La Fiscalía consuma su treta para que la Audiencia no juzgue el chivatazo a ETA

• 23-07-2011 | La Gaceta

  La Fiscalía exige retirar la acusación a los tres procesados por colaboración con banda armada. El 'chivatazo' se trasladará a Irún si Ruz acepta esta petición. El Congreso votará sobre la implicación de Rubalcaba.

• La Fiscalía de la Audiencia Nacional avanzó ayer en su evidente maniobra para que el caso Faisán sea trasladado a un juzgado de Irún. Como ya adelantó LA GACETA, el fiscal Carlos Bautista pidió al juez Pablo Ruz que retire el delito de colaboración con banda armada a los tres procesados por el chivatazo a ETA. Si esta petición, compartida por las defensas, prospera, la Audiencia ya no tendrá la competencia para juzgar el caso, puesto que los procesados sólo tendrían que responder a los delitos de revelación de secretos oficiales y encubrimiento.
  La treta del Ministerio Público para sacar el soplo de la Audiencia consistía en no recurrir el auto de procesamiento, para después, a la hora de valorar los recursos de las defensas, pedir la retirada del delito de colaboración. Y justo eso es lo que consumó ayer el fiscal al presentar un escrito, desvelado por Europa Press, en que asegura que los tres acusados no mantienen “afinidad ideológica” con la organización criminal.

  El fiscal Bautista ya allanó el terreno en este sentido el pasado martes, durante la declaración indagatoria ante el juez del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. Bautista preguntó a los tres acusados si coincidían en los fines con ETA cuando presuntamente perpetraron el chivatazo, en mayo de 2006. Evidentemente, los tres negaron ese extremo. Y el fiscal utiliza esas respuestas para justificar el escrito que presentó ayer.

  Con estas maniobras, el fiscal de la Audiencia cumple las órdenes del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Y es que remitió recientemente a todos los fiscales una circular en la que remarcaba que para pedir el delito de colaboración con organización terrorista a un acusado, este debía tener “adhesión ideológica” a la citada organización.

  Por su parte, el PP anunció ayer la presentación de una moción en el Congreso de los Diputados para que en septiembre, en el nuevo periodo de sesiones, el pleno de la Cámara tenga que pronunciarse sobre las responsabilidades políticas en el chivatazo de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho.

  En esa línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que defiende al procesado José María Ballesteros, aseguró en una nota que el soplo fue “una orden política”. Y apuntó que hay más posibilidades de que partiera desde Moncloa o Ferraz que desde la sede del Ministerio del Interior.

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