FERNANDO LÁZARO MANUEL MARRACO / Madrid / El Mundo
En apenas dos folios, el número dos de la Policía trata de tirar por tierra las investigaciones de casi cinco años sobre el chivatazo policial a la organización terrorista ETA.
El director adjunto operativo (DAO), el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, de la máxima confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, ha aportado un breve escrito al juez Ruz acompañando al informe final del equipo de investigación. En él, intenta descalificar el trabajo de su subordinado, maniobra que se suma a otras anteriores para que las investigaciones sobre el caso Faisán no lleguen a ningún término.
Nadie había reclamado al DAO informe alguno. El equipo investigador liderado por el comisario Carlos Germán llevó las pesquisas desde el minuto uno, con el juez Marlaska.
El mismo grupo siguió dirigiendo las investigaciones durante la instrucción de Garzón y ha seguido trabajando y aportando pruebas tras la llegada de Ruz a la Audiencia.
Desde junio de 2004, cuando se produjo el chivatazo, éste es el primer escrito remitido por Fernández Chico sobre las investigaciones, y lo hace para poner claramente en tela de juicio la actuación de sus subordinados. Y se produce una vez que las pesquisas prácticamente han finalizado, el fiscal ha modificado su criterio tras apostar inicialmente por el archivo y la Sala de la Audiencia ha decidido que existen indicios de que podrían haberse cometido dos delitos: revelación de secretos y colaboración con una organización terrorista.
Desde algunas esferas cercanas al caso, se interpreta el envío de estos dos folios como un nuevo intento del Departamento dirigido por Rubalcaba para intentar tirar por tierra todas las investigaciones sobre el chivatazo y, sobre todo, para desvincularlo de cualquier relación con el momento político de 2006, cuando el Gobierno de Zapatero mantenía abierta una negociación con ETA.
Además, su maniobra coincide en lo esencial con el intento previo de desacreditar al investigador del comisario Cabanillas, que era número dos de la Comisaría General de Información en el momento en que se produjo el chivatazo y que trató de responsabilizar del soplo en la Audiencia al propio Carlos Germán. Aquella declaración no pasó desapercibida para el juez Ruz quien, en uno de sus escritos, arremetió con dureza contra Cabanillas y señaló que su actuación podía ser constitutiva de delito, bien por haber ocultado información relevante, bien por falso testimonio.
EL MUNDO reproduce los puntos del escrito de Fernández Chico, -fechado el martes, un día después del informe final de conclusiones- en los que critica la investigación y, acto seguido, lo que detallan los informes elaborados por el equipo de Carlos Germán y que han dado como resultado la imputación del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros.
1 «En el informe existen numerosas referencias a miembros del Cuerpo Nacional de Policía (principalmente, al jefe superior de Policía del País Vasco y al inspector Ballesteros) a quienes se presenta como autores inequívocos de los hechos, sin que los mismos hayan sido declarados judicialmente como tales, considerando que las apreciaciones de los investigadores van más allá de lo que debe constituir la praxis policial en supuestos de esta naturaleza».
El equipo investigador puso negro sobre blanco la responsabilidad, no sólo de los dos mandos policiales citados como presuntos implicados, sino que también incluyó al que era entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo (también imputado por el juez), a la inspectora jefa de análisis de San Sebastián y al comisario jefe de la Brigada de Francia.
Ballesteros, además, tiene medidas cautelares a petición del fiscal. Como en todos los escritos policiales, los investigadores apuntan hacia los que entienden que son los responsables de los hechos delictivos. Todos los policías saben que sólo son culpables los que son condenados por los tribunales. Pero en los informes se pone el punto de mira en las autorías. Desde el tercer informe, el equipo encargado de las pesquisas ya situó la responsabilidad del chivatazo en todos los niveles de la pirámide de responsabilidad de la Policía.
2 «La apreciación que realiza en el punto 3 de la página 8 del informe sobre el hecho de que 'la naturaleza del móvil es política y se articula en el marco del proceso de negociación' se considera que es aventurada al no estar sustentada en hechos concretos de la investigación».
La componenda política del chivatazo está fuera de toda duda. De hecho, ha estado presente en todos los informes policiales, aunque no se había plasmado con tanta rotundidad hasta el final. Se hablaba de la coincidencia de que la operación se fuera a poner en marcha el mismo día en que el presidente del PNV se reunía con Zapatero en La Moncloa para darle su apoyo al proceso de paz. Además, las actas de ETA sobre la negociación con el Gobierno de Rubalcaba avalan esta tesis policial porque así lo exponían en la mesa de contactos los propios representantes del Gobierno. Fue el propio Elosua quien se lo explicó a su yerno en la conversación grabada por la Policía en la que se detectó el chivatazo: «Para no fastidiar el proceso», asegura Elosua que le dijo el autor de la delación, entre otras frases.
Otro de los datos que tuvo en cuenta el equipo investigador para mantener la tesis política es que entre los que estaba previsto detener en la operación del 4 de mayo, estaba el considerado responsable del aparato de relaciones internacionales del Partido Nacionalista Vasco, el fallecido Gorka Aguirre.
3 «En la página 2 del informe se llega a concretar una serie de consecuencias de la acción que, en algunos supuestos, son meras hipótesis no sustentadas en hechos reales, efectuando, asimismo, consideraciones genéricas no suficientemente corroboradas por hechos concretos».
En esta página, el equipo investigador desglosa (como ha hecho ya en anteriores informes) hechos en su mayoría corroborados por datos judiciales, algunos de ellos en Francia, como es el caso de que el chivatazo permitió que 54.000 euros del denominado impuesto revolucionario llegara a manos de ETA. Este dato quedó corroborado recientemente en los tribunales franceses, donde se mostró incluso un recibo con esta cantidad.
También apuntan al «apagón informativo» que se produjo tras el chivatazo. Y el equipo lo apoya en un estudio científico sobre el movimiento de llamadas en la zona tras producirse la delación.
Asimismo, constatan en su informe que, cuando finalmente se llevó a cabo la investigación definitiva, no se alcanzaron los objetivos que se habrían conseguido si el golpe policial se hubiera concretado el 4 de mayo de 2006. Denuncian que el chivatazo frustró muchas de las actuaciones que durante «más de dos años» se habían llevado a cabo contra la trama de extorsión que giraba alrededor del bar Faisán. Fernández Chico no aporta ni un solo dato con el que rebatir las tesis del equipo de Carlos Germán.
4 «En el punto 11 de la página 29 del informe, parece atribuir la no realización del operativo que debía llevarse a cabo en Francia en la fecha prevista a las presiones de algunos miembros de la Policía española, siendo más cierto que las autoridades francesas han puesto de manifiesto que el operativo no se realizó por la falta de algunos informes que ellas entendieron necesarios».
Los investigadores siempre han aclarado que la víspera del día 4 de mayo, desde la Audiencia Nacional y con presencia del juez de enlace, Grande-Marlaska y Le Vert acordaron la intervención contra el entramado de extorsión. Y fijaron las condiciones en que se debía producir. En ningún momento la jueza adujo falta de información. Pidió que se le remitiera el informe marco de actuación, cosa que llevó a cabo inmediatamente el equipo investigador. En sus estudios científicos de las llamadas, los agentes de Carlos Germán detectaron los contactos del imputado Pamies con el comisario de la brigada de Francia. Y esa concatenación de comunicaciones telefónicas se puso de relieve por la secuencia inmediata en la que se gestó tanto el chivatazo del Faisán como los movimientos tendentes a evitar la actuación francesa contra el aparato de extorsión.
Además, explican que la no actuación de la policía francesa contra el aparato de extorsión fue «desconcertante» para los integrantes del equipo de investigación conjunta. Indican que la legislación que regula estos equipos «está basada en la confianza mutua y recíproca». Recuerdan que España instaba a Francia «cuando menos a la identificación y comprobación de que efectivamente en los sobres [que llevaban los investigados el día 4 de mayo] había dinero, sin que surtiera efecto».
Señalan en su informe que España ya había informado previamente a las autoridades judiciales y policiales francesas «de lo que podía ocurrir ese día y precisamente entre los mismos sujetos intervinientes». También que la tarde del día 3 de mayo las autoridades judiciales de ambos países habían autorizado las operaciones. Que el informe marco con el resultado global de las investigaciones lo tenían en su poder ambas autoridades judiciales y la división nacional antiterrorista. Posteriormente, Le Vert pidió que se lo entregaran traducido.
Añaden que el dispositivo conjunto establecido por la policía francesa y la española en Bayona estaba «detectando en directo la cita y la entrega de los sobres entre los actores previstos (Joseba Elosua y Cau Aldanur), cumpliéndose el supuesto esperado.
La única diferencia -apuntan los investigadores en su informe de conclusiones remitido al juez Ruz- era que la cita y el contacto entre los miembros de la red de extorsión tenían lugar en Francia y no en España.
5 «En las páginas 15, 16, 17 y 18 del informe para justificar la relación profesional entre el jefe superior del País Vasco y la jefa de Sección de Análisis de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, se dan una serie de datos que se considera afectan al ámbito de la lucha antiterrorista, estimando que deben adoptarse, si ese juzgado lo considera pertinente, las oportunas salvaguardas de seguridad para que los mismos no trasciendan del ámbito judicial, considerando, de otro lado, que los investigadores deberían haber buscado otras fórmulas para dejar patente dicha relación sin necesidad de dar los datos concretos que pueden afectar a la lucha antiterrorista».
Por lo que se observa en el informe, los investigadores han seguido el mismo patrón en todos y cada uno de los escritos remitidos al juez. Hasta el momento, ésta es la primera ocasión en la que se apunta que esos datos pueden afectar a la lucha antiterrorista. Lo que hace en esos folios el equipo investigador es aportar al juez, con el fin de que decida, todos los elementos indiciarios que figuran sobre los imputados por el juez y a los que también acusa ya el fiscal.
6 «En la página 19 del informe se manifiesta que la persona que abordó en el bar y puso el teléfono a Elosua era la misma que la que había visto al salir de su domicilio. Sin embargo, en el informe no se hace alusión alguna al echo [sic] de que el referido Joseba Elosua no reconoció, en la correspondiente diligencia en rueda, que dicha persona fuese el inspector Ballesteros, consideran que la omisión de esta circunstancia puede ser jurídicamente relevante. En este sentido, hay que constatar el hecho de que la única tesis del equipo investigador tiene por soporte principal las declaraciones de Elosua, ignorando, sin embargo, el no reconocimiento expreso por éste del imputado principal por los hechos».
Fernández Chico olvida que Ballesteros aparece en el vídeo grabado el día de los hechos en el bar Faisán en varias ocasiones y que el propio Ballesteros lo reconoce ante el juez. Sus imágenes son recogidas en los momentos anteriores y posteriores a los del chivatazo. El DAO olvida también que uno de los imputados, Pamies, contactó con el investigador para tratar de conocer el resultado de la rueda de reconocimiento de Elosua y saber si había identificado a Ballesteros.
La propia Fiscalía de la Audiencia da por acreditado que Ballesteros estuvo en el Faisán en el momento en que se dio el soplo y, por tanto, que fue él quien le pasó el teléfono a Elosua. En un principio, el Ministerio Público solicitó el archivo de la causa, en buena parte por el resultado negativo de la rueda de reconocimiento en la que insiste Fernández Chico. Sin embargo, esa diligencia ha quedado superada - y así lo demuestra el nuevo criterio del fiscal- desde que Ballesteros admite que él es el hombre que aparece en el vídeo clave.
7 «Finalmente, es necesario resaltar que el hecho investigado conocido vulgarmente como el chivatazo se plantea por el equipo investigador como única tesis inequívoca y exclusiva, excluyendo cualquier otra, sin que se hayan seguido líneas de investigación como el análisis del tráfico de llamadas registradas en las redes telefónicas francesas».
La tesis de Fernández Chico es exactamente la misma que ha mantenido ante los tribunales la defensa de Pamies. Y en todos los casos, el juez de instrucción ha avalado las pesquisas del equipo de Germán.
Las llamadas que pudieron hacerse desde el Faisán empleando líneas francesas no pueden ser recuperadas, según consta en el sumario del chivatazo. Sin embargo, el hecho de que puedan existir nuevas llamadas en la zona en esos momentos que no hayan sido investigadas no eliminaría el hecho cierto de que Ballesteros estaba en el bar en el monmento en el que Elosua dijo se produjo el soplo y que estaba haciendo una llamada a Pamies cuyas características encajan perfectamente en la llamada del chivatazo que frustró la actuación policial el 4 de mayo de 2006.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo sobre la maniobra de Interior para desacreditar la investigación policial del chivatazo.. REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
El PP considera que la situación de Rubalcaba es 'insostenible'
Sin embargo, Federico Trillo se encargó ayer de desmentir esta idea. Nada más conocer el informe de la Policía sobre el «móvil político» del chivatazo a ETA, sentenció que «la posición de Rubalcaba es insostenible».
Antes de hacer esta afirmación, Trillo solemnizó en rueda de prensa que el caso Faisán «no está cubierto por el Pacto Antiterrorista», en tanto que el chivatazo a ETA fue anterior al acuerdo alcanzado entre Rajoy y Zapatero en julio de 2008. Un acuerdo que, según recordó, fue suscrito en La Moncloa, precisamente sobre las ruinas del viejo pacto, hecho añicos por la negociación del Gobierno con ETA.
Y, en este contexto, el informe policial presentado ante el juez de la Audiencia Nacional encendía ayer todas las alarmas en el partido, hasta el punto de que el propio Trillo, en declaraciones a este diario, emplazó: «O de inmediato el Ministerio del Interior da una explicación en el Congreso, o la posición de Rubalcaba y su equipo es insostenible».
El dirigente popular anunció que su grupo reiterará en el Parlamento la comparecencia ya solicitada del ministro en relación con las últimas revelaciones del caso Faisán, pero advirtió de que es el propio Rubalcaba «quien debería aceptar de una vez venir al Congreso».
«El Ministerio del Interior y el Gobierno no pueden permanecer en silencio ni un minuto más sobre las graves imputaciones que se hacen en este informe respecto a la motivación política del chivatazo», insistió Trillo, quien, además, extendió a José Luis Rodríguez Zapatero la responsabilidad de dar explicaciones. «Si Interior y el Gobierno son los que dirigen la Policía, sólo el Ministerio o el propio presidente del Gobierno tienen que dar explicaciones sobre quién dio esas instrucciones políticas a la Policía», afirmó.
Además, desde el punto de vista procesal, como parte personada en la causa, el responsable jurídico del PP anunció, primero, que pedirá al juez la entrega del informe y, sobre todo, que «en cuanto se ratifique, vamos a pedir la declaración de los policías imputados, para que digan quién les dio las instrucciones políticas».
Por otra parte, el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro declaró que el informe de la Policía le da la razón, y acredita que el ministro del Interior ha «mentido» al Congreso. «¿Se atreve ahora Rubalcaba a sostener que el informe final del caso Faisán realizado por la Policía es también una 'infamia'?», preguntó, empleando una palabra que el ministro usa a menudo para descalificar sus acusaciones sobre el chivatazo.
El mismo término fue utilizado por María Dolores de Cospedal. La número dos dijo que es «una infamia» que Rubalcaba «se esconda y no quiera responder a lo que ha sido uno de los mayores escándalos de la democracia española».
Ya estaban tardando en acudir a la voz de sua amo.
ResponderEliminarY es que, los de la kgb son asi, deben de agradecer los favores prestados.