SILVIA PENA / Lugo
14/10/2011/El Mundo
El empresario Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón, acudió en la tarde de ayer a los juzgados de Lugo, donde prestó declaración de nuevo ante la juez Estela San José. La presencia del propietario de Laboratorios Nupel en sede judicial se prolongó durante más de cinco horas.
El industrial que se autoinculpó de haber pagado al portavoz del Gobierno, José Blanco, una mordida de 400.000 euros no rehuyó de las cámaras, pero ni él ni su abogado, Ignacio Peláez, dijeron nada a la prensa. Ambos fueron recogidos en las puertas del juzgado por otro de los imputados, el que fuera administrador de Laboratorios Nupel, José Amador Fernández.
Jorge Dorribo llegó al juzgado con varias carpetas en las que portaba numerosa documentación. A su salida, el empresario llevaba bajo su brazo los mismos portafolios semivacíos. Cuando abandonaba las dependencias del juzgado, varios espontáneos le gritaron consignas como «¡ladrón!» o «¡chorizo!».
La juez San José acordó este martes una prórroga del secreto de sumario hasta, al menos, mediados de noviembre, aunque fuentes judiciales precisaron a este diario que lo previsible es que no lo alce definitivamente hasta después del 20-N. El juzgado desoye de esta manera la petición de Blanco de que levante la reserva de aquella parte en la que Dorribo le implica.
También ayer, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reclamó al «Poder Judicial» que investigue las «filtraciones» del sumario que está publicando EL MUNDO. El PP se quejó después de que Caamaño nunca se haya manifestado en ese sentido cuando se difunden informaciones reservadas sobre el caso Gürtel.
«Son filtraciones desgraciadas, espero que el Poder Judicial las investigue», respondió el ministro durante una entrevista a la edición digital del diario El País. Fuentes autorizadas de su Ministerio aclararon que Caamaño no se refería, con la expresión Poder Judicial, al órgano de gobierno de los jueces, sino que hablaba de «la Justicia». Esto es, que un juez depure el origen de las fuentes de EL MUNDO.
El ministro de Justicia descartó que Blanco esté «bajo sospecha», como le preguntaba el redactor de El País: «No hay absolutamente nada en este momento, ninguna imputación». Y, en la misma línea que vienen repitiendo dirigentes del PSOE, añadió que «quien acusa es una persona que está en la cárcel por falsedad y fraude; es decir, por mentir, engañar». «Cualquier persona de bien no puede darle el más mínimo crédito», concluyó, en relación al empresario Jorge Dorribo.
«El ministro pidió al juez que levante esa parte del secreto del sumario para ver lo que realmente está detrás. Confío en el buen criterio de la opinión pública. La gente sabe que Blanco es un político combativo, pero bueno», insistió el ministro.
El portavoz del PP, Esteban González Pons, descalificó a Caamaño como «ministro de Injusticia» y dijo que siente «vergüenza» de él porque «no reconoce los mismos derechos a los justiciables que no son de su partido». Según dijo ayer, cuando el PP «se vio perjudicado» por las filtraciones de un sumario y pidió protección, Caamaño «consideró que era un ataque a las instituciones»
AGUSTÍN YANEL / Madrid
14/10/2011
El PSOE evita que Blanco dé explicaciones
El PSOE, con su mayoría en el Congreso, rechazó ayer una petición del Partido Popular para que compareciera el ministro de Fomento, José Blanco, a explicar las reuniones que mantuvo con un empresario gallego que le acusa de cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecerle.
El presidente, José Bono, y los otros dos miembros del PSOE en la Mesa de la Diputación Permanente, votaron contra esa petición, frente a los dos votos del PP.
Los tres socialistas argumentaron que cuando las Cortes están disueltas -como ocurre ahora, tras la convocatoria de elecciones-, la Diputación Permanente no tiene competencias para ejercer el control al Gobierno que realiza el Congreso, y sólo puede aprobar decretos ley o declarar el estado de excepción, de sitio o de alarma.
Los argumentos utilizados ahora por el PSOE y el PP son los contrarios a los que emplearon en 2004, antes de las elecciones generales del 14 de marzo. Los socialistas estaban en la oposición y pidieron que Aznar compareciera a explicar la participación de España en la Guerra de Irak.
El entonces diputado del PSOE Diego López Garrido afirmó que la Diputación Permanente -el órgano que funciona cuando el Congreso no celebra sesiones ordinarias o está disuelto- debía ejercer sus funciones hasta que se constituyera la nueva Cámara, entre ellas la de controlar al Gobierno. Ayer, su partido argumentó lo contrario.
El que era portavoz del PP, Luis de Grandes, también defendió entonces lo contrario de lo que dicen ahora los populares. Afirmó que la petición del PSOE era «extemporánea, inconstitucional y antirreglamentaria», porque la Diputación Permanente no podía controlar al Gobierno con la Cámara disuelta.
Ayer, la diputada del PP Ana Pastor afirmó que el PSOE, al votar en contra, «veta la comparecencia de Blanco por intereses partidistas». «Los ciudadanos están pendientes de que explique sus reuniones privadas, en aras al interés general y a la transparencia», declaró. «Los políticos tienen que dar ejemplo diciendo la verdad», añadió, y pidió al ministro Blanco que él mismo solicite comparecer.
El PSOE también rechazó ayer las peticiones de Izquierda Unida y el BNG, para que comparezcan la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a explicar las indemnizaciones millonarias a altos directivos de cajas de ahorro, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, por la participación de España en el escudo antimisiles de la OTAN.
El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, consideró «muy grave» el rechazo del PSOE. Dijo que es «muy chusco» que los socialistas utilicen ahora en el mismo argumento que empleó el PP contra ellos en 2004.
Por el contrario, la vicepresidenta primera del Congreso, Teresa Cunillera (PSOE), explicó que el rechazo a las tres comparecencias es lo que marca el Reglamento de la Cámara, porque son peticiones de tipo «partidista» que pueden incidir en la campaña electoral.
Recordó que en los últimos 25 años han sido rechazadas 24 peticiones de comparecencia planteadas con las Cortes disueltas
Esto es democracia, y lo demás es cuento. En vez de facilitar las cosas, y clarificarlas, si se es inocente, no debe de pasar nada, al contrario, pero claro, si se impide que se den datos y no clarificar nada, a lo mejor resulta que no lo es..., o no.
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