MANUEL MARRACO / Madrid
23/07/2011/El Mundo
La rotunda afirmación del SUP resulta especialmente significativa no sólo porque proviene del sindicato mayoritario en la Policía, sino porque se trata de la organización que ha asumido la defensa del último eslabón del chivatazo, el inspector José María Ballesteros.
El comunicado del SUP, firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, responde así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a los tres implicados en el soplo. El SUP los considera «inocentes», al menos a los dos policías: su afiliado Ballesteros y el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. «Se está acusando a dos policías inocentes (y a un ex director general [Víctor García Hidalgo]) de hechos graves de manera interesada, para impedir que se identifique a los responsables políticos últimos del chivatazo», dice el escrito.
«Es una instrucción viciada y teledirigida desde su origen que parece pretender ocultar a los verdaderos autores del chivatazo, que sí podrían facilitar el nombre del político que está en la X del mismo. Porque de eso no tenemos ninguna duda: hubo chivatazo y fue por orden política», añade.
En cuanto Al origen de esa orden, el sindicato se aleja de la vía que apunta a Antonio Camacho y Alfredo Pérez Rubalcaba. «Cualquiera que investigue y conozca lo que acontecía en aquel momento en el Gobierno sabrá que hay más posibilidades [de] que las instrucciones políticas del chivatazo se dieran desde Moncloa o desde Ferraz que desde Castellana, 5 [sede de Interior]».
Es más, la nota considera que hay una preferencia de los investigadores en señalar al Ministerio del Interior porque es la manera más directa de arremeter contra el hoy candidato socialista. «Si el candidato a presidente del Gobierno hubiese sido Zapatero, es posible que estas líneas de investigación se hubiesen potenciado y el juez Ruz habría recibido presión mediática y política en tal sentido, pero al ser el candidato Rubalcaba, como él mismo ha dicho, hay razones ajenas a lo jurídico y a la verdad de los hechos que impulsan la instrucción viciada de este sumario», dice el SUP.
Las abundantes referencias al elemento político del chivatazo -11 en total- llegan tras la muy significativa mención a las «interferencias políticas» que Pamies hizo ante el juez esta misma semana. De hecho, el texto incluye un párrafo que aúna ese trasfondo político con uno de los argumentos que Pamies adujo para restar importancia al soplo: que la operación Urogallo hubiera sido más fructífera si se hubiera aplazado.
«Los que lo hicieron cometieron un error, siguieron órdenes políticas y lo hicieron en la creencia de que con ello conseguirían mejores objetivos y más pruebas contra esta rama del entramado de extorsión de ETA, conocida desde hace años y controlada para conocer el recorrido del dinero, pero no para ayudar a los terroristas».
El extenso escrito del SUP también encuentra un hueco para reprochar la falta de apoyos a los procesados en su simbólica comparecencia ante el juez. Ese es el único momento en el que se menciona el nombre del ex director general de la Policía. «Hubo muchos que debían haber estado y no fueron, unos porque huyen ante los problemas y otros porque huelen el cambio de Gobierno. [...] No hubo ni un solo responsable político apoyando a García Hidalgo».
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MANUEL MARRACO / Madrid
23/07/2011
El fiscal insiste en llevar el caso a Irún
En un escrito de 18 páginas dirigido al Juzgado, el Ministerio Público mantiene la tesis de que resulta imposible jurídicamente que los tres implicados en el soplo pudieran cometer el delito de colaboración con la organización terrorista, el que conlleva una pena más grave de los que se barajan (de cinco a 10 años) y el único que justifica la competencia de la Audiencia Nacional. Así pues, pide a Ruz y subsidiariamente a la Sala, que acuerden la inhibición.
El escrito del fiscal Carlos Bautista formula de múltiples maneras la misma idea clave: que el delito de colaboración «exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica» con la banda. Y repasa abundante jurisprudencia en apoyo de su tesis, incluida la recogida en la última circular de la Fiscalía General, que deslinda la pertenencia de la colaboración señalando que la segunda requiere una cierta «adhesión ideológica» que, tirando de sinónimos, el fiscal también denomina «sintonía», «afinidad», «solidaridad»...
Nada de eso se da, obviamente, en los dos policías de carrera y el ex director del cuerpo que han resultado procesados. Si bien el informe policial final era claro al afirmar que el móvil del soplo fue «político» y el juez, más prudente, lo dejaba entrever en el auto, el fiscal no se anima a concretar qué otra finalidad fue la que movió a los autores del chivatazo. «Es obvio que tanto la condición de los sujetos activos [policías], como la intencionalidad y la finalidad que perseguían los mismos no pueden conducirnos al absurdo de afirmar el carácter terrorista de la acción», dice, sin hacer referencia alguna al proceso de paz.
La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza mantiene que la jurisprudencia empleada por el juez Ruz para decantarse por la tesis de que sí pudo cometerse un delito terrorista «no avala», en realidad, las tesis del magistrado: «Una lectura objetiva, neutral, imparcial, desinteresada y sin omisiones de tales resoluciones, tanto de sus fundamentos jurídicos como del contexto fáctico al que se refieren, nos ofrece conclusiones radicalmente distintas de las alcanzadas por el instructor», dice el Ministerio Público.
En concreto, sobre la jurisprudencia que condena por colaboración «prescindiendo de la coincidencia de fines», el fiscal dice que debe interpretarse que esa coincidencia no es condenable per se, sino que necesita sumar un acto concreto de ayuda a la banda.
Tal y como informó este diario al día siguiente del procesamiento, la Fiscalía ha resuelto no recurrir la decisión del juez y adherirse únicamente a la petición de la defensa de Hidalgo de sacar el caso de la Audiencia. Aunque el trámite está en puridad dirigido a comprobar si hay o no indicios suficientes para procesar, y no a cuestionar la calificación jurídica, la Fiscalía estima que las consecuencias de mantener un delito terrorista -la Audiencia y no Irún, un sumario y no un procedimiento abreviado- justifican un pronunciamiento al respecto de la Sala de lo Penal
Ni son todos los que están, ni están todos los que son.
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