Caamaño lleva a anteproyecto la ley que da al fiscal la investigación

MARÍA PERAL / Madrid

22/07/2011/E Mundo

El ministro, que no espera adelanto electoral, quiere enviarla al Congreso en octubre

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el primero que consigue echar a rodar un texto completo que sustituya a la ley de 1882, aún vigente.

El documento, publicado por EL MUNDO hace dos semanas, diseña un proceso penal totalmente novedoso en el que se encomienda al fiscal la dirección de la investigación de los hechos delictivos. Al juez, desde una posición de imparcialidad ajena a la investigación, se le encomienda la tutela de los derechos de los ciudadanos y el control de la pretensión punitiva del Estado, además del enjuiciamiento.

Será un juez -el juez de garantías- el que tendrá la llave de las principales decisiones durante la fase de investigación: autorizará o no las diligencias de investigación restrictivas de derechos que pretenda llevar a cabo el fiscal, las medidas cautelares, el secreto; vigilará la duración de la investigación y resolverá las impugnaciones de las partes contra los decretos de la Fiscalía relativos al archivo de una denuncia, la denegación de la personación del ofendido o perjudicado, la denegación de diligencias de investigación complementarias propuestas por las partes, la conclusión y archivo de la investigación o su reapertura. El juez de garantías también podrá clausurar un procedimiento de investigación.

Otro juez -el juez de la audiencia preliminar- decidirá si el caso merece o no ir a juicio. Un juez distinto será, finalmente, el que juzgue y dicte sentencia.

«Con esta ley no sólo no hay menos juez, sino que tendremos muchísimo más juez», sostuvo ayer Caamaño en discrepancia de quienes opinan que atribuir la investigación al fiscal iría en detrimento del poder del juez.

En relación con la postura del PP, que ha anticipado su oposición a este texto, Caamaño dijo que «está seguro» de que «cuando lo vean y lo estudien, tendremos más acuerdos que discrepancias».

También manifestó su creencia de que «la legislatura va a acabar en marzo». Con esa previsión de calendario, indicó que el anteproyecto será enviado a informe del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía y se recabará la opinión de la Abogacía y de las universidades durante los próximos tres meses. De esta manera, el Consejo de Ministros podría aprobar la remisión del proyecto al Congreso en octubre, dijo