El abogado del juez Serrano denuncia que se entera de las resoluciones de su cliente por la prensa

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El abogado del juez de Familia Francisco Serrano, para el que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha pedido diez años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros, ha criticado hoy que se entera de las resoluciones de su cliente por la prensa. Tras expresar su “malestar” e “indignación”, el abogado Miguel García-Dieguez ha dicho a la Agencia Efe que no es la primera vez que esto le ocurre.

El letrado ha lamentado la “indefensión” a la que se expone con esta práctica judicial que, según afirma, supone comunicar los escritos del juez Serrano antes a la prensa que a los interesados, y ha recordado que esta causa es la número uno del juzgado que la instruye.

El juez, por su parte, ha declinado hacer declaraciones a Efe sobre el escrito de la Fiscalía del TSJA hasta conocerla personalmente.

La Fiscalía acusa al juez sevillano Serrano de una presunta prevaricación al cambiar el régimen de visitas de un niño para que saliese en una procesión de Semana Santa.

Fuentes de la Fiscalía andaluza han informado hoy a Efe de que han imputado a Serrano un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, por el que solicita una inhabilitación de diez años como juez y el pago de una multa de 12 meses con cuota diaria de 15 euros, lo que equivale a 5.400 euros.

Las fuentes han añadido que el escrito de acusación del ministerio público, presentado el pasado día 4 ante el juez instructor del TSJA, mantiene la misma tesis desarrollada durante la instrucción.

Así, la Fiscalía afirma que el juez de Familia 7 incurrió en un presunto delito de prevaricación al ampliar un día y medio la estancia de un niño con su padre divorciado, dada la supuesta oposición de la madre a que saliese en una procesión de la “Madrugá” del Viernes Santo de 2010.

Para el juicio, que se celebrará en los próximos meses ante un tribunal de la sala civil y penal del TSJA, el fiscal ha pedido que declare el propio imputado y ocho testigos, entre ellos los funcionarios del juzgado de Familia que intervinieron en el caso y las personas afectadas por el cambio del régimen de visitas.