sábado, 9 de julio de 2011

Los imputados callan ante la juez de los ERE


A. SALVADOR / S. TORRES / Sevilla

09/07/2011/El Mundo

La instructora sostiene que Griñán fue advertido del fraude
Zapatero embusteroLos tres primeros falsos prejubilados citados por la juez que investiga el caso de los ERE financiados por la Junta de Andalucía, se negaron ayer a declarar y se limitaron a ratificar lo que ya dijeron cuando fueron interrogados por la Policía Judicial. Los tres están imputados por tráfico de influencias y prevaricación .

La declaración más esperada era la de José Antonio García Prieto, ex concejal socialista en el Ayuntamiento sevillano de Camas y ex secretario de Política Municipal en esa agrupación. García Prieto, tras perder su partido la Alcaldía de este municipio y pasar a la oposición, fue beneficiario de dos pólizas vinculadas a empresas en las que nunca había trabajado.

Además de conocer qué cantidad de dinero había percibido como falso prejubilado, la juez Mercedes Alaya tenía previsto preguntarle cuál fue su intervención -junto con la antigua alcaldesa Encarnación Díaz Cerezo- en la cesión de un local al PSOE de Camas.

Como publicó EL MUNDO el pasado 14 de marzo, García Prieto y Díaz Cerezo declararon ante notario que eran los «dueños» de la finca y que la «donan al Partido Socialista». Así consta en la información inscrita en el Registro de la Propiedad.

La juez Alaya imputa al ex concejal socialista cinco delitos de tráfico de influencias y cinco delitos de prevaricación, toda vez que, además de beneficiarse irregularmente de fondos públicos, tuvo una «activa participación» para que otros dos vecinos de Camas obtuvieran «prestaciones igualmente ilícitas».

Como García Prieto, los otros dos imputados que estaban citados ayer a declarar -Juan Manuel López Espadas y José Acevedo López, este último concuñado del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas- también se negaron a hacerlo. El próximo jueves hay fijadas nuevas comparecencias.

La investigación de la trama de los ERE apunta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como epicentro del escándalo. El último auto del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantiene que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue informado varias veces de forma explícita del uso irregular del dinero y sugiere que el Gobierno podría intentar «ocultar datos» que sirvieran para «incriminar» a personas «que ostenten o hayan ostentado cargos» en la Junta.

La juez Mercedes Alaya dictó un auto el miércoles en el que afirma con rotundidad que «la Intervención General, desde los informes (...) correspondientes a los ejercicios 2002 y siguientes, ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta de Andalucía (...), que se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado» a la hora de pagar prejubilaciones.

La magistrada se refiere así al uso del fondo de reptiles, expresión con la que lo definió el ex alto cargo de la Consejería de Empleo que disponía de ese dinero, que entre 2001 y 2010 ascendió a unos 700 millones de euros. Además de Griñán, fueron igualmente informados la Agencia Idea y el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, según recoge el auto

PEDRO BLASCO

09/07/2011

26 alcaldes (PP) heredan una deuda de 842 millones

Acusan a sus antecesores de derrochar hasta el último momento
El alcalde de Getafe pide responsabilidades a los despilfarradores
Los alcaldes de las ciudades españolas no tienen, en general, un euro. En la Comunidad de Madrid hay 26 nuevos alcaldes del PP que tienen menos 842 millones de euros. Claro que eso no se puede comparar con la deuda supermillonaria que tiene el Ayuntamiento de Madrid (gobernado por el PP de Gallardón), que supera los 6.000 millones de euros.

Pero ayer, en la sede del PP no se habló de la deuda de Madrid ciudad. Un total de 26 nuevos alcaldes se reunieron con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y el secretario general, Francisco Granados, para analizar la herencia que les han dejado los alcaldes morosos que han perdido las elecciones.

La media de la deuda por persona es de unos 2.000 euros, según dijo ayer Francisco Granados al término del encuentro.

Los primeros ediles coincidieron en que sus antecesores, en su mayoría socialistas, han aplicado una política de despilfarro que ha dejado agujeros de diversos tamaños. Es escandaloso especialmente en en dos casos: Alcorcón y Aranjuez, donde los dos ex ediles del PSOE han dejado una deuda de 250 y 175 millones, respectivamente.

La situación en muchas de estas corporaciones es insostenible y temen la llegada de los proveedores pidiendo el dinero que les deben como si fuera la visita del cobrador del frac.

Francisco Granados explicó que los nuevos alcaldes se han encontrado con un endeudamiento «absolutamente insoportable, una situación económica catastrófica, un despilfarro durante todos estos años, un derroche y un nivel de gasto que no ha descendido como consecuencia de la llegada de la crisis, haciéndose caso omiso de la situación económica que se vivía, y se ha mantenido el ritmo de gasto público de los últimos años», según informa Efe.

Acusó a los anteriores regidores de gastar lo máximo posible antes de que que llegaran los nuevos alcaldes populares para que no hubiera ni un euro en la caja. Se ha puesto en peligro el pago de la nómina de junio y de la extra. Hay amenazas de corte de teléfono, gas y luz por impago a estas empresas.

El secretario general del PP denunció tres casos especiales. En Getafe, se renunció al cobro de 23 millones de euros a unos promotores al decidirse no recurrir una sentencia judicial que se podría haber recurrido.

En Pinto, el alcalde aprobó «indemnizaciones millonarias» a los cargos de confianza contratados por la empresa pública Aserpinto. Y en Leganés, unas presuntas irregularidades en la construcción de unas viviendas y la Casa Consistorial podía suponer un costo de 30 millones de euros. Granados criticó la «tendencia a hacer funcionarios» poco antes de dejar el cargo «a los amigos colocados de por vida», y citó, como ejemplo, lo ocurrido en San Agustín de Guadalix.

Los ayuntamientos pondrán en marcha auditorías y el PP un servicio de asesoramiento. Algunos de los asistentes, como Juan Soler, alcalde de Getafe, son partidarios de exigir responsabilidades incluso en los tribunales. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propuso ayer en Madrid una medida similar.

El secretario general del PP explicó que para hacer frente a esta situación los alcaldes populares «tienen que desterrar los gastos superfluos y otros que se habían asumido pero que no son básicos».

Los ayuntamientos del PP reducirán el número de cargos de confianza, de asesores, de gastos de libre disposición y la partida para fiestas patronales o actos lúdicos. Se intentará vender edificios cuyos servicios puedan ser concentrados en edificios municipales.

Los alcaldes que tienen coche oficial reducirán la categoría de sus vehículos. Granados puso como ejemplo el coche que usaba el alcalde de Getafe, un Audi 8, que será subastado. Su sucesor, Juan Soler, se desplaza en la actualidad en un coche más modesto

1 comentario:

  1. Las fechorías en el cortijo socialista de andalucía, y la otra fechoría de los alcaldes salientes del psoe. Esto no tiene parangón, razón tienen al ponerlos los primeros en el ranking en mangoneo.

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