Campeón. Además, De Lara es la instructora de otro proceso conocido en la ciudad, el caso de las multas, que investiga la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico.
El caso Campeón investiga una trama de presuntos tratos de favor para la obtención de subvenciones públicas. En el marco de esta investigación, el empresario Jorge Dorribo acusa al ministro de Fomento José Blanco y a los diputados autonómicos gallegos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) -ambos dimitidos- de aceptar sobornos. En la trama están también imputados varios altos cargos de la Xunta. Sobre este caso, la juez Estela San José decidió la semana pasada prorrogar el secreto de sumario hasta el 12 de noviembre. José Blanco y varios miembros del Gobierno y del PSOE habían solicitado el levantamiento parcial del secreto, tras las acusaciones de Jorge Dorribo publicadas por EL MUNDO.
El caso Carioca ha destapado una trama de prostitución y corrupción en varios lugares de la provincia de Lugo. La operación comenzó en octubre de 2009.
La manifestación de hoy en apoyo de las magistradas supondrá el estreno de la Plataforma contra la Corrupción y en Defensa de la Justicia, recién creada por varias asociaciones de Lugo. La marcha pretende también denunciar que «se persiga a las juezas que investigan casos de corrupción» y que «los cuerpos de seguridad las espíen, en vez de protegerlas», según decía el manifiesto que se leyó en la presentación del colectivo
'CASO MERCASEVILLA'
MARÍA RIONEGRO / Sevilla
21/10/2011
El Ayuntamiento pide 900.000 euros a los imputados
La rama del caso Mercasevilla que investiga la presunta petición de comisiones ilegales cerró ayer su última fase de instrucción y queda a la espera de juicio. En la audiencia preliminar del jurado celebrada ayer, todas las partes cumplieron el guión (las defensas pidieron la absolución y las acusaciones mantuvieron las imputaciones), salvo la Fundación Mercasevilla, que ejerce la acusación particular, quien la amplió contra los imputados para que sean declarados responsables civiles solidarios y abonen a la entidad los 900.000 euros, «equivalentes a la subvención en su día concedida y no dispuesta» tras conocerse el intento de extorsión.El cambio de estrategia de la Fundación se debe al relevo de abogados al frente de la entidad después de que el PP lograra la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, socio mayoritario de la empresa. Hasta ahora, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo era quien defendía los intereses del mercado de mayoristas de Sevilla, un profesional que a lo largo de su trayectoria ha representado a numerosos dirigentes socialistas.
Hasta el momento, la acusación particular que ejerce la Fundación Mercasevilla se había limitado a adherirse a las penas solicitadas por la Fiscalía para los cuatro imputados: una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses. Sin embargo, ayer ampliaron su petición para que los inculpados paguen de forma solidaria los 900.000 euros que la Junta les concedió pero no llegó a abonar, ya que considera que «se ha ocasionado un perjuicio irreparable a la fundación al no poder disponer» de la ayuda.
El caso Mercasevilla se destapó a partir de que los empresarios del Grupo La Raza denunciaran que los directivos del mercado de mayoristas de Sevilla les intentaran extorsionar pidiéndoles 450.000 euros a cambio de la explotación y gestión de una escuela de hostelería. Por ello, están imputados el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex subdirector Daniel Ponce, la funcionaria Regla Pereira y el ex delegado provincial de Empleo, el socialista Antonio Rivas
Las corruptelas de estos que dicen ser socialistas, que no lo son. Cada día que pasa sacarán más mierda (con perdón), de estos cuatreros, que no tienen una pizca de dignidad y mucho menos lo que hay que tener.
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